El Presupuesto de Ubico

El presupuesto de 2020 implicaría un gasto de poco más de Q17 mil (de los quetzales de 1932) por habitante

Hace algunos días un amigo me hizo llegar un interesantísimo documento histórico, muy oportuno en la actual coyuntura de las finanzas públicas nacionales. Se trata del escuetísimo proyecto de presupuesto de gastos del Estado de uno de los primeros años del gobierno de Jorge Ubico. El escueto decreto gubernativo, de apenas 9 artículos, propone los principales rubros de gasto de la hacienda pública autorizados por Ubico para para el periodo anual 1931-1932, su segundo año de gobierno. Ese presupuesto anual del Estado ascendió a Q12.3 millones de quetzales (cifra que contrasta con los Q91 mil millones presupuestados para 2020).

Ahora bien, cabe recordar que los convulsos años comprendidos entre 1920 y 1931 fueron políticamente críticos para la economía nacional, enfrentada al desplome de las exportaciones, la destrucción de la base fiscal, y el agobio de su deuda pública. Se dice que cuando Ubico llegó al poder el saldo de la Tesorería era de US$27. Con tan difícil situación el país estaba desesperadamente buscando al caudillo mesiánico que resolviera la crisis: ecce Ubico. La crisis bancaria de 1931 y su manejo austero del presupuesto fueron las claves de su gestión.

El presupuesto de 1932, planteó gastar el 13.7% del gasto en educación, el 24.7% en seguridad ciudadana, el 12.7% en gasto social (clientelar) y agrícola, y un 5.9% en gastos de funcionamiento de los tres poderes del estado. En adición, se vio obligado a reservar el 27.6% para las contingencias del pago de la deuda pública. ¿Cómo se compara eso con el presupuesto planteado (no aprobado) para 2020? Aquí, el gasto en educación supera el 19% (principalmente por aumentos salariales a los maestros), un 6.7% se irá a seguridad ciudadana, un 33.7% al gasto social (clientelar), y un 6% para gastos de funcionamiento; el pago de la deuda pública (gracias al pago de la Deuda Ingresa en 1944) se ha reducido a un 16%. Los gastos de inversión de Ubico (en plena austeridad) ascendían a 11.4%, mientras que los presupuestados para 2020 son de 17.2%.

Por supuesto que hay un factor de inflación que debe tomarse en cuanta para hacer comparaciones válidas entre las cifras de 2032 y las de 2020. Aunque hubo poca inflación durante la dictadura ubiquista, a partir de los años 50 nuestro país empezó a sufrir episodios inflacionarios. Se estima que, de forma acumulada, la inflación superaría los 25,500%. Eso quiere decir que algo que costaba Q1 en 1932, hoy costaría más de Q24 miles. En otras palabras, el presupuesto de gasto del gobierno de Ubico en 1932 de Q12.3 millones podría comprar bienes y servicios por Q3,3023 millones en 2020, cifra infinitamente menor al presupuesto de Q91 mil millones se estaba recetando el actual Ejecutivo en su proyecto para le siguiente año.

Incluso si se le calcula el gasto público per-cápita, el presupuesto en 1932 implicaría un gasto de unos Q 4 (de los de 1932) por cada guatemalteco. El presupuesto de 2020 implicaría un gasto de poco más de Q17 mil (de los quetzales de 1932) por habitante. Ciertamente, Ubico fue un gobernante extremadamente austero (se dice que su exhaustiva austeridad fue uno de las razones de su colapso), pero no puede dejar de pensarse que, seguramente, existen espacios para aplicar medidas drásticas de austeridad en nuestro despilfarrador aparato estatal.

¿Se Cierra la Ventada de Oportunidad?

La ventana de oportunidad que se abrió en abril de 2015 para reformar las instituciones gubernamentales y construir las bases para la vigencia de un Estado de Derecho, parece estarse cerrando. Aunque no sería la primera vez que nos sucede, sí sería, de nuevo, una tragedia

En abril de 2015 se abrió una ventana de oportunidad para el futuro de Guatemala. Por primera vez en mucho tiempo el guatemalteco promedio se unió en indignación pacífica en torno a un enemigo común: la insoportable corrupción enquistada en todo el aparato estatal, a la que se identificó -certeramente- como una de las causas principales del retraso económico y social del país.

Acontecimientos como ese -que han ocurrido a través de la historia tanto de Guatemala como en la de otros países- suelen marcar la apertura de un breve periodo extraordinario en el que la sociedad (normalmente conservadora) está más proclive a apoyar cambios profundos en la forma en que opera el Estado. Y tanto en la experiencia nacional como en la de otros lares, resulta evidente que la mejor manera de aprovechar esa ventana de oportunidad es actuar con rapidez impulsando una agenda concreta de reformas en las áreas clave de funcionamiento del Estado.

Por desgracia, como ya ocurrió en otros episodios de nuestra historia (por ejemplo, el Serranazo de 1993, el retorno a la democracia de 1985, o el terremoto de 1976), pareciera que tampoco hemos aprovechado la oportunidad actual: después de la euforia ciudadana de 2015, surgieron una serie de desencuentros que han obstaculizado las reformas, ya sea porque algunos querían reformas rápidas y profundas cuando otros pretendían reformas más graduales, o porque algunos eran más pro-estado mientras que otros eran más pro-mercado. Quizá lo más grave es que nunca hubo un esfuerzo por estructurar una agenda priorizada de reformas, por lo que el resultado del fervor de la plaza fue una serie de improvisaciones y una atomización desestructurada de los escasos e incipientes liderazgos.

