No Hay Atajos

El desarrollo integral del país no se va a lograr por arte de magia. Por mucho que quisiéramos tener la piedra filosofal que nos sacara del atraso y la pobreza (que si las minas, o las exportaciones, o las economías campesinas), el desarrollo económico y social sostenible se trata de todo un esfuerzo sistémico que requiere de mucha perseverancia y tiempo.

Hace algunas semanas el gobierno manifestó que aspiraba a que en 2012 el producto interno bruto –PIB- creciera a una tasa de 4%. Esa aspiración, lamentablemente, luce demasiado optimista en opinión de casi todos los analistas y expertos que estudian la economía del país: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Cepal, el Consensus Forecast, la Economist Intellingence Unit, Copades, Asíes, o el propio Banco de Guatemala, dan todos pronósticos de crecimiento económico que oscilan entre un 3% y un 3.3% anual para el presente año.

Las razones para no ser tan optimistas son evidentes: el PIB nacional se mueve fundamentalmente con el consumo privado (que explica más del 85% del PIB) el cual crece casi inercialmente, y aunque las remesas familiares podrían darle un poco de dinamismo, éstas están limitadas por el lento crecimiento de la economía estadounidense; el comercio exterior, que a veces infunde algo de velocidad al crecimiento, está siendo afectado por la incertidumbre y lentitud imperante en la economía global; el gasto del gobierno es estructuralmente muy pequeño y, con una ejecución bajísima en los primeros meses del año, muy poco puede hacer para mover la producción nacional; y la inversión, que podría ser un factor clave para impulsar el PIB, necesitaría un impulso milagroso para dar frutos en el corto plazo.

Es cierto que para impulsar el crecimiento económico el gobierno ha anunciado algunas reformas para favorecer el clima de negocios, incluyendo mejoras en la regulación y el desarrollo de la infraestructura orientada a la exportación, así como el impulso de oportunidades en los sectores minero y energético que, no exentas de controversia, requerirán de un manejo cuidadoso para buscar un equilibrio entre un entorno atractivo para los inversionistas y las preocupaciones (algunas justificadas y otras descabelladas) de la sociedad civil y las comunidades involucradas.

Pero las condiciones para que la economía crezca a la velocidad (de 6% anual) que se necesita para combatir eficazmente la pobreza requieren mucho más que esfuerzos aislados. La receta para crecer es muy concreta, fácil de ver pero difícil de aplicar, y consta de tres ingredientes básicos. Primero, hay que mejorar el capital humano, fundamentalmente mediante la inversión en educación y en salud para la población; un estudio reciente del FMI indica que si el número de años de educación superior que en promedio reciben los guatemaltecos se elevara al nivel de los tres grandes países latinoamericanos, el crecimiento económico de Guatemala sería 1.6% mayor al actual.

Segundo, hay que aumentar el capital físico, tanto en infraestructura pública como en inversión privada: el mismo estudio del FMI indica que si la inversión nacional (medida como porcentaje del PIB) subiera del actual 17% a un 25% (el promedio de los tres países latinoamericanos más grandes), nuestro PIB crecería un 1.2% por encima del actual 3% anual. Y, tercero, hay que mejorar las instituciones que cimenten mecanismos eficaces para la solución de conflictos, protejan los derechos ciudadanos y fortalezcan es estado democrático de derecho, todo ello sin descuidar otras áreas complementarias como el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la apertura al comercio exterior (que tiene un demostrado impacto positivo sobre el crecimiento) o  la promoción de las MiPyMEs (fundamental para dar oportunidades a los sectores sociales menos favorecidos).

La aplicación de esta receta implica todo un esfuerzo sistémico que requiere de mucha perseverancia y tiempo. Lamentablemente, por más que queramos, no hay atajos. Las autoridades deben tenerlo claro y afinar sus prioridades.

Ante todo, deben asumir el liderazgo para que la población no se confunda con los argumentos confusos de quienes se oponen a las hidroeléctricas y al mismo tiempo se oponen a la generación de energía contaminante; de quienes se oponen a las transnacionales y, al mismo tiempo, se oponen a los empresarios nacionales; de quienes se oponen a los tratados de libre comercio y al mismo tiempo se oponen al proteccionismo de los países industrializados; de quienes se oponen a legalizar el trabajo a tiempo parcial y, a la vez, protestan contra el desempleo. No es nada fácil, pero es factible. Otros países lo han logrado.

