CUANDO EL BOLSILLO VOTA

Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias

Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios. 

Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.

Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre "los ricos". La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.

En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.

Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.

Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.

LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD

Más allá de la estabilidad macro, el desafío es elevar la productividad del país

En una entrevista reciente me pidieron resumir, en una frase, la situación económica de Guatemala. Respondí recurriendo a una imagen que he utilizado en varias ocasiones: somos una economía con doble personalidad: una disciplinada —con estabilidad macroeconómica, inflación controlada y prudencia fiscal— convive con una rezagada —mediocre crecimiento, escasa inversión y productividad insuficiente. No es una metáfora caprichosa. Los datos lo confirman: fundamentos macroeconómicos razonablemente sólidos coexisten con un desempeño estructural gris. Crecemos, sí, pero no lo suficiente para cerrar brechas de ingreso ni para transformar sostenidamente las condiciones de vida de la mayoría. La pregunta relevante es, entonces, por qué no logramos traducir estabilidad en prosperidad. La respuesta —incómoda— es conocida: baja productividad sistémica.

En un reciente artículo, el Nobel de Economía Michael Spence retoma una idea central de la teoría del crecimiento: la prosperidad sostenida no surge del consumo, ni de los ciclos externos favorables, sino de aumentos en la productividad, impulsados por tres motores fundamentales: especialización, innovación y acceso a mercados amplios. Todo ello, facilitado por el comercio y por instituciones sólidas. Visto desde Guatemala, el contraste es evidente. Nuestra economía sigue dependiendo en exceso del consumo —particularmente de las remesas— y adolece de niveles persistentemente bajos de inversión. La innovación es incipiente, y aunque somos una economía relativamente abierta, no hemos logrado insertarnos plenamente en cadenas de valor dinámicas.

 Pero el punto más crítico —y menos comprendido en el debate público— es el institucional. La productividad no es solo un fenómeno tecnológico o empresarial; es, ante todo, un resultado sistémico. Depende del conjunto de reglas formales e informales que estructuran los incentivos (certeza jurídica, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, eficiencia del Estado), que determinan si los recursos se asignan hacia actividades productivas o se diluyen en la informalidad, la captura o la ineficiencia. Sin instituciones que reduzcan la incertidumbre y premien la inversión, la productividad no despega. Esto tiene implicaciones que van más allá del diseño de políticas públicas. Supone también un cambio en el imaginario colectivo. Durante años hemos celebrado —con razón— la estabilidad macroeconómica. Pero hemos sido menos exigentes en materia de productividad. Quizá sea momento de ajustar prioridades.

Si el sector empresarial quiere crecer, su agenda no puede limitarse a defender la estabilidad macro; debe apostar más por la promoción del libre mercado y de la certeza jurídica, la reducción de barreras, la adopción tecnológica y el capital humano. Si la sociedad civil aspira a mayor inclusión, no basta con redistribuir: también debe promover condiciones para generar riqueza sostenida. Y si el Estado busca resultados duraderos, deberá asumir que las reformas institucionales —aunque complejas— son la única vía para elevar la productividad.

Los caminos son conocidos: simplificar trámites, digitalizar servicios públicos, fortalecer la justicia, invertir en infraestructura y profundizar la apertura comercial. Nada de esto es novedoso. Lo difícil, como siempre, ha sido hacerlo de forma consistente. La economía guatemalteca no carece de fortalezas, pero estas, por sí solas, no bastan. La estabilidad es necesaria, pero no suficiente. La prosperidad tiene una clave más exigente: elevar la productividad del sistema en su conjunto. Y eso, como sabemos, no ocurre por inercia.

SALARIO MÍNIMO: MUCHO RUIDO, POCO DESARROLLO

Como todos los años, el Presidente fijó por decreto el salario mínimo, luego de que la comisión negociadora —empleadores y sindicatos— volviera a fracasar en su mandato legal de alcanzar un acuerdo. No es una anomalía: es la norma. Este año, el aumento fue menor al del año pasado, aunque superior a la inflación, lo que implica un incremento real del costo laboral para las empresas. Y, como todos los años, la decisión desató una avalancha de opiniones técnicas, políticas, ideológicas y sentimentales. En redes sociales, el debate adquiere tonos épicos, como si del salario mínimo dependiera el futuro del país. Y al final gastamos demasiada energía social discutiendo un tema que, aunque relevante, es secundario frente a los verdaderos desafíos del desarrollo económico de Guatemala.

Un dato basta para poner las cosas en perspectiva: cerca del 79% del empleo en Guatemala es informal. Son trabajadores que no reciben salario mínimo, no cotizan al IGSS ni pagan ISR. Para ellos, el salario mínimo es una cifra abstracta, ajena a su realidad cotidiana. El salario urbano promedio no supera los Q2,800 mensuales, precisamente porque una parte significativa del empleo se da fuera de relaciones laborales formales. Incluso dentro de empresas formales abundan esquemas de pago por tarea, por producto o por servicios facturados: construcción, comercio, servicios profesionales. Discutir el salario mínimo como si describiera el “salario típico” del país es, sencillamente, incorrecto.

 Discutir salarios es importante, pero no más importante que discutir productividad. Los salarios en Guatemala no son bajos porque los empresarios paguen “menos de lo justo”, sino porque la economía produce poco valor por trabajador. El salario no sale de un decreto ni de un discurso moral; sale de lo que se produce. La mayoría del empleo se genera en empresas pequeñas, con poco capital, baja tecnología y escasa escala. Cuando una empresa produce poco, no puede pagar salarios altos, aunque quiera. A esto se suma la falta de competencia por los trabajadores: en muchas regiones hay pocas empresas formales y pocas oportunidades reales de cambiar de empleo. Sin competencia, los salarios se estancan.

Subir salarios por decreto puede tener efectos positivos en casos puntuales. No lo niego. Pero cuando se hace sin respaldo en aumentos de productividad, suele traducirse en más informalidad, menos empleo o menor inversión. Un reciente artículo de The Economist fue claro al advertir que insistir en alzas automáticas del salario mínimo desvía la atención de reformas más profundas y efectivas. El problema de fondo no es solo el monto del salario mínimo, sino un mecanismo legal obsoleto, que incentiva decisiones políticas antes que técnicas, y una obsesión colectiva por discutir la distribución del ingreso sin hablar seriamente de cómo se crea.

Si de verdad queremos salarios más altos y sostenibles, la ruta es otra: más inversión, más empresas formales, más capacitación técnica, más competencia por el talento y más movilidad laboral. Primero hay que crear valor; luego se puede repartir mejor. Intentar hacerlo al revés es una ilusión que la región ya probó —y pagó— demasiadas veces. La productividad es difícil de explicar, difícil de medir y, ante todo, difícil de mejorar. Pero es ineludible: la única forma sostenible de elevar el nivel de vida de un país es producir más con los mismos recursos. No hay atajos. Tal vez ya sea hora de bajar el volumen del debate anual sobre el salario mínimo y usar esa energía —escasa y valiosa— para hablar en serio de cómo hacer a Guatemala más productiva.

