Si no se aprueba el Presupuesto del Estado para 2018 se agravará la percepción de riesgo-país y habrá mayor incertidumbre en la actividad económica. Pero antes de aprobarlo, el Pleno del Congreso debe hacerle correcciones importantes que eviten el despilfarro y la opacidad. Lo malo es que casi ya no hay tiempo para hacerlo.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado es una herramienta fundamental para guiar la gestión anual de los tres
poderes del Estado y es el marco de referencia para establecer las prioridades
de las políticas públicas del gobierno, así como para evaluar la eficiencia y
la transparencia en el uso de los recursos fiscales. La existencia de un
presupuesto gubernamental, aprobado conforme a ley por el Congreso de la
República, es fundamental no solo para dar certeza a los agentes económicos
sobre el accionar gubernamental, sino para contribuir a la gobernabilidad del
país.
Desafortunadamente hay un elevado riesgo de que el
Congreso no logre aprobar el presupuesto para 2018. La semana anterior, la
bancada oficial fracasó en su intento de conseguir los votos necesarios para
tal efecto y no logró que la instancia de Jefes de Bloque acordara levantar sesión
permanente que mantiene ocupado al Pleno para que entre a conocer en primera
lectura el dictamen aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas. Así, los
tiempos establecidos en Ley para la aprobación del presupuesto por la vía de
tres lecturas están agotados; ahora solo podrá lograrse una aprobación de
urgencia nacional, para lo cual se requieren 105 votos.
Si el Congreso no logra lo anterior, el Gobierno
deberá trabajar el año próximo con el mismo presupuesto de 2017, lo cual producirá
múltiples consecuencias negativas: se perderá certeza jurídica respecto de las
actuaciones del gobierno y sus interacciones con la actividad productiva, lo
cual mermará la ya desacelerada actividad económica; se generarán transferencias
que inevitablemente el gobierno deberá multiplicar para hacer operativo un
presupuesto diseñado para una realidad distinta a la de 2018, lo cual incrementará
la opacidad y la confusión en la ejecución del gasto público; se producirá una
merma adicional en la eficiencia del gasto público y en la presencia del Estado
en todo el territorio nacional, lo cual incidirá en un deterioro de la
gobernabilidad y afectará la calificación de riesgo del país.
Cabe indicar que el dictamen emitido por la Comisión
de Finanzas Públicas introdujo algunas mejoras respecto de la iniciativa de ley
presentada por el Ejecutivo: redujo en un moto importante (más de Q3.3
millardos) el excesivo techo del gasto público propuesto originalmente, a la
vez que se preservaron varias normas positivas de control del gasto público, se
rescataron otras normas que estuvieron vigentes en 2017 y que se habían obviado
en la propuesta del Ejecutivo, y se eliminó la disposición que pretendía
aprobar que el PNUD se encargara de la ejecución de la obra a cargo del Ministerio
de Comunicaciones.
No obstante dichas mejoras, el dictamen aún conserva
varias disposiciones muy negativas que es menester corregir. Por ejemplo,
todavía el déficit fiscal implícito en el presupuesto superaría el límite
razonable del 2% del PIB; se mantiene la posibilidad de que el Ministerio de
Finanzas Públicas pueda trasladar recursos presupuestados en el grupo de gasto
0 (servicios personales) para cualquier otro grupo que éste considere
conveniente; y, persisten normas que permiten que los recursos financieros
provenientes de deuda pública puedan usarse para financiar gasto corriente, lo
cual es una aberración económica y viola el contenido de la Ley Orgánica del
Presupuesto.