LOS DOS MOMENTOS DE LA POLÍTICA

LA CAMPAÑA ELECTORAL Y EL EJERCICIO DEL PODER ESTÁN CADA VEZ MÁS DIVORCIADOS

En la práctica del arte de la política en una democracia existen dos momentos diferentes. Primero, está el efímero momento de la campaña electoral y, luego, el momento -más prolongado- del ejercicio del cargo público. Antes, en Guatemala, ambos momentos estaban más o menos vinculados a través de las historias de vida, los planes de gobierno y las ofertas electorales que se presentaban en la campaña y que, en el contexto de las ideologías partidarias, le ponían un marco de referencia a las actuaciones de los funcionarios que resultaban electos. Hoy, en cambio, ambos momentos están cada vez más divorciados.

Ni las propuestas, ni los planes, ni las ideologías, ni las hojas de vida. Ya ni siquiera las láminas, las pelotas de fútbol o los espejitos (el elector puede ser ignorante, pero no es baboso). En los tiempos del TikTok lo que verdaderamente importa en la fase de campaña son los personajes: quien logre conectar con el elector (por su sonrisa, su forma de contar chistes, sus videos, sus pasos de baile o sus ocurrencias) tiene mucha más oportunidad de ser electo. El votante elige personajes, no estadistas; el elector busca entretenimiento, no discernimiento. En el momento de la campaña, los políticos entregan -por el lado de la oferta- lo que los ciudadanos -por el lado de la demanda- piden.

Pero, aunque todos los focos se centran en el breve momento de la campaña electoral, el momento verdaderamente trascendente para el país es el de los largos cuatro años (o más) de ejercicio del poder alcanzado en las urnas. La clave aquí ya no es el personaje, sino la persona misma que ejerce el cargo (su carácter, personalidad, principios). En esta etapa, lo que se espera es que la persona tome decisiones difíciles que no siempre serán populares a corto plazo, pero que redundarán en el mejor interés del país a largo plazo. El papel del gobernante debería ser el de liderar y brindar orientación, no simplemente seguir la opinión pública. Sin embargo, también es esencial que el gobernante siga siendo responsable ante la gente y se asegure de que las decisiones tomadas se alineen con los valores y principios de la sociedad a la que sirven. Y, aquí, el ciudadano debería cumplir un rol fundamental: el de vigilar, acompañar, exigir y fiscalizar a los funcionarios que, con su voto, encumbró en el poder.

En el primer momento político -el de la campaña electoral- los políticos parece que aprenden rápidamente a adaptarse a las volubles demandas de un electorado que se conforma cada vez con menos. Es en el segundo momento -el del ejercicio del cargo- en el que los principales actores políticos en nuestro país tienen un desempeño muy insatisfactorio. Los políticos no pueden, ni quieren, aspirar a ser estadistas, por todas las decisiones complejas que ello implica. Y, por su lado, la sociedad civil y sus organizaciones no pueden, ni quieren, cumplir con los compromisos de vigilancia continua e involucramiento en la cosa pública que se requieren para ser auténticos ciudadanos.

NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA

LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL NO ES UN CAPRICHO; ES UNA NECESIDAD DE ESTADO

Revisando la evolución de los distintos índices publicados en meses recientes, para hacer balance del desempeño de Guatemala durante este aciago año, me encontré con los interesantes datos que arroja el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, que busca medir el estado de la democracia en 165 países. Este índice mide cinco categorías: el proceso electoral; el funcionamiento del gobierno; la participación ciudadana; la cultura política; y las libertades civiles. Con base en los puntajes de los varios indicadores que conforman esas categorías, cada país se clasifica en uno de cuatro tipos de régimen: “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”.

Con un puntaje global de 5.26 sobre 10 posibles -para el indicador más reciente, calculado con datos de 2019-, Guatemala se ubicó en el puesto 93, más lejos del primer lugar del ranking (Noruega, 9.87 puntos) que del último (Corea del Norte, 1.08 puntos). Eso nos ubica en la categoría de “régimen híbrido”, sin caer en el autoritarismo, pero por debajo de las “democracias defectuosas”, lo que ya es una señal preocupante. En Latinoamérica solo punteamos mejor que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Bolivia. Más preocupante aún es comprobar que hace una década nuestra democracia era más sólida (con 6.07 puntos) que hoy.

