El Déficit de la USAC

 NO ES FINANCIERO, ES DE TRANSPARENCIA

 Desde hace meses, las autoridades de la USAC se quejan de tener un déficit financiero que les impide ampliar su infraestructura y equipamiento y, por ello, justifican su insistente petición de que se modifique el destino de un crédito multimillonario en el que incurrió el Estado para beneficiar a esa casa de estudios. Junto con esas quejas surge el infaltable -y, en gran medida, estéril- debate entre quienes, en un extremo, ponen en duda la necesidad de que exista una universidad estatal y, en el otro extremo, quienes la defienden al punto de exculpar sus muchas debilidades. Quizá sería más productivo si, partiendo del hecho de que la existencia de la USAC está respaldada en un mandato constitucional, hiciéramos un esfuerzo por evaluar objetivamente la eficiencia de esa universidad y los beneficios que ella reporta a la ciudadanía que la sostiene con sus impuestos.

 Una forma práctica y sencilla de hacer tal evaluación sería comparar a la USAC con alguna otra universidad de naturaleza similar como podría ser, por ejemplo, la UNAM. Para ello, basta ver la información que ambas universidades publican en sus sitios web. El aporte anual que el Estado le da a la USAC (alrededor de Q2 mil millones anuales) representa un 0.35% del PIB guatemalteco, mientras que el aporte del gobierno mexicano a la UNAM representa un 0.19% del PIB de ese país, lo que indica que a los mexicanos les sale más barata la UNAM que a los guatemaltecos la USAC.

 En 2019 la USAC tenía 178,450 estudiantes de licenciatura y 8,470 de postgrado, mientras que la UNAM reportaba 217,800 de licenciatura y 30,630 de posgrado en 2020. De la UNAM se graduaron 22,800 estudiantes en 2019, mientras que de la USAC lo hicieron 15,200 en 2017 (no hay datos más recientes publicados). Hasta aquí no parece haber diferencias sustanciales, relativamente hablando, excepto que la cantidad y calidad de la información pública disponible es mucho mayor en el caso de la UNAM. Por ejemplo, los docentes y técnicos de la UNAM publicaron más de 11,700 trabajos académicos el año pasado, mientras que la USAC no reporta ningún dato al respecto (no es que no hayan producido trabajos académicos, sino que no los reportan al público).

 Para una entidad autónoma, que se sostiene financieramente con los impuestos que pagan todos los ciudadanos (incluyendo los más pobres) es esencial rendir cuentas con absoluta transparencia. Es precisamente en esa transparencia y rendición de cuentas en donde la USAC muestra grandes diferencias cuando se le compara con la UNAM. Es cierto que existen algunas similitudes: ambas casas de estudio publican su estructura orgánica; su presupuesto anual de ingresos y gastos; sus plazas de trabajo y sus respectivas remuneraciones; sus manuales de normas y procedimientos; y, sus procesos de compras y contrataciones.

 Pero las diferencias son muchas y sustanciales. La UNAM, además de publicar abundante información de sus actividades académicas, culturales y editoriales, hace pública otra información estratégica: sus metas, objetivos y resultados alcanzados; el gasto por alumno y unidad académica; las actas de sus consejos y comités; las declaraciones patrimoniales de sus altos funcionarios; el listado de su personal académico y el de sus jubilados y pensionados; el padrón de proveedores y contratistas; su estado de ingresos y gastos; los informes de auditorías internas; y, el informe de auditoría externa independiente. La USAC no publica absolutamente nada de esto. El día que lo haga, quizá, se habrá ganado el derecho de pedirle al pueblo que se endeude para pagarle sus gastos sin cuestionar su opacidad y su ineficiencia.

La USAC en la encrucijada

Las nuevas autoridades de la USAC deben priorizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de los fondos (sufragados por todos los guatemaltecos), así como la mejora en la calidad académica de sus egresados.

