Consecuencias Económicas de la Política

Un mal entorno político perjudica el desempeño económico, y viceversa. Para romper este círculo vicioso es esencial rescatar la institucionalidad del Estado y priorizar las políticas públicas

Existe un vínculo entre el entorno político y el desempeño económico, que hace que ambos factores (el económico y el político) se afecten mutuamente. Cuando prevalece un clima de conflictividad social, o una sensación de falta de rumbo, o una debilidad institucional generalizada, se configura un ambiente poco propicio para los negocios, adverso para la inversión y causante de un escaso crecimiento de la producción de bienes y servicios. A su vez, una economía anémica genera malestar en la población y perjudica el entorno político.

A pesar de que actualmente las perspectivas de la economía mundial son, en general, positivas, la economía guatemalteca parece estarse resintiendo de un ambiente de confrontación (evidente, al menos, en la opinión pública) y de falta de rumbo en materia de políticas públicas, que se traduce en incertidumbre al momento de tomar decisiones económicas. Desde 2016 la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-) está creciendo a una tasa promedio de 3.0% anual, velocidad mediocre que, aparentemente, no mejorará ni este año, ni el próximo. En los años previos el crecimiento del PIB había promediado una tasa superior al 4%: ese 1% de diferencia puede significar un abismo en términos de bienestar y de reducción de la pobreza.

El problema es que, con un crecimiento económico mediocre y con una población en continuo aumento, la generación de empleos y las condiciones de vida de la población se estancan. Y con los indicadores de pobreza estancados y los niveles de empleo sin mejorar, es posible que aumente la conflictividad social, lo que, a su vez, perjudicará el desempeño de la economía. Este círculo vicioso, a las puertas de un proceso electoral, genera un campo fértil para el surgimiento de líderes populistas que, de ser electos (sin importar si son de derechas o de izquierdas), pueden conducir al país hacia una dinámica socioeconómica que, en largo plazo, solo perjudicará las posibilidades de desarrollo. Y podríamos estar peor, pues el cóctel se torna más explosivo si se le agregan ciertos ingredientes que están sobre la mesa: tensiones ideológicas fabricadas por grupos de interés, diferencias étnicas que podrían exacerbarse, acciones de boicot en contra de proyectos de inversión privada financiadas por bien intencionados cooperantes extranjeros, prácticas corruptas enraizadas en la gestión pública, etcétera.

Si a todo esto sumamos la posibilidad de un desastre natural (recordemos que Guatemala es uno de los países más vulnerables a este tipo de eventos), nos encontraremos con una tormenta perfecta. Diversos estudios de economistas han identificado un vínculo entre los desastres derivados del clima -particularmente sequías o inundaciones en economías agrícolas- con brotes de conflictividad y violencia intercomunitaria en países en desarrollo. Uno de esos estudios encontró que, entre 1980 y 2010, el 23% de las guerras civiles coincidió con la ocurrencia de desastres asociados al clima en países con conflictividad étnicas o social. Que Dios nos agarre confesados.

La experiencia de otros países, y la lección aprendida de la historia, es que esas tensiones, y el consecuente círculo vicioso que va del mal entrono político al mal desempeño económico, puede evitarse con mejores instituciones políticas y gubernamentales. Por ello las calificadoras de riesgo y los organismos financieros internacionales insisten en que la viabilidad económica de Guatemala pasa por la reforma de sus instituciones estatales. Eso toma tiempo y, por tanto, debemos ponernos de acuerdo en iniciar –cuanto antes mejor- un proceso de reforma de instituciones políticas y gubernamentales para evitar un probable desastre.

El Poder de la Ciudadanía

La importancia del poder ciudadano radica en que una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Hace pocos días se publicó la primera edición del Índice de Empoderamiento Cívico de las Américas –ACE- para 2018, elaborado por The Economist Intelligence Unit (una empresa especializada en análisis de inteligencia estratégica) y por Humanitas360 (tanque de pensamiento que promueve el cambio en Latinoamérica mediante la participación ciudadana). El índice intenta medir la capacidad de la ciudadanía de influir sobre las decisiones de gobierno, pues una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para medir dicha capacidad, el índice ACE estima 22 indicadores agrupados en tres dimensiones del empoderamiento ciudadano: (1) el ambiente que lo habilita –el marco legal, social y educativo que permite a las personas participar en la vida social-; (2) su situación objetiva –indicadores de participación ciudadana en la vida política y comunitaria-; y, (3) la percepción pública respecto a tal empoderamiento –cómo se siente la gente respecto a su rol en la vida política y comunitaria-. El hecho de que Guatemala sea uno de los siete países para los cuales se calculó esta primera edición del índice –junto con Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México- es indicativo de lo relevante que nuestro país se ha convertido, desde las protestas que culminaron con la salida del binomio Pérez-Baldetti en 2015, como referente en materia de participación ciudadana y cambio social.