LA “AMENAZA” DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 HAY QUIEN CREE QUE LA IA HARÁ INNECESARIOS MUCHOS EMPLEOS. LO MÁS PROBABLE ES QUE CREARÁ MUCHOS MÁS

Un creciente número de profesionales ve con preocupación cómo el futuro de sus empleos parece amenazado por la irrupción de la Inteligencia Artificial -IA-. Abogados, médicos, auditores, oficinistas y -¡oh, no!- economistas temen por sus ingresos. Las profesiones que se basan en conocimientos, en procesar información y en determinar cursos de acción a partir de esos conocimientos y análisis, ven cómo muchas de estas funciones las realiza ahora casi cualquier persona con acceso a una aplicación (gratuita) de IA.

Que no cunda el pánico. La IA genera también fuerzas en el sentido contrario: reduce barreras de entrada al mercado y eleva las remuneraciones. Ciertamente la IA hará más difícil que unos pocos privilegiados acaparen la información; eso, sin embargo, abrirá oportunidades para que más personas puedan acceder al conocimiento, procesar la información y determinar cursos de acción. El resultado previsible será una mayor competencia y el surgimiento de más profesionales especializados que competirán, ya no en función de quién tiene más información privilegiada, sino de quién agrega más valor a sus servicios.

Y lo más importante de la IA es que reduce el costo de obtener, procesar y transmitir información, aumentando así la productividad de la economía como un todo, incrementando el nivel de ingresos y el valor del tiempo de los profesionales. La teoría económica sugiere que, ante esto, las personas responderán del mismo modo que lo han hecho durante siglos: demandando más servicios a los profesionales.

Eso sí, el desafío de los profesionales y de las organizaciones es el de adaptarse pronto al cambio:  desarrollar habilidades complementarias utilizando la IA para mejorar su productividad; especializarse en áreas que requieran creatividad y juicio humano; e incursionar en nuevos roles asociados a la profesión. Y las organizaciones (empresariales o sociales, pequeñas o grandes) deben innovar sus procesos productivos y administrativos para capturar plenamente los beneficios que ofrece la IA. 

"La IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales"

Es inevitable que la IA deje sin trabajo a algunos profesionales (los que no se adapten a ella), pero seguramente generará más trabajo y empleos para los demás, no solo para quienes con ella mejoren la calidad de sus servicios, sino para una nueva estirpe que haga de la IA su principal herramienta. La IA no es un peligro absoluto para el empleo, sino más bien un factor de evolución en el mercado laboral: históricamente, la tecnología ha creado más empleo del que ha destruido; toda revolución tecnológica desplaza ciertos tipos de empleo, pero genera muchas más oportunidades laborales nuevas. De manera que la IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales. Además, las habilidades humanas (como la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad) seguirán siendo insustituibles… por ahora.

Ante la irrupción de la IA, el rol de las políticas públicas es el de adoptar, facilitar, fomentar y acelerar su uso para aprovechar su potencial en materia de productividad, crecimiento económico y bienestar material. La adopción de la IA puede tener un impacto crucial tanto en la calidad de los servicios públicos, como en la economía nacional. Aunque eventualmente habrá necesidad de alguna regulación estatal respecto de la IA, esta debe mantenerse en un mínimo que no afecte los beneficios que ofrece la nueva tecnología. El Estado debe más bien potenciar esos beneficios para mejorar la productividad, las instituciones públicas, la solidez macro-fiscal y la gestión de riesgos (naturales, políticos, económicos y sociales), y apoyar así el desarrollo del país.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO 

Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su capacidad de generar energía era muy superior a la demanda. Sin embargo, consistentemente, la demanda está aumentado mucho más rápidamente que la oferta. En efecto, el requerimiento horario de energía del sistema aumentó de un 55% en 1999 a un 74% en 2022. Además, ahora se consume energía con menos variabilidad horaria (los “picos” de demanda son más planos) y, por lo tanto, para igual demanda máxima se requiere generar más energía. Lo malo es que la oferta necesaria para satisfacer esa demanda no solamente se ha estancado, sino que se ha reducido: la capacidad del sistema para generar energía en forma continua durante todo el año disminuyó de un 75% en 2001 a un 65% en 2022.

De tener excedentes de oferta que incluso se exportaban a la Región, el sistema eléctrico está ahora muy ajustado. Mientras que la tendencia de crecimiento de la demanda de energía es creciente y la tendencia del crecimiento de la oferta es decreciente. De hecho, en mayo de 2022 la demanda de energía del país superó a la oferta y, por primera vez desde que se creó el Mercado Eléctrico, se tuvo un déficit de generación (afortunadamente, por un breve lapso). Actualmente, el excedente de oferta respecto a la demanda máxima anual es positivo, pero muy pequeño, lo cual entraña un riesgo inminente de que se produzca un déficit de energía si, por ejemplo, el país sufriera de un periodo de sequía relativamente corto (escenario que es bastante probable, particularmente bajo la amenaza del Fenómeno del Niño).

Este riesgo solo podrá disminuirse con más inversiones en generación eléctrica que mantenga un parque generador diversificado, creciente y eficiente. Sin embargo, los últimos procesos de licitación de largo plazo que atrajeron inversiones importantes en generación electica se dieron hace diez años y los procesos nuevos de licitación a largo plazo que correspondía hacer hace dos años siguen retrasados. Peor aún, algunas plantas que no tenían contratos a largo plazo, ante la falta de señales económicas claras, han dejado de operar, y no se conoce de nuevos proyectos de generación que las vayan a sustituir.

El escenario es, pues, muy complejo. Cuando la capacidad de generar energía eléctrica en un país ya no es suficiente para satisfacer la demanda energética, se pueden producir varios efectos. En primer lugar, el suministro de electricidad inadecuado puede provocar un aumento de los precios de la energía a medida que la demanda supera la oferta, lo que puede redundar en costos más altos para las empresas y los consumidores, impactando la asequibilidad general y la actividad económica.

Un suministro insuficiente de energía también puede alterar los procesos de producción industrial, lo que lleva a una reducción de la producción o incluso a su detención en algunos casos. Las industrias que dependen en gran medida de la electricidad, como la manufactura y la tecnología, pueden enfrentar desafíos para cumplir sus objetivos de producción. La incapacidad de satisfacer la demanda de energía puede tener efectos en cascada en la economía: puede reducir la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, la escasez de energía puede crear desafíos de gobernabilidad, social e inestabilidad política si no se aborda de manera efectiva.

Para mitigar estos efectos, es necesario implementar medidas para fomentar la inversión en nueva infraestructura energética, mejorar la eficiencia, diversificar la combinación energética y promover medidas de conservación. El marco legal guatemalteco de la industria eléctrica establece un modelo adecuado de gobernanza que busca promover la competencia, la eficiencia y el costo mínimo, principios básicos que han permitido un buen desempeño del sistema hasta ahora. Ese marco debe respetarse y potenciarse con políticas eficaces para abordar la escasez de energía, que son vitales para garantizar un suministro estable y confiable para el desarrollo económico continuo.

La crítica situación que enfrenta hoy la industria eléctrica, con un estancamiento de la oferta de energía que, probablemente, generará un déficit para cubrir la demanda del país, requiere de un diálogo profundo a nivel del sector eléctrico y que los tomadores de decisión tomen las medidas de urgencia para crear condiciones propicias para atraer más inversión al sector. Invertir en capacidad de generación es crucial para que el país pueda satisfacer las crecientes necesidades energéticas y pueda impulsar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida general de sus ciudadanos.

