TRADICIÓN QUE CREA VALOR

Semana Santa: cultura viva que une, produce y sostiene al país

Cada año, la Semana Santa guatemalteca logra algo poco frecuente en la vida pública: suspende el ruido. Aun quienes no profesan la fe se detienen ante la solemnidad de las procesiones, el esplendor de las andas, la espesura del incienso que marca el paso del tiempo y esos silencios densos que, por un momento, nos ordenan. Hay ahí una forma de coordinación social que no pasa por decretos ni por presupuestos, sino por acuerdos tácitos, repetidos y perfeccionados generación tras generación.

En economía solemos hablar de “capital social” para referirnos a redes de confianza y normas compartidas que reducen los costos de transacción. La Semana Santa —y, en general, las diversas expresiones de cultura popular— es una fábrica de ese capital. Organiza miles de voluntades, alinea incentivos, transmite reglas no escritas y produce bienes valiosos públicos: convivencia, identidad, pertenencia y cooperación. No es algo menor en un país donde la desconfianza institucional es elevada.

Además, la tradición no es estática. Como bien apunta Chango Spasiuk, no es repetición mecánica de costumbres, sino una fuerza viva que se reinventa en el presente. En Guatemala lo vemos con claridad: innovaciones en diseño de alfombras, mejoras en logística de recorridos, nuevas generaciones que reinterpretan la música sacra y los oficios. Es un proceso evolutivo, no un museo.

También hay un ángulo económico más directo. La Semana Santa moviliza cadenas de valor completas: turismo, hotelería, transporte, gastronomía, artesanía, floricultura, música, conservación de bienes culturales. Genera empleo temporal y permanente, derrama ingresos en múltiples territorios y, bien gestionada, puede elevar la productividad local. Es, en términos sencillos, una “industria cultural” con profundas raíces comunitarias. Sin embargo, nuestra política pública trata estas expresiones como si fueran un lujo ornamental. El resultado es subinversión, coordinación deficiente y, en ocasiones, regulaciones improvisadas que encarecen o dificultan la organización. Aquí hay una oportunidad clara: diseñar políticas que potencien —sin capturar ni burocratizar— estas dinámicas.

¿Qué implicaría un enfoque sensato? Primero, infraestructura y servicios públicos a la altura de la escala del evento: movilidad, limpieza, seguridad, información. Segundo, esquemas de cofinanciamiento transparentes para la conservación del patrimonio material e inmaterial. Tercero, reglas claras y simples que reduzcan fricciones a organizadores y participantes. Cuarto, medición: cuantificar el impacto económico y social para asignar recursos con criterio, no por intuición. Y, sobre todo, respeto por la autonomía de las comunidades, hermandades y cofradías que sostienen la tradición.

Hay un punto de fondo. En tiempos de polarización, las sociedades necesitan espacios donde reconocerse sin intermediarios. La cultura popular cumple esa función: es un lenguaje común que no depende de alineamientos partidarios. Invertir en ella no es un gesto romántico; es una política de cohesión social con retornos en gobernabilidad. Guatemala posee en la Semana Santa un activo extraordinario y, como suele ocurrir con lo propio, lo damos por descontado. Privilegiando lo espiritual y respetando lo cultural, conviene también mirarlo con ojos económicos: como un sistema complejo que genera valor, coordina conductas y fortalece instituciones informales. La tradición, bien entendida, no mira hacia atrás; empuja hacia adelante. Y si el Estado decide acompañarla con inteligencia, el país entero gana.

Apretar y Relajar, en Ese Orden

Existen dos estrategias de distanciamiento social: confinamiento estricto y distanciamiento relajado. Por ahora, prevalece el primero

Alrededor del mundo los gobiernos están tratando de vislumbrar la mejor manera de “aplanar la curva” de contagios de covid-19 y, una vez logrado este objetivo, aplicar una estrategia de salida gradual del distanciamiento social al que han sometido a sus ciudadanos. En ausencia de una vacuna, la política de salud pública más efectiva para reducir la tasa de contagios es el confinamiento, que acarrea efectos económicos devastadores.

Existen dos estrategias de distanciamiento social. Una es la de contención, que busca la inmunización gradual de grupo e implica aislar solamente a los segmentos de población vulnerables (ancianos y enfermos crónicos) y dejar que el resto de la población se contagie gradualmente; al principio de la pandemia varios países (como Brasil, Reino Unido, México, Singapur y Suecia) ensayaron esta estrategia. La otra es la estrategia de supresión, con medidas de distanciamiento que implican el confinamiento de las personas; desde el principio, la mayoría de países (como China -Wuhan-, Italia, España, la República Checa y Guatemala) lo aplicaron con distintos grados de rigidez. Dada la elevada tasa de contagios (y muertes) la estrategia de contención ha sido paulatinamente abandonada por quienes quisieron aplicarla.

Para Guatemala resulta útil sacar lecciones prácticas de lo que han estado haciendo otros países. En Europa, los dos casos (exitosos, pero contrapuestos) que más han llamado la atención son los de Suecia -que ha aplicado medias más relajadas, en línea con una política de contención- y la República Checa -que se decantó por la política de supresión-. Ambos países tienen poblaciones similares, pero los resultados en cuanto a contagios y muertes favorecen claramente a los checos.

En cuanto al desempeño económico, por ahora, el resultado ha sido más favorable a Suecia (que no confinó a su población), pero esto será así solo en el cortísimo plazo, pues Chequia está empezando uno de los procesos de reactivación gradual más prometedores ensayados hasta ahora. Hace una semana se convirtió en el primer país en levantar varias de sus medidas de distanciamiento social: autorizó practicar ejercicio al aire libre, se reabrieron las escuelas primarias, se autorizó la apertura de algunos comercios (construcción, ferretería y talleres) y se permitieron los viajes esenciales al exterior (aunque las fronteras de entrada permanecen cerradas). Durante el confinamiento estricto, los checos fortalecieron la capacidad del sistema de salud (incluyendo su capacidad de hacer pruebas de contagio) y aprobaron un paquete de estímulo fiscal equivalente al 18% del PIB (el tercero más grande de Europa) destinado a mantener los empleos.

La lección es que, a medida que aumentan los contagios (y los muertos) el enfoque sueco (contención continua) se vuelve políticamente insostenible… incluso para Suecia. El enfoque checo (supresión estricta, pero temporal) parece más prometedor, especialmente porque toma en cuenta que más de tres meses de confinamiento son también políticamente insostenibles. La estrategia de confinamiento temporal parece ser la correcta: apretar duro al principio, pero solo mientras se fortalece el sistema de salud (médicos, camas, tests) para poder relajar gradualmente el confinamiento; eso sí, conscientes de que hay que estar preparados para endurecer otra vez las medidas si (Dios no lo quiera) una segunda oleada de contagios llega a producirse.

Los Siete Pecados de la Sociedad

La ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

En octubre de 1925, Mahatma Gandhi publicó en un periódico de su India natal una lista de lo que consideraba las siete actitudes sociales –que podríamos llamar “anti instituciones”- que debilitan, socavan y, finalmente, destruyen las posibilidades de convivencia pacífica y de prosperidad material de cualquier país. Estos siete pecados sociales –que reflejan la pérdida de los valores esenciales, de las virtudes personales y de la ética; es decir, un deterioro de la cultura de las naciones- están evidentemente presentes en nuestra realidad cotidiana y amenazan con destruir nuestras posibilidades de desarrollo.

Uno, la política sin principios: nuestro sistema político se ha deteriorado continuamente, al punto que el principal incentivo por el cual las personas se involucran en la política partidista parece ser la búsqueda de enriquecerse –legal o ilegalmente- mediante el control de los recursos del erario público. Un resultado nefasto de este pecado es que las personas éticas y con principios prefieren alejarse del quehacer político, dejando la cancha libre a los menos capaces y más corruptibles. Dos, la riqueza sin trabajo: nuestra tendencia a celebrar al más listo, al que evade impuestos, al que piratea la señal de cable del vecino, al que se hace rico de la noche a la mañana con un negocio turbio, aunada a la ausencia de justicia, han normalizado el parasitismo social.

Tres, el placer sin responsabilidad: cuando no va acompañada del ejercicio de la responsabilidad, la legítima búsqueda del goce personal degenera en vicios que en última instancia causan costos a toda la sociedad (ya sea por los costos médicos, por el tiempo laboral perdido o por los daños ambientales que tales vicios generan). Cuatro, los negocios sin moral: el incumplimiento de contratos, la deslealtad al competir, la búsqueda de privilegios y “conectes” con el gobierno son todas prácticas que han proliferado, dañando gravemente el clima de negocios y la eficiencia de la economía.

