LA TARDANZA PUEDE SALIR CARA

Modernizar la ley contra el lavado ya no es opcional. Retrasarla tendría costos mayores

En Guatemala solemos cometer un error recurrente en materia legislativa: esperar demasiado tiempo para corregir un problema y, cuando finalmente decidimos hacerlo, pretender resolverlo repentina, indolora y definitivamente. Muchas veces, en ese intento, terminamos entrampando las reformas hasta volverlas políticamente inviables. Algo de eso está ocurriendo con la discusión de la Iniciativa 6593, la nueva Ley Integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El país ya cuenta desde hace años con una legislación en esta materia. Y conviene reconocerlo: esa ley, con todas sus limitaciones, permitió a Guatemala mantener niveles razonables de cumplimiento frente a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el mundo cambió. Las modalidades del crimen financiero evolucionaron, los estándares internacionales se endurecieron y el marco legal guatemalteco empezó a quedarse rezagado.

Por esa razón, desde hace más de cinco años se han presentado distintas iniciativas orientadas a modernizar esta legislación. El problema es que el tema nunca recibió la prioridad política necesaria. Ahora el tiempo empieza a agotarse. En 2027 Guatemala será objeto de una nueva evaluación internacional por parte de GAFI y llegar tarde tendría costos importantes para el país. No se trata únicamente de evitar una mala nota burocrática. Una evaluación negativa podría afectar la reputación internacional de Guatemala, aumentar costos de cumplimiento para bancos y empresas y deteriorar la relación del sistema financiero nacional con mercados y corresponsales internacionales. En un mundo crecientemente vigilante frente al lavado de dinero, la reputación regulatoria también es un activo económico.

 La Iniciativa 6593, aunque perfectible, representa un avance respecto de la legislación vigente. El dictamen favorable de la Comisión de Economía le introdujo mejoras relevantes para fortalecer la certeza jurídica y hacer más proporcionales algunas obligaciones. Y varias de las enmiendas consensuadas posteriormente también contribuyen a perfeccionar el texto. Ese proceso gradual de mejora institucional debería verse como algo normal. La ley vigente mejora con la iniciativa; la iniciativa mejora con el dictamen; y el dictamen mejora con las enmiendas. Pretender que una legislación compleja nazca impecable es desconocer cómo funcionan los procesos democráticos y regulatorios modernos.

Por supuesto, todavía existen aspectos que merecen ajustes adicionales. Uno de ellos es el relacionado con el registro de accionistas y beneficiarios finales. El combate al lavado de dinero exige transparencia razonable, pero también prudencia institucional. La información societaria sensible no debería convertirse en un repositorio masivo, vulnerable o sujeto a accesos indiscriminados. La experiencia comparada muestra que incluso países con alta capacidad institucional han empezado a privilegiar modelos más proporcionales y respetuosos de la privacidad y del debido proceso. Ese tipo de mejoras puede seguir perfeccionándose posteriormente. Pero lo que no parece aconsejable es paralizar nuevamente toda la reforma por la aspiración de alcanzar una versión ideal que probablemente nunca llegará.

Claro que la nueva ley tendrá costos de cumplimiento para diversos actores económicos. Pero la pregunta correcta es si esos costos son menores o mayores que los beneficios de evitar sanciones, preservar la credibilidad del sistema financiero y mantener a Guatemala integrada a la economía internacional. Y la respuesta parece bastante evidente.

EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.