PRODUCIR MÁS

 MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA REQUIERE DE UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD

La política fiscal y la política monetaria sirven para influir sobre la demanda agregada de la economía (el consumo de los hogares, el gasto público, la inversión), lograr que la producción nacional (el PIB) se acerque a su potencial y evitar la inflación y el desempleo. Pero el reto más importante para la economía es incrementar el PIB potencial, que es la fuente principal para mejorar los ingresos y el bienestar de la población. Si bien las variaciones en la demanda agregada pueden explicar las fluctuaciones del PIB a corto plazo, el crecimiento a largo plazo está determinado por el aumento sostenido en la oferta de bienes y servicios en la economía. La clave para aumentar el PIB potencial de un país radica en mejorar su productividad, es decir, aumentar la eficiencia con la que opera es sistema económico.

En general, el nivel de vida de un país depende de una amplia gama de elementos supra-económicos que incluyen la cultura, la calidad de la vida familiar, la ausencia de delincuencia, etcétera; pero desde el punto de vista económico lo que puede medirse es el bienestar material de la sociedad. Desde esa perspectiva estrecha, los avances en el nivel de vida de la población pueden medirse por la cantidad de bienes y servicios que la economía proporciona a cada uno de sus ciudadanos. La clave es lograr que los trabajadores puedan proporcionarse un flujo creciente de bienes y servicios; es decir, que cada trabajador pueda aumentar su producción y sus ingresos.

Por desgracia, la productividad laboral en Guatemala -es decir, la cantidad de producto que genera en promedio cada trabajador guatemalteco- no solo es de las más bajas del continente, sino que se ha mantenido estancada en los últimos cuarenta años. Eso explica por qué los indicadores sociales del país se comparan desfavorablemente con relación a otros países de similares dimensiones económicas. Por eso es que -a pesar de sus debilidades y de las crecientes críticas de las que es objeto- el PIB y su crecimiento son variables clave a seguir: cada quetzal producido genera un quetzal de ingreso; y, cuando el producto generado en promedio por cada trabajador aumenta, también aumenta el ingreso promedio de los trabajadores.

Un ritmo saludable de crecimiento económico no solo aumenta los ingresos promedio, sino que también alivia enormemente la suerte de los pobres y de aquellos que, de lo contrario, podrían verse gravemente afectados por las fluctuaciones económicas. Cualquier sociedad en estos tiempos está marcada por el cambio, y ese cambio genera, inevitablemente, que una minoría de empresas, trabajadores y comunidades sufran a medida que los gustos y preferencias cambian y las tecnologías se transforman, tal vez dejándolos rezagados. Pero cuando el crecimiento de la productividad y de los ingresos es suficientemente rápido, la mayoría de tales "perdedores", después de un breve período de ajuste, terminan recuperando sus niveles previos de bienestar. Procurar el aumento de la producción y de la productividad no debe quedarse como una mera abstracción académica, sino que debe ocupar un lugar central como meta de las políticas públicas del país.

LAS CAUSAS RAÍZ DE LA MIGRACIÓN

 UN MIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE GENERAR DIEZ VECES MÁS INGRESOS QUE EN SU PAÍS DE ORIGEN

Una nueva crisis de migrantes ilegales en los Estados Unidos se produce desde hace semanas. Los gobernadores republicanos de los estados fronterizos con México están enviando buses repletos de migrantes hacia los estados norteños gobernados por demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris (encargada de encontrar soluciones a la crisis) acusa a aquellos gobernadores de estar jugando con vidas humanas, al tiempo que asegura haber conseguido más de US$3.2 millardos para ayudar a que los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica tengan en sus propios países las oportunidades que necesitan para no verse en la necesidad de emigrar ilegalmente.

Pero, a pesar de que la estrategia de Harris busca atacar las “causas raíz” de las migraciones ilegales, pareciera que ni el gobierno estadounidense actual, ni su predecesor, tienen claras dichas causas. Por un lado, los fondos que Harris dice haber juntado para invertir en el Triángulo Norte apenas representan el 2 por ciento del PIB de la Región, por lo que resulta ingenuo pensar que una inversión tan pequeña pueda revertir los flujos de migrantes ilegales. Por el otro lado, en una conferencia reciente impartida en Guatemala, el ex vicepresidente Mike Pence pareció achacar la culpa de las olas de migrantes centroamericanos principalmente a “los carteles criminales que trafican personas”, lo cual suena también demasiado simplista.

Resulta difícil creer que los más importantes líderes de los Estados Unidos no tengan claro que el principal incentivo que motiva a los centroamericanos a emprender la peligrosa travesía rumbo al Norte es el enorme diferencial que existe entre los ingresos que pueden obtener allá en comparación a los que obtienen acá. El mismo campesino guatemalteco que en su pueblo apenas generaba ingresos mínimos para mantener a su familia en precarias condiciones, es el mismo que -tres meses después de haber llegado mojado a California- es capaz de generar cinco y hasta diez veces más ingresos. La pregunta relevante para identificar la causa raíz de las migraciones es ¿por qué un trabajador centroamericano puede ser diez veces más productivo en los Estados Unidos que en su país de origen?

No toma mucho darse cuenta de que la diferencia radica en la calidad del entorno para trabajar y hacer negocios. Un entorno donde el Estado provee los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, asistencia en salud y educación) y en donde las instituciones generan la certeza jurídica y el orden económico necesarios, es un entorno donde el individuo puede ser más productivo y encontrar las oportunidades para progresar y realizarse. La principal causa raíz de las migraciones desde el Triángulo Norte yace en la incapacidad de esos estados de proveer a sus ciudadanos los servicios públicos mínimos y de funcionar con base en instituciones sólidas que conformen un marco eficaz para la interacción humana y el progreso de las personas. Convencer a algunas empresas estadounidenses para que inviertan en el Triángulo Norte es importante, como también lo es combatir las mafias del coyotaje; pero para atacar la causa raíz de las migraciones, lo que se necesita es mejores servicios públicos y mejores instituciones.

ECONOMÍA DE REMESAS

 DEPENDER EN DEMASÍA DE LAS REMESAS FAMILIARES ENTRAÑA RIESGOS

Como maná del cielo, el torrente de remesas familiares hacia Guatemala ha reconfigurado la economía, la arquitectura residencial y los patrones de consumo. El año pasado ingresó al país un flujo récord de remesas que rozó los US$15.2 millardos (eso es más que el total de exportaciones) y a junio de 2022 ya habían ingresado otros US$8.7 millardos. En los últimos años, las remesas familiares han representado más del 15 por ciento del PIB. Sabemos que el principal motor del PIB de Guatemala es el consumo de los hogares y que una gran parte de ese motor funciona con el combustible de las remesas, por lo que podemos afirmar que, en buena medida, nuestra economía es una economía de remesas.

Como en otros países (en Asia y África) que han vivido un fenómeno similar, las familias recipiendarias de remesas han podido elevar su nivel de bienestar material. Una encuesta -de hace cinco años, porque no hay más recientes- de la Organización Mundial de las Migraciones reveló que más de un millón y medio de hogares recibían remesas, beneficiando a más de seis millones de guatemaltecos. Casi la mitad de las remesas se destinó a comprar o ampliar la vivienda; más de la tercera parte se destinó a adquirir bienes de consumo (principalmente alimentos); y, el resto se destinó a adquirir insumos para negocios o a mejorar la salud y la educación de las familias. Existen estudios de otros países que muestran en particular que cuando las familias reciben remesas no solo mejora la calidad de su consumo, sino que también pueden aspirar a buscar trabajos mejor pagados y a que los niños dejen de trabajar, lo cual eleva su nivel educativo (especialmente de las niñas), siempre que la educación pública esté en capacidad de acogerlos adecuadamente.

