lunes, 27 de noviembre de 2017

Incertidumbre

Si no se aprueba el Presupuesto del Estado para 2018 se agravará la percepción de riesgo-país y habrá mayor incertidumbre en la actividad económica. Pero antes de aprobarlo, el Pleno del Congreso debe hacerle correcciones importantes que eviten el despilfarro y la opacidad. Lo malo es que casi ya no hay tiempo para hacerlo.

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado es una herramienta fundamental para guiar la gestión anual de los tres poderes del Estado y es el marco de referencia para establecer las prioridades de las políticas públicas del gobierno, así como para evaluar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos fiscales. La existencia de un presupuesto gubernamental, aprobado conforme a ley por el Congreso de la República, es fundamental no solo para dar certeza a los agentes económicos sobre el accionar gubernamental, sino para contribuir a la gobernabilidad del país.

Desafortunadamente hay un elevado riesgo de que el Congreso no logre aprobar el presupuesto para 2018. La semana anterior, la bancada oficial fracasó en su intento de conseguir los votos necesarios para tal efecto y no logró que la instancia de Jefes de Bloque acordara levantar sesión permanente que mantiene ocupado al Pleno para que entre a conocer en primera lectura el dictamen aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas. Así, los tiempos establecidos en Ley para la aprobación del presupuesto por la vía de tres lecturas están agotados; ahora solo podrá lograrse una aprobación de urgencia nacional, para lo cual se requieren 105 votos.

Si el Congreso no logra lo anterior, el Gobierno deberá trabajar el año próximo con el mismo presupuesto de 2017, lo cual producirá múltiples consecuencias negativas: se perderá certeza jurídica respecto de las actuaciones del gobierno y sus interacciones con la actividad productiva, lo cual mermará la ya desacelerada actividad económica; se generarán transferencias que inevitablemente el gobierno deberá multiplicar para hacer operativo un presupuesto diseñado para una realidad distinta a la de 2018, lo cual incrementará la opacidad y la confusión en la ejecución del gasto público; se producirá una merma adicional en la eficiencia del gasto público y en la presencia del Estado en todo el territorio nacional, lo cual incidirá en un deterioro de la gobernabilidad y afectará la calificación de riesgo del país.

Cabe indicar que el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas introdujo algunas mejoras respecto de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo: redujo en un moto importante (más de Q3.3 millardos) el excesivo techo del gasto público propuesto originalmente, a la vez que se preservaron varias normas positivas de control del gasto público, se rescataron otras normas que estuvieron vigentes en 2017 y que se habían obviado en la propuesta del Ejecutivo, y se eliminó la disposición que pretendía aprobar que el PNUD se encargara de la ejecución de la obra a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

No obstante dichas mejoras, el dictamen aún conserva varias disposiciones muy negativas que es menester corregir. Por ejemplo, todavía el déficit fiscal implícito en el presupuesto superaría el límite razonable del 2% del PIB; se mantiene la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas Públicas pueda trasladar recursos presupuestados en el grupo de gasto 0 (servicios personales) para cualquier otro grupo que éste considere conveniente; y, persisten normas que permiten que los recursos financieros provenientes de deuda pública puedan usarse para financiar gasto corriente, lo cual es una aberración económica y viola el contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto.

El desafío ahora es que el oficialismo acepte que deben hacerse las correcciones que el presupuesto aún necesita y que, al mismo tiempo, la oposición comprenda que oponerse a aprobar el presupuesto con el único fin de perjudicar la gestión del gobierno el próximo año es una estrategia que no daña solamente el gobierno, sino que perjudica el bienestar de todos los guatemaltecos. Ojalá prevalezca la sensatez.

lunes, 20 de noviembre de 2017

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.

lunes, 13 de noviembre de 2017

DEGRADADOS

El desafío de recuperar la calificación de riesgo-país pasa por reformar profunda y adecuadamente las principales instituciones del Estado, empezando por el sistema político. Nos lo repiten los expertos desde el exterior. ¿Acaso es muy difícil de comprenderlo internamente?

En los últimos días Guatemala ha sufrido una merma de sus calificaciones en varios indicadores a nivel internacional. El caso más grave es la reciente reducción de la calificación de riesgo-país por parte de la firma Standard & Poor’s -S&P-, que decidió (luego de que el año pasado ya había anunciado una perspectiva negativa para nuestro riesgo soberano) bajarnos del nivel de BB a uno de BB-.

Dicha reducción puede tener un impacto negativo sobre la economía nacional pues muy probablemente se traducirá directamente en un encarecimiento del crédito externo (al gobierno, principalmente, aunque también al segmento más sofisticado del sector empresarial que se financia con recursos externos) lo cual indirectamente, redundará en una restricción de las condiciones financieras domésticas que, a su vez, afectará los niveles de producción y la generación de empleos.

Cabe indicar que este tipo de decisiones la toman las calificadoras excepcionalmente, y sólo cuando estiman que existen razones de fondo que justifican dicho cambio. Vale la pena recordar que S&P venía dándonos advertencias desde hace años respecto de las principales debilidades del país y sobre los aspectos podrían generar una reducción de la calificación. Esta vez se acabaron las advertencias y directamente decidieron que el país ya no merecía la calificación que ostentó desde 2006.

