TRUMP Y NUESTRA ECONOMÍA

 El cambio de rumbo en el Norte tendrá implicaciones que demandan acciones de política pública en Guatemala

Lo que ocurra con las políticas de gobierno en Estados Unidos a raíz de un cambio de administración es de gran relevancia para una economía como la de Guatemala, que puede verse impactada por diversos canales. Las remesas familiares, las exportaciones, la inversión privada y la asistencia gubernamental son los canales de transmisión directos. Pero también las políticas que buscan impulsar en crecimiento de la economía estadounidense o reformar su gobierno pueden afectarnos indirectamente.

Ahora bien, no todas las promesas de campaña van a cumplirse ni rápida ni completamente. Por ejemplo, la tarea de desregular y reducir el Estado se vislumbra llena de obstáculos y, si logran tener éxito, solo podrá dar frutos positivos -aumentos de la productividad y del crecimiento- a mediano plazo. Lo mismo puede decirse de la apuesta de fomentar el crecimiento económico mediante una masiva reducción de impuestos. De manera que los efectos indirectos sobre la economía guatemalteca derivados de las políticas fiscales o de reforma del gobierno en los Estados Unidos no serán demasiado relevantes, al menos a corto plazo.

En cambio, son otras dos políticas -que el presidente Trump sí podrá ejecutar desde el día de toma de posesión- las que tendrán un impacto inmediato sobre nuestra economía. En primer lugar, la política de combate a la migración ilegal impactará el flujo de remesas familiares hacia Guatemala, uno de los países más dependientes de estos flujos, que constituyen aproximadamente el 20% del PIB del país. Si el gobierno de Trump implementa políticas migratorias más estrictas o dificulta la permanencia de los migrantes, esto podría afectar una fuente de ingresos (las remesas) fundamental para el consumo y el ahorro de millones de familias guatemaltecas. En el corto plazo, sin embargo, podría producirse (como ya ha ocurrido en el pasado) un aumento repentino de los flujos de remesas hacia el país, incluso antes de la toma de posesión de Trump, como una reacción precautoria de los migrantes chapines ante el riesgo creciente de su eventual deportación.

En segundo lugar, la política de protección a la industria estadounidense mediante la aplicación de aranceles y otras barreras al comercio puede afectar nuestra economía. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y cualquier cambio en las políticas comerciales (aranceles, tratados comerciales o restricciones de mercado) podría afectar el acceso de los productos guatemaltecos a ese mercado y, en consecuencia, impactar en el empleo y crecimiento de sectores clave en nuestro país. Sin embargo, si Trump concentra su guerra comercial en sus rivales relevantes (China, Europa o México), podría terminar favoreciendo (al menos a corto plazo) a nuestro sector exportador.

Los efectos de las políticas del nuevo gobierno de Trump dependerán de cuán agresiva sea su aplicación, lo cual es incierto. Lo que es sí es cierto es que debemos empezar a prepararnos desde ya. Como es de esperarse un retorno masivo de migrantes, hay que pensar en nuevos programas que fomenten el empleo y favorezcan a los pequeños empresarios, además de un programa de atención a los migrantes (tanto a los repatriados como a quienes queden retenidos allá). Habrá también que fortalecer las políticas de comercio exterior y de atracción de inversiones, así como la capacidad del país para negociar en esos frentes. Y habrá que mejorar la coordinación entre la política monetarias y la fiscal ante una previsible mayor fluctuación del tipo de cambio y de la demanda doméstica. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.

LAS CAUSAS RAÍZ DE LA MIGRACIÓN

 UN MIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE GENERAR DIEZ VECES MÁS INGRESOS QUE EN SU PAÍS DE ORIGEN

Una nueva crisis de migrantes ilegales en los Estados Unidos se produce desde hace semanas. Los gobernadores republicanos de los estados fronterizos con México están enviando buses repletos de migrantes hacia los estados norteños gobernados por demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris (encargada de encontrar soluciones a la crisis) acusa a aquellos gobernadores de estar jugando con vidas humanas, al tiempo que asegura haber conseguido más de US$3.2 millardos para ayudar a que los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica tengan en sus propios países las oportunidades que necesitan para no verse en la necesidad de emigrar ilegalmente.

Pero, a pesar de que la estrategia de Harris busca atacar las “causas raíz” de las migraciones ilegales, pareciera que ni el gobierno estadounidense actual, ni su predecesor, tienen claras dichas causas. Por un lado, los fondos que Harris dice haber juntado para invertir en el Triángulo Norte apenas representan el 2 por ciento del PIB de la Región, por lo que resulta ingenuo pensar que una inversión tan pequeña pueda revertir los flujos de migrantes ilegales. Por el otro lado, en una conferencia reciente impartida en Guatemala, el ex vicepresidente Mike Pence pareció achacar la culpa de las olas de migrantes centroamericanos principalmente a “los carteles criminales que trafican personas”, lo cual suena también demasiado simplista.

Resulta difícil creer que los más importantes líderes de los Estados Unidos no tengan claro que el principal incentivo que motiva a los centroamericanos a emprender la peligrosa travesía rumbo al Norte es el enorme diferencial que existe entre los ingresos que pueden obtener allá en comparación a los que obtienen acá. El mismo campesino guatemalteco que en su pueblo apenas generaba ingresos mínimos para mantener a su familia en precarias condiciones, es el mismo que -tres meses después de haber llegado mojado a California- es capaz de generar cinco y hasta diez veces más ingresos. La pregunta relevante para identificar la causa raíz de las migraciones es ¿por qué un trabajador centroamericano puede ser diez veces más productivo en los Estados Unidos que en su país de origen?

