CUANDO EL BOLSILLO VOTA

Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias

Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios. 

Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.

Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre "los ricos". La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.

En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.

Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.

Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.

EL FALSO ENCANTO DEL PROTECCIONISMO

El proteccionismo seduce a los políticos populistas, pero empobrece a sus países

El auge del proteccionismo es uno de los signos más alarmantes de nuestro tiempo. Lo vemos en Estados Unidos, con la guerra arancelaria desatada por su gobierno; en Europa, donde el nacionalismo comercial gana adeptos; y también en América Latina, donde ciertos liderazgos han resucitado viejos prejuicios contra el libre comercio. Guatemala no está inmune a esa tendencia. En este contexto de hostilidad hacia la globalización, debemos recordar por qué el proteccionismo ha sido, históricamente, una receta fracasada.

El proteccionismo parte de una premisa intuitivamente atractiva, pero económicamente equivocada: que un país es más fuerte si produce todo lo que consume, y que al cerrar su mercado protege el empleo local. Esta lógica —heredera del mercantilismo— es la favorita de los líderes populistas, porque simplifica los dilemas económicos y apela al nacionalismo. “Compremos nacional”, “defendamos lo nuestro”, “recuperemos empleos”... son los slogans que suenan bien, pero que funciona mal.

Adam Smith explicó claramente, hace 250 años, que ninguna familia sensata se empeña en fabricar por sí misma todo lo que necesita si puede conseguirlo mejor y más barato mediante el intercambio en el mercado. Si una familia sensata no lo hace, ¿por qué debería hacerlo una nación? Cuando los países comercian libremente, cada uno se especializa en lo que produce mejor y, al final, todos ganan. Por el contrario, las barreras comerciales (aranceles, cuotas y licencias) reducen la eficiencia, elevan los precios y frenan la innovación. La historia presenta ejemplos claros: las Leyes del Maíz en la Inglaterra del siglo XIX encarecieron el pan y empobrecieron a los trabajadores; hoy, los aranceles al acero y al aluminio en los Estados Unidos encarecen la producción de autos y electrodomésticos, destruyen más empleos de los que salvan y hacen que todos —excepto unos pocos productores protegidos— salgan perdiendo. El proteccionismo no crea riqueza: reparte miseria y destruye el futuro.

Los países en desarrollo, como Guatemala, tienen aún más que perder. Nuestro crecimiento depende de que nos integremos a los mercados globales. El proteccionismo de las grandes potencias nos castiga doblemente: limita nuestras exportaciones y encarece nuestras importaciones. Pero, ante la avalancha de proteccionismo en el planeta, sería un error de nuestra parte responder con las mismas armas; levantar muros arancelarios aquí no defenderá nuestra economía: solo empobrecería a los consumidores y aislaría a nuestros productores. Debemos resistir la tentación de responder con represalias. Más bien, es hora de redoblar nuestra apuesta por la apertura económica, por el fortalecimiento institucional y por la competitividad. Eso significa activar una política de apertura comercial, negociar inteligentemente nuestros acuerdos comerciales, mejorar la infraestructura, reducir trámites, atraer inversión y diversificar exportaciones.

El libre comercio no es perfecto, pero es el mejor camino para expandir la prosperidad. Es un camino desafiante que requiere ajustes y políticas compensatorias inteligentes, sí, pero no debe ser abandonado cada vez que sopla el viento del populismo. Guatemala debe estar alerta: el proteccionismo es una enfermedad contagiosa que se disfraza de patriotismo, pero que carcome la productividad, la inversión y el empleo. Hay que decirlo con claridad: el proteccionismo es popular, pero es ignorante. Y si queremos conjurar su amenaza, debemos defender —sin complejos— los principios de la economía abierta. Porque cuando el comercio retrocede, el bienestar también lo hace.

TERRAPLANISMO ECONÓMICO

Los aranceles pueden ser una poderosa arma política, pero no tienen ninguna justificación económica

La pregunta que con más insistencia se repite estos días en círculos académicos y financieros es: ¿Qué pretende realmente Donald Trump con sus aranceles? Si nos atenemos a su propio discurso la respuesta es: reducir los déficits comerciales de Estados Unidos y reindustrializar su economía para recuperar empleos en manufactura. Suena noble. Pero desde la perspectiva de la ciencia económica, es una narrativa tan ingenua como equivocada.