La muy próxima elección de rector encuentra a la Universidad de San Carlos –USAC- en una encrucijada: el país está viviendo una compleja transición política -cuya piedra angular ha sido el combate a la corrupción-y, en esa encrucijada, la USAC está llamada a asumir, si no algún liderazgo, al menos un firme compromiso de esclarecer las múltiples críticas y sospechas que se han planteado en medios de comunicación en relación con malos manejos administrativos y financieros, que ponen en serio entredicho la credibilidad de la Carolingia.

Una forma directa de asumir ese compromiso sería reconocer que la USAC es una entidad pública que se debe a toda la sociedad (no solo a su comunidad educativa), pues se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. Los guatemaltecos aportamos a la USAC casi Q1800 millones anuales, principalmente para que le brinde educación a más de 200 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenecen a los estratos socioeconómicos medios de la población. Este presupuesto representa más del 3% de los ingresos tributarios del país y es más elevado que el de muchos ministerios de gobierno (como los de Agricultura, Economía o Trabajo) y mayor que el de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo combinadas.

El principal desafío del próximo rector (o rectora) es el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad. Si la autonomía que constitucionalmente tiene la USAC le confiere derechos y privilegios para cumplir con sus funciones, le debería conferir también la obligación de usar de manera eficaz y transparente los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

El nuevo rector (o rectora) debería volver la vista hacia las mejores prácticas en materia de transparencia de otras universidades estatales (un viajecito a la UNAM, para copiar sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no le caería mal). Por ejemplo, debería persuadir al Consejo Superior Universitario de que aplique pautas de buen gobierno corporativo y cree comités independientes y especializados en los distintos temas sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, conformados por personas honorables y expertas en asuntos financieros, serian esenciales.

Las nuevas autoridades deberían publicar periódica y oportunamente los estados financieros dictaminados por un auditor externo calificado, así como los estados financieros mensuales; el estado de ingresos, gastos e inversiones; y, los reportes y observaciones de auditoría interna de las diferentes instancias universitarias. También  un sistema de indicadores para medir el desempeño: su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; y, cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El nuevo rector (o rectora) debe comprender que la mejor manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Y eso es lo que los electores deberían exigirle a sus candidatos a rector. Así darían un paso decisivo para el rescate institucional de la universidad estatal.

La USAC Debe Rendir Cuentas

La Universidad de San Carlos es una entidad estatal. Autónoma, sí, pero estatal; es decir, propiedad de todos los guatemaltecos que financiamos su sostenimiento. A pesar de ello, es una de las entidades más opacas del Estado, pues no rinde cuentas a nadie ni tiene mecanismos adecuados de control de sus multimillonarios gastos. Cambiar esto no requiere de gran ciencia, solo de voluntad y buena fe.

La Universidad de San Carlos -USAC- tiene vigente un presupuesto de Q1,894.8 millones para el presente año. En los cinco años previos, la USAC se ha gastado más de Q6.6 millardos que el gobierno le ha asignado por concepto de aporte constitucional. Encima de eso, sus autoridades ahora están solicitando (y cabildeando intensamente) para que el Congreso les apruebe un endeudamiento con el BCIE (que va a incrementar la deuda pública) por más de Q900 millones para usarlos en construcción de edificios y compra de equipo.

Estos montos millonarios no serían tan llamativos de no ser porque la USAC incurre persistentemente en un grave pecado: no rinde cuenta de sus actuaciones a quien la sostiene financieramente, que no es otro que el pueblo de Guatemala. En efecto, desde el más acomodado empresario hasta el más humilde campesino contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la universidad estatal, independientemente de si se benefician o no de los servicios que esta presta.

En una práctica que raya en lo escandaloso, la USAC no está conectada con las plataformas de Guatenóminas o de Guatecompras, ni con los sistemas de Contabilidad Integrada -Sicoin-, de Administración Financiera -SIAF- o de auditoría gubernamental -SAG- del Ministerio de Finanzas Públicas. Bien hacen los diputados de la Comisión de Finanzas en exigirle a las autoridades sancarlistas que se integren a dichos sistemas, aunque estas digan que no tienen la obligación legal de hacerlo, porque sí tienen una obligación moral con la ciudadanía que financia esa casa de estudios.