La ausencia de tal agenda priorizada ha provocado que los únicos resultados palpables del combate a la corrupción iniciado en 2015 sean los diversos casos de persecución penal (todavía sin concretarse en condenas) y el surgimiento de un celo inédito de algunas autoridades clave (como el Ministerio Público, la SAT y, más recientemente, la Contraloría de Cuentas) en velar por el cumplimiento de la ley. Como este celo es -tristemente- una anomalía en la forma tradicional de operar de las instituciones y de la misma sociedad, se ha producido una extrema precaución (y lentitud) en las operaciones gubernamentales y en las decisiones empresariales, lo cual ha repercutido negativamente en la actividad económica.

Ya algunas personas empiezan a asociar la deceleración de la economía con el combate a la corrupción y a afirmar que “estábamos mejor antes” porque “la economía funcionaba mejor con corrupción”. Esta errada conclusión (la gente suele asociar el costo social del cambio con las reformas mismas) ignora que el posponer las reformas es, a mediano plazo, aún más costoso en términos económicos y sociales. La culpa no es, pues, del combate a la corrupción, sino de la ausencia de una agenda priorizada y de un liderazgo que la aplique.

Una agenda de coyuntura, que disipe la incertidumbre jurídica prevaleciente y oriente las políticas públicas, debería estar clara: reformas al sistema electoral y al sistema de justicia, reformas al servicio civil y a los procesos de compras y contrataciones del gobierno, priorización presupuestaria y eficiencia de los gastos en nutrición infantil, abasto de medicamentos e infraestructura vial. Ya existen avances y propuestas concretas en torno a estos temas. El desafío es superar, por un lado, la sempiterna desconfianza que nos impide a los guatemaltecos ponernos de acuerdo sobre estos elementales temas comunes y, por el otro, la actitud de “esperar y ver” que está imperando en los distintos liderazgos nacionales.

La Incapacidad de Dialogar

Pareciera que en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta

Hace algunos días un amigo y mentor me envío una columna de Arturo Pérez-Reverte que me pareció sencillamente fascinante. Aunque dirigida por el escritor y periodista español al público ibérico, la columna (titulada Conmigo o Contra Mi) que critica el triste estado del sistema político y –especialmente- el alto grado de responsabilidad que los propios ciudadanos tienen en el deterioro de dicho sistema, es absolutamente aplicable y relevante al caso de Guatemala.

El escepticismo sobre el futuro del sistema político y el desencanto con la “casta parásita que nos gobierna” es atribuible, según al autor, a la ignorancia y abulia política de los propios gobernados, que los convierte en ovejitas indefensas en manos de los viejos lobos políticos. Sin una participación activa ni decisiones educadas por parte de los ciudadanos, no habrá democracia plena aunque haya elecciones periódicas. Además, el sistema actual no soluciona los asuntos de estado mediante el diálogo y el debate de argumentos serios, sino que –casi por instinto- recurre a la descalificación, al enfrentamiento visceral, a la polémica teatral. Y así, no hay manera de que las decisiones políticas se basen en el sentido común ni que procuren el bien común.

La incapacidad de debatir es igual de grande que la tendencia a encasillar ideológicamente al oponente. Pérez-Reverte da ejemplos concretos de esta tendencia en España, pero igualmente se pueden encontrar para Guatemala. Si alguien opina que Árbenz perdió el control de la Revolución del 44 al confiar ciegamente en los comunistas, no encontrará argumentos respecto a si confió o no confió en ello, sino furibundas críticas que, aderezadas con el infaltable ataque contra la oligarquía criolla, tildarán de fascista y genocida a quien así osó opinar. O si opina que la Revolución de 1871 cometió enormes abusos contra los indígenas y contra la Iglesia Católica, el opinante será acusado de rechazar al glorioso ejército nacional o de ser un cachureco irredento.

Pareciera además que, al igual que Pérez-Reverte lo percibe para España, en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta, de militar en algún bando ideológico o en un grupo de interés. Y desde el “juicio por genocidio” se ha acentuado esta inclinación en encasillar en el bando enemigo a quien sea discrepe: sos rojo o sos crema. Qué importa si sos probo, detestás la corrupción y está dispuesto a combatirla; y qué importa si creés que la impunidad se combate con el imperio de la ley, aplicado por parejo a todos; y qué importa si creés que la desnutrición crónica infantil es la peor vergüenza que podamos sentir los guatemaltecos, y actuás en consecuencia. Me vale. Si sos del bando contrario, sos mi enemigo y cuanto digás carece de validez.

Con esas actitudes resulta fácil entender la Guerra Civil. La de España, según Pérez-Reverte; pero quizá también la guatemalteca. Según el escritor, los abusos y crímenes que ambos bandos cometieron en el conflicto de 1936-39 ya no son repetibles, pero la pulsión vil de destruir sin misericordia al adversario permanece en el inconsciente colectivo español. En el caso de Guatemala uno podría ser, incluso, menos optimista: los abusos y crímenes extremos son aquí algo real y presente. Un nuevo conflicto interno violento es algo más que un riesgo.

Ojalá que este autodestructivo clima de desconfianza pueda cambiar. Quizá, como Pérez-Reverte lo diagnostica para su país, la solución pase por reconocer una historia conflictiva y enseñarla correctamente a las nuevas generaciones para que –a diferencia nuestra- la asuman, desde las guerras intestinas antes de la Conquista, hasta el abuso y la explotación de después, pasando por revoluciones y contrarrevoluciones excluyentes, dirigidas por grupos de interés y líderes de poca calidad moral. Y pasa también, como en España, por tener dirigentes políticos lúcidos, probos y dispuestos a decir la verdad sobre el país que hemos construido.

En ausencia de líderes internos que llamen a la conciliación, conviene escuchar el reciente llamado a la paz, a la tolerancia y al diálogo del Papa Francisco (http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013). O reflexionar, a la luz de la situación guatemalteca, el artículo de Pérez-Reverte (http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso).