La evidencia empírica, la teoría económica y la experiencia histórica coinciden en que los aranceles rara vez logran esos objetivos. Es más, suelen generar efectos contrarios: precios más altos, distorsiones en la asignación de recursos, represalias comerciales y reducción del crecimiento económico global. Como quien pretende curar una fiebre con quimioterapia, los aranceles de Trump no atienden la raíz del problema económico estadounidense: la atacan en el lugar equivocado con la medicina errada.

No es sorprendente que existan defensores fervientes de esa estrategia arancelara (incluso aquí mismo, en nuestro país) que la justifiquen desde una perspectiva política -sin casi ningún fundamento de economía elemental-. Lo que sí resulta desconcertante es que algunos se proclamen liberales y aún así justifiquen estas políticas proteccionistas, con argumentos que parecen extraídos de un manual de economía alternativa medieval. Parece que estamos ante una forma de terraplanismo económico: una negación voluntaria de la evidencia, impulsada más por ideología y pulsiones políticas que por análisis riguroso.

La reducción del déficit comercial —objetivo fundamental de esta estrategia— no es, en sí misma, ni necesaria ni deseable. Los déficits responden a múltiples causas, entre ellas la fortaleza del dólar, el nivel de ahorro interno, o la ventaja comparativa en servicios. Y en cuanto a la reindustrialización, es preciso recordar que la pérdida de empleos en manufactura no es un mal endémico: responde, sobre todo, al avance tecnológico y a la evolución natural hacia una economía basada en servicios y más intensiva en conocimiento.

"Los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política"

Ahora bien, existe una explicación más verosímil de los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política; un instrumento geopolítico más que económico. Al imponer aranceles sin previo aviso a sus principales socios comerciales, Trump no busca tanto mejorar la balanza de pagos como reforzar su capacidad de presión. Es el garrote que antecede a la zanahoria. Eso es válido como estrategia geopolítica, pero injustificable como política económica, y menos desde la realidad guatemalteca.

Aunque nuestro país no ha sido de los más castigados por los aranceles trumpianos, no por eso está a salvo de sus consecuencias. El redireccionamiento del comercio, la volatilidad financiera internacional, y la potencial recesión mundial inducidas por esta guerra arancelaria van a afectar nuestra economía. Y aunque seamos parte de un tratado comercial con el gigante del Norte, eso no es un escudo infalible, y menos durante la presidencia de Trump.

La historia está llena de ejemplos de políticas económicas basadas en la ocurrencia y el cortoplacismo más que en la ciencia y la estrategia. Hoy, con la excusa nacionalista de recuperar los empleos perdidos, la política comercial del gobierno estadounidense esconde una peligrosa mezcla de voluntarismo y populismo económico. Lo más preocupante no es que Trump insista en su fórmula proteccionista; es que haya “analistas”—incluso algunos que se decían liberales— dispuestos a defenderla. Como si, de pronto, creyésemos de nuevo que la Tierra es plana.

GARROTE Y ZANAHORIA

 LA INCONVENIENTE Y PELIGROSA MODA DE USAR LOS ARANCELES COMO ARMA POLÍTICA

Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en un modo mucho más agresivo que el de su primero. Las amenazas de aplicar aranceles como herramienta de política pueden resultar más o menos preocupantes -para el resto del mundo- dependiendo de si su finalidad es la de proteger su industria doméstica, o si es la de elevar sus ingresos fiscales, o si solamente se trata de un recurso transaccional para negociar otros objetivos políticos.

Si el objetivo fuese proteccionista, los aranceles buscarían reducir el déficit comercial de Estados Unidos y defender su industria de la supuesta competencia desleal de otros países (especialmente China): así, Trump vería los aranceles como una forma de incentivar la inversión e impulsar la producción. Si el objetivo fuera más bien fiscal, Trump estaría aplicando aranceles con el fin de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los proveedores extranjeros, lo que le permitiría reducir los impuestos internos.

Sin embargo, cualquier estudiante de economía, o cualquier historiador aficionado, podrían decirles a los políticos pro-aranceles que ninguno de esos objetivos tiene demasiado sentido. Aranceles más altos implican productos importados más caros, lo cual ocasionaría que se reduzca la demanda de dólares y se aprecie la moneda estadounidense, encareciendo así las exportaciones gringas: los aranceles acabarían siendo un impuesto no solo sobre sus importaciones, sino también sobre sus exportaciones. Este efecto se exacerbaría aún más si otros países decidieran tomar represalias subiendo sus propios aranceles. Adicionalmente, los aranceles encarecerían los productos importados, empobreciendo a los consumidores estadounidenses. Todo un suicidio económico que sería incluso más doloroso porque los pocos empleos creados gracias a los aranceles se concentrarían solo en aquellas industrias (las menos eficientes, que necesitan ser protegidas para sobrevivir a la competencia internacional) y perjudicarían al resto de industrias al incrementarles el costo de sus insumos.