No toma mucho darse cuenta de que la diferencia radica en la calidad del entorno para trabajar y hacer negocios. Un entorno donde el Estado provee los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, asistencia en salud y educación) y en donde las instituciones generan la certeza jurídica y el orden económico necesarios, es un entorno donde el individuo puede ser más productivo y encontrar las oportunidades para progresar y realizarse. La principal causa raíz de las migraciones desde el Triángulo Norte yace en la incapacidad de esos estados de proveer a sus ciudadanos los servicios públicos mínimos y de funcionar con base en instituciones sólidas que conformen un marco eficaz para la interacción humana y el progreso de las personas. Convencer a algunas empresas estadounidenses para que inviertan en el Triángulo Norte es importante, como también lo es combatir las mafias del coyotaje; pero para atacar la causa raíz de las migraciones, lo que se necesita es mejores servicios públicos y mejores instituciones.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

 LAS ECONOMÍAS DE PANAMÁ Y COSTA RICA ESTÁN APROVECHANDO EL “NEARSHORING”. GUATEMALA DEBERÍA APURARSE

Durante décadas, las empresas de los países industrializados favorecieron el offshoring (o deslocalización) para subcontratar muchos de sus procesos de negocios en otros países (principalmente de Asia) para reducir sus costos de operación y mano de obra. Hace un lustro, diversas amenazas geoestratégicas empezaron a manifestarse -agravadas ahora por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania- y han persuadido a empresas y gobiernos de esos países a implementar estrategias de continuidad comercial y gestión de riesgos de la cadena de suministro con socios regionales, geográficamente más cercanos, en una estrategia conocida como nearshoring. La administración Biden emitió en 2021 una orden ejecutiva sobre “cadenas de suministro resilientes” y el BID estima que el nearshoring traerá a Latinoamérica unos 70 millardos de dólares.

Esto abre grandes oportunidades de inversión y crecimiento que ya están siendo aprovechadas por países como Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, que han firmado la alianza del Triángulo Democrático para afinar los mecanismos de nearshoring y atracción de inversiones, que fomenta los sectores de zonas francas, servicios y tecnología. Panamá ha reconfigurado las cadenas globales de suministro: solo en 2021 autorizó 18 nuevas licencias para empresas multinacionales extranjeras y, en total, el Ministerio de Comercio cuenta ya con más de 175 licencias activas de empresas multinacionales. Costa Rica, por su parte, está aprovechando no solo su ubicación, sino también su política de libre comercio exterior, seguridad jurídica, apertura a los mercados y trato especial a empresas en zonas francas, la que han significado en los últimos meses grandes inversiones como las de Intel, Terumo, SAE-A Spinning y Bayer (que suman un millardo de dólares).

Diversos empresarios y analistas coinciden en que Costa Rica y Panamá tienen ventajas competitivas respecto de otros países de la Región: calidad del capital humano, capacidad de innovación, trayectoria histórica de apertura comercial, tradiciones democráticas, relativamente baja conflictividad y, sobre todo, seguridad jurídica en ambos países. Guatemala (y el resto de países de la Región) debería centrarse en esos factores para no desperdiciar esta ventana de oportunidad.

El actual entorno de apremiantes intereses geopolíticos, intercambios económicos inciertos, olas de migración ilegal y remesas familiares abundantes, hace que los destinos de Estados Unidos y Guatemala estén muy entrelazados. Aprovechar el nearshoring y atraer inversiones a nuestro país requiere de un esfuerzo propio y del apoyo estadounidense -con mucha imaginación y voluntad política- para avanzar en áreas como el desarrollo de infraestructura, la profundización de la digitalización, la capacitación de la fuerza laboral, y la construcción de zonas empresariales que apoyen las cadenas de suministro globales. En particular, la creación de un ecosistema integral para mejorar la eficiencia del aparato productivo requiere de una mejora continua del marco institucional y regulatorio, de la certeza jurídica y de la paz social. De lo contrario, Costa Rica y Panamá nos seguirán dejando a la zaga.

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

SI NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO

La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.

Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.

Excluir a los gobiernos de temas de política pública (como la capacitación, la mitigación de clima o la prevención de la violencia) que son de su absoluta responsabilidad, es un grave error que -aunque entendible- pone en evidencia que el eslabón más débil de la cadena de factores que conduce a las migraciones masivas es la debilidad de las instituciones estatales. Sin un fortalecimiento de esas instituciones (que requiere de la participación de los tres poderes del Estado), cualquier gasto que se haga tendrá pocas probabilidades de tener resultados duraderos. El desafío clave del Plan Biden es el de equilibrar los apoyos económicos con el apoyo técnico y el músculo político que se necesitan para construir capacidades gubernamentales y reformar instituciones en los países del Triángulo Norte.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

El Mundo No Necesita una Guerra Comercial

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo– de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos

La economía mundial está en dificultades; los pronósticos de crecimiento de la producción apuntan claramente a una desaceleración. Una de las principales causas de este panorama han sido las medidas proteccionistas aplicadas por el actual gobierno estadounidense y las consiguientes represalias adoptadas por China y otros países. Pareciera que a los hacedores de política económica en esos países se les ha olvidado que uno de los motores que ha propulsado el acelerado desarrollo que el mundo ha experimentado en los últimos noventa años ha sido el intercambio de bienes, cada vez más libre y creciente, entre las naciones.

Resulta difícil, en estos tiempos populistas, convencer a los nacionalistas de que el comercio es, a la postre, beneficioso para ambas partes... pero lo es. Basta con ver cómo, en todo el mundo y a través de la historia, los países que abrieron sus fronteras al comercio fueron los que más prosperaron: la Grecia clásica, la China medieval, la Italia renacentista, la Holanda de la edad de oro, la Inglaterra del siglo XIX, los Estados Unidos de la posguerra mundial y, recientemente, los Tigres Asiáticos y China.

El intercambio comercial entre países produce riqueza. Cuando un país exporta, obtiene un beneficio –incluso si la riqueza obtenida no se distribuye equitativamente (lo que es un problema social que cada país debe resolver), ello no significa que los ciudadanos estén peor que antes del intercambio comercial-. Al reducir sus barreras al comercio, los gobiernos permiten a sus ciudadanos exportar aquellos bienes que mejor saben producir e importar todo lo demás, con la posibilidad de escoger lo mejor que el mundo tiene para ofrecerles.

Al abrir sus fronteras, los países ricos también estimulan el crecimiento de los países más atrasados, lo cual beneficia a ambas partes. Al importar bienes más baratos de los países en desarrollo, los países ricos no solo ofrecen a sus propios consumidores una mayor gama de productos, sino también generan empleos en los países donde la gente está desesperada por obtener mayores ingresos (o por emigrar). Dándoles a los países menos avanzados la oportunidad de crecer a través del comercio, los países ricos pueden simultáneamente expandir sus propias economías: cuando los países menos avanzados logran crecer y aumentar su poder adquisitivo, seguramente importarán más bienes y servicios de los países avanzados. A fin de cuentas, más comercio conlleva más crecimiento, lo cual significa más empleos.

