El Directorio de la SAT

Ahora que, atendiendo al llamado de la modernidad, se le estará dando a la SAT la posibilidad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes, sería un error garrafal quitarle la poca autonomía funcional que dicha entidad aún posee, dejándola a cargo de un Directorio totalmente alineado con el presidente de turno.

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- se creó en 1998 como una entidad descentralizada con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Una de las principales razones de su creación fue la necesidad de contar con una agencia estatal que fuera independiente de las presiones políticas y sectoriales que habían tomado por asalto la antigua Dirección General de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas, entidad donde se enquistaron mafias nefastas (como la tristemente famosa Red Moreno) dedicadas a defraudar al fisco y robar el dinero de los contribuyentes.

Por desgracia, en la medida en que la SAT fue perdiendo paulatinamente la independencia con que había sido originalmente concebida, las mafias (como la de La Línea, dirigida desde la propia presidencia de la República) retornaron a la administración tributaria. Y resulta que ahora quieren olvidarse esas lecciones del pasado ya que, mediante una reforma legal, se pretende despojar al Directorio de la SAT de la escasa autonomía de la que aún goza.

En efecto, mediante la iniciativa número 5056, firmada por un grupo de diputados y presentada públicamente la semana pasada en un acto presidido por representantes de la bancada de la UNE, del Ministerio de Finanzas Públicas y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, se plantean reformas a la Ley Orgánica de la SAT que implicarían un grave retroceso para la independencia funcional y técnica de la entidad, ya que se busca modificar la integración de su Directorio para dejarlo sin miembros independientes y, con ello, prácticamente sin contrapesos ante los designios del Ejecutivo.

Con ello se estaría caminando en sentido contrario a la buena práctica, de larga data en el ordenamiento jurídico guatemalteco, de fortalecer la institucionalidad pública mediante la creación de agencias descentralizadas a cargo de actividades estatales especializadas –como, por ejemplo, el seguro social, la banca central o la universidad estatal-. Ello, además, se alejaría de buenas prácticas que se observan en las autoridades tributarias de países como Australia o México, donde el comité directivo incluye miembros independientes de la autoridad política.

Cabe señalar que el resto de las reformas incluidas en la iniciativa mencionada –incluyendo la de regular el acceso de la SAT a la información bancaria de los contribuyentes- parecen ir en la dirección correcta, lo cual evidencia aún más lo erróneo que resulta pretender menoscabar la autonomía del Directorio de la entidad. Por lo tanto, es de crucial importancia que la Comisión de Finanzas del Congreso enmiende el rumbo de la iniciativa y dictamine para que el Directorio de la SAT preserve un adecuado grado de independencia respecto de los poderes políticos y sectoriales.

Poca Solidaridad, Poca Responsabilidad

Las pensiones de los jubilados estatales son, ciertamente, bajas. Pero pretender subirlas por arte de magia (sin análisis técnico, sin considerar la situación de las finanzas estatales, sin tener idea de cómo funcionan los sistemas de pensiones) puede ser catastrófico.  Y eso fue justamente lo que recién hicieron el Congreso y los dirigentes sindicales del magisterio.

La semana pasada la dirigencia magisterial y el Congreso de la República le asestaron un golpe artero a la ciudadanía contribuyente, con una decisión que puede descalabrar las endebles finanzas del Estado. Sin oponer resistencia, sin dar explicaciones, sin discusión técnica alguna, sin intercambio de argumentos, el Congreso cedió a la exigencia magisterial de eximir a los empleados públicos de su responsabilidad de financiar parcialmente el aumento de las pensiones que el legislativo había aprobado semanas atrás.

Ambos –magisterio y Congreso- juegan con fuego. No le basta a los dirigentes magisteriales con dejar sin clases a sus alumnos durante dos días de manifestaciones, ni con haber negociado un pacto colectivo ilegítimo que lesiona los intereses del Estado, ni con la insatisfacción de muchos padres de familia con la calidad de la enseñanza pública; ahora exhiben una falta total de solidaridad para con los guatemaltecos menos favorecidos, al obligar al gobierno a desviar recursos (que podrían dirigirse a combatir la desnutrición o la crisis hospitalaria) hacia el pago de las pensiones de los empleados públicos.

Y no le basta al Congreso con los escándalos en los que han incurrido varios diputados, ni con el engaño a la sociedad civil con la aprobación espuria de cambios a la Ley Electoral que no reforma sino que consolida el nefasto sistema político vigente, ni con el chantaje –consagrado en ley- para mantener bajo interrogatorio a los funcionarios públicos bajo pena de cárcel si no acuden al Congreso; ahora llevan su irresponsabilidad al extremo de comprometer la sanidad de las finanzas públicas (y con ella la estabilidad macroeconómica) al cargarle a los ingresos ordinarios del gobierno el costo de la decisión legislativa de aumentar (sin análisis técnicos de respaldo) las pensiones de los empleados públicos.

El costo fiscal de esta ligereza legislativa será de casi Q500 millones este año, y después superará los Q800 millones anuales. Cualquiera sabe que los programas de pensiones, para ser sostenibles, deben ser financiados con los aportes tanto de los empleados como de los empleadores y mantener los montos de sus prestaciones en niveles compatibles con sus flujos de ingresos. De lo contrario, esos programas quiebran, tal como ha sucedido con el de Clases Pasivas del Estado, que ya en el presupuesto de 2016 presentaba un déficit de más de Q2,700 millones.

Estas cifras lloran –literalmente- sangre cuando, por ejemplo, la escasez de recursos tiene al sistema de salud pública en una situación paupérrima. Y todo por la inclinación populista de los legisladores y la ingenua ilusión de los burócratas que, sin análisis previo ni posterior, pensaron que aumentar las pensiones de los jubilados podía lograrse sin que a nadie le costara un centavo.