Tipo de Cambio y Nerviosismo

Pese al nerviosismo (injustificado) que ocasionó la semana pasada, el reciente aumento del tipo de cambio es simplemente normal y su magnitud, relativamente pequeña

En el último par de semanas abundaron las noticias que reportaban un alza en el tipo de cambio y las reacciones de inquietud por parte de algunos empresarios y políticos al respecto. El alza en el precio del dólar (que subió en agosto de Q7.84 a Q7.97), la primera que se produce en forma sensible en lo que va del año, aunque no fue realmente de una magnitud significativa, sí generó noticias y nerviosismo.

Sin embargo, tanto las noticias como el nerviosismo resultan francamente exagerados a la luz de las circunstancias que rodean el comportamiento cambiario reciente. Por un lado, a lo largo de los primeros siete meses del año el tipo de cambio ha permanecido extremadamente estable (excepto por una levísima apreciación ocurrida en las primeras semanas del año), por lo que es simplemente normal que –por fin- tenga algún movimiento; además, el tipo de cambio en Guatemala tiene una cierta estacionalidad que hacía prever, de cualquier modo, que habría algún alza en el valor de dólar a partir de agosto.

Por otro lado, los movimientos de capitales alrededor del mundo están mostrando una tendencia generalizada (aunque aún no se sabe si permanente) de un regreso de los capitales desde las economías emergentes hacia los Estados Unidos. El anuncio del banco central de ese país (la Reserva Federal) de un posible cese –en un futuro sin precisar- de su política monetaria expansiva ocasionó alzas en las tasas de interés estadounidense y una consiguiente llegada de capitales proveniente del resto del mundo, incluyendo posiblemente desde Guatemala, lo cual en algo habrá contribuido al reciente movimiento del tipo de cambio quetzal-dólar.

Los dos factores comentados explican que el reciente aumento del tipo de cambio es simplemente normal, pero también hay que indicar que la magnitud de aumento ha sido muy pequeña. De hecho, hace un año, el tipo de cambio era de Q7.96 por dólar, es decir que en un año la depreciación es de apenas un centavo o 0.1%. En contraste, y a manera de comparación con otros países con regímenes cambiarios similares al guatemalteco, la depreciación de sus respectivas monedas en el mismo periodo de tiempo ha sido de 5% en Colombia, 6% en Chile, 7% en Perú y 12% en Brasil.

En estos países, como en todos aquellos que manejan tipos de cambio flexibles, las fluctuaciones cambiarias no sólo son mucho más frecuentes sino que mucho más pronunciadas que las que vemos en Guatemala, por lo que los agentes económicos están habituados a este tipo de variaciones y han aprendido a diversificar las monedas en sus operaciones financieras y a realizar las coberturas cambiarias que les permitan minimizar los riesgos de pérdidas por las fluctuaciones cambiarias.

En Guatemala, en cambio, los agentes económicos se han malacostumbrado a un tipo de cambio muy estático por muchos años y, equivocadamente, creen que una moneda fuerte es el reflejo de una economía sana.  Como sociedad, deberíamos entender que, si tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, es para que éste fluctúe (para arriba y para abajo) y los empresarios deberían hacer uso de los instrumentos que el mercado de futuros les ofrezca para protegerse de dichas fluctuaciones.

Para que el tipo de cambio sea en verdad flexible es necesario, por un lado, que el Banco de Guatemala relaje la regla de participación que actualmente aplica para comprar y vender divisas, pues la misma ha creado un ambiente de poca tolerancia ante la normal volatilidad del tipo de cambio y ha impedido que se desarrolle un mercado cambiario más profundo, líquido y activo. La segunda es que dicho mercado incluya un componente de productos derivados y a futuro para que los participantes se protejan ante los riesgos de fluctuaciones cambiarias.

Las autoridades y el público deberían perderle el temor a la flexibilidad del tipo de cambio, pues la misma ha mostrado su utilidad en otros países que, como el nuestro, privilegian la estabilidad de precios internos. Eso sí, para que el sistema de tipo de cambio flexible funcione, para que se aprovechen sus virtudes y se minimicen sus riesgos, la política económica en general, y el área fiscal en particular, deben evitar excesos (como por ejemplo, elevados déficits fiscales o niveles insostenibles de deuda pública) que amenacen la estabilidad de la moneda.

Errores Históricos

No hay política monetaria exitosa sin el apoyo de una política fiscal disciplinada. Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre la Historia Monetaria de Latinoamérica que tuvo lugar en Bogotá, organizado por el Liberty Fund, donde se analizó la evolución y experiencias de las instituciones monetarias en varios países de la Región a lo largo de 150 años. Algunas de esas experiencias llaman la atención sobre graves errores de política pública que bien vale la pena tener presentes porque pueden guardar lecciones útiles para nuestra realidad actual.

Muchos de esos errores –si es que no todos- tienen que ver con decisiones de naturaleza fiscal que, eventualmente, ocasionan distorsiones y crisis en el área monetaria. En Chile, por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra Mundial se produjo una escasez aguda de divisas debido a que la industria del salitre, que representaba una proporción excepcionalmente alta de las exportaciones, se vio afectada por abrupta caída de la demanda mundial. El fisco chileno decidió apoyar mediante préstamos a la industria salitrera para que mantuvieran (artificialmente) su nivel de producción.

Para otorgar esos préstamos, el fisco emitió cantidades cada vez mayores de “vales de tesorería”, que se convirtieron paulatinamente en medios de pago que, inevitablemente, alimentaron una inflación indeseable que perduró entre 1919 y 1925. Este fue un caso típico en que una decisión fiscal, adoptada para favorecer a una industria particular, tenía consecuencias negativas sobre la mayoría de la población afectada por la inflación.