Tanto en el índice total, como en la calificación de cada una de sus tres dimensiones, Estados Unidos obtiene, por mucho, la mejor calificación, lo que implica que en Latinoamérica aún tenemos un largo camino por andar en materia de participación ciudadana. De los restantes seis países latinoamericanos, Chile es el mejor calificado, mientras que Guatemala ocupa el último lugar, aunque con la salvedad de que Venezuela no obtuvo una calificación global por falta de datos confiables, por lo que probablemente nuestro país califique mejor que Venezuela en varios indicadores.

Los indicadores que perjudican la calificación de Guatemala se refieren a aspectos tales como el acceso general a la educación y a la salud, la elevada criminalidad, la baja participación ciudadana en peticiones y la elevada percepción de corrupción. También tiene bajas calificaciones en materia de representación de minorías en los poderes del Estado, de falta de confianza en las instituciones gubernamentales y de falta de controles sobre abusos de las fuerzas policiales.

A pesar de que Guatemala tiene bajas puntuaciones, muestra aspectos positivos del empoderamiento cívico en indicadores tales como la presencia de elecciones libres y justas, y la capacidad de formar libremente organizaciones políticas y cívicas (aunque este último indicador podría perjudicarse si la Ley de ONGs que ahora se discute en el Congreso incorporase aspectos contrarios al libre funcionamiento de las organizaciones cívicas).

Bajo las condiciones adecuadas, la participación ciudadana puede ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios públicos, la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza institucional y la inclusión social. Guatemala está viviendo una transición política y social que, hasta ahora, ha carecido de una agenda de largo plazo y de un liderazgo que la conduzca al desarrollo económico y social. Ante ese vacío, la participación ciudadana es la vía que queda para que el proceso iniciado en abril de 2015 resulte beneficioso en el mediano plazo y, en este contexto, indicadores como el índice ACE pueden servir de referencia para evaluar la efectividad y la evolución de dicho poder ciudadano.

Certeza Jurídica y Actividad Económica

Una de las razones (quizá la principal) por las cuales la economía guatemalteca no puede acelerar su mediocre crecimiento económico, es la debilidad de las instituciones del Estado que impiden que exista certeza jurídica y paz social

Es bien sabido que la incertidumbre generada por la falta de certeza jurídica o la conflictividad social perjudica las decisiones de consumo e inversión en cualquier economía. La situación actual de Guatemala parece un caso sacado de un libro de texto para ilustrar tal situación. El desempeño de las exportaciones, por ejemplo, revela en gran medida la relación que existe entre certeza jurídica, conflictividad y actividad económica.

En efecto, el valor de las exportaciones guatemaltecas durante el primer trimestre de 2018 registra una caída de 1.7 por ciento respecto a las del año anterior; lo que es peor, esa caída refleja una reducción aún mayor (de más del 8 por ciento) en el volumen exportado, lo cual indica que la producción real del sector exportador está registrando una alarmante caída. Todo ello a pesar de que las condiciones de la economía mundial son robustas y que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos (a quien le vendemos más del 35 por ciento de nuestras exportaciones), crecía sólidamente en los primeros meses del año.

Entre los rubros de exportación que peor desempeño muestran sobresalen, por ejemplo, el de productos asociados a la palma africana con una reducción de más del 20 por ciento en comparación al año anterior, lo cual refleja en buena medida los efectos que esta actividad está sufriendo como producto de invasiones de tierra y de problemas de conflictividad. Caso similar, aunque más grave, se ve en el rubro de exportación de metales, con una drástica reducción del 88 por ciento respecto a su valor exportado a estas alturas del año anterior, afectada por el cierre de actividades de la Minera San Rafael. Entre ambos rubros (palma africana y metales) se exportaba el año pasado casi el 10 por ciento del total de las exportaciones del país.

También la falta de certeza jurídica afecta a las exportaciones realizadas en los regímenes de maquila y de zonas francas, los cuales registran al primer trimestre caídas superiores al 8 por ciento, en el caso de las primeras, y al 26 por ciento, las segundas, lo cual es particularmente preocupante pues entre ambas representan más del 32 por ciento del total de las exportaciones del país. Cabe recordar que la reforma al marco regulatorio de la actividad de zonas francas lleva ya muchos meses sin avanzar en el Congreso de la República.

Existen muchos otros sectores productivos, fuera de la actividad exportadora, que también se ven afectados por la conflictividad, la falta de certeza jurídica y la debilidad institucional del Estado, tal el caso de la actividad generadora de energía o de la construcción de infraestructura. No es casualidad, entonces, que el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala (de un panel de analistas privados) reporta un continuo deterioro en el último año pues, en abril pasado, su nivel se situó en 32 puntos, que resulta inferior en más del 41 por ciento respecto del registrado en abril de 2017.

