A 20 Años de los Acuerdos de Paz

Las metas y compromisos planteados en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, aunque excesivamente ambiciosos, eran loables. La debilidad institucional y la corrupción generalizada los hicieron imposibles de lograr.

Este mes se cumplen 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, ocasión propicia para evaluar no solo su cumplimiento, sino su validez actual y si deberían replantearse a la luz de los cambios ocurridos en el entorno durante cuatro lustros. En particular es oportuno referirse al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ASSA- del que, entre otras implicaciones, se desprendió el Pacto Fiscal de 2003.

El ASSA planteaba, esencialmente, adoptar políticas económicas para alcanzar un crecimiento del 6% anual; también aplicar una política social con prioridad en salud, nutrición, educación y capacitación, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al empleo productivo; y, proponía como prioridad el fortalecimiento del papel rector del Estado en las políticas económicas y sociales. Puede afirmarse que estos planteamientos han sido ampliamente incumplidos.

Las razones de tal incumplimiento tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que ni uno solo de los sucesivos gobiernos que ha tenido el país desde que se firmaron los Acuerdos de Paz ha planteado una agenda de Estado que le ponga Norte a las políticas públicas que debieron emprenderse para cumplir con los compromisos adquiridos. Ello ha implicado una patética ausencia de prioridades que contribuye al desorden de la gestión pública y a una lamentable dispersión e ineficiencia del gasto gubernamental.

A esto se suma, por un lado, la progresiva degeneración del sistema político que ha mutado hasta convertirse en un sistema de saqueo del erario público y, por otro lado, el progresivo debilitamiento del Estado que se ha centrado en ser un mero gestor de la coyuntura, en vez de convertirse en el rector estratégico de las políticas de desarrollo nacional. De tal suerte que ni el sistema político, ni las élites nacionales, ni la ciudadanía en general se apropiaron nunca de los Acuerdos de Paz, que quedaron huérfanos casi desde su nacimiento.

La corrupción, por su parte, dañó la mayoría de medidas planteadas en el ASSA y comprometió el pacto fiscal: la exigua moral tributaria fue destruida paulatinamente, lo cual derivó en una dramática insuficiencia de recursos para las prioridades planteadas en el ASSA (educación/capactación, salud, nutrición, etcétera); instituciones como el Fondo de Tierras y Registro de Información Catastral, ideadas para lidiar desde una lógica de mercado con la problemática agraria, fueron desnaturalizadas y cooptadas por grupos de interés, al igual que el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y, en general, la administración pública se tornó cada vez más disfuncional.

De manera que los principales obstáculos al cumplimiento de los Acuerdos de Paz han sido el propio sistema político disfuncional y la corrupción generalizada. Ambos aspectos requieren de un reforma profunda que debe acompañar a cualquier replanteamiento del ASSA o del propio pacto fiscal. Ahora que el gobierno parece que volverá a lanzarse a proponer una nueva reforma fiscal en los primeros meses de 2017, bien vale la pena aprovechar el aniversario de los Acuerdos de Paz para proponer un diálogo fiscal integral, en el que se discutan aspectos tan esenciales como cuáles van a ser las prioridades del gasto público dentro de una agenda de Estado de largo plazo, cómo se van a optimizar los recursos con que ya cuenta el gobierno (mejorando la recaudación y combatiendo la corrupción) y qué límites van a respetarse para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las lecciones que puedan extraerse del incumplimiento de los principales compromisos del ASSA pueden ser de utilidad en este proceso.

Inestabilidad Política y Conflictividad Social

El ambiente político radicalizado, y los síntomas de una persistente conflictividad social que se perciben en la coyuntura actual, podrían tener efectos prejudiciales graves sobre  el desempeño económico del país

Es abundante la literatura que ilustra sobre los efectos nocivos que la inestabilidad política y el conflicto social tienen sobre el desempeño económico de cualquier país, particularmente respecto de su capacidad de aumentar la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. La inestabilidad y conflictividad político-social es muy común y recurrente alrededor del mundo y, por ello, los múltiples estudios que demuestran los referidos efectos no sólo son bastante concluyentes, sino que encierran lecciones que pueden ser relevantes para Guatemala.