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo- de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos, incluyendo aquellos ciudadanos a quienes supuestamente se quiere proteger. La Gran Depresión de los años 1930, por ejemplo, se propagó por el mundo cuando los Estados Unidos decidieron erigir barreras al comercio para “proteger” a los productores locales; en la medida en que otros países tomaron represalias con medidas similares, el comercio mundial se desplomó, desaparecieron los puestos de trabajo y el planeta entró en un largo período de declive económico. Hoy, la economía mundial está en un momento delicado y lo que menos necesita es que las grandes economías (especialmente Estados Unidos y China) repitan aquella nefasta historia.

Remesas Bajo Amenaza

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares

No es que Donald Trump la tenga contra Guatemala. El recurso del garrote y la zanahoria lo ha empleado desde el día uno de su mandato para coaccionar a otros países -amigos o enemigos, ricos o pobres por igual- a acceder a sus deseos. Las amenazas y medidas contra la migración de guatemaltecos han sido numerosas: la construcción de un muro; la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la suspensión de visas por lotería; la separación de menores de edad de sus padres; la ley que le obliga a informar a su Congreso sobre funcionarios del Triángulo del Norte involucrados en corrupción y narcotráfico; y, más recientemente, la amenaza de gravar las remesas, imponer aranceles y prohibir el ingreso de cualquier guatemalteco si no se firmaba el acuerdo para hacer de Guatemala un “tercer país seguro”.

Todas esas acciones representan un riesgo para nuestro país. Las remesas familiares que reciben los guatemaltecos equivalen al 12 por ciento del PIB y benefician a más de 1.5 millones de hogares, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos y el sustento del consumo privado, principal motor de nuestro crecimiento económico. Una caída abrupta del flujo de remesas acarrearía consecuencias muy negativas para la economía nacional. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó un cálculo de los efectos que se derivarían de una caída pronunciada en el flujo de remesas hacia Guatemala, que ocurriría si el gobierno estadounidense tiene éxito en obstaculizar el envío de remesas, en aumentar el número de deportados y en impedir el ingreso de nuevos migrantes. Según el FMI el impacto sería sustancial, permanente y negativo sobre la producción y el bienestar.

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares; la menor demanda doméstica haría que las empresas redujeran sus inversiones. Si, por ejemplo, las remesas disminuyen en una tercera parte, la producción nacional sería menor en un 1 por ciento en los primeros 5 años, y en un 2 por ciento en el largo plazo, mientras que el consumo doméstico caería en más de 8 por ciento. Con menos divisas disponibles, sería necesario reducir la factura de importaciones y aumentar los ingresos por exportaciones, lo cual implicaría una rápida e importante depreciación del quetzal (de un 12 por ciento, que lo llevaría a unos Q8.80 por dólar) que, a su vez, elevaría la inflación importada. Y la prima de riesgo-país se elevaría, ocasionando un aumento de las tasas de interés domésticas que encarecerían el costo del crédito.

Aunque este escenario calamitoso todavía es improbable, no es imposible y subraya la importancia para el país de mantener relaciones positivas con los Estados Unidos. El horizonte se vislumbra complicado, con la lluvia de recursos legales que –tanto en Guatemala como en Estados Unidos- caerá sobre el convenio de Tercer País Seguro y sobre las demás medidas anti migratorias. Las tensiones migratorias entre ambos países persistirán, por lo que nuestro gobierno (el saliente y el entrante) debería cuanto antes aprender a negociar con dignidad y no solo hacer lo que nos dicen que hagamos –bajo amenazas- sin lograr nada a cambio.

Hagamos grande a Centroamérica otra vez

“Si usted viviera allí”, le sugieren Shultz y Aspe a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”

George Shultz fue secretario de Trabajo y del Tesoro (finanzas públicas) de Richard Nixon, así como secretario de Estado (relaciones exteriores) de Ronald Reagan. Pedro Aspe fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas De Gortari. Ninguno de los dos, evidentemente, es un enemigo de la libre empresa ni del sistema capitalista. La semana pasada publicaron en el Wall Street Journal un artículo que titularon “Make Central America Great Again”, con la presumible intención de hacerlo llamativo para los funcionarios de la administración Trump.

Shultz y Aspe sostienen en su artículo que lo mejor que puede hacer el gobierno de Trump para detener el flujo de migrantes ilegales del Triángulo Norte es invertir para mejorar esos países. Y es que los flujos de migrantes ilegales ocurren porque estos buscan en los Estados Unidos las oportunidades económicas y la seguridad personal que no encuentran en sus lugares de origen debido a la baja calidad de las instituciones de gobierno, a la violencia, a la falta de empleo y a la vulnerabilidad ante los desastres naturales. “Si usted viviera allí”, le sugieren a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”.

Los países ricos necesitan de un flujo continuo -pero ordenado- de migrantes para renovar sus envejecidas poblaciones y dar sostenibilidad a sus economías. Pero en la realidad (como ocurre con los migrantes centroamericanos) esos flujos se dan por oleadas atropelladas que causan agobio y malestar en muchas sociedades industrializadas. Lo que es más grave es que esas oleadas vendrán en el futuro de países más grandes, y con más pobreza, que los del Triángulos Norte, tal el caso de Nigeria, Congo, India o Paquistán. Por ello el llamado a la acción es a los países avanzados, empezando por los Estados Unidos, para que, si quieren evitar las consecuencias de estas oleadas, contribuyan a cambiar la situación en los países emisores de migrantes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Y lo anterior solo se logra mejorando la calidad de sus gobiernos, fortaleciendo sus instituciones y aumentando su capacidad de proveer los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad y justicia). Entre las herramientas con las que, para el efecto, cuenta el gobierno estadounidense para contribuir al desarrollo de Centroamérica está su presupuesto de ayuda externa, su propia experticia y su músculo en organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo- para impulsar un programa profundo de fortalecimiento de capacidades en nuestra Región.

Por desgracia, ni el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Obama, ni el “Plan Marshall” del gobierno de López Obrador, ni -mucho menos- las políticas de construcción de muros y de separación de familias migrantes del gobierno de Trump se enfocan en atender los problemas de fondo del Triángulo Norte. Más bien parece que buscaran atender la conveniencia política y no soluciones de largo plazo, las cuales, aunque más difíciles de aplicar, resultan a la larga más efectivas. Ojalá los funcionarios del gobierno estadounidense pongan la debida atención a los consejos de Shultz y Aspe, por el bien de su propio país… y del nuestro.

Perspectivas económicas: nada mejor, no mucho peor

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión.

Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han debilitado recientemente, a raíz de la absurda guerra comercial de los Estados Unidos contra China y otros países, en medio de una creciente incertidumbre política internacional. El panorama global es el de una expansión que se debilita: luego del sólido crecimiento en 2017 y principios de 2018, la producción mundial se desaceleró desde entonces. Tanto en los países ricos como en los países en desarrollo, las proyecciones de crecimiento para 2019-2020 se han reducido (tanto por parte del Fondo Monetario Internacional -FMI-, como de la OECD y la ONU). Además de una desaceleración prevista en el comercio internacional, los indicadores de confianza de las empresas se han deteriorado en todo el mundo, lo que ha plantado nubarrones sobre las perspectivas de inversión y los flujos de capital.

En respuesta al debilitamiento de la economía, y dadas las bajas presiones inflacionarias, los principales bancos centrales del mundo han suavizado sus posturas de política monetaria, pero la efectividad de estas medidas es aún incierta. Cómo afectará este panorama a la economía guatemalteca es algo que estaremos discutiendo este viernes en el seminario que sobre la situación económica realiza Consultores Para el Desarrollo –COPADES-, en donde veremos que ese panorama a la baja en la economía internacional impedirá que las exportaciones (que son uno de los motores de la producción nacional) se recuperen como era deseable después de la caída que registraron el año pasado.

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión (construcción, maquinaria y equipo). Sin embargo, este segundo motor del crecimiento podrá contrarrestar el efecto negativo de los previsiblemente menores flujos de capital externo con un aumento en la inversión pública que se está dando este año y, quizá, por un aumento en la inversión privada que podría darse el año próximo, pero esto último dependerá crucialmente de cuán efectivo sea el nuevo gobierno para disipar la incertidumbre política y combatir la debilidad institucional.

Un tercer motor del crecimiento, el gasto del gobierno, seguramente aumentará este año (lo que normalmente ocurre cada año electoral) y, probablemente, se mantendrá relativamente expansivo el año próximo, debido a que los dos candidatos presidenciales que van a segunda vuelta han anunciado en sus planes de gobierno que incrementarán el gasto social y en infraestructura. Sin embargo, este motor de nuestra economía es muy pequeño como para ser determinante en cambiar el rumbo de la producción nacional.

El cuarto motor del crecimiento, el consumo de los hogares, es el más importante de todos y, dado su crecimiento vegetativo, es el que determinará que la economía guatemalteca continúe creciendo a un modesto ritmo apenas arriba del 3 por ciento anual. En el corto plazo, el potencial de este motor seguirá dependiendo en gran medida de las remesas familiares y estas, a su vez, dependerán en parte de cuán efectivas resulten las medidas anti-migrantes que impulsa el gobierno de Trump y que ahora parecen ser apoyadas por los propios gobiernos de México y de Guatemala.

Un "Plan Marshall" Incompleto

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas

La semana pasada, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, se presentó en la Casa Blanca con un Plan de Desarrollo para Centroamérica. Este mini-Plan Marshall –cuyo objetivo central es reducir las migraciones de centroamericanos hacia el Norte- fue elaborado para el gobierno mexicano por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, agencia de la ONU cuyos estudios y propuestas –vale la pena recordarlo- no suelen tener ni la profundidad ni la calidad de los que preparan otras instituciones multilaterales (como el Banco Mundial o, incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo, ambas con más y mejores recursos que la CEPAL), pero que ideológicamente es más afín al presidente López Obrador.

La propuesta de la CEPAL parte de un diagnóstico bastante acertado en cuanto a que la migración es un fenómeno multicausal cuyos principales disparadores son el lento crecimiento de las economías del Triángulo Norte, su gran incidencia de pobreza, la incapacidad de las ciudades para absorber la creciente población, la violencia generalizada, los desastres naturales mal manejados y los bajos salarios en comparación con los de Estados Unidos. Pero el mini-Plan Marshall resultante es, básicamente, una propuesta de aumentar los ingresos tributarios y el gasto público en megaproyectos (infraestructura vial y energética), además de aumentar el gasto social (educación y salud) y mejorar la gestión ambiental, todo lo cual implicaría un gasto anual de US$10 millardos a ser financiado por los tres países centroamericanos, México y, principalmente, los Estados Unidos.

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas. Los gobiernos del Triángulo Norte son cada vez más incapaces de desplegar sus fuerzas de seguridad pública en todos sus territorios, incapaces de impartir justicia pronta para combatir el crimen y para resolver disputas civiles o mercantiles, incapaces de proporcionar carreteras y caminos que conecten eficientemente sus mercados y comunidades, incapaces de brindar servicios de salud primaria a su población, e incapaces de proveer educación básica de calidad a sus niños y jóvenes. Esa incapacidad no se debe tanto a la falta de recursos financieros, como al dramático deterioro en la calidad de las instituciones públicas que se ha agravado en los últimos años.

En el caso de Guatemala, es evidente que los injustificables, persistentes y vergonzosos indicadores de desnutrición infantil, o los incontenibles flujos de migrantes menores de edad que arriesgan su vida en busca de oportunidades en otro país, son signos irrefutables de un Estado profundamente ineficaz, cuando no totalmente ausente. Esto no se resuelve solo con más impuestos y más inversión en infraestructura. La reforma del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones (sector justicia, servicio civil, control del gasto público, sistema electoral) debe ser una pieza central de cualquier estrategia de desarrollo del Triángulo Norte. A los Estados Unidos no les conviene embarcarse en un Plan como el propuesto por el gobierno mexicano si no incluye entre sus prioridades la reforma del Estado y sus instituciones; sin esa reforma, el plan estará condenado incurrir en gastos ineficientes y a ser insostenible en el tiempo.

El Retorno del Proteccionismo

La Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas.

Hace unos días, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los aranceles (de 10 a 25 por ciento) a una gran gama de importaciones (valoradas en más de US$200 millardos) provenientes de China, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambos países se derrumbaban. Los estadounidenses buscan proteger a sus productores locales de las supuestas prácticas comerciales desleales por parte de los chinos; estos, por su parte, habían aceptado cambiar ciertas regulaciones y reglamentos, pero se resisten a elevar tales cambios a categoría de ley. Ante ello, Trump amenaza con elevar los aranceles de muchos más productos, mientras China amenaza con medidas comerciales de represalia.