De manera similar, en Brasil, entre 1906 y 1912, el gobierno decidió que los productores de café necesitaban del apoyo estatal para superar una crisis generada por precios bajos; aprovechando la posición dominante del país como principal productor mundial de café, el Estado adquirió un préstamo externo por millones de libras esterlinas para retirar del mercado la producción de café y, así, elevar artificialmente sus precios internacionales.

Aunque fue efectiva en cuanto a beneficiar a los caficultores, esta medida de apoyo gubernamental provocó un súbito aumento en la oferta de dinero doméstico (debido al ingreso de divisas del empréstito externo) que, inevitablemente, ocasionó presiones inflacionarias. De nuevo, el beneficio fiscal para un sector particular provocaba un daño a la mayoría de la población.

Un ejemplo aún más espeluznante lo encontramos en Argentina, 1946, cuando el país sufría uno de sus ya recurrentes episodios inflacionarios. Haciendo gala de ingenio, el recién inaugurado presidente Perón decidió aplicar una solución drástica: incautó todos los depósitos bancarios; los bancos debieron registrar a nombre del Banco Central todos los depósitos de sus clientes; el Banco Central se convirtió en una dependencia de la presidencia de la República; y, se prohibió a los bancos efectuar préstamos sin autorización previa del Estado. Esa política redujo, claro está, la inflación, pero a costa de destruir completamente el sistema financiero y el flujo de crédito para la producción. Inevitablemente, Perón tuvo que dar marcha atrás tres años después.

Aunque estas experiencias parecen extremas, no está de más tenerlas presentes para evitar cometer errores parecidos en Guatemala. Vale la pena recordar que en nuestro país, aunque hemos logrado mantener unas condiciones monetarias remarcablemente estables desde hace un par de décadas, tenemos un sistema monetario que requiere de determinadas condiciones para seguir manteniendo la estabilidad. El régimen de libre negociación de divisas –vigente desde 2002, y que también fue objeto de análisis en el coloquio de Bogotá- implica que en el momento en que el público llegue a perder la confianza en la moneda nacional, la estabilidad que hemos disfrutado todo este tiempo empezará a desmoronarse.

Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país. Por esta razón, entre otras, es que resulta tan fundamental mantener el déficit fiscal bajo control y evitar aumentos abruptos en la deuda pública (vía emisión de bonos no presupuestados, por ejemplo), especialmente ahora que las condiciones de abundante liquidez en los mercados internacionales que vivimos en el último quinquenio, amenazan con empezar a revertirse más temprano que tarde.

Guatemala: Frustración Económica

Hay motivos para estar satisfechos con la estabilidad, pero también para estar desencantados con el lento crecimiento de la economía y con los indicadores de desigualdad que amenazan permanentemente la paz social. Para reducir la desigualdad social sin perjudicar el crecimiento económico es imprescindible aumentar la productividad, y para lograrlo no hace falta reinventar la política macroeconómica ni desenterrar difuntas políticas industriales. 

Hace unas semanas tuvo lugar en un hotel capitalino el foro “Acelerando el Crecimiento de Guatemala”, organizado por el Banco Mundial, The Growth Dialogue, la Segeplan y el Ministerio de Finanzas, donde varios expertos nacionales y extranjeros expusieron diversos diagnósticos y propuestas relacionadas con el objetivo de aumentar la velocidad a la que crece la economía guatemalteca. La razón de este tipo de foros es evidente: la producción nacional ha crecido, durante décadas, a una velocidad que –ya sea en comparación a otros países de similares características al nuestro, o en relación con la necesidad urgente de reducir los elevados índices de pobreza- resulta claramente insatisfactoria.

Dicho esto, sin embargo, no deja de preocupar el tono con el que algunos de los participantes se expresaron respecto de la estabilidad económica que el país ha logrado mantener en los últimos lustros. Sin dejar de reconocer que tal estabilidad existe, parecieron –erróneamente- achacar a ésta la responsabilidad de que la producción nacional no crezca más aceleradamente, cuando lo correcto hubiese sido reconocer que, si la economía del país ha tenido un ritmo de crecimiento muy lento, ello ha ocurrido a pesar de (y no a causa de) las innegables condiciones de estabilidad existentes.

Si la economía guatemalteca logró capear el temporal de la crisis financiera mundial de 2008-2009 con muchos menos daños que la mayoría de países en la región y fuera de ella, se debió en buena medida a la presencia de políticas e instituciones favorables a la estabilidad: una política fiscal prudente (con déficits relativamente bajos), un tipo de cambio relativamente flexible, una política de metas de inflación conducida por un banco central autónomo, y una fiscalización del sistema bancario en continua modernización. Lejos de despreciar esos factores, hay que preservarlos y fortalecerlos. Las razones del mediocre crecimiento económico son otras y tienen raíces profundas.

El nacimiento del Estado guatemalteco, desde la Independencia hasta la Reforma Liberal, fue demasiado precario y políticamente inestable como para generar instituciones funcionales. Desde que existen registros de la actividad económica en Guatemala, las cifras han escrito una historia de desencantos regada con esporádicos periodos de optimismo exagerado; los auges del café, del algodón, del azúcar o de las “industrias de la Integración Centroamericana” no han sido suficientes –en magnitud o en duración- para poner al país en una senda de crecimiento sostenido. Lo peor es que, al mismo tiempo que el PIB guatemalteco ha avanzado a paso lento, otros países, tanto de Latinoamérica como, especialmente, de Asia, han crecido a ritmos mucho más acelerados, haciendo cada vez más grande la brecha entre sus niveles de desarrollo y el nuestro.

