Percepciones de la Economía

Los guatemaltecos están desencantados de la democracia y, en general, con política. Pero también lo están (y esta puede ser la razón de lo anterior) con la situación económica del país. Aún así, parecen estar felices con sus vidas...

Cada año la encuesta de Latinobarómetro proporciona información muy ilustrativa sobre las percepciones de los latinoamericanos respecto de la situación política y su visión sobre la democracia, pero también arroja interesantes datos sobre la forma en que los habitantes de la región perciben su situación económica y de bienestar general. Para el caso de Guatemala, la más reciente encuesta, publicada este mes, aporta sorprendentes revelaciones.

De todos los latinoamericanos, los guatemaltecos son quienes menos apoyan la democracia: solo un 31% de los encuestados dijo preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno (el promedio de América Latina fue de 54%). Guatemala es también, junto con Uruguay, la sociedad que menos credibilidad (34%) confiere a los políticos (contra un 46% para el promedio latinoamericano). En gran medida, esa insatisfacción con la democracia y el sistema político refleja una insatisfacción ciudadana respecto de su bienestar económico.

En efecto, solo un 15% de los guatemaltecos (contra un 24% de los latinoamericanos) cree que el país esté progresando y solo un 18% (20% para Latinoamérica) está satisfecho con la situación económica del país. Al igual que el resto de la región, en Guatemala se percibe que los problemas más importantes del país están asociados a la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico y la corrupción.

El 20% de los guatemaltecos encuestados consideran que la delincuencia es el principal problema del país, mientras que el 28% de los encuestados lo ven en el campo económico (desempleo, falta de crecimiento y pobreza). Lo más preocupante es que Guatemala es el país donde la población está más aterrada con la delincuencia: un 26% teme todos los días ser víctima de un acto delictivo (contra un 12% en la región). Ese estado de psicosis es, por supuesto, un importante obstáculo para la actividad económica.

La corrupción (otro importante lastre para la economía) también es percibida por los guatemaltecos como un problema importante; y, aunque un buen porcentaje (58%) de los encuestados confía en que la corrupción puede combatirse, un preocupante 40% estaría dispuesto a tolerarla a cambio de que el gobierno solucionara los otros problemas esenciales del país. Lo que es más grave, la elevada tolerancia a la corrupción se manifiesta también en que el guatemalteco es el latinoamericano que más justificación le ve a la evasión de impuestos.

Lo anterior no solo es compatible con la desconfianza que se tiene respecto del gobierno y el sistema político, sino también lo es con la insatisfacción que los guatemaltecos manifiestan respecto de su situación económica: el 60% de encuestados manifestó que sus ingresos no le alcanzan para vivir, porcentaje que no solamente es muy superior al de Latinoamérica en promedio (46%), sino que es el segundo más elevado de la región, solo inferior al de Venezuela.

De lo anterior podemos extraer una conclusión importante: los resultados del Latinobarómetro 2016 para Guatemala apuntan a que muchos de los puntos débiles que percibe la ciudadanía tienen qué ver con la debilidad de las instituciones estatales y con la ineficiencia (o ausencia) de los servicios gubernamentales esenciales, lo cual sugiere los temas que deberían centrar la atención de las políticas públicas prioritarias. Otro hallazgo importante: a pesar del desencanto con la política y la economía, el 70% de los guatemaltecos encuestados manifestó sentirse satisfecho con su vida. Eso se llama optimismo… o paciencia franciscana.

El Otro Color de la Economía

Vuelvo a la carga con la urgente necesidad de hacer conciencia sobre el gigantesco valor económico y potencial de desarrollo que tiene la cultura para nuestro país. En esta ocasión, me refiero a un libro que contribuye a explicar el aún desconocido aporte de la cultura al desarrollo de las naciones latinoamericanas

Cualquier persona con un nivel elemental de educación sabe que la cultura y sus expresiones (la música, la pintura, las artesanías, la literatura, la danza, las fiestas populares, etcétera) tienen un enorme valolr por el efecto positivo que ejercen sobre los individuos (en sus emociones, en su espíritu y en su intelecto) y sobre los conglomerados (como factor de cohesión social). Sin embargo, existe una gran ignorancia sobre el valor económico de la cultura y, en consecuencia, sobre su enorme potencial como fuerza generadora de riqueza, de empleos, de intercambios comerciales y de bienestar material.