¿Se Acabó la Iniciativa?

Ahora lo que corresponde es presionar a la OEA para que desempeñe con seriedad e independencia el trabajo que los jefes de estado le encomendaron respecto del combate al tráfico y consumo de drogas ilegales

Con la clausura de la cumbre presidencial de Cartagena hace algunos días, que le encomendó a la OEA hacerse cargo de coordinar los estudios y propuestas para enfrentar el problema de las drogas a nivel regional, varios analistas locales daban por sentado que el momento político de la iniciativa del presidente Pérez Molina en cuanto a la despenalización de las drogas había terminado y que más le valía rencauzar sus esfuerzos diplomáticos hacia otros temas.

Sin embargo, es aconsejable que el gobierno continúe manteniendo el dedo sobre la llaga y no desaproveche el innegable éxito de haber levantado el perfil de este polémico tema a nivel continental y mundial. La lógica de la iniciativa sigue siendo inobjetable: la guerra contra las drogas impuesta por Richard Nixon hace 40 años ha sido un rotundo fracaso. Esto lo reconocen ya no sólo expresidentes y exministros (como los que integran la Comisión Global sobre Política Anti-Droga), sino que también lo hacen, explícita o implícitamente, los mandatarios en funciones, incluyendo el propio Barack Obama.

Las evidencias lo demuestran: la cocaína y la heroína son hoy más baratas (en términos reales) que hace 20 años; la mariguana es hoy, en términos de valor comercializado (de unos US$14 millardos anuales), el principal producto agrícola de California; la mayoría de los 10 mil laboratorios ilegales de meta-anfetaminas clausurados por la justicia en 2009 se ubicaban en los Estados Unidos. Y todo ello en el país que se atreve a “certificar” si los demás están cumpliendo con los estándares antidrogas que los propios estadounidenses imponen.

Lo peor de todo es que los costos de la guerra contra las drogas ha recaído desproporcionada e injustamente sobre los países productores-comercializadores y no sobre los países consumidores. Aparte del terrible costo en vidas, el Banco Mundial ha estimado que el crimen y la violencia cuestan a Centroamérica más del 8% del valor de su producción nacional, entre otras razones, porque nuestros Estados raquíticos no están en capacidad de distraer recursos para combatir el narcotráfico sin poner en riesgo la estabilidad social y la seguridad pública.

El hecho de que nuestros países deban descuidar la inversión social a causa de desviar sus escasos recursos en función de las políticas anti-drogas de los países consumidores es, de hecho, una cruel transferencia de recursos de los países pobres a los ricos, de los pequeños campesinos cultivadores de droga a los acomodados consumidores y a los millonarios capos del narcotráfico.

Si bien no hay una solución mágica para replantear las políticas anti-narcóticas, es importante aprovechar la creciente ola de opinión pública favorable a explorar nuevas avenidas y presionar a la OEA para que desempeñe con seriedad e independencia el trabajo que le encomendaron los jefes de estado en Cartagena. Cada vez más personas (y ya no sólo libertarios o hippies) están demandando a sus gobiernos un replanteo radical de las políticas anti-narcóticos; y el gobierno estadounidense, cada vez con menos argumentos convincentes para mantener las políticas actuales, se enfrenta al riesgo inminente de que la violencia que aflige a sus vecinos se rebalse sobre el Río Grande.

El debate de la despenalización aún está verde y tomará años llegar a algún consenso. Pero los gobiernos latinoamericanos –y, especialmente, el guatemalteco- deben ejercer con fuerza su influencia en la OEA para que sus estudios y propuestas se traduzcan en avances concretos. Ello implica combatir el tráfico y consumo de drogas mediante una adecuada regulación que reduzca sus graves costos sociales; pero dicho combate no puede seguirse haciendo como hasta ahora, sino que debe incorporar políticas más ilustradas y efectivas a nivel regional.

Además de eso, la OEA deberá explicitar que la obligación que tienen las principales naciones consumidoras de compensar a los países que han sido usados como bases de producción o tráfico de estupefacientes, a través de medidas tales como la apertura de sus mercados, el desembolso de recursos abundantes para fortalecer la fuerza pública y el estado de derecho en nuestras tierras, o el impulso de programas de acogida a nuestros emigrantes que sólo buscan trabajar y progresar en las economías más avanzadas.