Las causas de este magro desempeño pueden ser objeto de debate en el campo ideológico: que si el legado cultural del colonialismo español, o que si la explotación despiadada de las transnacionales estadounidenses. Pero los estudios académicos serios apuntan el dedo acusador hacia la debilidad de las instituciones, la inestabilidad política, las malas decisiones de política económica (proteccionismo y cortoplacismo), la ausencia del Estado de derecho y –se menciona cada vez con más frecuencia- las extremas y persistentes desigualdades sociales.

Esos factores, además de la debilidad de la economía mundial, continúan influyendo en las condiciones que actualmente impiden un mejor desempeño económico del país, entre las que sobresalen tres aspectos. Primero, el crimen y violencia generalizados que (aunado a la falta de certeza jurídica en materia civil, mercantil y penal) crean un insoportable clima de inseguridad. Segundo, los indicadores de persistente pobreza y de insidiosa desigualdad (que se cuentan entre los más altos del mundo), que frenan el crecimiento y dificultan la gobernabilidad. Tercero, la baja productividad y su lentísimo crecimiento, que refleja la ineficiencia relativa de la economía informal donde se ocupa la mitad de la población, y que no permite cerrar la brecha que nos separa de los países más avanzados. Lejos de querer “revisar” las políticas de estabilización, las políticas del Estado deben enfocarse en priorizar estos tres aspectos.

Hoy en día el 54% de los guatemaltecos son pobres. Si la economía sigue creciendo al mediocre ritmo actual (3% anual), tardaremos más de 50 años en reducir el porcentaje de pobres al 33%. Si quisiéramos hacerlo en 40 años, la producción nacional debería crecer un 6% en cada año de la próxima década. Para lograr ese ritmo de crecimiento hace falta mucho más que buenas intenciones. Entre las condiciones que dificultan alcanzar crecimientos más acelerados hemos mencionado tres fundamentales: seguridad, pobreza-desigualdad, y productividad.

La inseguridad (todas las encuestas lo confirman) es el problema más sentido de la población en la actualidad: los robos de celular, las extorsiones a pequeños negocios y los secuestros express. El crimen organizado se aprovecha de la ausencia de estado de derecho, convirtiendo un problema policiaco en uno de seguridad nacional que impide el desarrollo y ahuyenta la inversión.

Para mejorar la seguridad pública sería esencial lograr avances concretos en materia de reestructuración de la Policía Nacional Civil y de las cortes de justicia. Asimismo, como en otros países, intervenciones específicas para atender las áreas marginales (con alumbrado público, acceso a las escuelas, actividades culturales y capacitación técnica a los jóvenes). Pero también un aumento en el crecimiento económico y en igualdad social contribuirían grandemente a mejorar la seguridad.

Aunque la sociedad guatemalteca está cambiando –merced a la urbanización, la globalización y las aún débiles instituciones democráticas -, aún continúa siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad extrema es causa de muchos problemas, más allá de los morales, pues favorece  la criminalidad, ingobernabilidad, ineficiencia económica y rencor social que perjudican el sano desempeño de la economía.

Algunos en la cúspide de la pirámide social pueden no creer que la desigualdad sea un problema en sí misma; pero incluso a ellos les interesa reducirla porque, si sigue aumentando, las fuerzas sociales radicales pueden precipitar un resultado político que no es bueno para nadie: el populismo chavista está siempre a la orden del día.

Un gasto público más eficiente y mejor focalizado es clave para reducir la desigualdad: los programas sociales bien diseñados (como las transferencias condicionadas de efectivo) pueden hacer una gran diferencia auxiliando a los más pobres y propiciando una mayor asistencia a la escuela (y una fuerza laboral más educada puede obtener mejores ingresos). Otra prioridad debe ser un ataque frontal a los privilegios y los intereses creados que se manifiestan en las prácticas corruptas de los negocios con el Estado. También extender el acceso a la seguridad social (servicios de salud y de pensiones) contribuye a mitigar la desigualdad, así como el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica (pues la inflación erosiona principalmente el ingreso de los más pobres).

Para mitigar la desigualdad sin perjudicar el crecimiento económico es menester revertir la históricamente baja productividad de la economía guatemalteca, enfrentando sus causas estructurales: informalidad económica (más de la mitad de los trabajadores está sub-empleado), escasa infraestructura (la inversión en infraestructura es menor al 3% del PIB), regulaciones inadecuadas, insuficiente competencia (y, por ende, poca innovación) y poco acceso al crédito (el crédito bancario equivale al 25% del PIB, la mitad que en Costa Rica). Además, la atención al capital humano necesario para la productividad es extremadamente precaria. El Estado debe, pues, propiciar la inversión que se requiere para mejorar el capital humano (salud, nutrición y educación), físico (infraestructura) y social (imperio de la ley e instituciones eficientes), aumentando el gasto público y favoreciendo las condiciones para promover inversiones privadas.

Pero para ello hay que reconocer que los ingresos fiscales en Guatemala son claramente insuficientes (e ineficiente y corruptamente utilizados) para financiar un estado moderno que sea capaz de proveer a sus ciudadanos de los servicios básicos. Para lograr todo lo anterior no hace falta reinventar la política macroeconómica ni desenterrar difuntas políticas industriales, sino priorizar los aspectos esenciales (arriba esbozados) en los que deben enfocarse las políticas públicas.

Divisiones Centroamericanas

En el tema de la despenalización, al menos, Guatemala parece estarse incorporando a un grupo de países más prósperos

Desde la independencia, las provincias que conforman el istmo centroamericano han sufrido de un trastorno bipolar respecto de su deseo de fortalecer (o debilitar) los lazos que nos unen. Lo peor es que dicho trastorno lo manifiesta cada país en diferente momento, de manera lo que casi nunca ha habido coincidencia de los cinco países (o seis, si incluimos a Panamá) a la vez respecto del tipo de integración que desean (o no) construir.

