CULTURA, MOTOR DE DESARROLLO

NO DEBEMOS SEGUIR DESPERDICIANDO EL ENORME POTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CULTURA

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un conversatorio, organizado por la Universidad Rafael Landívar, sobre cómo la cultura -vista desde las perspectivas de la Economía, el Derecho, la Política y las Humanidades- puede constituirse en un motor de desarrollo para Guatemala. Al respecto, el primer tema a destacar es que nuestro país, siendo uno de los más ricos del mundo -culturalmente hablando- en relación a su tamaño, ha estado desperdiciando durante años el enorme potencial que ello representa.

En todo el mundo, las actividades culturales generan riqueza para la economía y representan una proporción importante del valor de la producción (4.5 por ciento del PIB en España, 6.5 en Brasil y México, 6.8 en Estados Unidos y 8 por ciento en Gran Bretaña). Una estimación para Guatemala (calculada por el economista Ernesto Piedras en 2007) indicaba que la cultura generaba más del 7 por ciento del PIB y que era una de las actividades económicas más dinámicas, que daba empleo a más del 7 por ciento de la población activa. El potencial económico de la cultura es enorme: un estudio que elaboramos en 2011 con el Grupo Satélite indica que los alrededor de Q4 millones que “invirtieron” inicialmente las hermandades, autoridades y vecinos de la Antigua Guatemala para las actividades de Semana Santa de ese año, generaron una actividad económica cuyo valor bruto superó los ¡Q670 millones!

Este tipo de cálculos, desafortunadamente, casi no se realiza en nuestro país. Pese a nuestra enorme riqueza cultural, no contamos con un sistema que analice, rigurosa y periódicamente, la cultura como medio de generación de ingresos y empleo. Desde hace tiempo se ha insistido sobre la necesidad contabilizar el aporte económico de la cultura, como parte del sistema de Cuentas Nacionales. Y eso no va a ocurrir hasta que, como sociedad, cobremos conciencia de que la cultura debe ser vista no solo como una actividad productiva, sino también como un ecosistema de creatividad e innovación capaz de influir en el tejido social, el turismo y la calidad de vida de los ciudadanos.

Quienes primero debe cobrar conciencia son los propios agentes de la “economía naranja” -artistas, promotores culturales, chefs de cocina, artesanos, investigadores, editores y diseñadores de modas o de videojuegos- respecto del valor económico y social de sus creaciones que, a fin de cuentas, satisface las necesidades de algún consumidor. También las propias comunidades deben cobrar conciencia respecto del valor que para la colectividad representan las expresiones culturales. Y, claro está, las autoridades tienen que cobrar conciencia del potencial no solo económico sino de cohesión social y gobernabilidad que entraña la cultura. No debemos seguir desperdiciando el potencial económico del dinamismo cultural que vive Guatemala desde la firma de la paz. Un paso en la dirección correcta debería ser la cuantificación de su aporte económico, a través de un esfuerzo de sistematización de la contabilización del valor agregado que genera la cultura, tal como lo hacen muchos países que, incluso, poseen una menor diversidad y riqueza cultural que nosotros.

UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA

ÓMICRON ES DIFERENTE: NO ES PRUDENTE FIJARSE SOLAMENTE EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS

La llegada de ómicron a Guatemala está causando la cuarta ola de infecciones desde que empezó la pandemia de covid-19. Sin embargo, aunque ómicron es más contagiosa que delta -la cepa dominante anterior-, es menos grave. Se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, pero ahora más gente ya está vacunada o se ha contagiado previamente de covid, por lo que muchas personas tienen ya mayor protección contra el covid severo.

En este escenario resulta absolutamente injustificable -incluso irresponsable- el énfasis que los medios de comunicación y las propias autoridades ponen en el número de infectados, en vez de focalizarse en el número de hospitalizados y defunciones, cifras estas que son mucho más relevante no solo para evaluar la gravedad de esta ola, sino para aplicar las medidas adecuadas. De hecho, el número de contagios nunca fue del todo útil para calibrar las políticas a adoptar, pese a lo cual se insiste en destacar esta casi irrelevante figura y ello, siendo ómicron una variante más contagiosa pero mucho menos letal que sus predecesoras, se presta a desorientar a la opinión pública, a generar una falsa sensación de pánico y a precipitar medidas inefectivas para enfrentar la pandemia.