Cinco, la ciencia sin humanidad: se ha hecho común emitir estudios técnicos (de impacto ambiental, de supervisión de obras públicas, de calidad de medicamentos) que utilizan la ciencia con fines perversos que acaban por infligir un severo daño a toda la ciudadanía. Seis, la religión sin sacrificio: el evangelio de la prosperidad y el de la licencia para pecar –ante la misericordia divina que todo lo perdona- generan un divorcio entre la fe que se dice profesar y la vida que se vive, lo cual termina por convertir a las iglesias en instrumentos al servicio de ladrones y corruptos. Y siete, la educación sin carácter: un magisterio no solo mal preparado, sino que más interesado en obtener privilegios sin esfuerzo que en formar a la niñez, es una receta para inculcar mediocridad y falta de carácter en las generaciones futuras.

La proliferación de estos siete pecados socava las instituciones gubernamentales, pero, al mismo tiempo, la debilidad de esas instituciones fomenta que tales pecados se cometan cada vez con más impunidad, configurando así un perverso círculo vicioso. Es cierto que una reforma institucional no es garantía de nada, pero también lo es que la ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

Como Si Todo Estuviera "Normal"

La situación en el país dista mucho de ser "normal". Urgen soluciones de fondo en vez de parches. Se necesita un acuerdo nacional que debe construirse desde ya

Poco a poco -y a pesar de las absurdas limitaciones impuestas por la Ley Electoral- los candidatos presidenciales están teniendo más exposición ante los medios de comunicación y ante los votantes, y han comenzado -a cuenta gotas- a presentar sus propuestas de gobierno, sus personalidades, sus pretendidas virtudes que los diferencian de sus competidores. Lo que más llama la atención es que todos ellos, con contadísimas excepciones, lo que proponen es “administrar mejor” la cosa pública, “mejorar” las políticas existentes, o “rescatar” las que ya se han ensayado en algún momento del pasado reciente (sean las de descentralización, combate a la corrupción, o las transferencias de efectivo, por ejemplo).

Ese tono de normalidad de las propuestas de campaña contrasta con una realidad que se está desvelando como devastadora: la reciente captura y enjuiciamiento de varios candidatos ya inscritos en este proceso electoral, por parte de las autoridades antinarcóticas de los Estados Unidos, pone de manifiesto hasta qué grado el crimen organizado ha permeado un sistema de partidos políticos ya de por sí atrofiado por su diseño patrimonialista, que ha logrado destruir el rol de los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el gobierno, hasta convertirlos en franquicias para acceder a negocios –lícitos e ilícitos- con los recursos del Estado.

Sobre este sistema político perverso se escenifica un persistente y cada vez más grave proceso de deterioro de las instituciones estatales, en las que la mediocridad y la improvisación han echado raíces. La administración de justicia –esencial para la convivencia social y el funcionamiento de los mercados- es tardía e impredecible. La burocracia –que debería estar profesionalmente al servicio del contribuyente- se ha convertido en moneda de pago para correligionarios y amiguetes. Este deterioro generalizado está corroyendo vorazmente la confianza ciudadana (el “capital social”) indispensable para que la sociedad y la economía progresen y generen bienestar.

Parece que los líderes políticos y sus asesores no se han percatado de que la situación dista mucho de ser normal y que la solución a la grave crisis institucional, que impide el desarrollo del país, no pasa por “administrar mejor” la precaria realidad, ni por ofrecer pequeños programas de alivio a la profunda incapacidad institucional del Estado. Las grandes reformas que el país necesita (en su sistema electoral y de partidos políticos, en su sistema de justicia, en su servicio civil o en la gestión y control del gasto público) parecen estar ausentes de las propuestas electorales.

La realidad exige que los candidatos a dirigir los destinos del país (algunos de ellos, los mejores de ellos) se planteen, con visión de Estado, priorizar estas grandes reformas, sabiendo que las mismas solo podrán lograrse mediante un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debe construirse desde ya. Quizá sea ingenuo esperar que en plena campaña surja la iniciativa de un grupo de candidatos rivales para comprometerse a impulsar, gane quien gane, una agenda mínima de reformas que el país reclama a gritos. Pero en tiempos de crisis, lo último que debemos perder es la esperanza.

La Ausencia Mortal del Estado

La ausencia del Estado es aún más grave cuando ya no solo entorpece el progreso sino que, peor aún, fracasa en proteger el bien más preciado de un ciudadano: su vida

Si el estado existe es porque un grupo de individuos decidió organizarse alrededor del compromiso de sustentar la vida en sociedad, razón por la cual establecieron un contrato social para que cada uno se desarrolle y prospere según su potencial. Por eso nuestra Constitución establece que el estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Por desgracia, resulta evidente que ese objetivo central –la protección y el mejoramiento del ciudadano- no se está logrando. Este fracaso es atribuible, en gran medida, a la ausencia del estado y a la debilidad de sus instituciones.

Y en estos días abundan los casos que así lo señalan. Un ejemplo lo tenemos en el caos cotidiano del tráfico en la ciudad, donde se irrespetan las normas ante la absoluta pasividad (o ausencia) de la policía de tránsito que agrava el caos cuando permite (aunque esté prohibido) circular motos -con dos o más ocupantes- junto a los carros, o cuando deja que los vehículos se estacionen en donde les da la gana, ya sea frente a la lujosa Fontabella, o a lo largo de la humilde Atanasio Tzul.

Otro caso lo vimos en el área rural, donde un ex comandante guerrillero lidera una invasión de fincas en la zona de Cubilgüitz y se presenta, amenazante, al mando de un “ejército” privado de uniformados con playeras rojas, a negociar con una débil (o, en la práctica, ausente) autoridad local que no ejerce como tal. Esta ausencia del estado –en ambos casos- impide que impere la ley y, por ende, obstaculiza el bienestar y el progreso de los ciudadanos.

Pero la ausencia del estado es aún más grave cuando ya no solo entorpece el progreso sino que, peor aún, fracasa en proteger el bien más preciado de un ciudadano: su vida. El espeluznante y bochornoso linchamiento -quemándolos vivos- de una pareja de supuestos sicarios a manos de un grupo de taxistas es indicativo de un deterioro alarmante de los valores sociales; pero el hecho de que el linchamiento haya ocurrido a plena luz del día y frente a la mirada complaciente (o ausente) de unos policías mal entrenados y sin noción de cómo actuar, es señal de un fracaso total de la entidad a cargo de la seguridad pública.

También la indescriptible tragedia en Nahualá, donde una veintena de guatemaltecos murieron atropellados por un camión que circulaba a alta velocidad por la noche, con poca iluminación, atravesando un lugar poblado sin señalización. La ausencia de regulaciones -y de autoridades que las hagan cumplir- respecto de las carreteras nacionales ocasiona que en sitios como San Lucas, Chimaltenango, Cuyotenango el tráfico no solo esté colapsado, sino que se ponga en peligro continuo la vida de los vecinos, ante la indolencia de la Dirección General de Transporte para actuar y coordinarse con otras autoridades para atender este monstruoso problema.

En todos estos casos hay un factor común: la ausencia del estado y la debilidad institucional. Si las instituciones del estado no se fortalecen, éste estará cada vez más ausente e imposibilitado de cumplir con su rol fundamental de velar por la protección y el progreso de los ciudadanos.

Un Gran Debate Nacional: ¿la Solución?

Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

El Presidente de la República fue electo, postulado por un partido político nuevo, de derecha moderada. Los votantes lo eligieron, entre otras razones, por ser relativamente joven y nuevo en el tinglado político, lo que entrañaba la ansiada posibilidad de que un outsider, una vez en el poder, pudiera cambiar las viejas maneras de hacer política. El Presidente comenzó su mandato con entusiasmo, proponiendo cambios que se alineaban con las expectativas ciudadanas de una profunda reforma de la gestión pública.

Sin embargo, pronto se encontró con realidades políticas que dificultaron su gestión y obstaculizaron los cambios anhelados. Proliferaron las protestas de diferentes grupos exigiendo, unos, modificar el rumbo de los cambios y, otros, acelerar las reformas. La reacción del gobernante fue la de poner oídos sordos a las voces de los descontentos e improvisar medidas bajo presión llegando, incluso, a recurrir a la fuerza pública para reducir al orden a sus opositores.