Logros en Riesgo

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LOGROS EN RIESGO

La principal amenaza para que los logros iniciales del gobierno puedan dar frutos en el tiempo, es la percepción creciente de debilidad institucional y de corrupción generalizada

En sus primeros tres meses de gestión, el gobierno ha alcanzado algunos resultados positivos. El más importante, quizá, es haber logrado la percepción de que, por fin después de mucho tiempo, hay un sentido de mando y de dirección en el Ejecutivo. Esta sensación interior en muchos guatemaltecos resulta de la impresión positiva que han causado ciertas acciones del presidente Pérez Molina y miembros de su equipo.

El pronto lanzamiento de los pactos contra la desnutrición (Hambre Cero) y contra la inseguridad (pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia) trata de atajar dos temas sensibles en la opinión pública. La retoma de la agenda de competitividad se dirige a atender la lentitud del crecimiento económico y el empleo. La rapidísima aprobación de las leyes tributarias busca darle sustento financiero al Estado. La reedición de la entente entre militares de carrera y tecnócratas (similar a la que existió en las décadas de 1960 y 1970) trata de darle coherencia a la acción pública. Y la afortunada propuesta de discutir la  despenalización de las drogas da una gigantesca bocanada de oxígeno a la política exterior.

La sensación de optimismo y la percepción de que hay un sentido de mando en el gobierno pueden tener consecuencias muy positivas en el desempeño económico, político y social del país; pero para ello deben manifestarse en logros concretos y estos deben ser sostenibles. Sin embargo, muchos factores amenazan con descarrilar este esfuerzo. La principal amenaza no está en la irreductible oposición política, ni en las previsiblemente repetitivas protestas campesinas, ni en un eventual distanciamiento con el sector privado, ni siquiera en la molestia de los Estados Unidos con el novel protagonismo de la diplomacia guatemalteca en el tema del  narcotráfico. No.

La principal amenaza que se cierne sobre las posibilidades de éxito del gobierno yace en las percepciones de una gran fragilidad institucional y de una generalizada corrupción. Un ambiente de corrupción conlleva la total pérdida de efectividad de cualquier gobierno: se desvían recursos de proyectos prioritarios (en educación y salud, por ejemplo) para dirigirlos a proyectos innecesarios; se pierden ingresos fiscales; se mina la moral tributaria; y, se multiplican los trámites burocráticos.

La corrupción y la debilidad institucional también obstaculizan gravemente la actividad económica: aumentan los niveles de riesgo e incertidumbre en las transacciones; desalientan la inversión local y extranjera; y, aumentan los costos de producción. La corrupción generalizada, en fin, plantea una gravísima amenaza a la gobernabilidad y la democracia: mina la legitimidad política del Estado, activo fundamental sin el cual es imposible lograr el apoyo popular al sistema democrático y cuya ausencia conduce a la inestabilidad y a la desintegración del país.

Por ello resultan preocupantes los recientes (y crecientes) rumores y señalamientos de manejos dudosos del erario público: compra de medicamentos injustificablemente sobrevalorados, compra de fertilizantes mediante discutibles mecanismos de excepción, obras públicas concentradas en pocos contratistas, recurrencia del fraccionamiento para eludir las licitaciones públicas, mal uso del sistema de Guatecompras, presiones oscuras para imponer funcionarios en puestos clave de entidades autónomas como la SAT y la IVE, etcétera.

Para que las percepciones positivas que el gobierno ha logrado despertar se conviertan en logros tangibles, es menester que tome rápidamente medidas concretas para revertir la percepción que, en sentido contrario, se está formando en materia de corrupción. Entre las acciones que podrían tomarse está la mejora obligada de las páginas electrónicas de todas las entidades públicas como portales de transparencia; retomar el uso disciplinado del sistema Guatecompras; revivir (fortalecer y restructurar) el Observatorio Ciudadano del Gasto; respetar y fortalecer instituciones como la Contraloría y la PGN en su lucha por el buen uso de los recursos públicos; y, sobre todo, no cejar en el impulso a las leyes de transparencia (que, aunque perfectibles, van por el camino correcto), las que debe ser una auténtica declaración de intenciones sobre lo que el gobierno quiere hacer en materia de combate a la corrupción.