 La única justificación de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación

Los aranceles tampoco significarían un gran aumento en los ingresos del gobierno estadounidense, ya que (incluso aumentándolos) representan una mínima fracción de su gigantesco presupuesto. Así que la única justificación lógica de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación (el garrote) para extraer concesiones de sus socios comerciales a cambio de mantener la buena voluntad de los Estados Unidos (la zanahoria). Es muy probable que esto lo sepan bien los gobiernos de China y Europa (y México y Canadá), por lo que -esperemos- no deberían tomas represalias arancelarias agresivas, sino más bien responder quirúrgicamente a las medidas de Trump (con un bisturí, no con un machete) y así evitar una guerra comercial de la que nadie puede salir ganando.

En este contexto, lo que no podemos hacer quienes creemos en el libre comercio (y en los colosales beneficios que este le ha traído al progreso material de la humanidad en las últimas décadas) es resignarnos ante la ola de proteccionismo que amenaza con regresarnos un siglo en la historia. La ciencia económica y la historia demuestran con claridad que los aranceles siempre han sido contraproducentes: restringen la competitividad y la innovación, protegen a las industrias más ineficientes, aumentan el costo de vida y reducen el crecimiento económico. Conviene recordar que fueron precisamente las políticas económicas netamente nacionalistas (proteccionistas) las que hace cien años ocasionaron el colapso monetario y comercial más grande de la historia.

VALORES ECONÓMICOS QUE SE ESTÁN PERDIENDO

 El libre comercio y la disciplina fiscal están bajo amenaza de los populismos de izquierda y derecha

Hasta hace pocos años existía un sentir -relativamente generalizado entre los hacedores de políticas económicas e, incluso, entre la clase política- en cuanto al rol crucial que el libre comercio entre países y el mantenimiento de la disciplina fiscal a nivel doméstico jugaban para el progreso de las naciones. Sin embargo, ese consenso (que surgió a raíz de las múltiples crisis económicas que el proteccionismo comercial y el despilfarro fiscal generaron el siglo pasado) parece estar retrocediendo a pasos agigantados, lo que podría tener ingratas consecuencias económicas para Guatemala.

En efecto, el libre comercio ha sido una fuerza impulsora del progreso global desde hace más de cien años: con el acceso a nuevos mercados se logran economías de escala, mayor especialización y eficiencia, mejor tecnología y más opciones para los consumidores, lo que genera crecimiento económico y bienestar. Pero, en años recientes, una ola mundial de nacionalismos a nivel político se ha manifestado en medidas proteccionistas (aranceles, cuotas y otras barreras al comercio). Esta preocupante tendencia amenaza con reducir los flujos comerciales, obstaculizar la innovación, atrofiar las cadenas de suministros y aumentar los precios, lo que puede entrañar consecuencias severas para países como Guatemala, que dependen del acceso a los mercados globales para exportar y para abastecer el aparato productivo.

De manera similar, los países que han sido fiscalmente responsables -con bajos déficits fiscales y niveles de deuda sostenibles- han experimentado un mejor desempeño económico en términos de estabilidad y crecimiento. Pero el surgimiento de varios gobiernos populistas (de izquierdas y derechas) alrededor del planeta en años recientes está poniendo “de moda” políticas contrarias a la disciplina fiscal. Muy probablemente esas políticas acarrearán un aumento del costo de la deuda, un encarecimiento del crédito para toda la economía y un deterioro en la calificación de riesgo-país. Resulta preocupante que esa tendencia hacia una menor disciplina fiscal esté empezando a cobrar ímpetu en Guatemala -como lo sugiere el recién aprobado Presupuesto del Estado para 2025-.

El peligro es real y próximo. Los partidos políticos, conservadores y progresistas, aunque separados en aspectos ideológicos, están convergiendo perversamente cuando se trata de aplicar medidas que restringen el comercio y aumentan el déficit fiscal. La simpatía de los propios votantes favorece cada vez más las ideas proteccionistas y de expansión del gasto público. El libre comercio y la responsabilidad fiscal, pese a sus demostrados beneficios, están perdiendo la batalla de la opinión pública.