Bien haría la USAC en seguir el buen ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-, en cuyo modelo de autonomía se inspiró la de aquella. El Portal de Transparencia de la UNAM, de acuerdo con la normativa de la UNAM y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporciona acceso a 48 aspectos relacionados con las actividades de la universidad, tales como su estructura organizacional; el número de plazas y las remuneraciones de sus empleados; la información financiera sobre su presupuesto; los informes de auditorías internas y externa; los datos sobre sus proveedores y contratistas; las estadísticas y evaluaciones sobre su producción académica; y, las actas de su Junta de Gobierno y de su Consejo Superior; entre otros (http://www.transparencia.unam.mx/).

En contraste, nada de esto publica la USAC. La Universidad de San Carlos en su sitio de internet no tiene disponible ningún apartado sobre transparencia de información, como lo ordena la Ley de Acceso a la Información Pública; tampoco proporciona información sobre sus ingresos y egresos, sus estados financieros o auditorías realizadas (si es que las realiza); ni siquiera proporciona información mínima sobre el número de estudiantes y profesionales titulados, la cantidad de personal académico que labora en dicha casa de estudios, el gasto efectuado por alumno ni las publicaciones o investigaciones efectuadas durante el año.

La USAC, además, resulta más onerosa para los contribuyentes que su homóloga mexicana. Mientras que la UNAM se financia con un aporte estatal equivalente al 0.19% del PIB de México, la USAC lo hace con un 0.28% del PIB guatemalteco. Es de justicia, pues, que la USAC emprenda, cuanto antes, un programa profundo de transparencia y rendición de cuentas. En esta nueva era de intolerancia a la corrupción, los guatemaltecos nos merecemos saber en qué, cómo y con qué resultados se gasta la USAC los dineros que aportamos para su sostenimiento.

La Economía No Es Como Solía Ser

Los estudiantes de Economía escogen esta disciplina porque aspiran a solucionar problemas de la vida real. ¿Es eso lo que se enseña actualmente en la academia?

Hace algunos días se difundió con rapidez una Iniciativa Internacional de Estudiantes por el Pluralismo en la Economía, suscrita por 65 grupos de estudiantes universitarios de 30 países, que expresaban mediante una carta abierta su desencanto con la forma en que se enseña la ciencia económica. Ese desencanto se suma a los de muchas personas del mundo de los negocios y de las finanzas que no se explican la incapacidad de los economistas de advertir sobre la crisis mundial de hace un quinquenio.

Algunas quejas de los estudiantes tienen que ver con sus sospechas de que el material de enseñanza refleja únicamente el pensamiento occidental. Lo anterior está relacionado con otras críticas mucho más radicales que cuestionan ya no sólo los enfoques tradicionales de enseñanza, sino que también (y especialmente) el sistema capitalista en el que se sustenta la mayor parte de la ciencia económica. Así, afuera de la profesión abundan los ataques contra –por ejemplo- los conceptos de cómo funcionan el mercado y los precios, o contra el valor informativo y práctico de las cuentas macroeconómicas (como el PIB).

Muchas de estas críticas y ataques están desenfocados porque caen fuera del ámbito de competencia de la ciencia económica. Por ello, lo primero que convendría aclarar es la naturaleza científica de la Economía. La definición estándar que se enseña desde hace mucho tiempo indica que es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios que, siendo escasos, tienen usos alternativos.

Claro está que no se trata de una ciencia “dura” (como podría serlo, por ejemplo, la Física). Una ciencia es una disciplina de pensamiento que hace hincapié en proponer hipótesis básicas y luego realiza experimentos controlados para comprobar la validez de las hipótesis. Los economistas no pueden hacer experimentos controlados en el laboratorio, sino que usan evidencia histórica y estadística para simular tales experimentos. La Economía es una ciencia en algunos aspectos y no en otros; pero lo mismo puede decirse de casi cualquier otra ciencia.