Desafortunadamente, el descontento fue escalando y el nivel de confrontación aumentó a tal grado que incluso muchos de quienes apoyaban la postura del Presidente empezaron a resentir los efectos negativos que la incertidumbre y la confrontación estaban ejerciendo sobre su actividad comercial y su viabilidad económica. El Presidente, como hombre de Estado, sabe que la polarización política puede poner en riesgo las instituciones republicanas que tanto ha costado construir; sabe que la confrontación no es buena; sabe que conviene escuchar las voces razonables de descontento de la ciudadanía; y sabe que hay bienes comunes (como preservar la República, la democracia y sus instituciones) superiores a los intereses personales o partidarios.

Por ello, ante la amenaza de una debacle institucional, el Presidente convocó a un Gran Debate Nacional en el que, a través de cabildos abiertos en todo el país, consultará el sentir de los ciudadanos para que expresen sugerencias respecto de cuatro temas esenciales (ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia) con la intención de “transformar el descontento en soluciones”. Solo el tiempo dirá si este debate público solucionará la tensa situación que hoy vive Francia, pero ciertamente es una forma civilizada, democrática y republicana de enfrentar las crisis. La estrategia entraña riesgos, pero el Presidente Macron sabe que el futuro de su país bien vale la pena correrlos.

Extrayendo lecciones del ejemplo francés, quizá a Guatemala le convendría también –para salir de la crisis política que nos está agobiando y resquebrajando las instituciones republicanas- un gran debate nacional sobre reformas clave (sistema electoral, calidad del gasto público, sistema de justicia, e infraestructura, por ejemplo) que le aseguren al país un mejor futuro. Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”.

La Generación de los Treintañeros

En momentos de transiciones políticas trascendentales, los relevos generacionales pueden cobrar una importancia crucial. Se vislumbra en Guatemala una nueva generación de líderes capaces de darle rumbo y esperanza al futuro del país.

Guatemala está viviendo una importante transición política –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- que se está tornando lenta y costosa debido no solo a la inútil confrontación entre un bando de radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y otro de reaccionarios (que quieren retornar al status quo imperante antes de 2015) sino que, también, debido a una preocupante ausencia de liderazgos que conduzcan el proceso. ¿Quién puede conducir la transición e impulsar las reformas institucionales que le den sostenibilidad y propósito?

Décadas de conflicto armado interno dejaron un cierto talante autoritario y reacio al diálogo a la generación de los que ahora rondan la edad de setenta años, mientras que infundieron una actitud de desidia y evasión entre quienes estamos alrededor de los cincuenta. Afortunadamente, la generación de los treintañeros que ahora está tomando la estafeta, parece estar encontrando formas más novedosas y efectivas de expresarse e incidir en las esferas del poder.

He tenido el gusto de conocer e interactuar con muchos de estos treintañeros, genuinamente interesados es ser partícipes de la transformación del país. Se trata de una generación más urbana, más educada, más tecnológica y más cosmopolita que sus antecesoras. Una generación que cada vez se parece menos al cauto, discreto y reservado arquetipo del guatemalteco. Muchos de ellos le dieron vida y forma a las manifestaciones de la Plaza en 2015.

Esta generación puede darle rumbo y sentido a la transición que hoy vivimos, pues posee las herramientas y las actitudes necesarias para liderarla: su familiaridad con las tecnologías informáticas, su apertura a nuevas expresiones culturales, su tendencia a trabajar en redes y su búsqueda constante de nuevos conocimientos, experiencias y soluciones, son características que los hacen ser cada vez más ciudadanos del mundo, alejados de los aislacionismos obscuros que impiden el progreso económico y social de los países.

Para la naciente élite de treintañeros, el régimen patrimonialista que saqueó el Estado mediante corrupción y tráfico de influencias es un sistema arcaico que debe cambiarse; por ello está llamada a jugar un rol central en el esfuerzo de darle forma al país que anhelamos. No se trata, claro está, de un grupo homogéneo: existen entre ellos naturales diferencias, rivalidades y ánimos de protagonismo. Pero también tienen entre ellos más aspiraciones e ideas en común que las que tuvieron las generaciones anteriores con sus traumas de guerra y sus desconfianzas viscerales.

Como están bien informados, saben que en el mundo (hoy más accesible que nunca) existen experiencias de cambio exitosas que pueden emularse y, como saben que la corrupción y la debilidad del Estado y sus instituciones les han robado las oportunidades de vivir en una sociedad moderna y próspera, le apuestan decididamente a los beneficios que acarrean las reglas claras, el imperio de la ley y la transparencia. Muchos de ellos ya han tenido ocasión de participar en la función gubernamental y en puestos de elección popular; otros influyen en los tanques de pensamiento existentes o inciden desde las organizaciones de la sociedad civil, algunas creadas por ellos mismos.

Nada garantiza que vayan a tener más éxito que nosotros, los de generaciones anteriores, en construir un mejor país; pero ahora es su turno, inevitablemente. Nos corresponde cederles gradual, pero prontamente, la estafeta. Y aconsejar, acompañar y empoderar a esta nueva generación de líderes más enfocados en los valores y en las ideas, que en los antiguos órdenes e ideologías.

El Ejercicio del Poder Local

El respeto al derecho de los ciudadanos de organizarse (en consejos comunitarios), la formación de mujeres, jóvenes y líderes en las comunidades, y el fomento de alianzas de estas organizaciones con empresas y otras organizaciones no gubernamentales, puede ser una forma efectiva de rescatar al Estado y a sus instituciones de las garras corruptas de quienes lo han cooptado. Hay una luz de esperanza

Conforme el sistema político se ha ido desnaturalizando y corrompiendo con el tiempo, el poder local –a nivel municipal y de los consejos departamentales de desarrollo- en muchas áreas del país ha sido capturado por caciques y pseudo-líderes cuyo propósito es enriquecerse, ellos y sus allegados, mediante la apropiación indebida de los recursos públicos bajo su administración.

Este sistema patrimonialista perpetúa –mediante la malversación de fondos- la escasez y poca calidad de los servicios públicos, lo cual genera una ingobernabilidad que amenaza los cimientos mismos de la democracia. La captura del poder local crea  un monstruo que alimenta su insaciable apetito con los recursos del presupuesto del Estado. En 2017 las municipalidades tienen asignados recursos por casi Q6,800 millones, mientras que los consejos departamentales de desarrollo cuentan con más de Q2,1050 millones, montos que en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para 2018 se elevan, entre ambos, a más de Q10,500 millones.

Esta enorme cantidad de dinero, que representa más del 11% del presupuesto de gastos del Estado –financiado con nuestros impuestos-, se convierte en un botín que no solo se ejecuta casi siempre de manera opaca (sin que la Contraloría pueda auditarla adecuadamente) sino que, además, no está alineado a las políticas de gobierno sino a los caprichos del cacique local o del gobernador de turno (nombrado a dedo y, muchas veces, sin mérito alguno).

                                                                                                             

En medio de ese escenario deprimente surge un rayo de esperanza en muchas comunidades del país que, al amparo de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se organizan en consejos comunitarios que plantan un importante contrapeso al oscuro poder del establishment personificado por los alcaldes municipales. Uno de esos rayos brilla en la aldea La Guardianía (municipio de Masagua, Escuintla), que tuve ocasión de visitar la semana anterior, y donde el consejo comunitario de desarrollo –COCODE- está haciendo una destacada labor de formación ciudadana, obra pública y participación social.

La Guardianía tiene cerca de 2,500 habitantes distribuidos en menos de 400 viviendas ubicadas a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal y a las cuales se accede por un camino de terracería. Hasta hace tres años, como en la mayoría de aldeas del país, las autoridades del COCODE (incluyendo su presidente, o alcalde auxiliar) las nombraban inconsultamente desde la sede municipal. La última vez, sin embargo, los vecinos reclamaron los derechos que les confiere la ley y exigieron elegir ellos mismos a sus representantes (como debería ser el caso en todas las alcaldías auxiliares del país). El alcalde y los políticos locales no tuvieron más que, resignados, aceptar la decisión del pueblo.

Desde entonces la aldea ha cambiado notablemente, para bien. El COCODE ha hecho gestiones y alianzas importantes, incluyendo una con la Fundación del Azúcar –FUNDAZÚCAR-, de la que ha obtenido asesoría para la formación de mujeres, jóvenes, maestros y enfermeros que sirven a la comunidad. Lo más importante es que ha definido un excelente Plan de Desarrollo Integral Comunitario que prioriza los proyectos que los comunitarios impulsarán en la próxima década, algunos de los cuales son ya una realidad (como la calzada de acceso a la aldea y la obtención de fondos públicos para el sistema de agua potable).