Ese potencial económico y social es particularmente importante para países como Guatemala, donde existe una vibrante vida cultural cuyo aporte al desarrollo económico y social no se ha aquilatado aún en su justa (y gigantesca) medida. Por ello resulta muy oportuna la reciente publicación del libro “La Economía Naranja: una Oportunidad Infinita”, que busca contribuir al debate y a hacer conciencia en Latinoamérica sobre el aún desconocido aporte de la cultura al desarrollo de nuestras naciones. El libro, escrito por Felipe Buitrago e Iván Duque, fue publicado a finales de 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo y está disponible para su descarga gratuita en el sitio web del BID (www.iadb.org).

Dado que existen múltiples opiniones sobre qué es cultura y qué actividades integran la economía de la cultura, los autores del libro decidieron agrupar en el concepto de “Economía Naranja” a todo el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Los autores la bautizaron con el color naranja pues éste se ha asociado en diversas culturas a través de la historia con la cultura, la creatividad y la identidad.

Ese gran universo está compuesto por la Economía Cultural (artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural material e inmaterial, educación cultural) y por las Industrias Creativas que incorporan tanto a las Industrias Culturales tradicionales (editorial, audiovisual, fonográfica) como a las de creación moderna (diseño, software de contenido, publicidad), todo lo cual se complementa con las áreas de soporte para la creatividad (investigación e innovación, institucionalidad, marco legal y formación técnica).

El libro está escrito de manera muy atractiva e innovadora, e invita al lector a involucrarse interactivamente en la comprensión de la importancia de la economía cultural y creativa a través de cuadros, infografías, páginas desplegables y vínculos con otros documentos y videos. Pueden encontrarse datos duros y convincentes sobre el rol de la cultura en el desarrollo, basados en fuentes autorizadas como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la firma consultora Oxford Economics o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

El libro señala que el 6.1% de todo lo que produce la economía mundial es generado por la “economía naranja”, lo que quiere decir que si ésta fuera un país, sería la cuarta economía del mundo, ocuparía el noveno lugar como exportador de bienes y servicios, y representaría la cuarta fuerza laboral del planeta (144 millones de trabajadores). La actividad cultural en el mundo es 20% más grande que la economía de Alemania o 2.5 veces el gasto militar mundial.

La actividad cultural es, además, una de las más dinámicas de los tiempos recientes: entre 2002 y 2011 la Economía Cultural en el mundo creció 134%. La cultura es, pues, un motor de desarrollo basado en el talento y creatividad de las personas y en el acervo del patrimonio cultural de las naciones, que representa una oportunidad gigantesca para crear una enorme cantidad de empleos dignos para la juventud latinoamericana.

En particular, el caso de Guatemala plantea el desafío descomunal de, primero, cobrar conciencia sobre la importancia de la cultura como factor de generación de progreso y bienestar material y, segundo, de diseñar e impulsar políticas públicas coherentes en el área cultural que aprovechen esa –hasta hoy desperdiciada- riqueza cultural en beneficio de los más pobres y de la construcción de una sociedad más armónica, cohesionada y próspera.

Rompecabezas Latinoamericano

En este continente de contrastes, aún quedan países con indicadores vergonzosos

En las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que, como piezas de un rompecabezas, revelan poco a poco el retrato de una Latinoamérica que lucha –con escasos resultados- por acercarse a los niveles de vida y bienestar de las naciones desarrolladas.

Uno de los indicadores que más revuelo e incomodidad ocasiona es el Índice de Percepción de la Corrupción que desde 1995 calcula y publica periódicamente la ONG Transparencia Internacional. Este índice se construye con 13 fuentes de datos, entre encuestas y evaluaciones, en cada uno de los 176 países evaluados. La mayoría de países latinoamericanos continuaron mostrando signos de corrupción rampante, pues casi toda la región figura entre los dos tercios de las naciones con un índice de transparencia inferior a 50, en una escala donde 100 representa el nivel más alto de limpieza.

