Empleados Públicos: un Agujero Negro

La reforma del sistema de servicios civil es complementaria de la reforma del sistema electoral y de partidos políticos. Ambas reformas son imprescindibles para que nuestro país sea viable en el futuro.

El costo de los salarios de los empleados públicos es una carga cada vez más pesada para el presupuesto del Estado. Este renglón aumentó dramáticamente en un 80 por ciento entre 2009 y 2013; eso equivale al doble del crecimiento registrado por los ingresos tributarios en el mismo período. Una gran parte de la explicación de tal aumento subyace en la proliferación de pactos colectivos suscritos sin ninguna directriz durante los últimos 20 años.  En 1998, la masa salarial de los empleados públicos representaba un 24 por ciento del presupuesto, mientras que en la Administración Pérez Molina llegó a representar el 37 por ciento. En el proyecto de presupuesto para 2019, dicho porcentaje del presupuesto ascendería a 37.2 por ciento.

Esta carga se está saliendo de control y ya resulta impostergable encontrar maneras de corregir estructuralmente el problema, entre las que se cuenta el saber con certeza el número de empleados públicos por dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen, la revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas, así como regular adecuadamente la suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo en entidades públicas.

Es bien sabido que los puestos en la administración pública han sido utilizados desde hace años con fines políticos –las plazas de trabajo en el gobierno se usan como prebendas para los correligionarios políticos-, lo cual ha pervertido simultáneamente el sistema electoral y de partidos políticos y el sistema del servicio civil. Ambos sistemas necesitan ser reformados profunda y prontamente.

El primer paso es conocer con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, así como bajo qué renglón se encuentran nominalmente y en qué entidad prestan sus servicios. Sin un inventario completo de toda la planilla de empleados del gobierno resulta imposible saber cuál es el verdadero costo que significan los salarios y prestaciones para el erario público.

Una de las ofertas del actual gobierno, que se plasmó en el proyecto de presupuesto del Estado para 2017 (pero no en el de 2019), era la de hacer un censo de los trabajadores del sector público. El censo lo realizarían el INE, el RENAP y la ONSEC, y sería financiado por medio de una cooperación de la Unión Europea. Por su parte, el MINFIN señaló hace meses que hacían los últimos ajustes para publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Por desgracia, hasta hoy el referido censo no ha sido realizado y se ha incumplido con el Decreto 29-2016, “Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”. Sin saber cuántos empleados públicos existen, el rubro de remuneraciones para empleados públicos (que supera los Q25 millardos presupuestados para 2019)  seguirá siendo un agujero negro que se tragará insaciablemente todos los recursos de los contribuyentes.

¿Qué Buscan los Emigrantes?

Detrás de las migraciones de centroamericanos hay un problema esencialmente económico; y, detrás de este, la fallida institucionalidad de unos Estados incapaces de generar un ambiente propicio para la actividad económica, la inversión y el empleo

El continuo éxodo de centroamericanos, amplificado por la marcha de miles de catrachos que comenzó hace unos días, recorre como un escalofrío la espina dorsal de la Sierra Madre, desde Honduras hasta Arizona, afectando la vida política de la región -incluyendo las elecciones legislativas en los Estados Unidos- y poniendo en entredicho sus políticas públicas -incluyendo el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte-. Independientemente de si la marcha de los emigrantes hondureños fue provocada por intereses políticos o si, por el contrario, fue espontánea, el hecho es que esta no podría haber sucedido sin el factor de desesperación que induce a los refugiados económicos a huir en busca de mejorar su nivel de vida.

Está demostrado que los ingresos económicos que una persona puede generar dependen grandemente del lugar donde vive. Una persona de clase media en los Estados Unidos es mucho más rica que un clasemediero centroamericano y supremamente más que un pobre que no encuentra siquiera oportunidades de obtener un empleo por estos lares. Los habitantes de los países desarrollados ganan más dinero debido, en parte, a que sus mejores niveles de nutrición y de educación los hacen más productivos. Pero la productividad también depende, y crucialmente, de las condiciones del entorno, como lo demuestran los hechos y los datos.

Un estudio del Centre for Global Development mostró que, después del terremoto de Haití en 2010, el ingreso monetario de un grupo de campesinos haitianos que pudo viajar con visas de trabajo a los Estados Unidos se incrementó rápidamente en más de 1,400% respecto del ingreso de quienes se quedaron en la isla. Simplemente el haberse trasladado a un país donde impera la ley, con buena infraestructura y servicios públicos esenciales, con instituciones fuertes, y con mercados funcionales y empresas sofisticadas, hizo que los haitianos se tornaran dramáticamente más productivos. Y lo mismo pasa, seguramente, con los emigrantes centroamericanos que, en cuanto llegan a los Estados Unidos, envían remesas por montos que superan con creces los magros ingresos que generaban cuando vivían acá.

La tragedia humanitaria de la que estamos siendo testigos en tiempo real no puede ser abordada adecuadamente si no se reconocen las causas económicas subyacentes a la desesperada decisión de emigrar. El gobierno estadounidense debe reconocer que mientras las diferencias del entorno sean tan abismales entre su país y el nuestro, no habrá muros ni batallones que detengan a los atribulados emigrantes centroamericanos. Y los gobiernos del Triángulo Norte deben admitir el fracaso estatal en proveer las condiciones básicas que impulsen la productividad de nuestros conciudadanos: imperio de la ley, instituciones eficientes, y servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, educación básica, nutrición infantil, salud primaria, infraestructura esencial). Hacia estas prioridades debería enfocarse los esfuerzos (los de Estados Unidos y los nuestros) en una verdadera Alianza para la Prosperidad.