El escenario podría ser peor, de no ser porque en dos de las categorías evaluadas nuestros resultados son relativamente buenos. Con 6.92 puntos, el proceso electoral (campaña política, votaciones, conteo de votos y asignación de resultados) fue bien valorado, lo que sugiere que las nuevas autoridades electorales deberían enfocarse en no debilitar los procesos que tanto ha costado conformar. De manera similar, la categoría de libertades civiles (de expresión, de organización), con 6.47 puntos, refleja aspectos que, con ahínco, se han ido arraigando entre los valores más preciados de la sociedad, pese a estar bajo continua amenaza.

Las que lastran el desempeño de la democracia guatemalteca son las otras tres categorías. El funcionamiento del gobierno obtiene una baja calificación (4.64), debido a la elevada precepción de corrupción y la poca transparencia y rendición de cuentas de los últimos años. Asimismo, las categorías de cultura política (4.38 puntos) y de participación ciudadana (3.89 puntos), epitoman todo lo que está mal en nuestro sistema de partidos políticos y en el consecuente desempeño de los candidatos electos: cacicazgo, exigua representatividad, inexistencia de ideologías, ausencia de propuestas, cortoplacismo, opacidad y búsqueda de rentas.

La tan anhelada reforma a la Ley Electoral debe poner atención a estos aspectos. No es solamente un reclamo de la sociedad civil; es una necesidad de Estado, puesta en evidencia por indicadores objetivos como los apuntados, y de cuya solución depende evitar que nuestra joven democracia continúe debilitándose.

¿Es Sano que Haya Muchos Candidatos?

La discusión sobre si el número de candidatos presidenciales es excesivo resulta interesante, pero desvía la atención de los verdaderos temas que pervierten nuestro sistema electoral

La reforma a la Ley Electoral de 2016 fue básicamente cosmética; se modificaron muchos aspectos de forma y otros -como el voto nulo- muy interesantes, pero eventualmente intrascendentes. La reforma cambió muchas cosas, pero poco cambió de fondo: los políticos tradicionales siguen teniendo el control del sistema, el Tribunal Supremo está cada vez más desbordado y los ciudadanos se sienten cada vez menos representados.

Eso sí, la obsesión de aquella reforma con querer limitar e hiper-regular el financiamiento hacia los partidos políticos dio como resultado, entre otros efectos, una gran proliferación de candidatos presidenciales: las coaliciones y alianzas se ven desincentivadas pues significan menos recursos del techo de campaña para cada partido y, por ello, cada uno prefiere nominar su propio candidato (aun sabiendo que no tiene posibilidades de ganar) con tal de asegurar un monto de financiamiento que le permita colocar al menos un diputado en el Congreso. Además, la gran cantidad de candidatos (muchos de ellos con propuestas similares) es una muestra de la incapacidad de las élites dirigenciales para identificar liderazgos y para acordar plataformas comunes.

Algunos analistas han afirmado que “no es sano” para el sistema democrático que existan muchos candidatos presidenciales. Tal afirmación es debatible. Es cierto que, administrativamente, la proliferación de candidatos complica el trabajo del TSE y de las juntas electorales, pero esa es su responsabilidad, ya sea que haya pocos o muchos candidatos. También es cierto que para los votantes resulta más difícil elegir cuando hay muchos candidatos y muy escasa información sobre los mismos, máxime en una campaña electoral muy breve.

Pero, desde otra perspectiva, un número grande de candidatos sugiere que existe una sana disposición de muchos ciudadanos a participar en política. Y, a fin de cuentas, la medida de la salud de la democracia no es el número de candidatos, sino el número de votantes que acuda a elegirlos: mientras más personas voten, más legítima la elección. ¿Acaso demasiados candidatos en la boleta podrían abrumar a los votantes? Eso no lo sabremos sino hasta el 16 de junio.

En todo caso, el riesgo de que, al haber demasiados candidatos, quien resulte electo obtenga un porcentaje muy bajo del voto (y, por ende, bajo respaldo popular), se mitiga gracias a nuestro sistema de balotaje en donde los dos candidatos con más votos en la primera vuelta se disputan al electorado en una segunda vuelta electoral, lo que otorga al ganador una legitimidad popular indispensable para gobernar.