Uruguay fue el país latinoamericano mejor calificado con un punteo de 73 (aún lejos de los líderes Dinamarca y Nueva Zelanda que alcanzaron 91 puntos). Le siguió Chile con 71, un peldaño menos que el año pasado. Costa Rica cayó un punto a 53. Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo en un índice de corrupción de 42, al mismo nivel que Bosnia, Serbia y Sudáfrica. México y Argentina tuvieron un índice de limpieza de 34, igual que Gabón. Guatemala, por su parte, apenas obtuvo 33 puntos (empatando en la posición 133 de 176 con países como Níger y Etiopía) Fue una de las peores calificaciones en América Latina, superada sólo por Venezuela con 20, el peor de la región comparable con la situación de Camboya o Eritrea.

Otro indicador publicado recientemente tiene que ver con la calidad de la nutrición en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la FAO, que indica que, aunque la región redujo el porcentaje de personas con hambre de 14.7% a 7.9% en los últimos 20 años, simultáneamente han empeorado los niveles de obesidad: un 23% de los latinoamericanos adultos y un 7% de los niños en edad preescolar son obesos. Los países que presentan mayor proporción de adultos obesos son Venezuela, con un 31%, Argentina y Chile, con 29%. En Guatemala el 21% de los adultos son obesos y otro 39% tienen sobrepeso.

Pero en este continente de contrastes, y pese a la mejora regional en el combate a la desnutrición, aún quedan países con indicadores vergonzosos: los países con mayores índices de hambre en su población son Haití (49.8%), Guatemala (30.5%), Paraguay (22.3%), Nicaragua (21.7%) y Bolivia (21.3%).

Otro revelador indicador de la realidad latinoamericana de hoy lo da el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de secundaria en 64 países (Guatemala no está incluida). El informe revela que los países de la región han experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años.

Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE de 494 puntos. El mejor calificado de los países latinoamericanos es Chile (51º, con 423 puntos), seguido de México (53º, 413), Uruguay (54º, 409), Costa Rica (55º, 407), Brasil (56º, 391), Argentina (57º, 388 puntos), Colombia (58º, 376) y Perú (59º, 368).

De nuevo, paradójicamente, el mismo informe revela que los estudiantes latinoamericanos muestran un alto grado de felicidad con su escuela, y que esa felicidad parece ser inversamente proporcional a su desempeño académico. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE.

Estas piezas de información configuran el retrato –parcial, claro está- de una Latinoamérica llena de paradojas y contrastes, donde la corrupción parece haberse enraizado en lo más profundo de la sociedad; donde la población está mal alimentada, pues conviven multitudes de obesos con masas de desnutridos; donde los estudiantes son más ignorantes (y, por ende, menos productivos) que sus pares en el mundo desarrollados, pero que –latinoamericanos al fin- son más felices a pesar (¿o será a causa?) de su ignorancia.

Errores Históricos

No hay política monetaria exitosa sin el apoyo de una política fiscal disciplinada. Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre la Historia Monetaria de Latinoamérica que tuvo lugar en Bogotá, organizado por el Liberty Fund, donde se analizó la evolución y experiencias de las instituciones monetarias en varios países de la Región a lo largo de 150 años. Algunas de esas experiencias llaman la atención sobre graves errores de política pública que bien vale la pena tener presentes porque pueden guardar lecciones útiles para nuestra realidad actual.

Muchos de esos errores –si es que no todos- tienen que ver con decisiones de naturaleza fiscal que, eventualmente, ocasionan distorsiones y crisis en el área monetaria. En Chile, por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra Mundial se produjo una escasez aguda de divisas debido a que la industria del salitre, que representaba una proporción excepcionalmente alta de las exportaciones, se vio afectada por abrupta caída de la demanda mundial. El fisco chileno decidió apoyar mediante préstamos a la industria salitrera para que mantuvieran (artificialmente) su nivel de producción.