Pero los resultados a largo plazo de una economía muy dependiente de las remesas no son tan claramente positivos. Los estudios al respecto no son concluyentes. Un flujo muy grande de remesas puede tener como contracara una escasez de mano de obra y un encarecimiento de costos de producción. O puede ocasionar -como ha ocurrido en Guatemala- una especie de “enfermedad holandesa” que aprecie el tipo de cambio y perjudique la competitividad del sector exportador. Pero el peligro más grande para una economía que depende demasiado del torrente de remesas, es que este, tarde o temprano, se seque súbitamente.

Para prepararnos para ese momento (inevitable, según la experiencia de otros países remesa-dependientes) es menester emprender las reformas de largo plazo (de fortalecimiento institucional y de mejora del clima de negocios) que la economía necesita para aumentar su productividad. Y, a corto plazo, las políticas públicas deben enfocarse en facilitar a los compatriotas que envían y reciben remesas una maximización de sus recursos. Esto pasa por mantener bajos los costos del envío de remesas, lo cual se logra procurando una abierta y sana competencia entre las empresas involucradas en las transferencias. Pero enviar las remesas es comparativamente más fácil que recibirlas: la bancarización de las familias recipiendarias y su acceso a tecnologías de comunicación debe ser una prioridad.

EL CRECIMIENTO COMO PRIORIDAD

¿QUÉ TIPO DE CRECIMIENTO? UNO QUE SEA MÁS RÁPIDO, MÁS SOSTENIBLE Y MÁS INCLUYENTE

Después de la rápida recuperación económica en 2021-22, las perspectivas para los próximos años son de retornar al crecimiento habitual (de un 3.5 por ciento anual) que, por desgracia, resulta mediocre cuando se compara al de otros países con similar nivel de desarrollo, e insuficiente cuando se compara con las tasas de crecimiento que se necesitan para mejorar significativamente los indicadores de bienestar de la población.

Muchos críticos de las políticas centradas en el crecimiento afirman que otros objetivos -como la igualdad o el ambiente- deberían ser prioritarios. En realidad, el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad (política y ambiental) no son objetivos excluyentes, sino complementarios. El principal desafío de las políticas públicas para los próximos años es crear una ruta que conduzca a un crecimiento más rápido, más sostenible y más incluyente. Esas tres dimensiones juntas generarán la futura prosperidad, pero de las tres, el crecimiento es la fundamental porque sin él, ni la sostenibilidad ni la inclusión son posibles. El propósito del crecimiento económico no debe ser solo el de aumentar la riqueza, sino también el de lograr un bienestar más amplio. Ese crecimiento puede favorecer la inclusión al crear igualdad de oportunidades y generar un progreso de base amplia que reduzca la desigualdad y aumente la dignidad del trabajo.

El crecimiento es clave para promover los otros dos elementos porque, primero, genera empleos y con ellos aumenta los ingresos y el nivel de vida. Genera también seguridad y resiliencia, alivia la pobreza y promueve la educación. Así, el crecimiento económico también puede ayudar a la inclusión social cuando aumenta los ingresos de quienes están en la base de la pirámide social, lo cual coadyuva a su sostenibilidad sociopolítica. Y el crecimiento también puede tener un efecto positivo sobre la sostenibilidad ambiental si los excedentes que genera se canalizan, por ejemplo, a financiar inversiones de descarbonización y descontaminación. Pero este tipo de del crecimiento económico virtuoso no es automático. Las economías no siempre han salido de las recesiones con un crecimiento fuerte y sostenido.

La clave es aumentar la productividad sistémica, que es el principal motor del crecimiento económico. Es la única forma sostenible de hacer crecer una economía a largo plazo. Pero la tendencia de la productividad en nuestra economía se ha estancado (o disminuido) en las últimas décadas. En pocos años, nuestra transición demográfica habrá terminado y la expansión de la fuerza laboral ya no será el gran motor del crecimiento económico. Los tres factores que pueden generar más productividad son la adopción de nuevas tecnologías, los conocimientos y educación de la fuerza laboral, y, sobre todo, las instituciones eficientes que den certeza a los agentes económicos. Dar prioridad a estos tres factores requiere de un esfuerzo armonioso de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil para reparar y mantener el tejido social, sin el cual resulta imposible generar un ambiente de confianza que viabilice los intercambios (económicos, sociales, culturales) que se necesitan para que exista prosperidad y bienestar para todos.

POLÍTICA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO

EL DESEMPEÑO ECONÓMICO, A MEDIANO PLAZO, ESTÁ DETERMINADO POR LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

La producción nacional experimentó un rápido rebote en 2021 y crecerá encima del 4 por ciento en 2022; sin embargo, se estima que a partir del próximo año el crecimiento económico retornará a su habitual ritmo tendencial (de 3.5 por ciento anual) y, según el FMI, lo más probable es que ese mediocre ritmo se mantenga así y hasta pueda declinar en los próximos años, por diversas razones. Una de esas razones es la política: la insuficiente generación de empleos y de mejores ingresos puede causar desesperación en la población, aumentar el apoyo electoral a populistas y demagogos, e inducir a una combinación de malas políticas que socavarían el crecimiento económico futuro. El año electoral 2023 será más relevante que nunca.

Desde una perspectiva histórica, la economía guatemalteca creció fuertemente en las décadas de 1960 y 70, pero colapsó en la década siguiente; el crecimiento se recuperó después de 1990, pero volvió a reducirse a partir de 2010. Cuando el crecimiento se descompone según los factores que lo impulsan, los datos sugieren que la contribución de la productividad al crecimiento ha sido nula durante las últimas décadas. En otras palabras, el bajo crecimiento de la productividad -más que la acumulación insuficiente de otros factores (trabajo o capital)- es la causa central del bajo crecimiento: Guatemala tiene un serio problema de baja productividad.

Además del uso de tecnología, la productividad refleja -principalmente- la eficiencia general con la que se asignan los factores de producción en la economía. La deficiente provisión de los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación) y las distorsiones económicas desatendidas (o causadas) por las políticas públicas conducen a una mala asignación de los factores de producción en la economía y generan poca productividad. Es esencial abordar las causas fundamentales de la baja productividad, pues esta es la razón del mediocre crecimiento económico y de la escasa movilidad social.

El riesgo es que los votantes, en estas condiciones, son proclives a aceptar (incluso a demandar) políticas públicas que, a la postre, perjudican el crecimiento económico, como los impuestos expropiatorios o las restricciones a la empresa privada, al libre comercio y a la migración. Si el escenario democrático no es suficiente para sentirse representados, los ciudadanos podrían optar por la salida populista que -según lo visto en otros lares- conduce al caos social y político e impide aún más la asignación eficiente de los recursos necesarios para el crecimiento. Para eludir ese riesgo se requiere, en primer lugar, una gestión macroeconómica adecuada, que es una condición necesaria para el crecimiento económico, pero no suficiente. El crecimiento tiene otros determinantes clave que tienen que ver con la eficiencia de las instituciones del Estado, la provisión de bienes públicos, la estabilidad política, la gobernabilidad democrática y el imperio de la ley. Los problemas económicos no están divorciados del entorno político: las instituciones políticas juegan un papel central en la configuración de los incentivos para promover la productividad, el crecimiento económico y el bienestar de la población.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)

ESTRUCTURALMENTE, EL DESAFÍO MÁS GRANDE ES MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA DE LA ECONOMÍA

La semana pasada decíamos que, coyunturalmente, el principal desafío macroeconómico en 2022 será preservar la estabilidad y resiliencia, que son un activo invaluable para el país. Sin embargo, el problema de fondo de nuestra economía continúa siendo el secularmente lento ritmo de crecimiento, que dificulta mejorar los niveles de bienestar de la población. Detrás de este problema subyace el desafío estructural más grande que enfrentamos: mejorar la productividad sistémica de nuestra economía.

