Semana Santa y la Economía Antigüeña

Los servicios públicos (limpieza, orden, información, alojamiento, seguridad, estacionamiento, sanidad, conservación, iluminación, agua potable, etecétera) son esenciales para la convivencia urbana y son cruciales para que las celebraciones populares (como la Semana Santa en La Antigua) cumplan sus propósitos religiosos, sociales y económicos. Las autoridades deben saber que los costos que dichos servicios entrañan no son un gasto, sino una inversión

La Semana Santa en la Antigua Guatemala, aunque en esencia una celebración obviamente religiosa, es en la práctica una manifestación más amplia de arte y cultura que tiene componentes de estética, historia, identidad y simbolismo en muchos sentidos que, además, entraña valores de carácter humano, social y económico. Podríamos decir que es uno de los pilares en los que se cimienta la sociedad antigüeña y, por extensión, la guatemalteca.

La relevancia de esta celebración radica, entre otros factores, en la gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que acuden a la ciudad colonial, atraídos por sus particulares características, entre las que destacan al menos cinco. Primero, las procesiones, con sus elementos artísticos coloniales, que son cargadas por miles de devotos ataviados con túnicas, con diversos accesorios y complementos de vestuario, y con el acompañamiento de bandas musicales. Segundo, las coloridas alfombras de aserrín, flores y frutos, elaboradas por los propios habitantes de la ciudad para el paso de las procesiones.

Tercero, las tradiciones arraigadas en la comunidad, que se han mantenido vivas a lo largo de los años gracias a factores tales como la rica gastronomía de la época o el invaluable trabajo y dedicación de las Hermandades, que son organizaciones de devotos que aportan su trabajo voluntario, a lo largo de muchos meses, a la preparación y realización de las procesiones y demás actos conmemorativos. Cuarto, el escenario que impone La Antigua misma, con su clima benigno y su paisaje natural y arquitectónico único en el mundo. Y, quinto, la accesibilidad de la ciudad para los visitantes nacionales y extranjeros.

Todas esas condiciones llevan a concluir que la Semana Santa en La Antigua Guatemala es un fenómeno cultural y económico de trascendental importancia. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un estudio sobre el valor económico de la Semana Santa antigüeña en el que, aplicando una metodología de cálculo utilizada para cuantificar el producto de diversas expresiones culturales,  se llegó a determinar que ésta llega a generar 165 veces más beneficios que el costo que implica la producción de la celebración: con una “inversión” inicial de poco más de Q4 millones (por parte de las Hermandades, las autoridades y los vecinos), se llega a generar un valor bruto económico de más de Q670 millones durante la semana mayor (montos que aumentan considerablemente cuando se considera la Cuaresma completa).

Para potenciar los beneficios económicos, sociales y culturales de la Semana Santa, es menester que las autoridades municipales y del gobierno central se coordinen adecuadamente con los liderazgos locales (principalmente las Hermandades y los vecinos organizados) para apoyar la infraestructura y la prestación de servicios durante estos días en la Antigua. Por desgracia, en años recientes los servicios públicos de apoyo a esta celebración (y a la generación de ingresos y empleos derivada de la misma) se han deteriorado dramáticamente. Las autoridades locales y nacionales deben saber que esos servicios no son un gasto, sino una inversión de enormes retornos para la ciudad y para el país.

La apuesta debe ser aprovechar al máximo el potencial económico y cultural de la Semana Santa antigüeña, con vistas a lograr un efecto positivo en la preservación de esta herencia cultural que fortalece su orgullo y la identifica local e internacionalmente como un atractivo para el turismo. El desafío es lograrlo en un marco de respeto a la identidad y diversidad del pueblo guatemalteco. Ojalá este año las autoridades estén a la altura de la ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad.

Transporte Pesado en las Ciudades

Para regular la circulación de transporte pesado en los centros urbanos -y, con ello, solucionar una de las principales causas del insoportable tránsito citadino- no hay que inventar en agua azucarada. Basta ver las medidas racionales y efectivas que aplican en otras partes del mundo.

El transporte de mercancías es de vital importancia para la economía de cualquier región y, a pesar de que la demanda por este servicio va en aumento a media que las poblaciones urbanas crecen, las distintas autoridades no le han prestado la necesaria atención a la planificación, diseño, operaciones de los camiones y contenedores, así como de las vías por las que estos deben transitar. Esta falta de regulaciones adecuadas ocasiona aumentos en la congestión vehicular, costosos retrasos y genera riesgos a la seguridad física de las personas, tal como lo atestiguan los trágicos accidentes acontecidos hace pocos días en las afueras de la ciudad capital. Todo ello reduce la productividad de las áreas urbanas y obstaculiza su desarrollo económico.