El hecho de que haya muchos candidatos en la boleta no es algo necesariamente malo y quizá es más un síntoma que una enfermedad. Lo que está mal en nuestro sistema electoral son las barreras que existen para la organización ciudadana, la falta de representatividad y cercanía de los funcionarios electos respecto de los votantes, y la debilidad e ineficiencia de la autoridad electoral. Esos son los temas que deberían preocuparnos, no el número de candidatos.

Un Gran Debate Nacional: ¿la Solución?

Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

El Presidente de la República fue electo, postulado por un partido político nuevo, de derecha moderada. Los votantes lo eligieron, entre otras razones, por ser relativamente joven y nuevo en el tinglado político, lo que entrañaba la ansiada posibilidad de que un outsider, una vez en el poder, pudiera cambiar las viejas maneras de hacer política. El Presidente comenzó su mandato con entusiasmo, proponiendo cambios que se alineaban con las expectativas ciudadanas de una profunda reforma de la gestión pública.

Sin embargo, pronto se encontró con realidades políticas que dificultaron su gestión y obstaculizaron los cambios anhelados. Proliferaron las protestas de diferentes grupos exigiendo, unos, modificar el rumbo de los cambios y, otros, acelerar las reformas. La reacción del gobernante fue la de poner oídos sordos a las voces de los descontentos e improvisar medidas bajo presión llegando, incluso, a recurrir a la fuerza pública para reducir al orden a sus opositores.

Desafortunadamente, el descontento fue escalando y el nivel de confrontación aumentó a tal grado que incluso muchos de quienes apoyaban la postura del Presidente empezaron a resentir los efectos negativos que la incertidumbre y la confrontación estaban ejerciendo sobre su actividad comercial y su viabilidad económica. El Presidente, como hombre de Estado, sabe que la polarización política puede poner en riesgo las instituciones republicanas que tanto ha costado construir; sabe que la confrontación no es buena; sabe que conviene escuchar las voces razonables de descontento de la ciudadanía; y sabe que hay bienes comunes (como preservar la República, la democracia y sus instituciones) superiores a los intereses personales o partidarios.

Por ello, ante la amenaza de una debacle institucional, el Presidente convocó a un Gran Debate Nacional en el que, a través de cabildos abiertos en todo el país, consultará el sentir de los ciudadanos para que expresen sugerencias respecto de cuatro temas esenciales (ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia) con la intención de “transformar el descontento en soluciones”. Solo el tiempo dirá si este debate público solucionará la tensa situación que hoy vive Francia, pero ciertamente es una forma civilizada, democrática y republicana de enfrentar las crisis. La estrategia entraña riesgos, pero el Presidente Macron sabe que el futuro de su país bien vale la pena correrlos.

Extrayendo lecciones del ejemplo francés, quizá a Guatemala le convendría también –para salir de la crisis política que nos está agobiando y resquebrajando las instituciones republicanas- un gran debate nacional sobre reformas clave (sistema electoral, calidad del gasto público, sistema de justicia, e infraestructura, por ejemplo) que le aseguren al país un mejor futuro. Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”.

Retrocesos Electorales

Las reformas de 2015 a la Ley Electoral fueron chapuces. Las pocas buenas reformas de 2017 recién las mató la CC. No queda más que insistir y presionar a la próxima legislatura para que haga una verdadera reforma a la LEPP de cara a las elecciones de 2023

 El sistema político del país no está funcionando. En medio de negros nubarrones en el entorno político y en el ambiente económico, los liderazgos están ausentes, sin posiciones ni propuestas, y los partidos políticos incumplen con su rol fundamental de ser intermediarios entre la ciudadanía y los poderes del Estado. La evidente necesidad de una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos se convirtió en una oportunidad desperdiciada con las apresuradas reformas a la Ley Electoral (de “primera generación”) aprobadas por el Congreso en octubre de 2015 y las igualmente precipitadas reformas (de “segunda generación”) dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en diciembre de 2017, sobre las cuales recientemente emitió opinión la Corte de Constitucionalidad -CC-.