Si bien se trata de una disciplina relativamente joven que aún está en proceso de consolidar sus leyes e identificar las relaciones que la definen, a lo largo de su existencia ha generado un acervo de conocimiento (la oferta y la demanda, el análisis marginal, la importancia de la productividad, la ventaja comparativa, los rendimientos decrecientes, etcétera) alrededor del cual existe un aceptable nivel de consenso, que ha sido (y aún es) de utilidad para entender el comportamiento en sociedad y la manera en que éste puede ser utilizado para el bien común.

Ciertamente la disciplina de la Economía tiene muchas falencias, como el exagerado uso de los modelos matemáticos, o la propensión a la contaminación ideológica, o el privilegio excesivo que la academia (especialmente la dominante anglosajona) otorga a la investigación (cuantitativa) sobre la docencia, o el hecho de que en dicha investigación se ignora flagrantemente el análisis económico aplicado a los países con mayores niveles de pobreza.

El enfoque y la enseñanza de la Economía deben evolucionar con las circunstancias. Los estudiantes de Economía de hoy (y los que alguna vez lo fuimos) escogen esta disciplina porque tienen la expectativa de comprender, y quizá de solucionar, problemas económicos de la vida real: la pobreza, la inequidad, las crisis financieras, o la inflación. Es natural que se frustren cuando el pensum los obliga a memorizar modelos basados en el comportamiento de un agente económico que en teoría toma decisiones racionales. Lo importante es que la Economía no se empeñe en enseñar paradigmas metodológicos, sino en descubrir cómo las leyes esenciales y las relaciones básicas de la vida económica pueden usarse pragmáticamente para atender problemas del mundo real.

Todo el mundo, y especialmente los países pobres, se beneficiarían si hubiese más economistas tratando de descifrar los desafíos de la escasez. Con más y mejor investigación técnica, pragmática en vez de ideológica, sería más fácil diseñar políticas públicas basadas en evidencia objetiva –y no en los caprichos de los políticos-. La ciencia económica debe estar, pues, más dispuesta a abrirse al pragmatismo y a aventurarse fuera de sus torres de marfil.

El Desafío del Nuevo Rector

Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima

La Universidad de San Carlos –USAC- culminó recientemente el proceso interno de elección de quien será su nuevo rector para el período 2014-2018. Quizá cuatro años sean muy pocos para enfrentar los innumerables retos que Carlos Alvarado Cerezo deberá enfrentar para revertir los graves problemas académicos, económicos y administrativos que aquejan a la universidad estatal, de donde se hace evidente que él y su equipo deberán priorizar sus acciones y enfocar sus esfuerzos en los temas más ingentes.

Una forma adecuada de establecer esas prioridades es partir del reconocimiento de que la USAC es una entidad pública que se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. En efecto, los guatemaltecos le confiamos a la USAC más de Q1400 millones al año, principalmente para que le brinde educación a más de 180 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenece a los estratos socioeconómicos medios del país.

En ese sentido, resulta incuestionable que uno de los principales desafíos (quizá el más importante de todos) de la nueva administración sancarlista sea el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad de la cual se sostiene y a la cual se debe. El precio de la autonomía que la Constitución Política de la República le confiere a la USAC debe ser (como lo debió ser siempre) el uso eficaz y transparente de los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

Los más denodados esfuerzos de las autoridades universitarias deberían entonces dirigirse a explicar cuán eficiente es esa casa de estudios en brindar educación superior de calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad guatemalteca; asimismo, y no menos importante, esos esfuerzos deben dirigirse a rendir cuentas respecto de cómo gastan o invierten los cientos de millones de quetzales que reciben del gobierno central. Para el efecto no hace falta inventar el agua azucarada, sino seguir el ejemplo de las mejores prácticas en materia de transparencia administrativa de otras universidades estatales de este Hemisferio.

Una manera pragmática de hacerlo sería que el nuevo rector persuada al Consejo Superior Universitario de que, en aplicación de las pautas exitosas de buen gobierno corporativo, conformen comités específicos especializados en los distintos temas estratégicos sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, ambos conformado por personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros, podría ser un gran avance.

