El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.