Queda claro que, mientras no avancemos en tener un Estado funcional y unas instituciones eficientes, resultará imposible acelerar el crecimiento de la economía nacional y mejorar el bienestar material de los guatemaltecos. El pobre desempeño de actividades como las descritas pone de manifiesto que las medidas de reactivación económica no debiesen centrarse en escoger sectores “ganadores” y colmarlos de privilegios para incentivar su producción. La mejor política de reactivación económica es aquella que asegure reglas claras para hacer negocios, que dé certeza a los agentes económicos para que puedan tomar adecuadamente sus decisiones de inversión, y que restaure la confianza de los consumidores.

Dialogar, Aunque Cueste

En periodos de crisis, de incertidumbre y de transición política, como los que ahora vivimos, es fácil caer en la tentación de ver al otro como enemigo, como el que no tiene la razón, como el que no merece ser tomado en consideración. Si no logramos superar esa tentación, será cada vez más difícil encontrar salidas a la crisis.

El país está viviendo desde hace varios meses un clima de crispación, confrontación y polarización que en nada contribuye a la convivencia social ni a la buena marcha de la economía. Aunque en el largo plazo se verán, sin duda, los frutos positivos de la transición política que se inició con la lucha contra la corrupción hace dos años, en el corto plazo esa lucha genera incertidumbres que, por desgracia, son poco propicias para el diálogo. Y es que en épocas de incertidumbre y transición resulta psicológicamente tranquilizante creer que uno está en el lado correcto de la historia y que es sobre los otros, los del bando opuesto, donde podemos descargar todos nuestros reproches y nuestra ira.

La incertidumbre respecto del rumbo que lleva la transición política (exacerbada por la ausencia de liderazgos políticos y de una agenda de Estado) conduce a antagonismos basados en la sobre-simplificación del pensamiento del rival y en caricaturizar al que no coincide con nuestras ideas, con lo cual se enfatizan las diferencias y se invisibilizan las coincidencias. Esa simplicidad conceptual agrava las desconfianzas entre individuos y grupos con opiniones encontradas: “no me junto con corruptos”, o “jamás me sentaré a la mesa con guerrilleros”, o “nunca dialogaré con explotadores” son las expresiones de quienes se refugian en su tribu para encontrar resguardos y apoyos ante la incertidumbre.

Pero ese refugio psicológico es, paradójicamente, el principal obstáculo para acabar con la incertidumbre, pues los posicionamientos extremos impiden pactar soluciones a la crisis. Lo que es peor: en el afán de excluir a quien no piensa como uno se atenta contra el principio del pluralismo –esencial para el funcionamiento de una república democrática- que sostiene que cualquiera que discrepe, aún siendo parte de una minoría, sigue perteneciendo a nuestra sociedad y, por ende, sigue teniendo el mismo derecho a expresarse y opinar como si formara parte de la mayoría. Los que se atrincheran en su tribu excluyente, por el contrario, solo tienen dos opciones: o logran imponer su verdad a toda la sociedad (incluso, si se requiere, por métodos violentos), o se refugian en la isla de los elegidos, donde preservan la pureza de su pensamiento, pero donde no logran cambiar ni un ápice la realidad que los incomoda.

Es menester salir de esas posiciones y establecer acuerdos que le permitan al país darle un propósito a la lucha contra la corrupción y un sentido a la transición política que hoy vivimos. Quizá convenga recordar que en nuestra experiencia como nación tenemos ejemplos de convivencia y de acuerdos en circunstancias tan difíciles como las actuales. La democracia y la paz de las que ahora disfrutamos los guatemaltecos, con todo y sus múltiples imperfecciones, son producto de acuerdos entre líderes que sufrieron los horrores del enfrentamiento fratricida y que comprendieron que el progreso pasaba por el diálogo y no por la aniquilación del adversario.

El terrible vacío de liderazgos que hoy sufre la clase política quizá sea una bendición disfrazada de tragedia. Quizá es mejor que sean los ciudadanos quienes llenen el vacío que hoy dejan los políticos tradicionales; que sean los ciudadanos quienes lideren los procesos de diálogo para alcanzar los acuerdos que el país necesita y quienes, mediante el voto consciente, devuelvan a la política su rol de servidora humilde de la ciudadanía. Vale la pena recordar lo que al respecto dijo el Papa Francisco hace casi dos años: “El mejor modo para dialogar no es el de hablar y discutir, sino hacer algo juntos, construir juntos (…) sin miedo de realizar el éxodo necesario en todo diálogo auténtico”.