A pesar de la estabilidad macroeconómica (aunque, claro está, no a causa de ella), en los últimos cuarenta años el PIB por habitante de Guatemala ha sido el que menos ha crecido de todos los países centroamericanos, y en Latinoamérica solo Argentina y Venezuela han tenido un desempeño peor que el nuestro. Dos causas explican, principalmente, el mediocre crecimiento de la producción nacional. Por un lado, la escasísima inversión en infraestructura: la formación de capital en Guatemala es menos del 15 por ciento del PIB, cuando el promedio mundial es de casi un 25 por ciento. Y, por otro lado, la exigua productividad de los factores de producción: la productividad laboral en Guatemala es de las más bajas de Latinoamérica (solo en Bolivia y Venezuela es más baja) y ha permanecido casi estancada durante treinta años.

Una condición imprescindible para aumentar la productividad y la inversión es que impere un estado de derecho en el que se garanticen los derechos individuales y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La certeza jurídica es un requisito indispensable para satisfacer las necesidades operativas y las interacciones de mercado en la economía, de manera que estas se basen en reglas (formales e informales) que sean, a la vez, estables y adaptativas. Esas reglas conforman las instituciones que, como custodios de la certeza jurídica, permiten que surja entorno predecible y estable que genere confianza, desencadene la inversión y asegure que los intercambios económicos se produzcan de manera eficiente, todo lo cual permitiría elevar la productividad sistémica y, con ella, el crecimiento económico y el bienestar material.

La existencia de instituciones sólidas y eficaces es indispensable para lograr el ambiente de paz social y gobernabilidad necesario para la adopción de nuevas tecnologías, para promover la inversión (en personas y en infraestructura) y para lograr un buen clima de negocios. Desde una perspectiva económica es, pues, necesario reformar y fortalecer las principales instituciones del Estado (sistemas de justicia, de servicio civil, de partidos políticos, de regulación de mercados, etcétera) para mejorar la productividad sistémica y habilitar a la sociedad para compartir riesgos, proveer redes de protección social y crear oportunidades para todos. Estas reformas no son fáciles de implementar, ni dan resultados inmediatos, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública, ni ningún crecimiento económico, podrán sostenerse en el tiempo.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2021

SE RECUPERÓ EN NIVEL DE PRODUCCIÓN QUE HUBIESE HABIDO EN AUSENCIA DE LA PANDEMIA

Según el Banco de Guatemala, la producción de bienes y servicios en el país este año será un 7.5 por ciento mayor a la registrada en 2020, inusual tasa de crecimiento que resulta ser la más rápida de las última cuatro décadas. De los cuatro motores que impulsaron esta recuperación (el consumo de las familias, la inversión en capital fijo, las exportaciones y el consumo del gobierno), el más importante, por mucho, ha sido el crecimiento que registra el consumo de los hogares, que contribuye con más del 85 por ciento del PIB y que, en buena medida, se sustentó en el ingreso récord de remesas familiares que este año rondará los 15 millardos de dólares.

Es preciso evaluar la recuperación económica de 2021 con ecuanimidad y ponerla en perspectiva. El año pasado la economía nacional sufrió un fuerte frenazo (el peor en más de treinta años) debido a los efectos negativos que la pandemia de Covid-19 tuvo sobre el aparato productivo: medido en quetzales (a precios de 2013) el PIB de 2020 fue de Q506 millardos; eso es un 1.5 por ciento menos que el año previo. Si no hubiese habido pandemia el PIB habría alcanzado unos Q531 millardos (o sea, 3.2 por ciento más que en 2019). Este 2021, el PIB llegará a Q544 millardos (con el mencionado 7.5 por ciento de crecimiento); pero si no hubiese habido pandemia (es decir, si hubiese crecido por segundo año consecutivo en 3.2 por ciento) habría llegado a Q548 millardos. De manera que la excelente tasa de crecimiento del presenta año apenas sirve para que el país vuelva a generar la misma cantidad de bienes y servicios que se hubiesen producido en ausencia de la pandemia.

Ahora bien, aunque es cierto que el ritmo de recuperación económica de 2021 no es tan espectacular como para quemar cohetillos ni hacer grandes alharacas, es de justicia reconocer que algo se ha hecho bien en nuestra economía: las oportunas medidas anticíclicas que se adoptaron el año pasado en lo monetario y en lo fiscal, aunadas a la capacidad de adaptación de las empresas y consumidores guatemaltecos, permitieron que la recesión del año pasado fuera menos drástica acá que en la mayoría de países del Hemisferio, y que la recuperación de este año fuese más rápida. Es menester valorar que, de nuevo, la economía nacional, aunque no sea de las más dinámicas, sí es una de las más resilientes del mundo.

Esa resilencia es un activo que debemos preservar pero, al mismo tiempo, tenemos que ver, como país, qué debemos hacer para no seguir basando el crecimiento económico casi exclusivamente en el consumo de los hogares (y en las remesas familiares que, en buena medida, lo sustentan). De manera que los desafíos que para 2022 debe afrontar la política económica tienen que ver, en primer lugar, con recobrar y mantener los equilibrios macroeconómicos que apuntalan esa resilencia y estabilidad que caracterizan a Guatemala y que son bien apreciadas en los mercados financieros; y, en segundo lugar, con crear y fomentar un clima favorable para la inversión y los intercambios económicos que propicie una mayor productividad sistémica. A esos desafíos espero referirme en las próximas columnas.

Políticas Sociales y Desarrollo

LA POLÍTICA SOCIAL NO DEBE ESTAR DIVORCIADA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Hace algunos días tuve el honor de participar en el panel foro “Guatemala doscientos años de historia: Cambios Estructurales necesarios para el desarrollo”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Mi conferencia versó sobre la evolución de las políticas sociales en el país y su impacto en el desarrollo.  Luego de un recorrido histórico por las principales políticas sociales en el último siglo, una conclusión inicial fue que estas, con muy contadas excepciones, no solo han carecido de coherencia e integralidad, sino que casi nunca se han aplicado de manera sostenida y consistente.

Estos problemas de diseño y de implementación, comunes a casi todas las políticas púbicas, se deben a las enormes debilidades institucionales del Estado y a un pobre entendimiento respecto de la naturaleza de tales políticas.  Las políticas sociales son el instrumento para regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales mediante el suministro de servicios de educación, salud, y protección social, con el fin de reducir la pobreza y promover el empleo y el desarrollo humano, con lo cual contribuyen también a generar mayor demanda interna y crecimiento económico. Derivado de lo anterior, una segunda conclusión fue que las políticas sociales no deben aplicarse aisladamente de las políticas económicas pues ambas interactúan, se refuerzan, se afectan y se complementan.