Divisiones Centroamericanas

En el tema de la despenalización, al menos, Guatemala parece estarse incorporando a un grupo de países más prósperos

Desde la independencia, las provincias que conforman el istmo centroamericano han sufrido de un trastorno bipolar respecto de su deseo de fortalecer (o debilitar) los lazos que nos unen. Lo peor es que dicho trastorno lo manifiesta cada país en diferente momento, de manera lo que casi nunca ha habido coincidencia de los cinco países (o seis, si incluimos a Panamá) a la vez respecto del tipo de integración que desean (o no) construir.

Resulta que cuando Morazán quería mantener unidas a las provincias, Rafael Carrera no quiso. Años después, en 1871, Barrios en Guatemala y Bográn en Honduras acordaron unificarse, pero El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se opusieron. Luego, en 1921, el movimiento Unionista cobró gran fuerza en Honduras, El Salvador y Guatemala, pero Costa Rica y Nicaragua no se subieron a ese tren.

En la década de 1990, el auto-denominado Triángulo Norte intentó estrechar sus lazos económicos y migratorios, como una reacción a la percibida lentitud de Costa Rica en acelerar la integración regional. Hoy en día sólo hace falta viajar por tierra a El Salvador para darse cuenta que el entusiasmo de las autoridades guatemaltecas ha decaído drásticamente en cuanto a su deseo de facilitar el tránsito de personas y mercancías hacia nuestro principal socio comercial de la Región.

El más reciente conflicto de la familia centroamericana se está desarrollando en torno a la despenalización de las drogas, en relación con lo cual Costa Rica y Panamá están abiertos a discutir la propuesta de Guatemala, mientras que, en el otro bando, El Salvador, Honduras y Nicaragua se alinean con la posición de los Estados Unidos y se resisten tan siquiera a considerar la discusión del tema.

Esta divisiones seculares en materia política ser replican también en el área económica. El desempeño económico de Costa Rica y, especialmente, de Panamá ha permitido que en los últimos años estos dos países alcancen un nivel de ingreso per cápita (nominal) cercano a los 9 mil dólares anuales. En el extremo opuesto, Honduras y Nicaragua no logran alcanzar tan siquiera los 2 mil dólares anuales per cápita. Estamos hablando, evidentemente, de dos ligas económicas distintas en las que las distancias en productividad hacen toda la diferencia. Por un lado, Costa Rica y Panamá, con menos del 20% de la población centroamericana, generan casi el 45% del PIB regional y, por el otro, Honduras y Nicaragua con casi el 33% de la población generan apenas un poco más del 13% de su PIB.

Por su parte, El Salvador y Guatemala parecen estar indecisos respecto a cuál de las dos ligas centroamericanas desean pertenecer. Ambos países tienen un nivel de ingresos nominal superior a los 3 mil dólares anuales (aunque el salvadoreño es un tanto mayor que el guatemalteco) y su aporte al PIB regional es más o menos proporcional al tamaño de su población (aunque también la mano de obra salvadoreña resulta algo más productiva que la guatemalteca).

En el tema de la despenalización de las drogas, al menos, Guatemala parece estarse incorporando al grupo de países centroamericanos más prósperos. Si bien los estilos y las sustancias de los gobernantes ticos y panameños no son exactamente del Primer Mundo, al menos sus prioridades de política pública no se centran en la repartición de fertilizantes ni de bolsas solidarias. Si bien sus sistemas políticos distan de ser perfectos, al menos sus partidos políticos tienen un cierto arraigo y organización de base que los inclina a la negociación y al debate para ejercer el poder, en vez de buscar el poder para lograr privilegios y negocios que les permitan pagar sus deudas de campaña.

Para incorporarse a la liga de las naciones prósperas, Guatemala debe identificar aquellos aspectos clave que han permitido a Panamá y Costa Rica alcanzar mejores niveles de desarrollo; ello significa aplicar políticas de largo plazo que, teniendo como norte supremo el bienestar de la población, hagan hincapié en el fortalecimiento de las instituciones (incluyendo las que se relacionan con la seguridad y la justicia), en la construcción de la infraestructura física esencial, y en la mejora continua del capital humano (especialmente en las áreas de salud y educación). De lo contrario estaremos certificando nuestra membresía en la otra liga de naciones.