Lo que se ve en comunidades como La Guardianía da esperanzas de que los guatemaltecos podemos progresar (a pesar de la debilidad de las instituciones y del sistema político) cuando a los ciudadanos se les respeta su derecho a decidir, se les da acceso al conocimiento y se les alienta a organizarse y a hacer alianzas constructivas

¡Recobremos la Sensatez!

Se está instalando en Guatemala un ambiente de polarización y enfrentamiento que nos nos conduce a nada útil y que, más bien, nos está desviando de la solución de los problemas de fondo (la corrupción, la ineficiencia del Estado, la ausencia de justicia pronta, el colapso de la red vial). Tenemos que dialogar (incluso, como dijo Serrat, aunque no tengamos nada que decirnos)

A veces los países se sumen, sin percatarse, en crisis artificiales que, casi siempre, son generadas y agravadas por posiciones extremistas. La crisis de Cataluña en España y la crisis gobierno-CICIG en Guatemala son claros ejemplos de este tipo de episodios innecesariamente dramáticos y potencialmente muy peligrosos. Pero en medio de la polarización y la confusión surgen voces moderadas representando a las mayorías silenciosas que, como en Cataluña, al percibir claramente los riesgos engendrados por la confrontación y la violencia, hacen un llamado a la cordura: ¡recuperem el seny! (recobremos la sensatez) es el grito de la sociedad civil catalana que busca reducir la confrontación y propiciar un diálogo sincero.

Un grito similar se ahoga en las gargantas de una mayoría de guatemaltecos que, atrapados en medio de una creciente polarización, buscan una explicación y una salida a la confrontación que hoy amenaza el futuro del país. La transición política que estamos viviendo –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- está siendo más dolorosa de lo necesario debido a la ausencia de liderazgos y a la creciente confrontación entre el bando de los radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y los reaccionarios (que, oponiéndose a toda reforma, quieren retornar al status quo imperante antes de abril de 2015).

Entre los principales peligros que engendra la polarización se cuenta el surgimiento, en medio del desorden y la crisis, de gobiernos populistas que, precisamente, viven de la confrontación, del lenguaje agresivo (cualquier oponente es un enemigo traidor a la patria) y de promesas fantasiosas para solucionar todos los problemas del país. El populismo es el atajo que los países siguen cuando no logran transitar por los caminos (largos, pero efectivos) de la perseverancia y los acuerdos. En 2015 nos libramos, por poco, de tal peligro… pero aún está latente.

Para evitarlo es necesario que recobremos la sensatez para no caer en la trampa de quienes han vivido del sistema corrupto y clientelar que cooptó al Estado desde hace años, y que busca crear un clima de confrontación entre los guatemaltecos a efecto de descarrilar la lucha contra la corrupción que amenaza con destruir su modus vivendi. Esa sensatez implica un acuerdo entre los ciudadanos de bien, alrededor de una agenda realista, acotada y centrada en prioridades.

Si no logramos tal acuerdo mínimo, se profundizará la incipiente parálisis económica y política que aqueja al país. Hay que aprovechar el consenso que existe en cuanto a que la corrupción es el enemigo común en torno a cuya erradicación debemos unificar esfuerzos. También debemos aprovechar el creciente consenso respecto a que la reforma profunda del sistema electoral es la clave, a partir de la cual se pueden derivar otras reformas sustanciales como la del sistema de justicia, la del servicio civil y la del sistema de contrataciones y fiscalización del gasto gubernamental.

Recobrar la sensatez significa comprender que esas reformas institucionales están íntimamente vinculadas con el funcionamiento eficiente de la relaciones económicas y sociales: sin instituciones fuertes y eficientes no puede haber crecimiento económico ni bienestar social sostenibles. Recobrar la sensatez significa aceptar que debemos impulsar hoy los temas que nos unen y posponer aquellos que nos dividen. Significa reconocer que, por muy dolorosa que esté resultando esta transición, de ninguna manera estaríamos mejor con el régimen corrupto que imperaba antes de 2015 y que aún se relame los labios pensando en recuperar el poder.

Cambiar el Foco del Debate

Para conjurar la incertidumbre y el clima de confrontación de las últimas semanas, conviene un pacto de país que ataje los problemas respecto de los cuales hay una amplio consenso (corrupción en las compras del gobierno, parcialidad de los jueces, sistema electoral deficiente, servicio civil ineficiente)

En las últimas semanas el país se ha sumergido en una espiral de incertidumbre política y en una peligrosa polarización de posiciones y opiniones. El ambiente de discordia generado por la inesperada decisión presidencial de expulsar del país al comisionado de la CICIG se ha reflejado en la conformación de dos bandos –internamente heterogéneos- enfrentados por la permanencia o no de Iván Velásquez y de la propia CICIG.

En el bando que favorece la salida de Velásquez se cuentan personajes que van desde el respetado Doctor Armando De La Torre (un acreditado académico libertario que se muestra genuinamente indignado por la injerencia de un organismo extranjero en los asuntos soberanos de Guatemala) hasta el cuestionable expresidente Otto Pérez Molina (a quien evidentemente le conviene el debilitamiento de la CICIG), pasando por los dirigentes vitalicios de los sindicatos de empleados públicos de la salud y la educación (cuyas motivaciones resultan, cuando menos, cuestionables).

El bando contrario también es muy diverso, con miembros que van desde el controvertido Comité de Desarrollo Campesino (CODECA, especialista en bloqueos de carreteras y en desorbitadas demandas populares) hasta eminentes empresarios y analistas de tendencia conservadora (que acertadamente ven en la corrupción y sus redes a uno de los principales enemigos del progreso nacional), pasando por organizaciones tan influyentes como la Conferencia Episcopal de Guatemala. En ambos bandos hay personas honorables y bien intencionadas, como también las hay oportunistas y malintencionadas.

La confrontación que se vive en diversos ámbitos de la vida nacional se ha visto exacerbada por calculadas acciones de desinformación, rumores bien fabricados y campañas negras que contribuyen a crear un peligroso ambiente de ingobernabilidad y a una sensación generalizada de falta de rumbo y de liderazgo en el país. Este escenario se agrava con las recientes invasiones violentas de plantaciones en el Polochic que desnudan la debilidad de las instituciones gubernamentales y la ausencia del Estado de Derecho.

De prolongarse, esta crisis política va a ocasionar un grave daño a la actividad económica, con los inversionistas (nacionales y extranjeros, pequeños y grandes) posponiendo o cancelando sus decisiones ante la incertidumbre prevaleciente. Por ello es necesario que las élites cobren conciencia de que el país debe cambiar urgentemente el foco del debate y dedicar sus mejores esfuerzos a proponer y aplicar las medidas que complementen la lucha contra la corrupción (que no debe detenerse) y empezar a construir el país que queremos para nuestros hijos.

El primer paso es bajarle la intensidad a la insensata confrontación en que nos han querido envolver (y que solo favorece a las mafias y los corruptos) y luchar porque prevalezca el Estado de Derecho y la paz social. El segundo paso es no cejar en la lucha contra la corrupción. Y el tercero, pactar el impulso de una agenda mínima priorizada para reconstruir las instituciones y el tejido social.

No es difícil identificar una agenda que ataje los problemas respecto de los cuales existe un amplio consenso social: la corrupción en las compras del gobierno, la parcialidad e ineficiencia de los jueces, la falta de representatividad y corrupción de los partidos políticos, el deficiente servicio civil, así como la insuficiencia y el desperdicio de recursos presupuestarios en las áreas prioritarias de salud, nutrición y educación. O logramos pactar e impulsar esta agenda mínima, o el país corre el riesgo de hundirse en un pantano más pestilente incluso que el que imperaba en marzo de 2015.

Efectos Económicos de la Crisis Política

Aunque en el corto plazo la transición que estamos viviendo tiene un costo de ralentizar la economía, en el mediano plazo la erradicación de la corrupción generará certeza e incentivará la inversión y el crecimiento económico 

Aunque hay quienes sostienen que la crisis política desatada en el país raíz de la decisión presidencial de expulsar al Comisionado de la CICIG no debería tener repercusiones en la economía nacional, no puede desecharse el efecto de incertidumbre que dicha crisis está generando en la opinión pública a nivel internacional y -lo que es más relevante- en la evaluación que las calificadoras de riesgo realizan periódicamente a Guatemala.

El episodio es tan relevante que la ampliamente leída revista The Economist lo abordó esta semana en un editorial y un reportaje, espacios que no le dedicaba a nuestro país desde hace muchísimo tiempo, subrayando el probable daño que el presidente Morales habría infligido a su propia gestión con la decisión tomada respecto a Iván Velásquez. Según la revista, con el trabajo de la CICIG Guatemala se había erigido, junto con Brasil, como un ejemplo para otros países de la región en cuanto al combate a la corrupción.