Esta escalada de medidas proteccionistas será, a la larga, contraproducente para ambos países y, lo que es peor, se convertirá en un silencioso veneno para la salud de la economía mundial y nos perjudicará a todos. Conviene recordar que, en los años treinta del siglo pasado, la Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas, bajo la errada creencia de que con ellas podían crear empleos, detonando represalias proteccionistas alrededor del mundo que solo contribuyeron a esparcir y empeorar la crisis económica mundial.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los aranceles y cuotas a la importación, con la buena intención de proteger las industrias domésticas, terminan ocasionando más mal que bien. Es cierto que los aranceles que está elevando Trump podrán proteger a los productores estadounidenses de esos bienes específicos respecto de la competencia de los  productos chinos; sin embargo, a la larga, las medidas proteccionistas no podrán aumentar el número total de empleos y ni siquiera podrán alterar sustancialmente la balanza comercial estadounidense con otros países. La razón del déficit comercial estadounidense no radica en que sus aranceles sean bajos, o en que China aplique prácticas desleales de comercio: el déficit externo se debe a que la economía estadounidense consume más de lo que produce.

Asociado a su déficit comercial, los Estados Unidos envían grandes montos de dólares a los chinos, quienes los regresan en forma de inversiones financieras. Al elevar los aranceles, los estadounidenses reducirán su déficit comercial, pero los chinos tendrán menos dólares para invertir, con lo que el dólar –entonces más escaso- se apreciará en los mercados internacionales, haciendo más difícil para los estadounidenses exportar y más barato importar bienes no solo de China, sino de cualquier país, de manera que su déficit comercial no se reducirá. Lo que se reducirá es el volumen total de comercio, con China primero y, eventualmente, con el resto del mundo.

El resultado de esta guerra comercial sino-americana será una caída en el comercio internacional que podrá ser más grave en la medida en que las guerras comerciales se generalicen al resto del mundo, lo cual no es nada remoto dado el auge que están teniendo los gobiernos populistas, inclinados a “proteger” sus industrias locales de la competencia internacional. Parece mentira que, ya avanzado el Siglo XXI, la calidad de los dirigentes políticos de las naciones –grandes y pequeñas- se haya degradado tanto que no sean capaces de entender siquiera las lecciones económicas más elementales que nos ha dejado la historia.

No Me Ayudes, Compadre

La decisión de Donald Trump de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido, y contraproducente para sus propios intereses

La ayuda internacional para el desarrollo -AID- era originalmente, hace años, un flujo de recursos de los países ricos para aliviar, sin condiciones, las emergencias humanitarias de los países pobres. La naturaleza de la AID, sin embargo, ya no es la misma que antes, y la mayoría de países ricos, incluyendo los Estados Unidos de América, solo dan ayuda bajo ciertas condiciones que deben cumplir los países recipiendarios, que no necesariamente son pobres. Guatemala, cabe subrayarlo, no es un país pobre (pertenece a los países llamados “de ingresos medios”).

Hace pocos días, el presidente Donald Trump, anunció un recorte de la ayuda estadounidense a Guatemala (y a Honduras y El Salvador), como reacción al aumento de las "caravanas de migrantes" indocumentados. El Departamento de Estado canceló los fondos para el año fiscal 2018, que en buena parte ya habían sido desembolsados, por lo que el impacto no será significativo (excepto para algunas comunidades beneficiarias de programas específicos) y el recorte de la ayuda resultará más bien simbólico del enojo estadounidense.

Lo cierto es que Guatemala –como cualquier país de ingresos medios- no necesita ni depende de la ayuda internacional (salvo en caso de desastres). Lo que ocurre es que –como muchos países de ingresos medios- administramos muy mal los recursos fiscales y padecemos una terrible debilidad institucional, por lo que persistan bolsones de pobreza, desnutrición e ingobernabilidad. Esto es precisamente lo que justifica que los países donantes condicionen su ayuda a que esta se dirija a programas focalizados en los más pobres y a que se corrijan las debilidades institucionales.

Por eso la decisión de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido. Sin los programas de ayuda el gobierno estadounidense pierde valiosas herramientas, no solo para mejorar las condiciones de vida de los potenciales migrantes en los bolsones de pobreza, sino principalmente para persuadir a estos países a reformar las institucionales para mejorar la gobernabilidad, combatir el narcotráfico y reducir las migraciones ilegales. Con la suspensión de la ayuda es probable no solo que estos países se atrincheren y paralicen sus reformas institucionales, sino que además reciban tentadoras ofertas de donantes emergentes –como China y Rusia-, cuyos objetivos son muy diferentes a los de los Estados Unidos.

Tampoco conviene satanizar (ni acá, ni allá) la AID: países tan exitosos como Taiwán y Corea del Sur iniciaron su ascenso al desarrollo recibiendo importantes montos del AID, y enfermedades como la polio y la viruela han sido casi erradicadas merced a este tipo de asistencia. Lo que los donantes deben perseguir es que su ayuda efectivamente mejore la calidad de vida de los más pobres, que no sea usada con fines partidarios o antidemocráticos, que se use con transparencia y que esté bien fiscalizada. En estos objetivos debería centrarse el gobierno de Trump para que la ayuda estadounidense contribuya a reducir las migraciones y el narcotráfico. Recortar esa ayuda consigue precisamente lo opuesto.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

Se Nos Escapa la Oportunidad

La economía de los Estados Unidos -el principal socio comercial de Centroamérica- está boyante. Pero los países de la Región (con sus comunes debilidades institucionales) hemos desperdiciado la oportunidad de engancharnos a ese carro

La economía estadounidense está en pleno auge, merced al estímulo fiscal y las desregulaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, así como a un dinámico optimismo de los consumidores y al creciente nivel de empleo que llevará a alcanzar tasas de crecimiento del PIB de 2.9% y 2.7% en 2018 y 2019, respectivamente. Esta bonanza debería ser aprovechada por los países que, como los centroamericanos, tienen un vínculo económico cercano con los Estados Unidos tanto por la vía de las exportaciones y de las remesas familiares, como por la vía de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, según se vio en el Seminario de Pronósticos Para las Economías de Centroamérica -organizado por Consultores para el Desarrollo, COPADES, la semana anterior-, ninguno de los cinco países centroamericanos (Panamá es un caso aparte) está aprovechando adecuadamente la oportunidad. Por diversas razones, las economías de la Región registrarán una desaceleración en su producción de bienes y servicios durante el presente año. El Triángulo Norte, con una demanda agregada hiper-dependiente de las remesas familiares –que empiezan a decelerarse- y con una inversión pública muy limitada. Costa Rica, bajo unas estrictas medidas de austeridad fiscal que son un amargo remedio a los previos años de derroche fiscal. Y Nicaragua, sumida en una grave crisis política que tiene paralizada la economía.