El funcionamiento de dichos comités, que idealmente deberían ser independientes del rector y del Consejo, garantizaría un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Las autoridades también deberían adoptar la sana costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, los cuales deberían estar disponibles como información pública junto con información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias. La USAC también debería publicar un sistema de indicadores para medir su desempeño como, por ejemplo, cuánto es su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El desafío del nuevo rector pasa por comprender que la mejor y más decente manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas claras a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Ese sería el primer gran paso concreto en el rescate institucional de la universidad estatal.

La Deuda de la USAC

El Estado le tiene una deuda a la USAC, pero ésta le tiene también una deuda a la sociedad. La autonomía sólo es legítima si va acompañada de una efectiva rendición de cuentas. 

La Universidad de San Carlos ha estado exigiendo al gobierno por diversos medios (campos pagados, protestas estudiantiles, reuniones con las más altas autoridades del Ejecutivo) el pago a dicho centro de estudios por el equivalente a por lo menos el cinco por ciento del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. El gobierno alega que le ha pagado lo correspondiente a los ejercicios fiscales corrientes, pero que no puede hacerse responsable de lo que el gobierno anterior omitió trasladarle a la USAC (unos Q360 millones).

El reclamo universitario es justo en el sentido de que se trata de un mandato constitucional para el Estado (no para un gobierno en particular); es decir, no es opcional. Y la sensación de angustia entre los sancarlistas parece también justificada, dados los antecedentes en casos similares, tales como los aportes que, por mandato legal, el Estado debe hacer a otras entidades autónomas –específicamente al IGSS y al Banco de Guatemala-, los cuales el actual gobierno se ha resistido a cumplir.

Por mucho que al gobierno le parezca que existen otras prioridades de gasto público, el apoyo financiero a estas entidades autónomas forma parte del pacto social establecido en la Constitución; si se considera que dichas disposiciones son injustas o inapropiadas, lo correcto es luchar por modificarlas, en vez de simplemente incumplirlas.

Ahora bien, el gobierno tiene el derecho de exigir a esas entidades autónomas que respondan ante el pueblo de Guatemala por los recursos que reciben y que pagan todos los ciudadanos a través de los impuestos. Ello porque el privilegio que implica gozar de una autonomía conferida por la Constitución, debe tener como contrapartida una responsabilidad inequívoca de rendir cuentas a los contribuyentes que las sostienen. La autonomía sólo es legítima si va acompañada de una efectiva rendición de cuentas.

Así como el Estado debe pagar la deuda financiera a la USAC, ésta le tiene una deuda a la sociedad guatemalteca: las autoridades de la USAC deben explicar cuán eficientes son en brindar educación superior de calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad guatemalteca. Asimismo, y no menos importante, deben rendir cuentas respecto de cómo gastan o invierten los más de Q1200 millones que reciben cada año del erario público.

Para ello, las autoridades sancarlistas deben tomar nota de lo que hace la Universidad Autónoma de México –UNAM- (paradigma a ser imitado por la USAC). Por ejemplo, la UNAM calcula y publica múltiples indicadores que permiten medir la eficacia de su desempeño, entre los que pueden encontrarse el gasto anual promedio por alumno, el porcentaje de cuantos logran graduarse, o el número de artículos académicos en revistas internacionales o de libros publicados por sus profesores. Sería bueno que la USAC pusiera a disposición de la ciudadanía, de forma abierta y sistemática, este tipo de indicadores.

Otra buena práctica de la UNAM es la de administrar el patrimonio universitario y manejar todos los asuntos presupuestarios y de control financiero a través de un Patronato conformado por tres personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros; dicho Patronato (que es ad-honorem e independiente del Rector y del Consejo Universitario) garantiza un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Bien podría la USAC, sin necesidad de esperar un cambio legal, nombrar a un grupo de notables que certifiquen el manejo de su presupuesto.

O, tal como lo hace la UNAM, adoptar la sana costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, y publicarlos como información pública, así como la información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias.

Así que, aprovechando la coyuntura actual, sería provechoso para el país que el gobierno se comprometa a cumplir con sus compromisos de Estado para con la USAC, pero que ésta se comprometa, a su vez, a cumplir con su obligación moral de rendir cuentas a la sociedad que la sostiene financieramente.