El razonamiento detrás de la rebaja parte del señalamiento de que el sistema político atrofiado y disfuncional que tenemos no permite que el país sea capaz de aprobar e implementar las reformas estructurales (institucionales y fiscales) que el país necesita y, además genera un clima de incertidumbre que ahuyenta la inversión. Esa falta de acuerdos impide que las instituciones del estado se fortalezcan y provoca que se recauden muy pocos recursos fiscales, lo que provoca que la inversión pública sea muy baja. Lo anterior tiene un importante efecto macroeconómico: el crecimiento de la producción nacional es muy lento y esto, a su vez, mantiene elevados los niveles de pobreza.

Y, precisamente, el lento crecimiento económico y los altos niveles de pobreza son los dos factores que más preocupan al S&P, pues implican un mayor riesgo de imposibilidad de pago de la deuda pública y un mayor riesgo de ingobernabilidad. Es similar al caso de una empresa que utiliza créditos para operar: cualquier empresa que no crezca lo suficiente, o que sufra de conflictos obrero-patronales, será muy riesgosa para ser sujeto de crédito.

Recobrar la calificación anterior no será fácil; conllevará esfuerzos y decisiones que, hasta ahora, no hemos sido capaces de adoptar. El informe de S&P da luces de los desafíos que enfrentamos. Primero hay que reformar el sistema político para generar gobernabilidad y viabilizar los acuerdos de reforma institucional. Segundo, esta reforma debe incluir las áreas de justica, servicio civil, infraestructura y control del gasto público que hagan funcional al Estado. Tercero, el desempeño fiscal debe mejorarse para que mejore la calidad del gasto público al tiempo que aumenta la capacidad de recaudación del gobierno. Solo si se logra todo lo anterior podrá haber más inversión, más crecimiento y más empleo, lo cual se traducirá en una reducción de la pobreza, con lo que los riesgos de impago y de gobernabilidad disminuirán.

No solo S&P sino que el resto de calificadoras, además de organismos financieros y tanques de pensamiento internacionales, así como la propia política estadounidense hacia Centroamérica, coinciden en que esas son las reformas cruciales que el país debe emprender. ¿Por qué es tan difícil que así lo vean los distintos liderazgos nacionales?

lunes, 6 de noviembre de 2017

¿Cuántos Empleados Públicos Hay?

¿Por qué extraña razón se incumple con un mandato legal vigente para revelar cuántos empleados públicos hay, qué plazas ocupan y cuánto devengan (incluyendo "bonos")? ¿Cómo puede la Contraloría fiscalizar el rubro de remuneraciones si no sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son los empleados públicos?

Más del 30% del total del presupuesto de gastos del Estado se destina a pagar sueldos y salarios; eso significará un monto, según el proyecto de presupuesto que actualmente se discute, de alrededor de Q25.8 millardos en 2018. Este rubro es tan importante dentro del proceso presupuestario que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 238, indica específicamente que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará “…la forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas”.

Dada su importancia, resulta injustificable el poco cuidado que se ha tenido en mantener actualizadas las regulaciones relativas al servicio civil y las clases pasivas, así como al efecto presupuestario que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo o el pago arbitrario de “bonos de riesgo” o “de productividad” que ahora proliferan desordenadamente. Lo que es más grave aún es que no se sepa con certeza el número de empleados públicos que existe en cada dependencia, ni el renglón presupuestario al que pertenecen. Ni la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, ni el Ministerio de Finanzas Públicas saben a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay, o bajo qué renglón se encuentran, o en qué entidad prestan sus servicios.

Para 2017 se tenía previsto el levantamiento de un “censo” de los trabajadores del sector público; a principios de año las autoridades señalaron que los ministerios de Educación y Salud serían los primeros donde se llevaría a cabo tal “censo”, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, el RENAP y la propia ONSEC, utilizando para ello la infraestructura del INE y financiamiento de la Unión Europea. Se suponía que los resultados podrían conocerse en el segundo semestre del año. Por su parte, el MINFIN señaló que planeaba publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Sin embargo, a la fecha el “censo” no se ha realizado y solo el MINFIN ha cumplido parcialmente al publicar en su portal de internet información sobre el personal permanente del ejecutivo. Por ello es necesario recordar que en 2016 el Congreso emitió el Decreto 20-2016 (Ley para la Viabilización de la Ejecución del Presupuesto de ese año), cuyo artículo 6 establece la obligación de publicar la nómina de personal permanente de las entidades de Gobierno Central, sin más trámite y de manera inmediata, incluyendo los salarios y otras retribuciones que se paguen, y extiende dicha obligación a las entidades autónomas y descentralizadas, a las empresas públicas y a las municipalidades.

Es verdaderamente escandaloso que siendo no solo una necesidad absoluta para lograr la correcta administración de los recursos financieros del Estado sino, además, una obligación legal, aún no se haya dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Decreto 29-2016, por parte de cada entidad del sector público. Uno de los mejores legados que el actual gobierno puede dejarle al país es el de llevar a cabo ese necesario y urgente inventario de todos los empleados del Estado. Ello no solo es crucial como un primer paso para sustentar la necesaria reforma al sistema de servicio civil (que se ha convertido en un botín del corrompido sistema político), sino que arrojaría información indispensable para mejorar la calidad del gasto gubernamental y su adecuada fiscalización. Mientras no sepamos en detalle cuántos y quiénes son los empleados públicos, ningún incremento en ese rubro presupuestario tendrá justificación moral.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...