Como resultado de las reformas “de primera generación”, el TSE se encuentra ahora mismo dando palos de ciego sin encontrar cómo aplicar la normativa legal ni cómo reglamentar materias tan importantes como ¿pueden los dirigentes y partidos políticos expresar opiniones sobre temas de trascendencia nacional -como ocurre en cualquier país civilizado- sin incurrir en campaña anticipada?, ¿cómo impedir que un contratista del Estado puede postularse como candidato?, ¿cómo regular la propaganda política en las redes sociales?, o ¿cómo distribuir equitativamente los espacios publicitarios durante la campaña?.

Si eso es preocupante, más desalentador resulta aún que, como resultado de las reformas “de segunda generación”, la Corte de Constitucionalidad haya emitido una serie de opiniones que ponen en entredicho la posibilidad de que en un futuro podamos aplicar una verdadera reforma del sistema. Por un lado, al hacer su análisis  los magistrados se excedieron de la estricta revisión de la constitucionalidad de las reformas e introdujeron consideraciones que, independientemente de su validez o pertinencia, son de carácter político, materia que no es propia de la función jurisdiccional de la CC.

Por otro lado, y más grave aún, la opinión de la CC entraña un grave retroceso en la modernización del sistema electoral, al avalar el aumento de los requisitos mínimos de afiliados para la creación de los partidos políticos, lo cual implica una barrera adicional a la participación política de los ciudadanos. Y, por si no fuera suficiente, la CC se trae al suelo dos de las pocas reformas positivas que planteaba el dictamen de 2017, al no dar opinión favorable a la creación de subdistritos electorales, ni a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un voto directo, preferente o por medio de los listados cerrados desbloqueados, con lo cual la CC condena al sistema electoral a seguir siendo poco representativo y a alejar cada vez más a los electores de sus representantes electos.

Así, las próximas elecciones se vislumbran llenas de incertidumbre y con pocas posibilidades de un cambio positivo en la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Habrá que insistir y perseverar para impulsar las reformas a la Ley Electoral que de verdad aseguren un mejor sistema electoral en 2023, siempre que los futuros magistrados constitucionales tengan más luces en este tema que los actuales.

El Censo y Sus Circunstancias

Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE

Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda de productos y servicios).

Debería, pues, existir un consenso respecto de que el censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero, por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer “advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la privacidad individual.

Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente, este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas oficiales.

Por todo ello es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE –como el que se plantea en la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir-. No se pudo para este censo; ojalá se logre para el siguiente.

Nubarrones Electorales 2019

El proceso electoral del año próximo enfrentará, además de los desafíos habituales de cualquier elección, un ambiente de incertidumbre asociado al nuevo -y confuso- marco regulatorio. Un débil TSE tiene en sus manos muchas brasas operativas y, sobre todo, el reto crucial de inspirar confianza en un electorado escéptico.

Hace cuatro años el proceso electoral se desarrolló en un clima de efervescencia social, con una plaza que exigía cambios profundos a un sistema secuestrado por la corrupción. El sistema electoral y de partidos políticos reflejaba tres debilidades fundamentales. La primera, su falta de legitimidad, según diversas encuestas que calificaban al Congreso de la República y a los partidos políticos como las instituciones que menos confianza generan en la población. La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifestaba no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes electos. Y la tercera, la debilidad institucional, con un Tribunal Supremo cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos y débiles procedimientos (incluyendo la forma de elección de los magistrados).

Por desgracia, los cambios a la ley electoral aprobados en 2016 fueron un desperdicio de energía social y de esfuerzos legislativos, pues culminaron en una reforma que no solo no resuelve esos problemas sino que, en gran medida, los agrava. Por ejemplo, aumenta requisitos para formar nuevos partidos (en lugar de reducirlos); introduce una fórmula repartidora de escaños que favorece al partido, no al individuo (lo que debilita la representatividad); y, asigna escaños fijos por distrito electoral (lo que contraviene precepto constitucional de criterio poblacional).