Lejos de apoyar la hipótesis de los simpatizantes de la decisión presidencial, que afirman que el trabajo de la CICIG bajo la dirección de Velásquez ha perjudicado la inversión al crear un clima adverso a los negocios, la prestigiosa revista afirma que, por el contario, cualquier economía liberada del lastre de la corrupción debería atraer más inversión, no menos. Y aunque da validez al argumento de que sería mejor para Guatemala que nuestras propias cortes y fuerzas de seguridad fueran quienes hicieran valer la ley, The Economist estima que el mandato de la CICIG es, precisamente, fortalecer tales instituciones y, hasta que eso ocurra, el tutelaje internacional resulta inevitable.

En efecto, es razonable interpretar que si bien en el corto plazo (como es normal en toda transición política) el cambio de un sistema corrupto e impune a otro donde impere la ley puede generar incertidumbres que, inevitablemente, afectarán las decisiones de inversión, en el largo plazo (y a medida en que, paralelamente, se fortalezcan las instituciones) . Por ello The Economist emplaza  al sector empresarial para que apoye decididamente la labor de la CICIG, en vez de contentarse con respaldar tibiamente la lucha contra la corrupción.

En un sentido similar se pronunció la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, cuyos analistas estuvieron en el país haciendo su evaluación anual justo en los días en que se intensificó el enfrentamiento entre el presidente Morales y el comisionado Velásquez. La calificadora emitió un comunicado indicando que si dicho enfrentamiento se prolonga, podrían reducirse los ya bajos niveles de inversión y crecimiento económico, lo cual perjudicaría la calificación del país.

El análisis de Moody´s afirma que la debilidad de las instituciones, que reducen la tolerancia al riesgo de los inversionistas e incrementan el costo de hacer negocios en el país, es un factor clave que explica los bajísimos niveles de inversión del país, y que la inesperada decisión del presidente de expulsar al comisionado de la CICIG exacerba dicha debilidad. (La tasa de inversión bruta del país es de menos del 13% del PIB, cuando la de países de tamaño similar supera el 21%).

La calificadora estima que si la crisis política no se resuelve pronto, o si esta provoca un mayor deterioro institucional, las tasas de inversión caerían aún más y el crecimiento económico se reduciría. Con eso en mente, en vez de descalificar las opiniones que emanan de fuentes cuya credibilidad está bien acreditada en los mercados financieros internacionales, deberíamos tomarlas con mucha seriedad; por nuestro propio bien.

La Regulación de las Consultas Comunitarias

La ley que se va a emitir debe ser de carácter general (flexible y no reglamentaria), apegada tanto a los lineamientos explicitados en la sentencia de la CC como, especialmente, al espíritu del Convenio 169 de la OIT 

La Corte de Constitucionalidad -CC- llevaba ya 10 años exhortando al Congreso para que emita las disposiciones legislativas necesarias para regular las consultas comunitarias, según las preceptúa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no ha sido sino hasta la resolución más reciente (relacionada con el caso de la hidroeléctrica Oxec) que la CC, finalmente, formuló unos lineamientos claros para orientar al Congreso en la emisión de tal regulación.

En dicha resolución, la CC compele al Congreso para que en el plazo de doce meses promulgue una ley de consultas comunitarias de acuerdo con el procedimiento que establece la sentencia y en observancia de lo establecido en el mencionado Convenio 169. Aunque puede ser criticada porque no se trata de una simple sentencia sino que -a riesgo de usurpar funciones legislativas- prácticamente establece normas sobre la materia, la sentencia de la CC representa una enorme oportunidad para que se elimine la incertidumbre que ha imperado durante años sobre la forma en que las comunidades indígenas deben ser consultadas respecto de proyectos (de inversión o de otro tipo) que eventualmente puedan afectarlas.

Con la ley que debe emitir el Congreso deberían eliminarse una serie de interpretaciones erróneas que han existido en torno a las consultas. Por ejemplo, deberá quedar claro que, con base en el Convenio 169, la realización de las consultas es responsabilidad del gobierno (no de los promotores del proyecto de que se trate) y deben hacerse con base en el principio de buena fe. Con la emisión de la ley también se aclarará que las comunidades deben ser consultadas sin ocultar información y sin ejercer sobre ellas ninguna coerción ni manipulación pero, al mismo tiempo, sabiendo que el proceso no implica un veto de parte de las comunidades hacia la autoridad pública que, en última instancia, deberá decidir en beneficio del bien común.

La ley debe confirmar que el espíritu del Convenio es acercar a las comunidades a la información y al diálogo transparente, mitigando las posibles afectaciones negativas; no se trata, pues, de un plebiscito ni de una votación, sino de un proceso de búsqueda de la verdad. Por ello, debe evitarse una regulación con enfoque electoral: sería una insensatez pretender legislar las consultas mediante reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuya naturaleza y propósitos son muy distintos al espíritu del Convenio 169.

Con la ley que el Congreso debe emitir también se dará un buen grado de certeza jurídica -ausente hasta hoy- para la realización de proyectos empresariales que promuevan el desarrollo, respetando a las comunidades indígenas afectadas, ya que una vez terminada la fase de consulta, el inversionista tendrá certeza de estar operando con total respaldo legal y podrá defenderse en los tribunales para resguardar sus derechos ante cualquier acción pública o privada que los amenace.

El desafío para el Congreso es grande, no solo por el plazo perentorio que le concedió la CC para emitir la ley, sino porque debe resistir la tentación de querer reglamentar un proceso de suyo complejo. La ley que se va a emitir debería ser de carácter general, apegada a los lineamientos explicitados en la sentencia de la CC y al espíritu del Convenio 169, y deberá dejar suficiente flexibilidad para reglamentar los distintos casos de consulta tomando en cuenta, por un lado, que cada proyecto tiene distinta naturaleza y características técnicas y, por otro, que cada comunidad tiene características culturales muy particulares. Aunque la CC ya dio los lineamientos, al Congreso le tocará lidiar con ciertos detalles técnicos muy delicados… y, a veces, el diablo está en los detalles.

La Difícil Transición

La transición de un sistema caracterizado por la corrupción y la impunidad, hacia un sistema donde impere la ley y el Estado de Derecho, es un proceso que, como toda metamorfosis, implica cambios dolorosos que, si no se hacen llevaderos, podrían resultar insoportables

Guatemala está viviendo una compleja transición que, ojalá, nos conduzca hacia un Estado de Derecho. La transición está siendo difícil, entre otras razones, porque la gradual distrofia de las relaciones sociales y la extrema debilidad de las instituciones habían creado un abismo inmenso entre las costumbres y las leyes. En los sistemas jurídicos funcionales, los usos y costumbres de la sociedad complementan y refuerzan a las leyes como fuentes legítimas del derecho; en nuestro país, en cambio, la forma de operar de los ciudadanos de cara el gobierno (es decir, sus usos y costumbres) se fueron desfigurando al punto de contravenir las leyes.

La débil institucionalidad y la ausencia del Estado en muchas áreas del quehacer público y del territorio nacional provocaron muchas costumbres se ejercieran fuera de la ley, generando prácticas propicias a la corrupción y a la evasión de las responsabilidades ciudadanas (incluyendo las tributarias). Así lo ilustran, por ejemplo, los procesos de compras y contrataciones del estado (en los que el tráfico de influencias o la coima descarada se volvieron parte de los requisitos de participación), o las fórmulas de declaración de ingresos y el registro del valor de las propiedades (en las que contribuyentes y autoridades consentimos vivir en una cómoda ficción).

La lucha contra la corrupción que comenzó en 2015 se enfrenta ahora a la terrible realidad de que el problema no era solamente de unos cuantos altos funcionarios involucrados en hechos delictivos. El problema (el de corrupción y, además, el problema de la ineficiencia del Estado) es mucho más grave y complejo puesto que su naturaleza es sistémica. Ahora que la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el Ministerio Público y (¡por fin!) la Contraloría General de Cuentas están empezando a aplicar estrictamente las leyes, se encuentran con que muchas prácticas y costumbres infringen el marco legal.

Así, llegamos a una situación paradójica en la que el súbito celo de las autoridades por hacer cumplir la ley (y la tendencia a llevar los procesos al ámbito penal) está planteando una enorme presión sobre un gran número de ciudadanos, sobre las propias autoridades fiscalizadoras y sobre el (aún muy débil e ineficiente) sistema de justicia que se ve desbordado por una avalancha de casos que, si no son resueltos pronta y cumplidamente, debilitarán aún más la credibilidad del sistema y sus autoridades.