Hoy en día existe un evidente ambiente de inestabilidad política y de conflictividad social en el país: las divisiones entre derechas e izquierdas –radicalizadas por el juicio contra Ríos Montt- no son canalizadas por un sistema de partidos políticos disfuncional, clientelar y corrompido hasta la médula; el sistema republicano mutilado por la ausencia absoluta del Congreso en la vida política de la nación; los múltiples brotes de convulsión social –sea por recursos naturales o por servicios públicos-, exacerbados por las demandas históricamente insatisfechas y las sensaciones de exclusión; los mucho territorios fuera del control del Estado, donde no impera la ley sino el crimen (organizado o no) y el autogobierno.

Es casi seguro que tal ambiente político y social estará perjudicando gravemente el desempeño económico del país. Si la historia sirve de referencia, basta recordar que, en la década de los ochenta del siglo pasado, la guerra civil fue el factor central (complementado por una crisis económica mundial y por las secuelas del desgobierno de Lucas García) que determinó la peor caída de la producción en la historia moderna del país y la mayor reducción en los niveles de ingreso per cápita de los guatemaltecos. Con la grave crisis de esa década –y probablemente a causa de ella-, el desempeño económico de Guatemala ha sido desde entonces predominantemente mediocre y lento.

La inestabilidad política y el escaso desarrollo económico se refuerzan mutuamente. En un sentido, la incertidumbre en el campo político y social tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico pues precipita una reducción de la inversión en capital físico, una pérdida de capital humano (debido, por ejemplo, de las migraciones por causas políticas) y un aumento de la volatilidad macroeconómica (debido, por ejemplo, a aumentos crecientes del déficit fiscal). En el otro sentido, el desempeño económico insatisfactorio puede agravar los niveles de desigualdad y conducir, a su vez, a confrontaciones político-sociales, agravadas por una sensación de desesperanza generalizada de la población respecto de su futuro.

Múltiples estudios han corroborado tales fenómenos alrededor del mundo y han demostrado que, en general, la inestabilidad y conflictividad político-social conduce a un menor crecimiento económico, a una reducción de la inversión privada, a la volatilidad macroeconómica y a una mayor inflación, entro otras consecuencias que se traducen, al final de cuentas, en una pérdida generalizada de bienestar en perjuicio principalmente de los más pobres.

Estudios recientes muestran que tales efectos negativos pueden moderarse y superarse en pocos años si se aplican medidas y reformas enfocadas a mejorar la efectividad de las instituciones de gobierno y sus reglas de participación en la vida económica y social (lo que se conoce como gobernanza): el grado de participación ciudadana en las decisiones, la rendición de cuentas por parte de las autoridades, la estabilidad de las instituciones, la efectividad del gobierno, la calidad de las regulaciones gubernamentales, el imperio de la ley y el control de la corrupción, así como la flexibilidad de los mercados de productos y de empleo.

Este es uno de los desafíos fundamentales para la Guatemala de hoy. Las condiciones de incertidumbre política y discordia social son una realidad cotidiana. Únicamente en la medida en que, como país, nos centremos en construir y fortalecer las instituciones, así como en procurar la eficiencia simultánea del gobierno y de los mercados, podremos moderar las consecuencias negativas de la situación actual y aspirar a un futuro de bienestar para todos los guatemaltecos. Un futuro que ahora se ve lejano.