Por otro lado, no hay claridad sobre cómo se realizará en voto en el extranjero o la misma inscripción de candidatos, que anuncia una andanada de recursos legales durante el proceso. Además, las nuevas disposiciones de control sobre el financiamiento electoral y la propaganda son ambiguas y de muy difícil aplicación. La falta de claridad a este respecto ahuyentará a los financistas sanos y, por defecto, quedará la cancha libre para los financistas “contaminados” -que no tienen controles fiscales ni contables, es decir, criminales-, máxime si el Congreso no cumple cuanto antes con modificar el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De manera que las elecciones de 2019 se perfilan con grandes nubarrones de incertidumbre. El principal desafío de la autoridad electoral será transmitir un mensaje de confianza. Pero ello será particularmente difícil para un tribunal que ya va de salida, arrastrando el desgaste de dirigir dos elecciones consecutivas y tratando de aplicar nuevas (y muy confusas) reglas del juego. Quizá lo que más convenga sea bajar las falsas expectativas respecto a que estas elecciones traerán un cambio al sistema y concentrarnos, como sociedad, en exigir las verdaderas reformas, hasta hoy postergadas, que le den legitimidad, representatividad e institucionalidad a nuestra democracia, antes de que colapse.

El Poder de la Ciudadanía

La importancia del poder ciudadano radica en que una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Hace pocos días se publicó la primera edición del Índice de Empoderamiento Cívico de las Américas –ACE- para 2018, elaborado por The Economist Intelligence Unit (una empresa especializada en análisis de inteligencia estratégica) y por Humanitas360 (tanque de pensamiento que promueve el cambio en Latinoamérica mediante la participación ciudadana). El índice intenta medir la capacidad de la ciudadanía de influir sobre las decisiones de gobierno, pues una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para medir dicha capacidad, el índice ACE estima 22 indicadores agrupados en tres dimensiones del empoderamiento ciudadano: (1) el ambiente que lo habilita –el marco legal, social y educativo que permite a las personas participar en la vida social-; (2) su situación objetiva –indicadores de participación ciudadana en la vida política y comunitaria-; y, (3) la percepción pública respecto a tal empoderamiento –cómo se siente la gente respecto a su rol en la vida política y comunitaria-. El hecho de que Guatemala sea uno de los siete países para los cuales se calculó esta primera edición del índice –junto con Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México- es indicativo de lo relevante que nuestro país se ha convertido, desde las protestas que culminaron con la salida del binomio Pérez-Baldetti en 2015, como referente en materia de participación ciudadana y cambio social.

Tanto en el índice total, como en la calificación de cada una de sus tres dimensiones, Estados Unidos obtiene, por mucho, la mejor calificación, lo que implica que en Latinoamérica aún tenemos un largo camino por andar en materia de participación ciudadana. De los restantes seis países latinoamericanos, Chile es el mejor calificado, mientras que Guatemala ocupa el último lugar, aunque con la salvedad de que Venezuela no obtuvo una calificación global por falta de datos confiables, por lo que probablemente nuestro país califique mejor que Venezuela en varios indicadores.

Los indicadores que perjudican la calificación de Guatemala se refieren a aspectos tales como el acceso general a la educación y a la salud, la elevada criminalidad, la baja participación ciudadana en peticiones y la elevada percepción de corrupción. También tiene bajas calificaciones en materia de representación de minorías en los poderes del Estado, de falta de confianza en las instituciones gubernamentales y de falta de controles sobre abusos de las fuerzas policiales.

A pesar de que Guatemala tiene bajas puntuaciones, muestra aspectos positivos del empoderamiento cívico en indicadores tales como la presencia de elecciones libres y justas, y la capacidad de formar libremente organizaciones políticas y cívicas (aunque este último indicador podría perjudicarse si la Ley de ONGs que ahora se discute en el Congreso incorporase aspectos contrarios al libre funcionamiento de las organizaciones cívicas).

Bajo las condiciones adecuadas, la participación ciudadana puede ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios públicos, la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza institucional y la inclusión social. Guatemala está viviendo una transición política y social que, hasta ahora, ha carecido de una agenda de largo plazo y de un liderazgo que la conduzca al desarrollo económico y social. Ante ese vacío, la participación ciudadana es la vía que queda para que el proceso iniciado en abril de 2015 resulte beneficioso en el mediano plazo y, en este contexto, indicadores como el índice ACE pueden servir de referencia para evaluar la efectividad y la evolución de dicho poder ciudadano.