Para otorgar esos préstamos, el fisco emitió cantidades cada vez mayores de “vales de tesorería”, que se convirtieron paulatinamente en medios de pago que, inevitablemente, alimentaron una inflación indeseable que perduró entre 1919 y 1925. Este fue un caso típico en que una decisión fiscal, adoptada para favorecer a una industria particular, tenía consecuencias negativas sobre la mayoría de la población afectada por la inflación.

De manera similar, en Brasil, entre 1906 y 1912, el gobierno decidió que los productores de café necesitaban del apoyo estatal para superar una crisis generada por precios bajos; aprovechando la posición dominante del país como principal productor mundial de café, el Estado adquirió un préstamo externo por millones de libras esterlinas para retirar del mercado la producción de café y, así, elevar artificialmente sus precios internacionales.

Aunque fue efectiva en cuanto a beneficiar a los caficultores, esta medida de apoyo gubernamental provocó un súbito aumento en la oferta de dinero doméstico (debido al ingreso de divisas del empréstito externo) que, inevitablemente, ocasionó presiones inflacionarias. De nuevo, el beneficio fiscal para un sector particular provocaba un daño a la mayoría de la población.

Un ejemplo aún más espeluznante lo encontramos en Argentina, 1946, cuando el país sufría uno de sus ya recurrentes episodios inflacionarios. Haciendo gala de ingenio, el recién inaugurado presidente Perón decidió aplicar una solución drástica: incautó todos los depósitos bancarios; los bancos debieron registrar a nombre del Banco Central todos los depósitos de sus clientes; el Banco Central se convirtió en una dependencia de la presidencia de la República; y, se prohibió a los bancos efectuar préstamos sin autorización previa del Estado. Esa política redujo, claro está, la inflación, pero a costa de destruir completamente el sistema financiero y el flujo de crédito para la producción. Inevitablemente, Perón tuvo que dar marcha atrás tres años después.

Aunque estas experiencias parecen extremas, no está de más tenerlas presentes para evitar cometer errores parecidos en Guatemala. Vale la pena recordar que en nuestro país, aunque hemos logrado mantener unas condiciones monetarias remarcablemente estables desde hace un par de décadas, tenemos un sistema monetario que requiere de determinadas condiciones para seguir manteniendo la estabilidad. El régimen de libre negociación de divisas –vigente desde 2002, y que también fue objeto de análisis en el coloquio de Bogotá- implica que en el momento en que el público llegue a perder la confianza en la moneda nacional, la estabilidad que hemos disfrutado todo este tiempo empezará a desmoronarse.

Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país. Por esta razón, entre otras, es que resulta tan fundamental mantener el déficit fiscal bajo control y evitar aumentos abruptos en la deuda pública (vía emisión de bonos no presupuestados, por ejemplo), especialmente ahora que las condiciones de abundante liquidez en los mercados internacionales que vivimos en el último quinquenio, amenazan con empezar a revertirse más temprano que tarde.

Debilidad en Nuestras Políticas Públicas

Para que las políticas públicas de un país sean exitosas, deben cumplir con ciertas características mínimas. Deben ser, en primer lugar, deben ser estables: es decir, deben permanecer en el tiempo sin sufrir cambios bruscos o injustificados. Deben, al mismo tiempo, tener la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad económica y social, sin perder su orientación y esencia. Deben ser susceptibles de ser puestas en práctica por el aparato estatal de manera eficiente y oportuna. Dicha ejecución debe ser coherente con otras políticas públicas y hacerse de manera coordinada entre los entes estatales relacionados con la misma. Deben ser de beneficio general, es decir, estar diseñadas y aplicadas a impactar en la sociedad y en la economía en su conjunto, y no solamente en grupos privilegiados. Y, por último, deben ser eficientes, en el sentido de que los recursos necesarios para llevarlas a cabo se utilicen de manera racional, sin desperdicios (y, por supuesto, sin corrupción). Un estudio reciente del BID (que se puede ver en http://ssrn.com/abstract=1575310) pone de manifiesto que, comparado con otros países de Latinoamérica, la calidad de nuestras políticas públicas es terriblemente precaria.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas en Guatemala son las más débiles de Latinoamérica, con excepción de las de Paraguay, según un estudio reciente preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que le asigna calificaciones a las distintas características de dichas políticas para medir su efectividad y su calidad; de los dieciocho países latinoamericanos, Chile (para no variar), Uruguay y Brasil son los que mejores políticas públicas aplican (y que mejor desempeño muestran, consecuentemente, en términos de desarrollo económico y social), en tanto que Venezuela, Ecuador, Guatemala y Paraguay son los peor calificados.