Lo peor es que las medidas de estímulo económico del gobierno de Trump tienen -por naturaleza- un efecto temporal que pronto llegará a su fin y la ventana de oportunidad para Centroamérica se cerrará: la economía estadounidense está alcanzando el pleno empleo, el déficit fiscal y la inflación están en aumento, en respuesta a lo cual la política monetaria se está endureciendo y, con ello, las condiciones financieras empezarán a restringir el crédito y la inversión. Además, las tendencias débiles de productividad y la reducción del crecimiento de la fuerza de trabajo debido al envejecimiento de la población limitan las perspectivas a mediano plazo en las economías avanzadas.

Aunque disímiles en muchos aspectos, los países centroamericanos comparten dos características comunes que explican su incapacidad de aprovechar de mejor manera el buen entorno económico internacional. Por un lado, los cinco países muestran una debilidad fiscal estructural asociada a una institucionalidad pública obsoleta e ineficiente. Y por otro, todos padecen de un sistema electoral y departidos políticos frágil, propenso a crisis de gobernabilidad e incapaz de generar propuestas viables de desarrollo a largo plazo. El diagnóstico que las calificadoras de riesgo-país dan para cada país de Centroamérica es, básicamente, el mismo: si no fortalecen sus instituciones, mejoran su capacidad fiscal y renuevan sus sistemas políticos no podrán generar oportunidades de inversión, crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes. Un consejo recurrente que, aparentemente, a los centroamericanos nos cuesta asimilar.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

Receta para Detener el Progreso

Las políticas populistas (nacionalistas, proteccionistas, aislacionistas, xenófobas), ya sea que provengan de gobiernos de derechas o de izquierdas, tarde o temprano terminan por perjudicar a aquellos a quienes dice proteger

Aunque pocas veces se reconozca, en el último medio siglo –gracias en gran medida al intercambio comercial, las migraciones, los avances científicos y el creciente respeto a los derechos humanos- el mundo ha tenido un progreso espectacular, tanto en cuanto a crecimiento económico, como en casi cualquier otro aspecto del bienestar humano. Esta realidad objetiva no solo se evidencia en sofisticados estudios econométricos, sino que cualquier escéptico puede verificarla en populares sitios de internet como ourworldindata.org, humanprogress.org o gapminder.org.

Sin embargo, una amenaza se cierne sobre este rápido avance en el bienestar humano: la proliferación de gobiernos que (inspirados en su ignorancia de la historia y de las leyes de la economía, y respaldados por un electorado que exige soluciones apresuradas los profundos problemas del desempleo y la desigualdad) aplican políticas nacionalistas, xenófobas y proteccionistas que, en el largo plazo, solo dañarán a quienes pretenden proteger. La historia demuestra que una de las mejores recetas para detener el progreso de cualquier país, es que se aísle del resto mundo.

Preocupa en particular que este tipo de políticas aislacionistas, antes muy comunes en los países subdesarrollados, está cobrando auge en los países industrializados. La salida británica de la Unión Europea -Brexit-, el triunfo de dos partidos populistas anti-europeos en Italia y Austria, o las políticas proteccionistas de Estados Unidos, son hechos recientes que así lo atestiguan. Hace dos semanas, la administración Trump comenzó a investigar si la importación de automóviles representa una amenaza a su seguridad nacional; luego, amenazó con imponer aranceles a más de US$50 millardos de productos chinos; y, hace unos días, anunció la imposición de aranceles sobre acero y aluminio procedente de Canadá, México y la Unión Europea.

Este tipo de medidas, tomadas en nombre de la seguridad nacional estadounidense, tendrá efectos negativos. Quizá en el corto plazo esos efectos no sean tan sensibles (e, incluso, puede haber un efecto temporal positivo para la industria estadounidense), pero en el largo plazo pueden impactar dramáticamente sobre el crecimiento de todo el mundo, empezando por los propios estadounidenses, quienes verán encarecer sus materias primas, subir sus costos de producción y reducir sus empleos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se complicará y surgirán represalias comerciales que podrían significar una espiral descendente del comercio mundial que perjudicará las perspectivas de todos los países incluyendo, eventualmente, los centroamericanos.

Existen sólidos argumentos económicos, morales y culturales para defender los beneficios de mantener nuestras economías abiertas al comercio, nuestras sociedades abiertas al intercambio cultural, nuestras mentes abiertas al avance tecnológico y nuestras fronteras razonablemente abiertas al flujo de personas. Además, ya la humanidad ya comprobó en el siglo pasado que los efectos de los nacionalismos y los proteccionismos van más allá de lo puramente económico: los costos humanos de la Primera Guerra mundial, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial son consecuencias innegables de ese tipo de políticas. Pero, con todo ello, existen hoy muchas personas y líderes que aún no están convencidos de que las sociedades abiertas sean beneficiosas. Y en la medida en que los gobiernos populistas-aislacionistas continúen proliferando (ya no solo en el mundo en vías de desarrollo sino, ahora más, en las economías avanzadas), seguirá aumentando el riesgo de que el progreso logrado por la humanidad en los últimos cincuenta años se detenga.

El Cometa Haley

La fugaz visita de la embajadora estadounidense dejó mensajes (y secuelas) importantes

La fugaz visita de la embajadora de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, a Honduras y Guatemala la semana anterior, se produjo en un entorno de incertidumbre política y económica en ambos países y, tratándose de la enviada especial del Presidente Donald Trump, levantó expectativas respecto de los motivos de fondo que obligaron a la embajadora a distraer su ocupada agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU para dedicar unas horas de su tiempo a visitar estos dos convulsos países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para comprender las presumibles razones de su visita, conviene revisar que las prioridades de la agenda de los Estados Unidos para estos países, incluyendo especialmente Guatemala, se han centrado claramente en años recientes en tres temas fundamentales: el narcotráfico y sus flujos financieros; la migración ilegal –incluyendo la masiva migración de menores indocumentados; y, las seguridad regional y sus instituciones. El objetivo es evitar que los países del Triángulo Norte nos convirtamos en estados fallidos que sean terreno fértil para actividades terroristas y, por ende, una amenaza grave para la seguridad nacional estadounidense.