Una tercera conclusión fue que todas las políticas, directrices, orientaciones, criterios y lineamientos que busquen mejorar los niveles de vida y de bienestar social deberían tener presente que, en el largo plazo, la única manera de lograr esos objetivos es aumentando la productividad sistémica del país. La pobreza y la baja productividad son las dos caras de la misma medalla. Según datos de The Conference Board la productividad laboral de Guatemala no solo es una de las más bajas del Hemisferio, con un nivel de US$ 22.2 miles por trabajador en 2019, sino que ha permanecido estancada durante los últimos quince años.

La conclusión final fue que, a fin de aumentar la productividad sistémica del país, es indispensable mejorar el entorno institucional. No es por casualidad que los migrantes guatemaltecos, a los pocos días de estar trabajando en el Norte, cuadrupliquen los ingresos que antes obtenían en Guatemala: en un entorno institucional favorable, la productividad se multiplica. Los índices de gobernanza, calidad institucional, competitividad y riesgo-país coinciden en señalar la precariedad institucional de nuestro país. En particular, las instituciones de justicia, del sistema político, de gestión pública y de gobernanza son percibidas en los mercados internacionales como las debilidades clave de Guatemala. De manera que la reforma y el fortalecimiento de estas instituciones también debe considerarse como un componente clave de las políticas sociales del país.

La Causa Fundamental de la Migración

 LA BAJA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA EXPLICA EN GRAN MEDIDA LAS MIGRACIONES

Hace unos días se conoció que el Ejecutivo planea encargar al Ministerio de Desarrollo hacer una encuesta para “entender” las dimensiones de la pobreza y las causas de la migración de los guatemaltecos hacia los Estados Unidos. La idea resulta -cuando menos- extraña ya que, por un lado, se supone que para eso está el INE como entidad a cargo de la Encuesta de Condiciones de Vida y de la de Ingresos y Gastos Familiares y, por otro, ya existen diversos sondeos que explican contundentemente la razón fundamental que impulsa a los guatemaltecos a emprender el peligroso viaje hacia el Norte: la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Cualquier migrante guatemalteco ya establecido le podrá explicar -con trocitos- a cualquier funcionario público despistado que, mientras que en Guatemala generaba ingresos (si tenía la suerte de estar empleado) que apenas le alcanzaban para sostener a su familia, a las pocas semanas de instalarse en los Estados Unidos, en contraste, ya generaba por lo menos cinco veces más. Son abundantes los casos exitosos de compatriotas migrantes que bastaría buscar en internet para darse cuenta de tan evidente realidad (les sugiero algunos nombres, para que los googleen: Seferino Cotzojay, Dany López, Jorge Mario Morales y Marcos Antil).

La enorme diferencia de ingresos que una misma persona genera en el Norte respecto de los que genera en Guatemala se explica por un concepto básico: productividad, que es la capacidad de producir más con los mismos insumos. En efecto, la productividad de los guatemaltecos es mucho más elevada en los Estados Unidos, no porque por arte de magia los migrantes se vuelvan más sabios o más diestros, sino porque allá las condiciones del entorno potencian la capacidad de los trabajadores diestros y esforzados, como son los guatemaltecos. Y esas condiciones del entorno son tan propicias en el Norte porque allá existen reglas claras, certeza jurídica, instituciones eficientes y provisión de servicios públicos esenciales.

No hay que inventar el agua azucarada. Para entender la situación de los hogares guatemaltecos no hay que inventarse nuevas encuestas, sino fortalecer al ninguneado INE en la realización de sus encuestas básicas. Y para reducir la migración de guatemaltecos no hay que buscar soluciones mágicas, sino trabajar en aquellas políticas y reformas que logren el clima de paz social y gobernabilidad necesario para la adopción de nuevas tecnologías, la generación de inversiones (en personas y en infraestructura) y la promoción de un buen clima de negocios; todo lo cual pasa por elevar la efectividad del  gobierno en la provisión de servicios públicos esenciales y reducir el riesgo-país, aspectos indispensables para  aumentar la productividad sistémica y reducir sosteniblemente la pobreza. Solo fortaleciendo las principales instituciones será posible aumentar la efectividad del gobierno y establecer permanentemente un entorno que invite a los guatemaltecos a permanecer en su país.

MEDIDAS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO

EXISTEN MEDIDAS CONCRETAS QUE, A CORTO PLAZO, PUEDEN AYUDAR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

 La reactivación está en marcha: diversos indicadores económicos apuntan a una recuperación dinámica del nivel de producción. En gran medida, esta reactivación es inercial, ya que después de una recesión ocasionada por un shock exógeno (como la que ocurrió el año pasado a causa de la pandemia de Covid-19) casi siempre se produce un rebote como el que estamos experimentando. Si ese rebote no va acompañado de un aumento en la productividad, lo más probable es que, después de este año de recuperación, nuestra economía retorne a los niveles estables, pero muy mediocres de crecimiento, similares a los de los últimos lustros.

 La única forma en que nuestra economía crecerá más rápidamente de forma sostenible es mediante un aumento de la productividad, que solo puede obtenerse si se mejora el marco institucional -político y económico- y, con él, la certeza jurídica, el clima de negocios y la inversión en capital físico y humano. Por desgracia, ello solo es posible a mediano plazo. Sin embargo, a corto plazo es posible lograr algunas mejoras en la productividad si se identifican adecuadamente aquellos cambios que la pandemia ha provocado en la estructura y en las relaciones económicas, y se aprovechan para inyectar dinamismo y eficiencia a dichas relaciones.

 En efecto, la pandemia ha modificado la forma en que muchas personas obtienen y gastan sus ingresos: se ha acelerado el uso de medios digitales, así como la automatización de muchos procesos que ahora se hacen remotamente, y se ha generalizado el tele-trabajo en muchos sectores. Muchos de estos cambios vinieron para quedarse y pueden estar logrando aumentos de la productividad en diversos sectores de la actividad económica. Sin embargo, otros sectores se han visto fuertemente afectados por la crisis y por la automatización de procesos, y es probable que los empleos que se pierdan en estos sectores nunca lleguen a recuperarse.

 Por lo tanto, es imprescindible que las políticas públicas ayuden, por un lado, a que los sectores que están cobrando dinamismo en el nuevo entorno se reafirmen y fortalezcan pero, simultáneamente, a que los empresarios y empleados afectados en los sectores más golpeados puedan hacer una transición hacia nuevas actividades y empleos. Existe ya un conjunto de medidas -pendientes de aprobar o de aplicar- que las autoridades gubernamentales podrían estar impulsando para coadyuvar en ese proceso: un marco legal para regular las insolvencias y la restructuración de empresas; la reglamentación del trabajo a tiempo parcial; los programas de reentrenamiento y capacitación laboral en tecnologías informáticas; un seguro de desempleo (a cargo del IGSS); esquemas de garantía crediticia para las actividades con potencial productivo; o, el fortalecimiento de la resolución de conflictos mediante el arbitraje. Para todas estas medidas ya existen propuestas concretas. Lo que hace falta, como siempre, es que los encargados (en los tres poderes del Estado) les asignen la prioridad que se merecen.

PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO

 EL APORTE DE LA PRODUCTIVIDAD AL CRECIMIENTO ECONÓMICO HA SIDO CASI INEXISTENTE

 El potencial de crecimiento de cualquier economía está dado por sus factores de producción: tierra, trabajo, capital (maquinaria e infraestructura) y productividad (eficiencia con la que se combinan aquellos factores). En Guatemala, las dos terceras partes del crecimiento de la economía en los últimos treinta años se explica por el factor trabajo (debido al rápido crecimiento de la población en edad de trabajar), mientras que la otra tercera parte se explica por el factor capital; el aporte de la productividad al crecimiento económico ha sido casi inexistente.

 Aunque en el futuro cercano la contribución de la mano de obra seguirá siendo importante, es muy probable que a mediano plazo el crecimiento de la población en edad de trabajar disminuya drásticamente. Un aumento de la inversión en capital podría compensar esta caída, pero inevitablemente existirán rendimientos decrecientes sobre la acumulación de capital. Por ello, el crecimiento sostenible a largo plazo solo puede provenir de un aumento de la productividad, que resultará esencial para alcanzar la prosperidad, reducir la pobreza y crear empleos formales y bien remunerados. La pregunta fundamental de cara al futuro es, pues, ¿cómo logramos aumentar la productividad de nuestra economía?

 Un reciente estudio del Banco Mundial (“Desatando el Potencial de Crecimiento de América Central”) proporciona algunas respuestas. La incapacidad del país de generar un crecimiento sostenido de la productividad revela la necesidad de aplicar reformas no solo para fomentar las inversiones innovadoras que mejoren la productividad, sino que hagan que esa mejora sea sostenida, para lo cual se requiere de acciones en cuatro áreas que se complementan mutuamente y en las cuales nuestro país muestra enormes rezagos: la educación, la infraestructura, la eficiencia de los mercados y la calidad de las instituciones.

 El estudio del Banco Mundial identifica varias áreas clave en las que las reformas institucionales y de políticas públicas pueden ayudar a impulsar la productividad y el crecimiento a largo plazo. Las más relevantes para Guatemala son: la reducción de barreras al comercio regional (incluyendo con México); la inversión en capital humano (especialmente de la calidad de la educación); la reducción de rigideces en el mercado laboral (que requiere viabilizar el trabajo a tiempo parcial); el aumento masivo de la inversión en infraestructura (física y digital); la mejora del clima de negocios (que implica mejorar la seguridad física y el acceso a servicios financieros para la pequeña empresa); la creación de un ambiente propicio para la innovación; y, la mejora en la certeza jurídica, los derechos de propiedad y la transparencia (lo que implica reformas al sistema judicial, a la efectividad del gobierno y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción). Ahí hay elementos para una agenda de largo plazo que nos saque del laberinto cortoplacista en el que parece que estamos perdidos.

Crecimiento e Inclusión: el Doble Desafío

Encontrar formas de incrementar la productividad es la clave del futuro económico de Guatemala.

La economía de Guatemala ha crecido durante décadas de manera estable, pero insatisfactoriamente lenta. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto –PIB- de 3.1% anual registrado en la última década es significativamente más lento que el 5.6% anual de otros 56 países (excluyendo China) calificados como economías emergentes y que solían tener –hace cuatro décadas- un nivel de desarrollo similar al de Guatemala. Nuestro país se está quedando muy rezagado debido a la ineficacia institucional que a la postre redunda en un escaso dinamismo económico y en la persistencia de la pobreza en amplios segmentos de la población.

Casi tres cuartas partes del crecimiento de nuestra economía provienen de la expansión de la fuerza de trabajo (derivada del crecimiento poblacional) y no de un aumento de la productividad, que apenas aporta cada año un promedio de 0.3 puntos del crecimiento del PIB (menos de la décima parte de lo que la productividad aporta al crecimiento de las 56 economías emergentes ya mencionadas). El crecimiento de la población trabajadora como proporción de la población total pronto se revertirá, lo que significa que, en el futuro próximo, el crecimiento económico solo podrá provenir de una mayor productividad.

Encontrar formas de incrementar la productividad es la clave del futuro económico de Guatemala. En un reciente estudio que realizó McKinsey (una consultora internacional) para otros países latinoamericanos que comparten preocupaciones similares a las nuestras en cuanto a su lento crecimiento económico, se identificaron “dos términos-medio que faltan” y cuya ausencia mantiene atrasada a la Región: uno es la mediana empresa y el otro es la clase media.

Por un lado, una buena cantidad de empresas de tamaño medio puede impulsar el crecimiento y generar empleos bien pagados; sin embargo, nuestros países muestran una polarización entre unas pocas (y muy modernas) grandes empresas  y una miríada de pequeñas empresas de baja productividad. El segmento medio de empresas hace falta para dinamizar el crecimiento, en la medida en que tales empresas, según McKinsey, son más proclives a invertir en nuevas tecnologías y en adoptar sistemas modernos que incrementen la productividad. El otro término-medio que hace falta es el de un conjunto significativo de consumidores de clase media cuyos ingresos provengan de empleos productivos y se traduzca en un mercado pujante con una mayor capacidad de compra.

Para que surjan estos dos términos-medio se requiere de una estrategia de país y de un compromiso político que, hasta ahora, han sido imposibles de lograr en Guatemala. En Latinoamérica ha habido unos pocos casos exitosos (Colombia, Perú y, especialmente, Chile) que han logrado encontrarlos y, consecuentemente, han atendido simultáneamente el doble desafío del crecimiento económico y la inclusión social. Estos casos de éxito tienen un factor común: su apuesta por mejorar la eficacia del Estado y reformar sus instituciones, con lo cual han establecido un ambiente propicio para los negocios y el emprendimiento, han creado mejores empleos que promueven una clase media pujante y han modernizado la provisión de servicios gubernamentales. Ese es el ejemplo a seguir.

¿Listos para el Despegue Económico?

Es cierto que la deuda pública de Guatemala es baja cuando se mide como porcentaje del PIB, pero eso no significa que podamos recurrir al endeudamiento como base de un crecimiento económico sostenido

Recientemente al Banco de Guatemala publicó sus previsiones macroeconómicas, en las que el crecimiento de la producción nacional para 2019 estará alrededor de un 3.4% anual, basado en la estabilidad de las principales condiciones macroeconómicas, incluyendo una inflación bajo control, un tipo de cambio y unas tasas de interés relativamente invariables y, por el lado fiscal, un déficit fiscal creciente pero aún bajo (en comparación con otros países similares) y una deuda pública pequeña (en relación con el tamaño de la producción del país). Básicamente el mismo escenario de estabilidad y prudencia macroeconómica que ha sido reconocido por las calificadoras internacionales como la principal fortaleza del país.

Pero siendo este crecimiento absolutamente insuficiente, surgió (en las redes sociales, vale aclarar) un breve debate entre algunos economistas respecto de si, con las cifras presentadas, estaba servida la mesa para arrancar un periodo de crecimiento más dinámico y sostenido de mediano y largo plazo. El planteamiento que más se discutió fue que las condiciones existentes (especialmente el bajo monto de la deuda pública), aunadas al proceso de urbanización y al bono demográfico, podían abrir la posibilidad de emprender, mediante el endeudamiento público, un esfuerzo de inversión en infraestructura que disparara ese periodo de crecimiento sostenido.

