Se necesita una profunda reforma centrada en
mejorar la eficacia del gasto público y en combatir la corrupción. Tal reforma podría generar más de Q15 millardos anuales para el Estado guatemalteco.
El presupuesto del Estado aprobado recientemente por
el Congreso ha puesto en evidencia, palmariamente, la necesidad de emprender
urgentemente una profunda reforma fiscal. Pero en esta ocasión resulta claro
que lo que urge no es una reforma tributaria. No. Cada nuevo gobierno intenta
emprender una reforma a los impuestos, y cada vez que lo hace el aumento en la
recaudación es menor que en la reforma previa. Este rendimiento marginal
decreciente de las reformas tributarias es una indicación de que ese no es el
recurso más eficiente para fortalecer las finanzas públicas.
No hay que olvidar que la política fiscal tiene dos
caras: no sólo se trata del lado de los ingresos (impuestos), sino que cada vez
más se trata del manejo de los gastos. La política fiscal del gasto público es
tanto o más importante que la política tributaria, pues tiene repercusiones
sobre la equidad fiscal, sobre la productividad de la política gubernamental,
sobre la provisión de capital físico (infraestructura) y humano (salud y educación)
para propiciar mayor productividad del aparato económico nacional.
Entonces, la verdadera reforma fiscal, en las actuales
circunstancias, es la del gasto público: se necesita una profunda reforma que
esté centrada en mejorar la eficacia del gasto público y en combatir el
despilfarro y la corrupción. Esa necesidad ha sido puesta de manifiesto en el
presupuesto del Estado para 2015, el cual está plagado de gastos cuya
rentabilidad social es francamente negativa (por ejemplo, el demostradamente
ineficiente programa de fertilizantes, los programas clientelares del
Ministerio de Desarrollo Social, o el monstruoso subsidio al transporte urbano).
El presupuesto aprobado para 2015 está también plagado
de gastos financieramente insostenibles (como el bono para el adulto mayor
financiado con deuda pública, los incrementos salariales a maestros y
salubristas sin que paralelamente se evalúe su desempeño, o el creciente
agujero negro del sistema en bancarrota de clases pasivas del Estado). Y se
trata, asimismo, de un presupuesto plagado de gastos opacos y de dudosa calidad
(como el traslado de dineros públicos a ONGs, o las obras de infraestructura
que se dejan a cargo de dichas organizaciones, o el abuso en el uso de fideicomisos
públicos, o los gastos oscuros e ineficientes de las municipalidades y de los
consejos de desarrollo).
El desafío central de la reforma fiscal que debe
emprender el estado es, pues, el de priorizar el gasto público. Y esa
priorización debe arreglarse en orden a las prioridades de desarrollo del país.
De acuerdo a innumerables diagnósticos que existen al respecto, lo anterior
significa que los temas prioritarios del gasto público deben incluir el combate
a la desnutrición infantil, mejorar significativamente la calidad de la
educación primaria y acrecentar la cobertura de los servicios esenciales de
salud y saneamiento; todos estos rubros contribuirían a elevar la calidad de
vida de la población y del capital humano del país.
Las prioridades también deben incluir una mejora en la
cantidad y calidad de la infraestructura pública, particularmente en las áreas
de comunicaciones y electrificación, a efecto de potenciar la capacidad
productiva de los guatemaltecos. Y también debe incluirse el fortalecimiento de
las instituciones que garanticen la seguridad pública y la impartición de
justicia como pilares de una fructífera convivencia ciudadana.
Para que la priorización descrita sea efectiva, la
reforma del gasto público debe incorporar acciones decididas para combatir la
corrupción y la dilapidación del erario público. Ello pasa por emprender la
difícil, pero insoslayable, reforma profunda de las entidades relacionadas con
este esfuerzo: la SAT, la Contraloría de Cuentas y la fiscalía y tribunales
contra la corrupción.
Si no queremos estar dentro de pocos meses enredados en una nueva
discusión bizantina acerca de qué impuestos, en qué montos y sobre cuáles
contribuyentes aplicar en una nueva reforma tributaria, el desafío de la sociedad
guatemalteca y de su liderazgo político, social y empresarial en los próximos
meses debe centrarse en la verdadera reforma fiscal: una reforma del gasto
público que atienda la necesidad de mejorar su calidad y de reducir la nefasta
corrupción que cada vez lo hace más insuficiente.