La agenda estadounidense no solo está explícitamente plasmada en la estrategia oficial del Departamento de Estado hacia Centroamérica (https://www.state.gov/p/wha/rt/strat/index.htm), sino que forma parte de un acuerdo bipartidista (republicano-demócrata) explicitado en el propio presupuesto gubernamental (Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 a 2017). Para minimizar los riesgos de que Guatemala, Honduras y El Salvador se conviertan en amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, la referida agenda señala como principales caminos, por un lado, la lucha en contra de la corrupción y en pro de construir un estado de derecho y, por otro, la inversión social (particularmente en las áreas más deprimidas del país) para contener la migración ilegal.

No es de extrañar que estos temas hayan sido precisamente sobre los cuales la embajadora Haley (una estrella creciente en la filas del Partido Republicano) hizo hincapié durante su visita a Guatemala. Aunque algún analista haya afirmado que el rango de la funcionaria es demasiado alto y sus funciones demasiado específicas como para creer que su principal objetivo haya sido venir a dejar un mensaje a las autoridades gubernamentales y a otros líderes del país, sería muy ingenuo negar que, efectivamente, la visita de la embajadora dejó un mensaje muy preciso, que puede resumirse en tres temas.

Primero, que es menester garantizar que la elección de Fiscal General sea transparente y que los seleccionados por la Comisión de Postulación sean personas comprometidas con las prioridades antes mencionadas. Segundo, que las fuerzas de seguridad deben renovar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo el ejercido por las maras, pues estas actividades constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y, tercero, reiterar el apoyo firme del gobierno estadounidense a la lucha contra la corrupción, como política global, haciendo explícito el respaldo a CICG y al Comisionado Iván Velásquez.

El mensaje está claro y conviene tomar nota. Aunque admitirlo nos resulte molesto, y por parcial e incompleta que sea la agenda, las consecuencias de no satisfacer los requerimientos planteados por la embajadora Haley en su fugaz visita pueden ser negativas no solo para las relaciones entre ambos países, sino –como inevitable consecuencia- para el ambiente político guatemalteco y para el funcionamiento del aparato productivo nacional, en perjuicio de todos los guatemaltecos.

Falta Hacer los Deberes

Las condiciones económica y políticas internacionales exigen a Guatemala tomar acciones precisas y decididas que abonen a la certeza jurídica y a que prevalezca el Estado de Derecho. La próxima elección de Fiscal General y la imprescindible reforma del sistema electoral son, para empezar, los principales desafíos que al respecto se presentan en 2018

El ambiente internacional en 2018, en cuanto a lo económico, luce favorable: la economía de los Estados Unidos–nuestro principal socio comercial- apunta a una consolidación de sus niveles de crecimiento y de empleo, fuente principal de las remesas familiares que sustentan el consumo de los hogares guatemaltecos, principal motor de nuestra economía. En contraste, en el ámbito político las cosas no pintan tan positivas, en la medida en que, por un lado, el establishment político guatemalteco no se acople a las exigencias estadounidenses en materia de lucha contra la corrupción y, por otro, las políticas proteccionistas y anti-migración de Donald Trump afecten los flujos comerciales y financieros entre ambos países.

El desempeño económico y político de Guatemala está inextricablemente vinculado al de los Estados Unidos, por lo que conviene cobrar conciencia de lo que el país necesita hacer para aprovechar de mejor manera el periodo de bonanza económica del gran vecino del Norte, y para minimizar los efectos de un eventual empeoramiento de las relaciones políticas con esa nación.

Ciertamente, ningún país democrático aliado de los Estados Unidos merece que el presidente de ese país lo llame “país pocilga” –según pueden traducirse las desafortunadas expresiones de la semana pasada de Trump, que ofendieron directamente a El Salvador y Haití pero también, indirectamente, a países exportadores de migrantes como Guatemala y México-.  Pero, denunciada la ofensa, debemos reconocer que muchos de los riesgos y falencias de nuestra relación con el gran vecino del Norte son atribuibles a nuestra propia culpa.

Para empezar, no nos haría ningún daño dar señales más firmes de un compromiso del país con el combate a la corrupción y al tráfico de drogas, así como con la reducción de la migración ilegal, todas estas prioridades de la agenda exterior estadounidense. Por otro lado, deberíamos esforzarnos en preservar lo bueno que tenemos, por mucho que lo malo sea más abundante y conspicuo. Así, la estabilidad macroeconómica, los bajos déficits fiscal y de balanza de pagos, la continua reducción de los indicadores de homicidios o la resiliencia del sistema financiero nacional son factores que deben mantenerse y resguardarse.

Por encima de eso, el problema central de Guatemala –que hemos evadido por demasiado tiempo- es la creciente debilidad institucional del Estado, que se manifiesta en una muy precaria gobernanza y en una creciente falta de certeza jurídica. Estas carencias se manifiestan en unas entidades gubernamentales extremadamente débiles y disfuncionales que derivan en taras tan patéticamente tercermundistas como la falta de pasaportes, la inexistencia de un sistema nacional de correos, la ignorancia de cuántos empleados públicos existen, la inoperancia del sistema de compras del Estado, el deterioro de la red vial, o la falta de pupitres (y de maestros) en las escuelas.

Para que tal disfuncionalidad no siga perjudicando el desarrollo del país, es menester reformar las instituciones necesarias para que prevalezca el Estado de Derecho. Dos acciones de política pública se tornan indispensables este año que recién empieza. Primero, el proceso de nombramiento de Fiscal General debe asegurar que el elegido sea un profesional genuinamente independiente y comprometido con la lucha contra la impunidad; este es el primer paso para la necesaria reforma del sector justicia. Y, segundo, debe recuperarse la casi extinta legitimidad de las instituciones republicanas (incluyendo el Congreso de la República), lo cual conlleva una profunda renovación del sistema político. Entre todos los deberes que nos quedan por hacer, estos son los que debiésemos priorizar en 2018.

Intereses Comunes

La situación en Guatemala representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, quien plantea una agenda al respecto. Podemos –con soberbia patriótica- resistirnos a ella, o podemos –con pragmatismo visionario- aprovecharla para impulsar nuestra propia agenda de reformas y desarrollo.