Es en ese contexto donde deben entenderse algunas medidas diseñadas para suavizar o hacer más gobernable este período de transición, tal el caso de la exoneración de multas e intereses acordada recientemente por la SAT para facilitar la regularización del pago de impuestos atrasados. Ahora resulta necesario aplicar medidas similares en otros ámbitos como, por ejemplo, normas que permitan descongestionar el sistema judicial (como podrían ser la ley de aceptación de cargos o la puesta en práctica del uso de brazaletes electrónicos para los sujetos de procesos penales) o normas que permitan evacuar los hallazgos de cuentas en el sector público según su impacto sobre el erario (pues actualmente la Contraloría parece conferir la misma jerarquía a las faltas graves que a las pequeñas).

Pero más importante aún es que, simultáneamente a estas medidas y como complemento a la necesaria lucha contra la corrupción, se profundice cuanto antes el fortalecimiento institucional del Estado. Si no se construyen instituciones fuertes y efectivas, todo el esfuerzo del combate a la corrupción y de la depuración judicial del sistema político será insostenible y efímero.

Un País Fragmentado

La sociedad guatemalteca está fragmentada en tribus -ideológicas, gremiales, económicas, intelectuales- que no se comunican entre sí. Quizá la única esperanza sean los jóvenes que (con menos taras del pasado) puedan estar en mejor disposición de dialogar y llegar a acuerdos mínimos sobre el país que anhelan

Existe la sensación de que Guatemala está polarizada; y, quizá en los ambientes de las élites urbanas, esa sea hoy la situación. Pero también parece que lo que mejor describe la actualidad política, económica y social del país es la fragmentación: un país dividido en grupos aislados unos de otros, en clanes que desconfían unos de los otros, en facciones verticalistas en las que los jefes prohíben a sus miembros comunicarse con los que piensan diferente y son considerados, por ello, rivales. Y cada grupo es reticente a colaborar con el rival en pro del bien común.

Están presentes muchos síntomas de una atomización tribal como lo atestiguan, por ejemplo, la proliferación en las ciudades de colonias cerradas, cuidadas por guardias fuertemente armados, incomunicadas del resto de la ciudad. O la búsqueda de atajos -aislados de lo que debería ser la dinámica social normal- para lograr la realización personal o la movilidad social (jóvenes que sólo ven su futuro viviendo en el exterior, o integrados en maras y grupos del crimen organizado).

La enorme debilidad institucional hace que existan muy pocas entidades que puedan considerarse legitimadas para tender puentes entre las distintas tribus. Tal debilidad y falta de legitimidad se ve en las organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas, estudiantiles, que están atomizadas y débiles, sin mencionar el triste caso de los partidos políticos que deberían ser no solo el principal vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado, sino también la principal vía para canalizar el diálogo y las aspiraciones de los distintos colectivos sociales que, cada día, se atomizan más en procura de sus reivindicaciones particulares, al tiempo que se vacían (de personas, de ideas y de liderazgo) los partidos políticos.

La consecuencia de lo anterior es una enorme escasez de capital social que resulta altamente perjudicial para el desarrollo del país, ya que la confianza mutua entre los miembros de la sociedad (confianza que genera redes y valores compartidos que, a su vez, incentivan la cooperación social) es un elemento esencial para la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social. Y esa ausencia de objetivos comunes deja un vacío que se convierte en campo fértil para que florezcan el crimen organizado y la ingobernabilidad.

Para revertir esta situación es menester devolverle a la política su rol ético de obrar en la sociedad, mediante el ejercicio del poder, en procura del bien común. Ello requiere de una participación activa y comprometida de los ciudadanos (no hay democracia viable sin demócratas que la sostengan). Esa participación ciudadana hay que construirla desde las entrañas de la sociedad, lo cual implica recuperar la confianza mutua entre los diversos grupos que hoy la fragmentan.

Mediante una pedagogía de la ciudadanía -que debería ser liderada por el Ministerio de Educación- podrían formarse, desde niños, ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, y conocedores de los pesos y contrapesos que definen a nuestra república. Y mediante una pedagogía del encuentro -que debería ser liderada por las universidades del país- podrían construirse puentes entre los distintos grupos que hoy fragmentan nuestro país. Esto último implica un relevo generacional que se percibe indispensable: la generación que diseñó nuestro último gran pacto social (la Constitución de 1985) y la generación que no pudo a partir de éste construir una institucionalidad sólida, deben dar paso a los jóvenes. El necesario diálogo entre grupos -hoy fragmentados-, así como la construcción de puentes y el diseño del país que queremos para el futuro deben estar, principalmente, en manos de las nuevas generaciones.

La Fragilidad del Estado

Instituciones, instituciones, instituciones. Posiblemente más que la educación y más que la infraestructura, las instituciones (fuertes y eficientes) son el factor clave para que un país sea viable y logre desarrollarse.

El Estado guatemalteco tiene síntomas de fragilidad: el crimen organizado reina impune en varios territorios, las carreteras están colapsando, los prisioneros escapan de las cárceles, los ciudadanos no tienen acceso a sus documentos de identificación (DPI o pasaportes), se producen continuas invasiones a la propiedad inmueble, etcétera. Guatemala ocupa el puesto 57 (de 178 países) en el ranking del Índice de Estados Frágiles 2017 que calcula el Fund for Peace y que recientemente fue publicado. El primer lugar (es decir, el Estado más frágil) es Sudán del Sur, mientras que en el otro extremo se encuentra Finlandia.

En dicho índice nuestro país obtuvo una calificación de 83 puntos (sobre 120), mejor que la de 114 que obtuvo Sudán del Sur. Si bien Guatemala ha mejorado su calificación en el último lustro (en 2012 ocupaba el puesto 70 del ranking, con un puntaje 79/120), continúa siendo en 2017 el país más frágil de Centroamérica: Honduras ocupa el puesto 68 (con 79 puntos); Nicaragua el 74 (77 puntos); El Salvador el 92 (73 puntos); y, Costa Rica es el mejor calificado en el puesto 145 (44 puntos).

Este índice combina tres tipos de información. Utiliza datos de más de mil publicaciones distintas donde detecta palabras clave ligadas a crisis y fragilidad. Luego, utiliza estadísticas duras de fuentes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y, por último, emplea el juicio de expertos para validar los distintos sub-índices, los cuales se agrupan en 12 indicadores de fragilidad que incluyen temas como legitimidad del Estado, fraccionamiento de las élites o reducción del crecimiento económico. Las categorías en que peor puntea Guatemala son las de descontento de grupos sociales, desigualdad económica, aparatos de seguridad, y servicios públicos.

Claro que Guatemala no está tan mal como los países peor calificados (Sudán de Sur o Somalia), que son verdaderos estados fallidos donde el gobierno ni siquiera controla la ciudad capital. Estamos más cerca de otros, como Madagascar (puesto 55), en los que el Estado no está colapsado, pero es altamente disfuncional e incapaz de controlar todo su territorio. Curiosamente, también estamos cercanos a Venezuela (puesto 58), donde el gobierno controla todo su territorio pero a costa de un malestar ciudadano generalizado y creciente.

El grado de fragilidad de los países influye claramente en sus niveles de pobreza. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro “Porqué Fracasan las Naciones”, explican que los países no fracasan por su geografía (como lo demuestra el caso de Nueva Zelanda) ni por su cultura (como lo demuestran los contrastes entre Corea del Sur y Corea del Norte). Lo que ocurre es que algunas naciones cuentan con instituciones incluyentes y efectivas que promueven el crecimiento, mientras que otras tienen instituciones “extrayentes” que minan el crecimiento. Como lo afirman dichos autores, la clave para entender el fracaso de los estados es “instituciones, instituciones, instituciones”.

El por eso tan importante para Guatemala emprender una profunda reforma de su seguridad y justicia (policía, presidios, Organismo Judicial), de su servicio civil, de sus sistemas de control (calidad y probidad) del gasto público y, crucialmente, de su sistema electoral y de partidos políticos. La reforma institucional debería ser una prioridad aún mayor que (y no estar supeditada a) la lucha anti corrupción que exitosamente han liderado la CICIG y el Ministerio Público. Si queremos dejar de ser un Estado frágil y sin futuro, esa agenda nacional de reforma institucional debe ser la prioridad de los distintos liderazgos de la sociedad guatemalteca.

Prestigiar la Política

Un sistema político funcional es necesario para que exista democracia y gobernabilidad. Sin gobernabilidad es imposible el desarrollo económico. Por ello es tan importante reformar y prestigiar el sistema político, que no es otra cosa que llenarlo de personas decentes.