En Guatemala, al igual que muchos países en vías de desarrollo, el crecimiento poblacional y la tasa de urbanización han avanzado más rápidamente que la oferta de infraestructura y de servicios de transporte. Una gran parte de las vías está deteriorada o sin asfaltar; el creciente tráfico se agrava por la mezcla de diferentes transportes que incluyen desde carretas haladas por personas hasta vehículos motorizados en mal estado. Los barrios marginales, parte del paisaje urbano, tienen necesidades y características de suministro diferentes que otras áreas de la ciudad.

En este escenario resulta esencial establecer medias que minimicen los problemas de congestión, polución e ineficiencia económica generados por el transporte pesado en las áreas urbanas. Ls países civilizados han aplicado con éxito medidas de este tipo, entre las que destacan la segregación de la circulación de camiones en tres ámbitos: las restricciones según el tonelaje de los camiones, la creación de vías especiales, y la limitación de horarios de circulación. Esta última se ha aplicado en la ciudad de Guatemala para forzar la circulación de camiones en horarios pico y así reducir la congestión.

Pero las medidas de restricción de horarios deben complementarse con otras como la prohibición (o al menos el cobro de peajes) de circular o estacionar en ciertas calles: cualquiera que haya visitado un país desarrollado habrá podido ver que ni siquiera los camiones medianos –mucho menos los contenedores- circulan por la ciudad, además de que aplican restricciones al estacionamiento, así como horarios estrictos para hacer fletes o repartir productos. Algunas ciudades han empezado a explorar la creación de carriles exclusivos para camiones, separándolos del resto del tráfico, con el propósito de reducir el tiempo de viaje, mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema, y reducir las emisiones en el movimiento de bienes en áreas urbanas.

Otras medidas más convencionales, aún ausentes en Guatemala, tienen que ver con la segregación del transporte según el tonelaje del vehículo. En las ciudades avanzadas los contenedores se quedan estacionados en grandes terminales específicas ubicadas en las afueras del área urbana, y la distribución de mercaderías se hace en camiones de bajo tonelaje. Solo excepcionalmente se permite a grandes camiones transitar (en horas de la madrugada) con permisos especiales.

Para aplicar estas medidas (normales en otras latitudes) hace falta un profundo cambio que actualice el confuso marco regulatorio del tránsito de vehículos y del ordenamiento urbano en el país. Hoy carecemos de instituciones y autoridades con un mandato preciso en la materia. El desorden prevaleciente está teniendo no solo enormes costos económicos y de bienestar para los habitantes de la ciudad sino que, lo que es peor, está costando valiosas vidas de guatemaltecos.

Combate a la Corrupción y Crecimiento Económico

El combate a la corrupción debe ser entendido como una primera fase de la transición hacia un Estado de Derecho, que necesariamente debe ser complementada con una fase de profundas reformas institucionales. Si no se da este complemento, la transición no tendrá rumbo y sus potenciales beneficios económicos se perderán.

Existen dos narrativas contrapuestas respecto del impacto que el combate a la corrupción puede tener en el desempeño económico del país. Una afirma que los numerosos casos de persecución penal que se han generado desde abril de 2015 en contra de la corrupción y otros delitos similares tienen paralizado no solo el gasto gubernamental, sino también han paralizado las decisiones de inversión privada y dañado el crecimiento económico. La otra sostiene, por el contrario, que la corrupción es intrínsecamente perversa, por lo que su combate y erradicación solo pueden ser positivos para la economía.

Efectivamente, en el largo plazo un país que reduce exitosamente sus niveles de corrupción tendrá, sin lugar a dudas, un mejor desempeño económico. Una economía corrupta no puede funcionar correctamente porque la corrupción impide el funcionamiento adecuado de las leyes económicas naturales y socava la confianza ciudadana en el gobierno, que es incapaz de cumplir su tarea fundamental de proveer servicios públicos esenciales y un entorno propicio para la empresa privada, lo que daña a la sociedad entera: según el Banco Mundial, el ingreso per cápita en los países con altos niveles de corrupción es alrededor de un tercio del de los países con bajos niveles de corrupción.  

Sin embargo, en el corto plazo una política masiva de persecución a la corrupción puede ralentizar el crecimiento económico debido a que, en un país como Guatemala, con instituciones sumamente débiles e ineficientes, la corrupción llegó a convertirse, desgraciadamente, en un “lubricante” para el funcionamiento de la maquinaria gubernamental; de manera que, en una primera instancia, la política de combate a la corrupción puede entorpecer la operación del corrompido sistema estatal.