Resulta que cuando Morazán quería mantener unidas a las provincias, Rafael Carrera no quiso. Años después, en 1871, Barrios en Guatemala y Bográn en Honduras acordaron unificarse, pero El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se opusieron. Luego, en 1921, el movimiento Unionista cobró gran fuerza en Honduras, El Salvador y Guatemala, pero Costa Rica y Nicaragua no se subieron a ese tren.

En la década de 1990, el auto-denominado Triángulo Norte intentó estrechar sus lazos económicos y migratorios, como una reacción a la percibida lentitud de Costa Rica en acelerar la integración regional. Hoy en día sólo hace falta viajar por tierra a El Salvador para darse cuenta que el entusiasmo de las autoridades guatemaltecas ha decaído drásticamente en cuanto a su deseo de facilitar el tránsito de personas y mercancías hacia nuestro principal socio comercial de la Región.

El más reciente conflicto de la familia centroamericana se está desarrollando en torno a la despenalización de las drogas, en relación con lo cual Costa Rica y Panamá están abiertos a discutir la propuesta de Guatemala, mientras que, en el otro bando, El Salvador, Honduras y Nicaragua se alinean con la posición de los Estados Unidos y se resisten tan siquiera a considerar la discusión del tema.

Esta divisiones seculares en materia política ser replican también en el área económica. El desempeño económico de Costa Rica y, especialmente, de Panamá ha permitido que en los últimos años estos dos países alcancen un nivel de ingreso per cápita (nominal) cercano a los 9 mil dólares anuales. En el extremo opuesto, Honduras y Nicaragua no logran alcanzar tan siquiera los 2 mil dólares anuales per cápita. Estamos hablando, evidentemente, de dos ligas económicas distintas en las que las distancias en productividad hacen toda la diferencia. Por un lado, Costa Rica y Panamá, con menos del 20% de la población centroamericana, generan casi el 45% del PIB regional y, por el otro, Honduras y Nicaragua con casi el 33% de la población generan apenas un poco más del 13% de su PIB.

Por su parte, El Salvador y Guatemala parecen estar indecisos respecto a cuál de las dos ligas centroamericanas desean pertenecer. Ambos países tienen un nivel de ingresos nominal superior a los 3 mil dólares anuales (aunque el salvadoreño es un tanto mayor que el guatemalteco) y su aporte al PIB regional es más o menos proporcional al tamaño de su población (aunque también la mano de obra salvadoreña resulta algo más productiva que la guatemalteca).

En el tema de la despenalización de las drogas, al menos, Guatemala parece estarse incorporando al grupo de países centroamericanos más prósperos. Si bien los estilos y las sustancias de los gobernantes ticos y panameños no son exactamente del Primer Mundo, al menos sus prioridades de política pública no se centran en la repartición de fertilizantes ni de bolsas solidarias. Si bien sus sistemas políticos distan de ser perfectos, al menos sus partidos políticos tienen un cierto arraigo y organización de base que los inclina a la negociación y al debate para ejercer el poder, en vez de buscar el poder para lograr privilegios y negocios que les permitan pagar sus deudas de campaña.

Para incorporarse a la liga de las naciones prósperas, Guatemala debe identificar aquellos aspectos clave que han permitido a Panamá y Costa Rica alcanzar mejores niveles de desarrollo; ello significa aplicar políticas de largo plazo que, teniendo como norte supremo el bienestar de la población, hagan hincapié en el fortalecimiento de las instituciones (incluyendo las que se relacionan con la seguridad y la justicia), en la construcción de la infraestructura física esencial, y en la mejora continua del capital humano (especialmente en las áreas de salud y educación). De lo contrario estaremos certificando nuestra membresía en la otra liga de naciones.

El Dilema de América Latina

Husmeando los anaqueles de Artemis-Edinter (donde, por cierto, tiene la absurda práctica de tener la mayoría de libros envueltos en plástico, lo que impide que el potencial comprador pueda ojearlos y, por ende, reduce las ventas de la librería) me encontré con el libro más reciente de Sebastián Edwards, sobre la historia y el futuro de las políticas públicas en Latinoamérica. Conociendo a Sebastián (con quien tuve en el pasado el privilegio de conversar y discutir sobre política económica de Guatemala en algunas de sus visitas al país) no me sorprende la calidad académica y lo convincente que resulta el libro. Lo que sí me sorprendió fue lo ameno y fluido de la redacción, lo que lo hace un texto muy accesible para cualquier persona no especializada que esté interesada en los temas de política pública latinoamericana. Verdaderamente recomiendo su lectura. He aquí mi reseña.