GUERNICA: 75 AÑOS

Hace 75 años la Legión Cóndor de la fuerza aérea Nazi arrasó la ciudad de Guernica –a 20km de Bilbao-, en lo que fue el primer bombardeo aéreo de la historia contra un objetivo civil. Francisco Franco, el líder de los golpistas que iniciaron la Guerra Civil española, quería un castigo ejemplar para la resistencia vasca y permitió a la aviación de Hitler hacer pruebas sobre la ciudad desprotegida, como parte de su “cruzada” contra comunistas, masones, separatistas, ateos y otros variados enemigos en la que el fin justificaba los medios.

El general nazi Erich Ludernoff sostenía que en la guerra moderna nadie era inmune al fuego: los civiles debía ser considerados y tratados como combatientes, de manera que el terror infligido a Guernica fue parte de una estrategia militar. La ciudad era históricamente simbólica para el pueblo vasco, por lo que los bombardeos debían enviar un claro mensaje del poderío militar de los golpistas (nacionalistas) a los gobiernistas (republicanos).

El 26 de abril era día de mercado; el centro de Guernica estaba repleto. Las primeras bombas cayeron a las 4:30 de la tarde sobre la plaza principal. Aparte de los objetivos militares (que incluían el puente de acceso a la ciudad), los golpistas decidieron bombardear repetidamente los sitios de reunión de la población civil. Murieron 1,654 civiles y otros 889 quedaron heridos. El mundo se horrorizó mientras Franco negaba que el ataque hubiera ocurrido y le achacaba la destrucción de Guernica a los propios vascos.

El bombardeo tuvo muchas y graves consecuencias. El terror fue efectivo: le metió miedo a los líderes de las democracias occidentales que abandonaron a su suerte al gobierno legítimo de la República y otorgaron concesiones a Hitler que, años después, lamentarían en carne propia. El gobierno republicano, al verse solo, se precipitó a los brazos de Stalin, con lo que el conflicto civil español degeneró en una guerra de extremistas.

Los enemigos de la joven República española no eran solamente los nacionalistas de Franco. El régimen fue minado desde adentro por algunos izquierdistas que luego se proclamarían sus defensores: una fallida revolución anarquista contra el gobierno republicano de centro-derecha ya había ocasionado un grave daño a la gobernabilidad en 1934; el gobierno del izquierdista Frente Popular, que ganó las siguientes elecciones, nunca pudo controlar a sus militantes extremistas. El “terror rojo” de los extremistas republicanos mató unas 40 mil personas, en tanto que el “terror blanco” de los franquistas cobró unas 200 mil víctimas (durante e inmediatamente después de la guerra). La Guerra Civil la perdió España misma.

El dictador Franco mantuvo a España aislada de los aires de progreso y democracia que se respiraban al norte de los Pirineos. Sólo tras su muerte en 1975 el país inició un ejemplar proceso de transición hacia la democracia, la integración con Europa y el desarrollo económico. La mayoría de españoles en este período prefirió concentrarse en fortalecer la democracia y el progreso, antes que en saldar viejas cuentas o exhumar el pasado. Esta actitud fue aprovechada por la reinstaurada monarquía para subirse al barco de la democracia y la modernidad.

Durante la transición, el rey Juan Carlos se mostró equilibrado, defensor de la democracia y sus instituciones, pragmático y progresista. Su esposa, la reina Sofía, fundó un museo de arte moderno que albergaría (vaya ironía) la obra maestra del arte republicano de denuncia contra el terror fascista: el Guernica de Pablo Picasso. La imponente pintura en blanco y negro, terminada en 1937, estuvo errante por el mundo (Londres, Boston, Chicago, Nueva York) hasta que regresó a España en 1981, donde se exhibió protegida tras un cristal blindado que fue removido en 1995.

Sólo el tiempo dirá si las recientes actuaciones del rey Juan Carlos (con sus errores y mea culpas públicos) serán suficientes para preservar su imagen o su lugar en la historia, antes de que ésta, implacable, retorne eventualmente las cosas hacia el camino construido sobre los ideales liberales de la República: un sistema de pesos y contrapesos que permite mantener a raya los abusos de los gobernantes, incluyendo lujosos viajes de cacería al África en compañía de bellas damas de la refinada nobleza.