Es contraproducente para el bienestar mental y material de la ciudadanía que cada ola de contagios genere tensión, incertidumbre y frustración. Las autoridades están llamadas a evitar que esto ocurra, sin descuidar la atención debida a la pandemia. Como sociedad debemos aprender a convivir con este virus, sabiendo que este es hoy mismo muy diferente al que vimos al principio de la pandemia: el riesgo actual para la mayoría de las personas vacunadas es muy bajo, por lo que el acento debe ponerse en la vacunación, en el fortalecimiento del sistema de salud pública y en las medidas que han probado ser efectivas y socialmente menos dolorosas, en vez de pensar en encerronas, toques de queda o prohibiciones de viaje que solo elevan innecesariamente el costo social y económico de la pandemia.

No se trata de menospreciar la ola de ómicron, que está provocando que los hospitales se estén llenando de pacientes (aunque ahora la mayoría de ellos son personas no vacunada y los casos tienden a concentrarse en las áreas de atención primaria). La amenaza de que esta ola desborde nuestros precarios servicios de salud sigue siendo preocupante. Lo que importa es que las acciones para enfrentar esta cuarta ola sean las adecuadas. Las políticas públicas y el comportamiento social que deben reforzarse son aquellas que han probado ser más efectivas y que evitan el pánico y la incertidumbre. El gobierno debe facilitar pruebas rápidas, fáciles y económicas; incentivar la vacunación masiva (incluyendo menores de edad para retornar pronto a las clases presenciales); y, obligar al uso de mascarillas en interiores. A la sociedad le toca administrar un sano distanciamiento social (especialmente en interiores) y aprender que la ventilación es la medida no farmacológica más eficaz contra esta infeliz pandemia.

¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?

ELEMENTOS PARA UN EVENTUAL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LAS ACCIONES QUE EL PAÍS REQUIERE

La semana pasada el Consejo Económico y Social -CES- hizo público su informe “Guatemala: ¿Qué país queremos?”, que es el resultado de un ejercicio de diálogo social que, durante varios meses, logró identificar una serie de propuestas (planteadas desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible) cuya intención última es nutrir con elementos que estructuren un eventual diálogo nacional amplio sobre las acciones de política pública que el país requiere.

Esos elementos se concretan en acciones ordenadas en cuatro ámbitos fundamentales. El primero se refiere a las reformas institucionales del Estado que propicien certeza jurídica en un verdadero estado de derecho. El segundo es el ámbito económico, en el que se esbozan acciones para aumentar la productividad sistémica y el ritmo de crecimiento de la producción, a fin de generar mayores niveles de prosperidad y bienestar. El tercero trata sobre los aspectos ambientales y urbanos (incluyendo los flujos de personas y mercancías) que permitan la sostenibilidad del desarrollo. Y el cuarto es el ámbito social, donde se plantean acciones para fortalecer el tejido social, tomando en cuenta aspectos socioculturales que construyan una cultura de paz.

El impulso de estas acciones, evidentemente, no es tarea sencilla y requiere de un diálogo efectivo y profundo. Eso quedó claro en el panel de comentaristas que, con la participación de José Alejandro Arévalo y Richard Aitkenhead (dos destacados vecinos de estas páginas de elPeriódico), resaltó los hallazgos y desafíos derivados del informe. Los panelistas valoraron positivamente que en el ejercicio de diálogo que produjo el informe se hayan identificado y acordado los principales aspectos en los que Guatemala necesita mejorar y que, sobre eso, se hayan estructurado propuestas en los cuatro ámbitos identificados. Señalaron, sin embargo, que los desafíos para implementarlas son enormes e incluyen, por un lado, lograr una perseverancia que, por desgracia, no caracteriza a las políticas públicas en el país y, por otro, vencer la resistencia al cambio que tiende a prevalecer en el país.

Cualquier diálogo en torno a esta agenda debe también priorizar las medidas más importantes, como podrían ser la necesaria restructuración del sistema electoral y de partidos políticos -cuya desnaturalización se asocia a la ineficiencia en el uso de los recursos fiscales- o combate a la desnutrición -que es un fenómeno multidimensional cuyas raíces yacen en la falta de oportunidades de educación, de empleo y de inversión-. El esfuerzo del CES es loable, pero el ejercicio de diálogo que implica debe ser armonizado con otros esfuerzos en marcha, como el programa Guatemala No Se Detiene, o el propio ejercicio de diálogo al que convocó hace poco la Presidencia de la República. El reto no es sencillo, pero no puede posponerse. El tiempo para un diálogo en torno a una agenda de nación se agota en la medida en que nos quedemos cada día más rezagados respecto a otros países que, no hace mucho, solían tener los mismos indicadores de bienestar y progreso que nosotros.