Las prácticas de corrupción que se desvelaron en toda su crudeza hace dos años (y que aún carcomen inclementes las entrañas del Estado) son el efecto más visible del destrozo del sistema político guatemalteco. Los sobornos, el tráfico de influencias, las plazas fantasmas, así como los sobreprecios en las contrataciones y adquisiciones del gobierno han sido los esquemas más utilizados (tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales) para saquear el erario público con el fin de enriquecer a funcionarios y a políticos corruptos. Y todas las pistas del delito conducen a un lugar: el sistema de partidos políticos.

La numerosas investigaciones y enjuiciamientos contra dirigentes políticos que, merced a las acciones de la CICIG y el Ministerio Público, se han producido en los últimos meses, ha revelado el deterioro del sistema. De todas las profesiones que se practican en el país, la de político es una de las más desprestigiadas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué debemos hacer para cambiar la situación a fin de que la ciudadanía pueda elegir mejores representantes?

En el sistema actual los diputados se eligen en listados (nacional y departamentales) cerrados, en vez de representar distritos más pequeños y cercanos al ciudadano, lo cual no solo hace que las campañas electorales resulten caras y proclives a la corrupción, sino que impide la cercanía entre el votante y sus representantes. A la inexistente representatividad se une, por un lado, la falta de transparencia y democracia interna en los partidos y, por otro, la debilidad y politización del Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Ello configura el actual sistema político clientelar y patrimonialista que dificulta la gobernabilidad e impide el buen desempeño de la economía nacional.

Hoy el Congreso está más fragmentado que nunca. Los partidos políticos carecen de ideología o de un programa de gobierno para ofrecer a los votantes quienes, además, en su gran mayoría ignoran quién es el diputado que los representa o por quien votaron en las pasadas elecciones. El Ejecutivo impulsa sus iniciativas de ley mediante coaliciones legislativas frágiles y efímeras. Eso permitió en el pasado (y esperemos que sólo en el pasado) la práctica de compra de votos a cambio de favores, obras o sobornos, para viabilizar proyectos del gobierno tal como, según se dice, ocurrió en el escandaloso caso Odebrecht, aún pendiente de resolver.

Hasta ahora, la necesaria depuración de este sistema, evidentemente agotado, se ha estado dando principalmente por la vía judicial, tanto en el caso de la persecución penal de políticos corruptos, como de la cancelación de partidos políticos que han violado la ley. Quienes impulsan esta vía esperan que tal terapia de choque pueda lograr quizá, y solo quizá, una mejora en la calidad de los diputados y dirigentes políticos en las próximas elecciones. Pero los tribunales no pueden hacerlo todo: son los políticos quienes deben reformarse a sí mismos y al sistema.

La timorata reforma a la Ley Electoral de finales de 2015, que se concentró en el tema del financiamiento electoral (un síntoma, no la causa, de la enfermedad) y terminó dándoles más recursos estatales a los partidos, debe ser mejorada y profundizada. La democracia interna de los partidos, el fortalecimiento de la autonomía del TSE y, sobre todo, la mejora en la representatividad de los funcionarios electos (idealmente mediante la creación de distritos electorales más pequeños) deben ser las guías de una nueva reforma que rescate, dignifique y prestigie la política.  Si no se hace, en las próximas elecciones tendremos nuevamente una oferta electoral de poca calidad y proclive a la corrupción.

El Peso de la Desconfianza

La profunda desconfianza, el "sospechosismo" sobre la "agenda oculta" del otro, el recelo respecto de la ideología contraria, nos están llevando a una situación de polarización y maniqueísmo que no solo impide el avance de las reformas que el país necesita, sino que impone costos enormes sobre la vida económica, política y social del país

Uno de los más pesados lastres que impiden que en Guatemala avancen las acciones, políticas y actividades cotidianas necesarias para el progreso del país es la profunda desconfianza que impera tanto en las relaciones entre unos y otros, como en las actitudes frente a las autoridades y a las instituciones.

La más reciente encuesta de Latinobarómetro revela que la sociedad guatemalteca manifiesta una severa falta de confianza: somos el país con porcentaje más bajo (31% de los encuestados, en comparación con el 54% regional) que confían en la democracia como sistema de gobierno; sólo el 20% de guatemaltecos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas; muy pocos (34%) le confieren alguna credibilidad a la política y a los políticos; sólo el 15% (versus el 24% de los latinoamericanos) cree que el país está progresando. No sorprende, entonces, que seamos el país donde el mayor porcentaje de ciudadanos encuentra justificada la evasión de impuestos. La desconfianza generalizada en las autoridades se confirma en otras encuestas de opinión ciudadana que ubican a los partidos políticos, los sindicatos, el Congreso, el Gobierno Central y el Organismo Judicial como las instituciones menos confiables del país.

La extrema ineficiencia de los tres poderes del Estado, manifestada en la omnipresencia de la corrupción, y provocada fundamentalmente por un sistema político conformado ex profeso para esquilmar el erario público, explica y justifica las actitudes prevalecientes de desconfianza. Esta se manifiesta, por un lado, en un sospechosismo  -como dicen los mexicanos- y un recelo automático respecto de las intenciones que pueda haber detrás de cualquier propuesta que se plantee y, por otro, en una tendencia automática a encasillar (y generalizar) ideológicamente a quien se atreva a hacer propuestas.

Lo anterior está derivando en una peligrosa polarización de opiniones y posiciones en la dinámica pública del país. Ello se ha visto claramente, por ejemplo, en la reciente discusión de las reformas constitucionales al sector justicia: o se está en el bando que las apoya ciegamente, o en el que las adversa férreamente. Cualquier posición intermedia que reconozca que dicha propuesta de reformas tiene virtudes que deben preservarse, pero también defectos que deben corregirse, es vista, por un bando, como una actitud de obstaculización al progreso de país y, por el otro, como una traición a la sagrada soberanía nacional.

Desde el punto de vista de la eficiencia económica de las interacciones sociales, la desconfianza generalizada se traduce en unos elevados costos de transacción para la sociedad que, entre otros efectos nocivos, hace que a nivel privado los acuerdos contractuales deban ser blindados por un sinnúmero de cláusulas para prevenir el fraude, y que a nivel público se estanque la aplicación de políticas públicas virtuosas. Numerosos estudios demuestran que la falta de confianza en la sociedad obstaculiza el crecimiento económico, obstaculiza el comercio, afecta el desarrollo financiero, entorpece la innovación y el emprendedurismo, e impide la necesaria cooperación para la provisión de bienes públicos.

Centroamérica: Desencanto con la Política

Los centroamericanos están desencantados de la política, y se manifiestan muy pesimistas respecto del rumbo y el futuro de nuestros países.  Los líderes sociales tienen ante sí un desafío enorme.

Los países del Istmo son diversos y, a la vez, similares. Todos con importantes diferencias en su desempeño económico y social, pero también con una historia común y una evolución que se refleja en el similar sentir de sus ciudadanos. Así lo muestran diversas encuestas de opinión pública (como las que periódicamente realiza la compañía CID-Gallup en los seis países de la Región), que arrojan resultados ilustrativos del estado de ánimo y de las perspectivas de los centroamericanos respecto de sus gobiernos y del rumbo de sus países.

En Panamá –con todo y su buen desempeño económico en los últimos años- la ciudadanía expresa malestar por la corrupción gubernamental (caso Martinelli), el desempleo, el alto costo de la vida y (sorprendentemente) la inseguridad.  En Costa Rica la encuesta revela preocupaciones ciudadanas centradas en el desempleo, el mal gobierno, la deficiente infraestructura y la creciente inseguridad.

En Guatemala las preocupaciones se centraron sobre el desempleo, la delincuencia, el costo de vida y, crecientemente, la enorme corrupción (caso Pérez-Baldetti). En El Salvador, de manera similar, la encuesta identifica a la violencia, el desempleo y el alto costo de la vida como sus problemas centrales. En Honduras fueron la violencia, el costo de vida y la corrupción los problemas más sentidos; mientras que en Nicaragua lo fueron el desempleo, el tráfico de drogas y el alto costo de la vida (Nicaragua fue el único país donde la corrupción no fue identificada como un problema del país).

Pero lo que más llama la atención es que, sin excepción, todos los países de la Región mostraron a una ciudadanía explícitamente desencantada de la política, hastiada de la ineficiencia gubernamental, y extremadamente pesimista respecto del rumbo que llevan nuestros países. Resulta evidente que los sistemas y el liderazgo político en Centroamérica le han fallado a la población.