Nuestras políticas públicas son erráticas: con demasiada frecuencia, al menor cambio en los vientos políticos, las medidas de política pública se interrumpen o se revierten, lo cual le imprime un alto grado de volatilidad al quehacer de las entidades gubernamentales. Recordemos, a manera de ejemplo, la supuestamente exitosa política de “Creciendo Bien” impulsada en el gobierno anterior, de la que hoy no queda más que el recuerdo. Los países más exitosos, como Chile, son capaces, al contrario, de mantener en el tiempo la mayoría de sus políticas públicas y cuando las modifican es para adaptarlas a las cambiantes condiciones económicas o para corregir alguna falla que se haya detectado.

Esa capacidad de adaptar las políticas a las necesidades de los tiempos también está ausente en nuestro país, bien sea porque el proceso de formulación y aplicación de las mismas se entorpece por la ineficiencia burocrática, o bien por las propias trabas legales que, a veces con la buena intención de evitar discrecionalidades de los funcionarios públicos, se convierten en camisas de fuerza que limitan la adaptabilidad de las políticas públicas.

Otra debilidad que destaca el estudio del BID es la poca coordinación que existe entre los distintos actores involucrados en el proceso de las políticas públicas, lo cual genera incoherencias en su aplicación que se traducen en ineficacia. Cuando la coordinación es crucial para el éxito de las políticas, como en el caso de la política fiscal y la política monetaria, Guatemala ha logrado establecer los mecanismos adecuados; sin embargo, en el caso de otras políticas que también requieren coordinación, como por ejemplo en la relación entre las políticas de salud y de educación o entre la política nutricional y la de transferencias condicionadas de efectivo, se ha evidenciado no sólo descoordinación sino también traslapes e, incluso, rivalidades, disputas y contradicciones en su implementación.

Algo peor ocurre en los pocos casos en que sí existen políticas bien diseñadas, que han logrado pasar apropiadamente el debate legislativo, pero que en la práctica son inefectivas. Pueden mencionarse entre ellas la política de seguridad alimentaria y nutricional, o la política de seguridad pública incorporada en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; en ambos casos se trata de políticas ampliamente discutidas, consensuadas e internacionalmente reconocidas, plasmadas en sendas leyes de la República que simplemente no han sido aplicadas debido, entre otras razones, a la falta de voluntad política, a la escasez de funcionarios capaces e independientes, y a la debilidad de los mecanismos judiciales que obliguen a cumplir con la ley.

Por si lo anterior fuera poco, el estudio del BID también encuentra que nuestras políticas públicas también merecen una baja calificación en términos de su eficiencia, tanto en lo que se refiere al desperdicio de recursos financieros (aspecto que, posiblemente, está asociado a la falta de transparencia en el gasto), como en lo que respecta al alcance y cobertura de las políticas para beneficiar a grandes grupos de la población y no solamente a unos pocos favorecidos.

Es menester que los políticos y los funcionarios públicos cobren conciencia del estado de situación que el estudio del BID pone de manifiesto para que, en materia de políticas públicas, no sigamos en el pelotón de los rezagados.

Comentarios de los lectores

Ramiro Asturias Zamora 20-07-2010 10:56:27 horas

Convendria preguntarnos: Que le ha permitido a Chile diferenciarse tanto de Venezuela? O, al Uruguay de Ecuador? O, al Brasil, del Paraguay? Dicho en terminos mas inmediatos, por que se ha venido pareciendo nuestra amada Guatemala mas a Paraguay, que al Brasil? Mas a Ecuador, que al Uruguay? Y mas a Venezuela, que a Chile?He alli la cuestion!