Opinión | POLÍTICAS PÚBLICAS

El dilema de América Latina

Sebastián Edwards predice que sólo los países que se atrevan a fortalecer sus instituciones lograrán alcanzar el desarrollo. a compra de un libro es un juego de azar que, por mucho que uno sepa del tema, siempre encierra la probabilidad de acertar y ganar, o de equivocarse y perder. Hace unos días aposté por comprar el libroPopulismo o Mercados: el Dilema de América Latina, del economista chileno Sebastián Edwards. Acierto pleno y apuesta ganada. Se trata de un pequeño pero rico tratado sobre las políticas públicas y las reformas que los países latinoamericanos han aplicado en el pasado, así como sobre las que deben aplicar en el futuro para aumentar su crecimiento económico y mejorar sus niveles de vida. Para escribir una obra como esta se requiere, entre otras cualidades, poseer credenciales académicas contrastadas, y Edwards las tiene, como puede comprobarse viendo su amplísimo currículum. La obra plantea que las reformas económicas de los años 90 en Latinoamérica fueron aplicadas de manera parcial, superficial o incorrecta (o las tres cosas a la vez); que la pobreza y la desigualdad son problemas ancestrales que no pueden ser atribuibles a los intentos de reforma de la década pasada, sino que se explican por los factores que están detrás del magro crecimiento económico y de la debilidad de las instituciones. Edwards predice que sólo los países que se atrevan a privilegiar la innovación y la productividad, a fortalecer sus instituciones y a proteger mediante redes de seguridad social a los segmentos menos favorecidos de la población, lograrán alcanzar el desarrollo y la prosperidad. Los que no lo hagan estarán condenados al estancamiento económico, al rezago social e incluso, si caen en la tentación del populismo, a crisis recurrentes de inestabilidad económica e ingobernabilidad. La principal gracia de Populismo o Mercados no radica en la erudición del autor, ni en la veracidad de sus hipótesis (que si bien comparto en general, están sujetas a debate), sino en la manera fluida y desenfadada con que Edwards traslada sus puntos de vista, por lo que su lectura resulta comprensible e ilustrativa para cualquier lector que esté interesado en la cosa pública. Si bien se notan algunos defectos de edición e imprenta en la publicación (de Grupo Editorial Norma, septiembre de 2009), la prosa es legible y adecuada al público objetivo. Lo más importante es, quizá, que logra explicitar con claridad que las reformas verdaderamente importantes (o, al menos, el debate sobre ellas) deben centrarse en la productividad y la infraestructura (como medios para acelerar el crecimiento), en el fortalecimiento de las instituciones (como medio de darle sustento al bienestar), y en la educación (como medio para reducir la inequidad). Aparte de la familiaridad del autor con los países latinoamericanos, sobre los cuales ha realizado diversas consultorías en el pasado (incluyendo varias para Guatemala, lo cual se nota en las menciones a nuestro país en el texto), destacan las referencias y anécdotas de la historia latinoamericana que salpican y enriquecen los distintos capítulos. Me resultó particularmente ilustrativa (jocosa y trágica a la vez) la cita de un consejo que el presidente Perón escribió a su colega chileno Carlos Ibáñez, sugiriéndole gastar el erario público sin preocuparse de las consecuencias macroeconómicas. Con razón don Juan Domingo condujo a su Argentina, con populista entusiasmo, del primero al tercer mundo sin escalas y en tiempo récord; lástima que no pudo leer antes este libro. ESCRIBA UN COMENTARIO Gil Zu 02-02-2010 10:17:09 horas Dijo Óscar Wilde: Los libros están bien o mal escritos. No hay libros malos. Pero me llama la atención que en Nicaragua hayan editado la nueva versión del Popol Wuj (o Popol Vuh), cuyo autor es el escritor cubano Nivio López Vigil, quien actualmente vive en Madrid. En Nicaragua funciona el Fondo Editorial: libros para niños, y al igual que el periodista Sam Colop, de Prensa Libre, yo me uno a las voces para que el Ministerio de Educación en Guatemala compre los derechos de autor. Juan 02-02-2010 18:06:29 horas Ojalá más personas leyeran el libro y ojalá muchas más comprendieran la diferencia entre políticas populistas que perpetuan el subdesarrollo y aquellas que pomueven el crecimiento. Guatemala se nos muere en manos de narcotraficantes y politicos corruptos. ¿Qué Guatemala estamos creando? ¿hacia donde se dirige la sociedad Guatemalteca? ¿Martires suicidas, universitarios fracturándole el craneo a un niño de 13 años? Si no ponemos atención a las instituciones, Guatemala se nos muere

El Profesor Moderado

El sostener posiciones intelectuales moderadas (en el sentido de que son equidistantes entre dos o más posiciones extremas) no significa defenderlas con tibieza. Las opiniones moderadas puden ser defendidas, predicadas y difundidas con ahínco y firmeza. Esta es una de las muchas lecciones que el economista Paul Samuelson nos legó. Rindo hoy un pequeño homenaje a este gran maestro (autor del libro me inicié en el conocimiento de la Economía), en reconocimiento a su trascendental obra por la que Kenneth Arrow, otro Nobel de Economía, le consideró "el mejor economista de la Historia".