La solución pasa por reformar profundamente los sistemas políticos y por fortalecer las instituciones que procuran el imperio de la ley. Los ejemplos están ya a la vista: el Ministerio Público en Guatemala, la Sala Constitucional en El Salvador, o las cortes de justicia en Panamá. Quizá un enfoque regional, que incluyera una estrecha colaboración en materia de diagnósticos y procedimientos, así como un permanente intercambio de experiencias y de información entre estas entidades podría darles un empuje adicional en sus esfuerzos por construir unas repúblicas funcionales.

Pero para que tal esfuerzo dé resultados, es esencial que los líderes de cada país dejen de ahogarse en el pequeño vaso de agua de sus problemas y levanten la mirada a la Región, agobiada por una colección de problemas comunes cuyas soluciones, con un poco de imaginación y voluntad, pueden ser también comunes.

Nadie le Cree a Nadie

Construir el capital social  es un esfuerzo que el país demanda de su liderazgo

Con frecuencia, la esencia y el carácter de un país son percibidos con mayor claridad por los extranjeros que han vivido en él. Carlos Castresana, para bien o para mal, es uno de esos extranjeros a los que por razones profesionales les ha tocado vivir en Guatemala y se han formado una opinión concreta de nuestra realidad. En una reciente entrevista televisiva, Castresana describió a la sociedad guatemalteca como una “en la que nadie cree a nadie” y donde “la mentira está instalada como parte del discurso”.

Independientemente de que se esté o no de acuerdo con las obras y pareceres de quien fuera el primer jefe (entre 2007 y 2010) de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- , es difícil negar que lleva razón el abogado español al sintetizar tan lapidariamente el talante receloso, evasivo y artificioso que suele  manifestar el comportamiento social del guatemalteco típico. La tradicional amabilidad del guatemalteco con el visitante del exterior no se repite fácilmente en el trato con los connacionales fuera del círculo familiar.  Existe cierta reticencia entre personas que no se conocen entre sí para colaborar en pro del bien común. Este fenómeno de escasez de capital social es perjudicial para el desarrollo del país.

Las raíces de esto pueden encontrarse en la historia: la conquista violenta, el mestizaje no aceptado y, sobre todo, la guerra civil que aún deja secuelas de profundas suspicacias mutuas entre los bandos en conflicto, seguida de una paz endeble cuya cruda realidad desmoronó rápidamente las grandes expectativas que había planteado. Con un Estado débil, corrompido y disfuncional, la desconfianza y la desilusión ciudadana respecto del gobierno se profundizó; la apatía y el fatalismo se fueron generalizando.

Todo lo anterior tiene implicaciones importantes respecto de la capacidad del país de progresar económica y socialmente. Para que un país democrático con una economía de mercado funcione de manera eficaz, la colaboración entre sus ciudadanos es tan importante como la competencia. Ciertamente, el capital físico (infraestructura y equipo) y el capital humano (capacidades y conocimientos de las personas) son importantes para el desarrollo de cualquier país. Igualmente, las instituciones fuertes y eficientes, así como un medio ambiente sostenible, son factores necesarios para el progreso. Pero, además de lo anterior, el capital humano –es decir, la confianza mutua entre los miembros de la comunidad, que genera redes y valores compartidos que, a su vez, incentivan la cooperación social- es esencial para la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.

Diversos estudios indican que mientras más confíen entre sí las personas, mejor será el desempeño de la sociedad en la que habitan ya que, por ejemplo, podrán trabajar juntos de manera más eficiente. También para las empresas, operar en un ambiente de mejor capital social haría innecesarios muchos contratos y salvaguardias complicados, y así ahorrarían en gastos legales y administrativos. Otros estudios indican que los empresarios de los países más pobres son reacios a confiar la administración de sus empresas a personas que no pertenecen a su círculo cercano: temen que esa gente les robe y que el sistema judicial no los proteja. Este temor limita la capacidad de las buenas empresas de expandirse. Por el contrario, los países con mayores niveles de capital social –es decir, de confianza-, por lo general tienen una mayor productividad y por ende son más ricos, en parte porque las buenas empresas tienen más recursos humanos e institucionales a su disposición.

De manera que construir el capital social (o reconstruir el tejido social, que algunos le llaman, si es que alguna vez lo hubo) es un esfuerzo que el país demanda de su liderazgo. No es algo sencillo de lograr en un ambiente de añejos enfrentamientos ideológicos, de corrupción generalizada y de sistemas judiciales en deterioro. Pero es un esfuerzo necesario: si la unión hace la fuerza, la desunión significa la debilidad. Por ahora, tanto la desconfianza mutua imperante como la mentira firmemente instalada en el discurso político, exacerban la desunión de Guatemala, que nos deja a merced de los corruptos y de los criminales organizados, enemigos de nuestra endeble democracia.

La Destrucción de un País

El caso de Venezuela nos advierte los riesgos de no proteger la integridad física y la libertad individual de los ciudadanos. Un análisis desde el punto de vista institucional nos permite aquilatar la gravedad de los actos de desgobierno de Maduro.

Las más recientes decisiones adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se dirigen, con paso seguro, hacia la completa destrucción de la economía y de la democracia de esa alguna vez prometedora nación. Aunque es aún poco probable que en Guatemala arribemos a semejantes niveles de degradación, no está demás advertir los riesgos que conlleva recorrer caminos políticos como el venezolano.

La “guerra económica” anunciada por Maduro para reducir la inflación de más del 50% anual (una de las más elevadas del mundo), se basa en dos acciones extremas. Por un lado, se prohíbe por decreto que suban los precios y, por otro, se mete a la cárcel a decenas de dueños de tiendas que, en respuesta a la escalada de costos, osaron elevar sus precios de venta e incurrieron en el delito de “usura”. Mientras tanto, la escasez de bienes básicos como la leche, arroz, aceite de cocina y papel higiénico se acentúa, la inflación no cede y las empresas dejan de invertir y generar empleos.

Más allá de las graves consecuencias económicas de tales medidas, vale la pena destacar sus efectos devastadores para la democracia y el desarrollo a largo plazo del país. En efecto, las acciones de Maduro tienen un impacto fatal sobre las instituciones constitucionales y democráticas que están diseñadas para reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones de gobierno, por lo que su consecuencia inevitable será el debilitamiento, la desestabilización y la deslegitimación del funcionamiento de los mercados y de la vida social.

Existe un consenso amplio entre economistas en cuanto a la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y social, aunque con opiniones distintas respecto de la importancia de las diferentes instituciones; en todo caso, la protección de los derechos de propiedad siempre aparece como una institución fundamental. Diversos estudios demuestran que el crecimiento económico sostenible florece en aquellos países donde existen instituciones que protegen el derecho a la vida, a la libertad individual y a la propiedad.

Es decir, en aquellos lugares donde se respetan las reglas del juego y donde el poder del gobierno está bien acotado, donde se fomenta la competencia y se combaten las prácticas monopólicas, es donde los agentes económicos se dedican a actividades productivas y a invertir, lo cual consecuentemente genera un crecimiento económico estable y sostenido. Esos lugares suelen ser también democracias consolidadas. El profesor Douglas North (premio Nobel) sostiene que la democracia y el desarrollo económico se refuerzan mutuamente a través de un entramado institucional en el que destaca, como factor catalizador, la existencia de salvaguardias contra la desaparición física, y contra la privación de la libertad y de la propiedad individuales.

Las acciones adoptadas por Maduro atacan directa y mortalmente esas salvaguardias. Por un lado, la desaparición física y el encarcelamiento de opositores al gobierno hacen que, aunque un país tenga elecciones periódicas y multipartidarias, en la práctica no exista democracia. En ese caso las elecciones son sólo una farsa que sirve a los gobernantes para identificar el grado de lealtad (o deslealtad) de los distintos grupos de población y distritos electorales.

Por otro lado, cuando los propietarios de empresas (pequeñas, medianas o grandes) pueden ser sumariamente desaparecidos o encarcelados, entonces la institución de la propiedad privada desaparece para todo propósito práctico; y eso significa que cualquier esperanza de crecimiento económico estable de largo plazo también desaparece.

La máxima degradación de cualquier gobierno ocurre cuando éste no sólo ya no garantiza la libertad y la inviolabilidad de la persona como ciudadano y como propietario, sino que es el propio gobierno quien viola esos principios. Con ello devasta la democracia y arruina las posibilidades de desarrollo económico y social. Venezuela nos presenta un ejemplo de cómo destruir un país. Ojalá los guatemaltecos tengamos la prudencia de no caer en los mismos errores, exigiendo a los líderes de todos los sectores del país, especialmente a los líderes políticos, su compromiso irrestricto con la protección a la integridad física y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los guatemaltecos.