Además, ante un sistema judicial repleto de taras e ineficiencias, la persecución penal contra funcionarios y empresarios involucrados en actos ilícitos -que, dicho sea de paso, antes eran considerados “normales”-  trastoca el modus operandi de muchas transacciones económicas, lo cual, aunado a la ausencia de políticas públicas de largo plazo (y de liderazgos) que den un norte sobre el futuro económico del país, genera un clima de incertidumbre y pesimismo que se manifiesta en la posposición de decisiones de inversión y de consumo. Los índices oficiales de producción, de otorgamiento de crédito y de confianza en la economía están en niveles muy bajos desde 2016, a pesar de las condiciones favorables de la economía mundial.

Por ello es de crucial importancia que la lucha contra la corrupción iniciada en 2015 tenga un propósito de largo plazo, y que se acelere la transición que nos lleve de un Estado ineficiente e impune a un Estado democrático de derecho lo antes posible. Para darle sentido a la transición que estamos viviendo, es esencial complementar el combate a la corrupción con una reforma institucional profunda en temas como el servicio civil, el sistema estatal de compras, el sector justicia y el sistema electoral.

Y, para acelerar la transición, es necesario aplicar medidas que faciliten, descongestionen y humanicen los procesos penales. Entre tales medidas destacan varias que están en proceso de discusión o aplicación, como la regulación de la aceptación de cargos, la redefinición (ordenada por la Corte de Constitucionalidad) del delito de financiamiento electoral, la regulación adecuada de la prisión preventiva, o la aplicación de los brazaletes para la detención domiciliar. Tanto estas medidas de facilitación judicial, como la indicada agenda de reformas institucionales, deberían ser una prioridad en este momento histórico. Falta, por el bien del país, que las élites políticas así lo comprendan.

El Cometa Haley

La fugaz visita de la embajadora estadounidense dejó mensajes (y secuelas) importantes

La fugaz visita de la embajadora de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, a Honduras y Guatemala la semana anterior, se produjo en un entorno de incertidumbre política y económica en ambos países y, tratándose de la enviada especial del Presidente Donald Trump, levantó expectativas respecto de los motivos de fondo que obligaron a la embajadora a distraer su ocupada agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU para dedicar unas horas de su tiempo a visitar estos dos convulsos países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para comprender las presumibles razones de su visita, conviene revisar que las prioridades de la agenda de los Estados Unidos para estos países, incluyendo especialmente Guatemala, se han centrado claramente en años recientes en tres temas fundamentales: el narcotráfico y sus flujos financieros; la migración ilegal –incluyendo la masiva migración de menores indocumentados; y, las seguridad regional y sus instituciones. El objetivo es evitar que los países del Triángulo Norte nos convirtamos en estados fallidos que sean terreno fértil para actividades terroristas y, por ende, una amenaza grave para la seguridad nacional estadounidense.

La agenda estadounidense no solo está explícitamente plasmada en la estrategia oficial del Departamento de Estado hacia Centroamérica (https://www.state.gov/p/wha/rt/strat/index.htm), sino que forma parte de un acuerdo bipartidista (republicano-demócrata) explicitado en el propio presupuesto gubernamental (Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 a 2017). Para minimizar los riesgos de que Guatemala, Honduras y El Salvador se conviertan en amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, la referida agenda señala como principales caminos, por un lado, la lucha en contra de la corrupción y en pro de construir un estado de derecho y, por otro, la inversión social (particularmente en las áreas más deprimidas del país) para contener la migración ilegal.

No es de extrañar que estos temas hayan sido precisamente sobre los cuales la embajadora Haley (una estrella creciente en la filas del Partido Republicano) hizo hincapié durante su visita a Guatemala. Aunque algún analista haya afirmado que el rango de la funcionaria es demasiado alto y sus funciones demasiado específicas como para creer que su principal objetivo haya sido venir a dejar un mensaje a las autoridades gubernamentales y a otros líderes del país, sería muy ingenuo negar que, efectivamente, la visita de la embajadora dejó un mensaje muy preciso, que puede resumirse en tres temas.

Primero, que es menester garantizar que la elección de Fiscal General sea transparente y que los seleccionados por la Comisión de Postulación sean personas comprometidas con las prioridades antes mencionadas. Segundo, que las fuerzas de seguridad deben renovar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo el ejercido por las maras, pues estas actividades constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y, tercero, reiterar el apoyo firme del gobierno estadounidense a la lucha contra la corrupción, como política global, haciendo explícito el respaldo a CICG y al Comisionado Iván Velásquez.

El mensaje está claro y conviene tomar nota. Aunque admitirlo nos resulte molesto, y por parcial e incompleta que sea la agenda, las consecuencias de no satisfacer los requerimientos planteados por la embajadora Haley en su fugaz visita pueden ser negativas no solo para las relaciones entre ambos países, sino –como inevitable consecuencia- para el ambiente político guatemalteco y para el funcionamiento del aparato productivo nacional, en perjuicio de todos los guatemaltecos.