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EL PROFESOR MODERADO

Noventa y cuatro años debe ser una buena edad para morir, especialmente si se hace con lucidez, elegancia y habiendo dejado un rico legado intelectual que incluye la obtención de un premio Nobel y la educación de muchas generaciones de estudiantes que, como yo, aprendieron el a-b-c de la Economía en sus libros. Paul Samuelson publicó la primera edición de su texto de introducción en la Economía en 1948; yo tuve la fortuna de adquirir en mi primer año universitario la sexta reimpresión (1979) de la de la novena edición del libro, traducido por el economista español (hoy también nonagenario) José Luis Sampedro y publicado por la editorial Aguilar, que hizo las veces de mi biblia referencial durante los primeros años carrera.
Samuelson, fallecido este domingo, fue profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos) y representó lo más granado de la escuela keynesiana que sostiene que el libre mercado es la manera más eficiente de asignar los recursos de una economía, pero que ocasionalmente sufre de fallas que generan desempleo y que requieren del estímulo del gobierno mediante la política fiscal (no la monetaria). Calificado a sí mismo como un moderado incurable, Samuelson buscó mantenerse equidistante entre el estatismo y el liberalismo, lo que le ganó la animadversión de los unos –que tildaron de “bastarda” su síntesis keynesiano-neoclálsica- y de los otros –que no le perdonaron sus duras críticas a las teorías de Friedman y de Hayeck-.
Participó de forma influyente en muchos de los grandes debates de políticas públicas de los últimos 60 años. Fue asesor económico del presidente Kennedy, a quien convenció de la utópica idea de que mediante la adecuada combinación de estímulos fiscales se podría alcanzar el pleno empleo, la tasa de inversión y el grado de distribución del ingreso que la sociedad deseara. Para escándalo de los keynesianos radicales, también recomendó reducciones temporales de impuestos. Luego de ganar el Nobel de Economía en 1970 "por el trabajo científico a través del cual ha desarrollado la teoría económica estática y dinámica, y contribuido activamente a elevar el nivel de análisis en la ciencia económica", Samuelson continuó influyendo durante años en las políticas de gobierno en su país: en 2000 advirtió sobre los riesgos de un gobierno irresponsablemente dispendioso y belicista como el de George W. Busch; hace pocos meses recomendó al presidente Obama posicionarse como un centrista para contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial.Con la humildad que dan la sabiduría y los años, Samuelson reconoció sus propias limitaciones y errores. En uno de sus últimos escritos indicaba que “muchas veces, a lo largo de siete décadas de enseñanza de la economía y de creación de libros de texto, me he equivocado. Aún así, recuerden dónde leyeron todo esto antes. Como decían los griegos clásicos, no maten al mensajero que les trae malas noticias”. Se refería a su visión de un futuro en que el poder emergente de China hará tambalear la economía estadounidense mediante un ataque masivo contra el dólar. En los próximos años veremos si su última predicción estuvo, como muchas otras, acertada.

Independencia e Identidad

¿Encendidos en patrio ardimiento? No. Las fiestas patrias se celebran en Guatemala con cierta apatía o mediante ceremonias masoquistas (correr varios kilómetros detrás de un antorcha o marchar con paso marcial durante varias horas); poco es, al final del día, lo que se exalta a la patria. La identidad guatemalteca aún no está conformada. Ello se refeja en (y a la vez se alimenta por) la escasez de héroes nacionales. ¿Es que, acaso, en 188 años de vida independiente nuestro país no ha producido hombrs (y mujeres, pues, para ser políticamente correcto) ilustres y famosos por sus hazañas o sus virtudes? ¿Ni han surgido en esta tierra personajes que hayan realizado acciones heroicas? Por supuesto que sí; lo malo es que en la olla de cangrejos casi nadie tiene la inclinación a reconocerlos y aceptarlos tal como fueron. He aquí la columna pubicada esta semana, el día del aniversario de la independencia.

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INDEPENDENCIA E IDENTIDAD

La conmemoración de la independencia en Centroamérica desborda menos júbilo y patriotismo que en otros países del Hemisferio, quizá porque nuestra declaración de independencia no fue tan heroica, o porque la consecuencia inmediata de ésta fue la anexión al imperio de Iturbide, o porque el primer jefe de estado de nuestra naciente patria fue quien hasta la víspera era el máximo representante de la corona española en la Región.

No parece, por ello, casualidad que tengamos relativamente pocos héroes patrios. La historia oficial en los libros de la escuela primaria incluye entre ellos a Tecún Umán o a Rufino Barrios, pese a que ambos, coincidentemente, no sólo perdieron su batalla clave –y ella la vida-, sino también porque esa derrota significó perder la guerra. Además, hay corrientes revisionistas que sostienen que los grandes rivales de los dos personajes mencionados no deberían considerarse anti-héroes. Pedro de Alvarado podría tener, al menos, el mismo reconocimiento que Cortés y Pizarro tienen en México y Perú como protagonistas del nacimiento de las nuevas sociedades mestizas de América. Y Carrera podría recibir honores como fundador de la República de Guatemala y exitoso defensor de sus fronteras ante la invasión de Morazán.

Pero ese reconocimiento a los rivales resulta casi imposible en un entorno como el guatemalteco, muy dado a descalificar el éxito del prójimo (como lo parodia el doloroso chiste de los cangrejos chapines) y donde, para que alguien sea considerado héroe nacional, debe ser casi un santo pues el menor rasgo de debilidad humana en un político, escritor o científico se considera imperdonable. Si tal actitud privara en otras latitudes, los ingleses no tendrían a Francis Drake (quien fue un sanguinario pirata) por gran héroe naval; ni los estadounidenses considerarían a Washington (un militar dueño de decenas de esclavos negros) el fundador de su nación; ni los franceses verían a Napoleón (un dictador guerrerista) como el mayor genio militar de la historia.

Dicho lo anterior, conviene aclarar que la actitud maniquea hacia los héroes nacionales no es exclusiva de Guatemala y refleja, en gran medida, el aforismo que dice que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, es menester profundizar los esfuerzos por enseñar a las futuras generaciones una versión de la historia más objetiva que permita construir una identidad nacional de la que aún carecemos; una historia que trate de hechos objetivos más que de leyendas de héroes y tiranos; una historia más elaborada que no alimente los conflictos latentes en nuestra sociedad.

La historia que le enseñan a los niños en la escuela no solo refleja la forma en que la sociedad y sus élites se ven sí mismos, sino que influye sobre cómo los niños se verán cuando sean ciudadanos: sea como conquistados, colonizados y víctimas, o bien como supervivientes, resistentes e ingeniosos. La historia patria no debe usarse como una estrategia para indoctrinar inculcando mitos (como hoy en día ocurre en Venezuela o en Rusia), sino que su estudio debe servir de ejercicio para que los niños piensen por sí mismos mientras buscan la verdad, con un sentido de reconciliación e inclusión (como exitosamente lo han logrado en Sudáfrica), porque la construcción de nuestra identidad nacional es todavía un proceso en marcha.