EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

SI NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO

La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.

Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.

Excluir a los gobiernos de temas de política pública (como la capacitación, la mitigación de clima o la prevención de la violencia) que son de su absoluta responsabilidad, es un grave error que -aunque entendible- pone en evidencia que el eslabón más débil de la cadena de factores que conduce a las migraciones masivas es la debilidad de las instituciones estatales. Sin un fortalecimiento de esas instituciones (que requiere de la participación de los tres poderes del Estado), cualquier gasto que se haga tendrá pocas probabilidades de tener resultados duraderos. El desafío clave del Plan Biden es el de equilibrar los apoyos económicos con el apoyo técnico y el músculo político que se necesitan para construir capacidades gubernamentales y reformar instituciones en los países del Triángulo Norte.

UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN

 EL CES PODRÍA JUGAR UN ROL FUNDAMENTAL PARA IMPULSARLA

 La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó un informe económico sobre Centroamérica en el que aborda cómo enfrentar, desde las políticas públicas, los problemas de desigualdad y descontento social generados por la pandemia. El informe del BID enfatiza, para el caso de Guatemala, la necesidad de implementar una estrategia de reactivación económica que mejore la dinámica socioeconómica en el mediano plazo. Resulta muy oportuno, entonces, que el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- haya publicado (también hace pocos días) una propuesta de Plan de Reactivación Económica y Social -PRES-.

 La propuesta del CES, además de oportuna, tiene la virtud de complementar una serie de políticas puntuales que ya han sido discutidas y recomendadas en otros foros (como una política nacional de competitividad, medidas para el desarrollo rural, acciones para mejorar la conectividad, o políticas de empleo digno y de descentralización) con un planteamiento de componentes estructurales (que incluyen un sistema nacional de información, la reforma del servicio civil, la mejora en la transparencia y calidad del gasto público, y la sostenibilidad de las finanzas públicas) sin los cuales cualquier intento de reactivar la economía tendría resultados efímeros.

 Si bien el planteamiento del CES es un buen punto de partida para estructurar la estrategia de reactivación que el país necesita, también lo es que dicho PRES está planteado aún en términos muy generales que requieren de un esfuerzo adicional de priorización y de definición de detalles al nivel medidas de política pública más concretas: es necesario explicitar y priorizar las reformas de fortalecimiento institucional que permitan revertir la enorme ineficiencia del Estado para ejecutar sus funciones de una manera medianamente eficiente. El propio informe del BID hace hincapié en el imperativo de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio, a fin de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que impiden la inversión, la competencia y la adecuada provisión de bienes públicos esenciales, lo que contribuiría a disminuir los niveles de pobreza y de insatisfacción social existentes.

 Para que los componentes del plan propuesto por el CES sean viables, deben incluir explícitamente propuestas de reforma institucional: un sistema nacional de información requiere reformar el INE; el sistema de servicio civil implica reformar la ONSEC; mejorar la calidad del gasto requiere reformar la Contraloría de Cuentas; las políticas económicas, de conectividad, de descentralización o de empleo necesitan de un marco de certeza jurídica que implica reformar los sistemas judicial y de partidos políticos. El desafío que tiene ante sí el CES es no solo el de concitar, en torno a su PRES, un diálogo que incluya la reforma funcional del Estado, sino que conducirlo en el entorno de confrontación y desconfianza que hoy enrarece el clima de gobernabilidad. Por su conformación y mandato, quizá sea el CES uno de los pocos entes que quedan en el país con posibilidades de liderar tal esfuerzo.