Ciertamente, un necesario aumento en el gasto para revertir el terrible retraso de nuestra red de infraestructura daría un impulso al crecimiento de la producción nacional. Pero la cuestión clave del planteamiento es si dicho crecimiento –basado en inversión en infraestructura- podría ser sostenible per se, y la respuesta es claramente que no lo sería. El crecimiento económico basado en un incremento masivo del gasto público (aunque sea para infraestructura) siempre es efímero, y existen numerosos casos alrededor del mundo y a lo largo de la historia que así lo ratifican.

La deuda pública de Guatemala es baja cuando se mide como porcentaje del PIB, pero es elevada si se mide como fracción de sus ingresos fiscales, lo que define la capacidad de pago del Estado. Es por eso que analistas y calificadoras coinciden en que un aumento anual de la deuda pública nacional, incluso tan pequeño como de un 0.5% del PIB (aunque se destine exclusivamente a infraestructura) es (en ausencia de un aumento de los ingresos fiscales) insostenible y pondría en riesgo la preciada estabilidad macroeconómica. Por otra parte, encomendar de golpe una masiva inversión en infraestructura a la precaria (y presumiblemente corrupta) institucionalidad pública existente sería una receta para el fracaso.

                                                                                   

Los ingredientes para el crecimiento sostenible son dos: aumentar la productividad y aumentar la inversión (especialmente privada, no solo en infraestructura). Para que se den, es indispensable que exista certeza jurídica, que prevalezca el estado de derecho, que los servicios público esenciales (seguridad física, impartición de justicia, infraestructura, educación y salud primarias) sean provistos con eficiencia –mediante instituciones sólidas- y que exista estabilidad política y paz social. La inversión en infraestructura puede contribuir a impulsar el crecimiento  económico de largo plazo, pero sin una reforma de las instituciones estatales sería solamente un desperdicio de recursos.

ESTADO DÉBIL, ECONOMÍA DÉBIL

La modernización económica y el progreso del país pasan necesariamente por reformar sus instituciones: sistema de justicia, servicio civil, sistema electoral, calidad del gasto

El factor clave que explica el escaso desarrollo económico y el lento crecimiento de la producción nacional es la baja productividad sistémica de nuestro aparato productivo. Y la principal causa de esa escasa productividad es la debilidad del Estado y la disfuncionalidad de sus instituciones, que imponen costos elevados al funcionamiento de las empresas y obstaculizan tanto el emprendimiento, como el sano intercambio de bienes y servicios. Un Estado débil -y más que eso, un Estado ausente o, peor aún, un Estado fallido- perjudica la eficiencia de todas las empresas, sean estas grandes o pequeñas, formales o informales.  

Los tribunales son tan lentos (y muchas veces corruptos) que el cumplimiento de los contratos se dificulta y se impide la resolución de conflictos mercantiles. Esto hace que las empresas y, especialmente, los bancos prefieran circunscribirse a hacer negocios solo con aquellas empresas a quienes conocen y comprenden bien, lo cual restringe el acceso al crédito a una miríada de nuevos (pero desconocidos) emprendedores. La escasa y deteriorada infraestructura obliga frecuentemente a las compañías a incurrir en costos para construir sus propias vías de comunicación. Las cadenas de suministro son escabrosas, la tramitología burocrática es siniestra y los mercados de mano de obra, bienes y servicios no son confiables.

En un clima así, debido a la ausencia del Estado se genera una enorme falta de confianza social, donde es simplemente racional que los ciudadanos prefieran hacer las cosas confiando solo en sí mismos, por lo que la abrumadora mayoría de las empresas (pequeñas y grandes, formales e informales) son familiares (es decir, cerradas a los inversionistas que no forman parte del núcleo familiar), lo cual inhibe el desarrollo del mercado accionario y el acceso a la propiedad para los pequeños inversionistas. También es normal que en tal entorno de falta de certeza los grandes conglomerados sean los únicos que tengan el músculo para incursionar en nuevas áreas de negocios, muchas veces en perjuicio de nuevos emprendimientos. Así, aunque existen muchos bolsones de eficiencia e innovación en nuestra economía, el funcionamiento global de la misma es ineficiente y la productividad sistémica, muy baja.

La falta de confianza generalizada -debido a que no imperan la ley ni las instituciones- es corrosiva para la economía. Si el Estado no es capaz de hacer cumplir la ley y los contratos comerciales, si no puede proveer los servicios públicos básicos (seguridad, salud y educación primarias, infraestructura) que hagan que valga la pena pagar impuestos, y si no puede ofrecer un sistema político que sirva a los intereses nacionales, la única institución en la que puede confiar la gente -como en cualquier sociedad primitiva- es la familia. Por ello, la modernización y el progreso del país pasan necesariamente por reformar el sistema de justicia, el gasto público, el servicio civil y el sistema electoral y de partidos políticos. Esas reformas no darán resultados instantáneos, pero si no se emprenden pronto, y con perseverancia, estaremos condenados a un eterno atraso.

Estado de Derecho y Crecimiento Económico

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas: sin Estado de Derecho no hay prosperidad

El principal problema de la economía guatemalteca es que su ritmo de crecimiento es extremadamente lento, lo cual no solo impide corregir los bochornosos indicadores de pobreza del país, sino que nos deja cada vez más atrasados respecto de otras naciones que hasta hace cuarenta años mostraban niveles de bienestar material similares a los nuestros: en 1978 Guatemala tenía un ingreso per cápita real superior en 80% al de Tailandia, y en más de 100% al de China; hoy ambos países superan a Guatemala en más de un 80%.

La razón fundamental de este retroceso relativo radica en la baja productividad sistémica de la economía guatemalteca que, a su vez, se deriva principalmente de la (cada vez más grave) debilidad de las instituciones públicas que impide al Estado cumplir con su obligación de proveer los servicios públicos esenciales para el funcionamiento básico del aparato económico (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias).

La crisis política actual -donde la policía se enfrenta con los fiscales, donde la suprema corte se enfrenta con la corte de lo constitucional, donde diputados al Congreso llaman a desobedecer las órdenes judiciales y donde el Ejecutivo se enfrenta con la ONU- no hace más que revelar y agudizar el continuo deterioro institucional. Y eso, querámoslo o no, tiene graves repercusiones para la economía. Ya desde hace tiempo que las calificadoras de riesgo y la banca internacional vienen advirtiendo que la disfuncionalidad institucional es un obstáculo para la inversión y el crecimiento en Guatemala; y la semana pasada la calificadora Moody’s lo reiteró enfáticamente.

Pero el principal peligro radica en las consecuencias de largo plazo de este deterioro. Vale la pena verse en el espejo de países que se han tornado fallidos para evitar cometer sus mismos errores. Moisés Naim y Francisco Toro lo describían a la perfección en un reciente artículo sobre el suicidio colectivo de su país: “...las causas del fracaso de Venezuela tienen raíces más antiguas y profundas. Varias décadas de gradual descalabro económico le abrieron el camino a un demagogo carismático que, inspirado por una ensalada de malas ideas, consiguió instaurar una autocracia corrupta”.

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas. Como dijo en su comunicado el Consejo Nacional Apostólico de los jesuitas: “más importante que cualquier comisión es el respeto al Estado de Derecho y el servicio al bien común de todos los habitantes del país”. Sin Estado de Derecho no será posible alcanzar un crecimiento económico robusto, ni combatir la pobreza, ni vivir en una democracia funcional.