Guatemala está muy cerca, a un país de por medio, de la potencia militar y económica más grande del mundo. Excepto en 1954, Guatemala nunca había estado entre las prioridades principales de la política exterior de los Estados Unidos (ni siquiera durante nuestra cruenta guerra civil). Pero ahora, con su seguridad nacional amenazada por el terrorismo internacional, el gobierno estadounidense ve en la combinación tóxica de narcotráfico, flujo masivo de migrantes menores de edad y ausencia de Estado en muchas regiones de nuestro territorio una grave amenaza que nos ubica, desde hace un par de años - junto con El Salvador y Honduras-, entre las prioridades más significativas de su agenda exterior

En ese contexto, resultan muy relevantes las prioridades que el nominado embajador estadounidense para Guatemala, Luis Arreaga, esbozó durante su audiencia ante el comité senatorial de Relaciones Exteriores de su país. La declaración del embajador, que enfatizó el hecho de que las fuertes relaciones entre nuestros países se basan en la existencia de intereses comunes, revelan con claridad la orientación de la política de la nación más poderosa del planeta respecto de Guatemala.

Ante la realidad geopolítica en la que se enmarcan esas declaraciones, los guatemaltecos tenemos dos caminos; o nos resistimos (con la excusa de defender la soberanía nacional) a tomar en cuenta seriamente las preocupaciones del gobierno estadounidense (lo cual equivaldría a  aislarnos de la comunidad internacional), o encontramos la manera de combinar los intereses comunes de ambos países para impulsar una agenda de políticas y reformas que (diseñada, con dignidad, por nosotros mismos, pero respaldada por la comunidad internacional) pueda ser viable para propiciar el desarrollo nacional.

Los tres objetivos básicos de la política estadounidense hacia Guatemala, según la declaración de Arreaga, pasan, en primer lugar, por promover la seguridad ciudadana y, complementariamente, por promover el buen gobierno (gobernanza) y la prosperidad económica en nuestro país,

Para fortalecer la seguridad nacional, la visión de Estados Unidos enfatiza el combate al narcotráfico y al crimen organizado (incluyendo las pandillas), la cooperación bilateral en inteligencia estratégica, y el control de las fronteras. Complementariamente, los estadounidenses ven el área de fortalecimiento de la gobernanza como una búsqueda  del imperio de la ley, de la transparencia y rendición de cuentas, y del combate a la corrupción.

Para Guatemala, los intereses estadounidenses en estas dos áreas son absolutamente compatibles con nuestro interés de lograr un conjunto de reformas institucionales fundamentales para que exista certeza jurídica y prevalezca el Estado de Derecho, que incluyen reformas al sistema de justicia, al sistema electoral, al  servicio civil, a las compras y contrataciones del estado, y a la Contraloría de Cuentas. Ya existen propuestas avanzadas para todas estas reformas, pero ha faltado visión y voluntad de los líderes políticos para impulsarlas.

En el área de promoción de la prosperidad, el gobierno estadounidense ve que, además de mejorar la seguridad y la gobernanza, debe promoverse la inversión, el comercio, la educación y el clima de negocios. Este enfoque coincide con el interés guatemalteco de focalizar el presupuesto del Estado hacia el gasto en infraestructura, educación, nutrición y salud, mejorando significativamente la eficacia de dicho gasto. También en esta área ha faltado la visión y voluntad políticas para impulsar las reformas necesarias. Quizá los intereses comunes con Estados Unidos puedan ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer.

Certeza Jurídica y Gobernabilidad

Ahora que tendrá lugar la cumbre de los Presidentes del Triángulo Norte de Centroamérca con el Vicepresidente de los Estados Unidos, es de crucial importancia que los temas de fortalecimiento institucional sean incluidos en la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad: sin instituciones fuertes y eficientes no hay prosperidad posible

El pasado viernes vi uno de los diagnósticos más concretos, claros y certeros que se han publicado recientemente sobre cómo la debilidad institucional acarrea incertidumbre y perjudica, así, la generación de empleos y de riqueza. Lo publicó el periodista Mario Antonio Sandoval, como la opinión de un amigo suyo: “Parte de la problemática es la ausencia de Estado. En toda economía, en toda sociedad, se requiere de normas y reglas. Cuando esa estructura sistémica institucional no funciona, sucede lo que enfrentamos: no tenemos pasaporte, no tenemos DPI, las carreteras son prácticamente intransitables; los proyectos de inversión paralizados por amparos frívolo; tomas de carretera y paralizaciones costosísimas; invasiones a propiedades privadas en forma impune. Todo esto genera una ingobernabilidad que hasta el más exitoso empresario no puede sobrellevar para generar riqueza, inversión y empleo. Se profundiza que los pobres son más pobres, pero también hasta los ricos son menos ricos. Y la idea debería ser que haya más ricos y menos pobres. Estamos como estamos porque somos como somos.”

En ese contexto, la lucha contra la corrupción que se ha venido librando desde 2015 resulta necesaria, pero no es, en absoluto, suficiente para propiciar condiciones favorables para la actividad económica y la consiguiente generación de empleos y riqueza. Sin un marco institucional fuerte y eficiente, la persecución penal contra la corrupción solo dará frutos efímeros. Es necesaria una reforma institucional que dé certeza jurídica y gobernabilidad, factores ambos indispensables para un sano desempeño económico.

Una agenda mínima de reformas debería tocar, al menos, cinco áreas fundamentales en las que ya existen propuestas (unas mejores que otras) que podrían servir de base para un acuerdo nacional al respecto. Primero, el sistema electoral, buscando fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, mejorar la representatividad de los funcionarios electos (acercar al ciudadano con sus representantes) y la democratización del sistema.

Segundo, el sector justicia, para fortalecer la independencia de los jueces y magistrados y mejorar la eficiencia del Organismo Judicial. Tercero, el servicio civil, empezando por tener un inventario permanente y actualizado de todos los empleados públicos (para eliminar las plazas fantasmas o redundantes), y siguiendo por reformar los sistemas de carrera que definan los mecanismos de contratación, promoción y remoción de los empleados públicos.

Cuarto, los sistemas de compras y contrataciones del Estado, sobre los que hay que realizar un diagnóstico profundo, actualizar la normativa y los procedimientos, y fortalecer los sistemas de auditoría interna (UDAIs, o unidades de auditoría interna) y externa (Contraloría de Cuentas) para vigilar que el uso de los recursos públicos se realice de manera eficiente, proba y transparente. Y quinto, la regulación de las consultas comunitarias, aprovechando la instrucción de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a emitir una ley que las regule, la cual debería ser de carácter general y reflejar el espíritu y sentido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta agenda acotada de reformas institucionales podría ser la base de un acuerdo nacional para la gobernabilidad y el desarrollo. Pero para que tal acuerdo se concrete, se requiere de gran voluntad política y de diálogo por parte de los guatemaltecos, y del apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional interesada en que nuestro país no se convierta en un estado fallido.