Hace 70 Años

El 1 de abril de 1939 terminó oficialmente la Guerra Civil Española con la capitulación de la heroica ciudad de Madrid ante las fuerzas golpistas de Franco. Hoy que se cumplen 70 años del hecho, me parece una buena ocasión para revivir una columna que publiqué a finales del año pasado, con motivo de la remoción de la última estatua del dictador en territorio español. Como aquella vez, mi intención es rendirle un justo homenaje a los exiliados españoles que, como mi querido y recordado padre, Fernando, encontraron en Guatemala refugio, cariño y patria complementaria. Para ellos, aquí va.

POR FIN SE FUE EL DICTADOR
El 18 de diciembre pasado, en la plaza del Ayuntamiento de Santander (en Cantabria, al norte de España) fue removida la última estatua ecuestre de Francisco Franco que quedaba en pie sobre la Península Ibérica. El dictador que gobernó por 36 años es, desde hace tiempo, un fantasma del pasado que los gobernantes y la sociedad española tratan de enterrar definitivamente, para cuyo efecto, entre otras medidas, han estado eliminando de los lugares públicos las numerosas estatuas y monumentos que el hombrecillo y sus aduladores erigieron durante la dictadura. La de Santander era la última que quedaba en pie y fue removida ante medio millar de ciudadanos que presenciaron el acto, en actitud de absoluta normalidad y responsabilidad cívica.
Para quienes somos descendientes del exilio español, hijos y nietos de quienes sufrieron en carne propia las dolorosas heridas de la Guerra Civil española y la subsiguiente dictadura, la expulsión simbólica de Franco de las plazas públicas significa una tardía pero merecida reivindicación y una justa satisfacción a la memoria de nuestros padres y abuelos. Representa también para nosotros, como guatemaltecos, el ejemplo de una sociedad que tiene el valor de enfrentar a su historia, con todas sus consecuencias, para sanar sus heridas y lograr la plena reconciliación.
Mi padre, Fernando, se habría sentido, sin duda, satisfecho, como lo estarán donde quiera que se encuentren sus hermanos y compañeros que eligieron a la Guatemala de principios de los años cincuenta como su lugar de refugio: los García Fernández, Jimeno, Pérez, Arribas, Aguado, Ramos, Osuna, Castellanos, Villaverde, Quintana y demás republicanos españoles que, al pasar de los años, devinieron en fundadores de familias guatemaltecas de bien.
Recuerdo también las historias que mi padre contaba respecto de mi abuelo, Alejo, y pienso en lo difícil que habrá sido para él --un libre pensador, masón, demócrata y republicanista- tener que decidir entre uno de los dos bandos, radicalizados y extremistas, que desencadenaron esa trágica guerra civil de 1936, que no sólo fue un sangriento prólogo de la Segunda Guerra Mundial, sino que condenó a España a cuatro décadas de dictadura franquista. Cuando hubo de decidir, el abuelo se decantó por el lado más cercano a la libertad, la democracia y la razón: eligió el bando que durante tres años resistió improvisada, heroica pero infructuosamente la asonada militar fascista liderada por Franco. Perdieron la guerra, pero la razón siempre estuvo de su lado, tal como lo reivindica hoy la extirpación de las estatuas del Generalísimo de todo el territorio español.Post scriptum. Las amenazas contra la libertad, la democracia y la razón cobran hoy, en Guatemala, formas diferentes, más tenues y sutiles, en comparación a las que había en la España de 1936, pero no por ello dejan de estar latentes. Por esa razón, expreso aquí mi solidaridad para con Gustavo Berganza, quien en días recientes ha sido objeto de injustificados ataques y descalificaciones en los noticieros de la televisión local y en su estación de radio. ¡Ánimo y feliz año 2009!