Sin Capital Humano No Hay Desarrollo

La baja calificación de Guatemala en materia de capital humano refleja los paupérrimos indicadores en nutrición y calidad educativa

El capital humano (concepto difuso que se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan a lo largo de su vida) ha sido un factor clave para lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en muchos países, pero, por desgracia, no tanto en el caso de Guatemala. Nuestra incapacidad de invertir en la nutrición, la salud y la educación de nuestros niños ha puesto en peligro de estancamiento la productividad sistémica y el crecimiento del PIB per cápita del país.

El jueves pasado, el Banco Mundial publicó su nuevo Índice de Capital Humano -ICH- que intenta medir esta variable para 157 países, incluyendo Guatemala. El ICH combina cinco indicadores de salud y educación, incluyendo tasas de mortalidad, desnutrición y años de escolaridad que se espera sean completados por los niños, con base en los cuales se mide cuánto capital humano será capaz de acumular un infante que nazca hoy.

De los 157 países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 109, con un ICH que no solo es más bajo de lo que cabría esperar dado el nivel de ingresos del país, sino que es el peor de todo el continente (con excepción, claro, de Haití). En comparación, Honduras ocupa el puesto 103, El Salvador el 97, Nicaragua el 92, Panamá el 91 y Costa Rica el 57. El mejor ubicado de Latinoamérica es Chile (46), mientras que los mejor calificados del mundo son Singapur, Corea del Sur y Japón.

Aunque nuestro indicador de mortalidad infantil no está mal (en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo), la baja calificación de Guatemala se debe a los indicadores de escolaridad y de nutrición, en los que mostramos unas brechas escandalosas. En educación, si bien un niño guatemalteco puede esperar completar 9.7 años de escolaridad, cuando este indicador se ajusta por la calidad del aprendizaje (medida mediante pruebas de conocimiento) la expectativa de años de escolaridad de un niño guatemalteco se reduce a 6.3 años. Pero lo más grave está en el indicador de nutrición: 47 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición, cifras subsaharianas que implica un grave riesgo de que nuestros niños sufran limitaciones físicas y cognitivas que afectarán de por vida su capacidad productiva.

Resulta, pues, urgente que las políticas públicas prioricen la mejora en la calidad educativa y la reducción de la desnutrición crónica infantil, pues de ello depende crucialmente la posibilidad de mejorar el capital humano y la capacidad de crecimiento económico del país. Los índices como el ICH no deben ser solo ejercicios académicos, sino que deben servir de herramientas que motiven al gobierno a priorizar acciones urgentes, concretas y medibles para reducir la desnutrición y mejorar la calidad educativa. Cuanto más nos tardemos, mayor será el atraso en el desarrollo económico de Guatemala.

Retrocesos Electorales

Las reformas de 2015 a la Ley Electoral fueron chapuces. Las pocas buenas reformas de 2017 recién las mató la CC. No queda más que insistir y presionar a la próxima legislatura para que haga una verdadera reforma a la LEPP de cara a las elecciones de 2023

 El sistema político del país no está funcionando. En medio de negros nubarrones en el entorno político y en el ambiente económico, los liderazgos están ausentes, sin posiciones ni propuestas, y los partidos políticos incumplen con su rol fundamental de ser intermediarios entre la ciudadanía y los poderes del Estado. La evidente necesidad de una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos se convirtió en una oportunidad desperdiciada con las apresuradas reformas a la Ley Electoral (de “primera generación”) aprobadas por el Congreso en octubre de 2015 y las igualmente precipitadas reformas (de “segunda generación”) dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en diciembre de 2017, sobre las cuales recientemente emitió opinión la Corte de Constitucionalidad -CC-.

Como resultado de las reformas “de primera generación”, el TSE se encuentra ahora mismo dando palos de ciego sin encontrar cómo aplicar la normativa legal ni cómo reglamentar materias tan importantes como ¿pueden los dirigentes y partidos políticos expresar opiniones sobre temas de trascendencia nacional -como ocurre en cualquier país civilizado- sin incurrir en campaña anticipada?, ¿cómo impedir que un contratista del Estado puede postularse como candidato?, ¿cómo regular la propaganda política en las redes sociales?, o ¿cómo distribuir equitativamente los espacios publicitarios durante la campaña?.

Si eso es preocupante, más desalentador resulta aún que, como resultado de las reformas “de segunda generación”, la Corte de Constitucionalidad haya emitido una serie de opiniones que ponen en entredicho la posibilidad de que en un futuro podamos aplicar una verdadera reforma del sistema. Por un lado, al hacer su análisis  los magistrados se excedieron de la estricta revisión de la constitucionalidad de las reformas e introdujeron consideraciones que, independientemente de su validez o pertinencia, son de carácter político, materia que no es propia de la función jurisdiccional de la CC.

Por otro lado, y más grave aún, la opinión de la CC entraña un grave retroceso en la modernización del sistema electoral, al avalar el aumento de los requisitos mínimos de afiliados para la creación de los partidos políticos, lo cual implica una barrera adicional a la participación política de los ciudadanos. Y, por si no fuera suficiente, la CC se trae al suelo dos de las pocas reformas positivas que planteaba el dictamen de 2017, al no dar opinión favorable a la creación de subdistritos electorales, ni a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un voto directo, preferente o por medio de los listados cerrados desbloqueados, con lo cual la CC condena al sistema electoral a seguir siendo poco representativo y a alejar cada vez más a los electores de sus representantes electos.

Así, las próximas elecciones se vislumbran llenas de incertidumbre y con pocas posibilidades de un cambio positivo en la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Habrá que insistir y perseverar para impulsar las reformas a la Ley Electoral que de verdad aseguren un mejor sistema electoral en 2023, siempre que los futuros magistrados constitucionales tengan más luces en este tema que los actuales.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.