Es necesario que se recobre la conciencia de que, en un mundo interconectado, las barreras al comercio pueden conducir a un menor crecimiento, a un menor bienestar de los consumidores y mayores tensiones geopolíticas. Es necesario también recobrar la conciencia de que la indisciplina fiscal populista puede conducir a inestabilidad, menor crecimiento y, en casos graves, crisis económicas.

Las crecientes barreras al comercio y déficits fiscales en todo el mundo deben ser contrarrestados con mayor apertura económica y mayor prudencia fiscal, pero ello requiere que las fuerzas políticas ya no sigan avanzando en la dirección opuesta. Los académicos, los hacedores de políticas pública, los líderes sociales y los votantes deben converger hacia estrategias viables que permitan posicionar la apertura comercial y la sostenibilidad fiscal en el centro del debate público, en un entorno cada vez más adverso a esos valores.

REGALAR DINERO PÚBLICO: EL RECURSO FÁCIL

 Es peligrosa la proliferación de iniciativas sin un análisis de su impacto financiero y macroeconómico

Bien sea por escasez de propuestas de política pública, o bien por falta de voluntad política para impulsar las pocas iniciativas que al respecto existen, han proliferado una serie de propuestas legislativas que pueden calificarse de populistas.  La iniciativa de condonar la deuda de las empresas municipales con el INDE, por ejemplo, no solo distorsionaría las señales e incentivos del mercado eléctrico, sino que le costaría al Estado más de Q3 millardos. O la iniciativa de derogar el Impuesto de Solidaridad, que implicaría una merma de ingresos fiscales de más de Q7 millardos anuales. Y qué decir del aumento a las pensiones de los jubilados del Estado, aprobado recientemente entre el regocijo de los diputados, que no repararon demasiado en el hecho de que el fisco tendrá que erogar unos Q6 millardos anuales adicionales por dicho aumento.

La característica común de esas iniciativas es que los dictámenes que las respaldan no incluyeron ningún estudio de su impacto sobre las finanzas públicas y sobre la macroeconomía del país. Ese tipo de estudios, que debería ser obligatorio para cualquier iniciativa que afecte el erario, es una práctica parlamentaria común en otros países más desarrollados, pero no es habitual en Guatemala.

Las políticas que se basan en regalar comida, herramientas o dinero a los ciudadanos, tienden a ser insostenibles y a causar problemas económicos e institucionales: generalmente implican un aumento significativo en el gasto sin un incremento proporcional en los ingresos, lo que acrecienta el déficit fiscal; pueden causar distorsiones en los mercados financieros, en las tasas de interés y, eventualmente, en la estabilidad de precios; generan desincentivos al trabajo y al emprendimiento; y, casi siempre, producen distorsiones en el mecanismo de precios y un debilitamiento institucional. Las políticas de regalar bienes o dinero sin condiciones y sin un marco de sostenibilidad o mejora de las condiciones productivas, pueden generar una dependencia que perpetúa la pobreza y la desigualdad, a la vez que se merma la capacidad del Estado para implementar políticas estructurales que promuevan el desarrollo económico y social. Aunque pueden tener efectos positivos inmediatos en términos de popularidad o bienestar, a mediano plazo suelen ser perjudiciales para la estabilidad económica e institucional.

La reciente proliferación de este tipo de iniciativas tiene qué ver con la creencia (entre un número creciente de diputados y, cada vez más, en la opinión pública) de que el gobierno cuenta con amplios y abundantes recursos que pueden (y hasta deben) gastarse sin mayores contemplaciones. Pero los más de Q25 millardos que hoy tiene el gobierno “guardados” en su caja fiscal no son ahorros (como erróneamente se cree), sino deuda que el gobierno ha adquirido y que tarde o temprano gastará. Pero debe hacerlo con sabiduría y visión de largo plazo, no con base en ocurrencias populistas.

Ciertamente es inevitable que en el estamento político se prefieran las políticas de gasto fácil que, aunque insostenibles a mediano plazo, dan réditos electoreros en el corto plazo. Una forma de refrenar esa natural tendencia de los políticos de turno es mediante reglas y procedimientos, de observancia obligatoria en el proceso legislativo, que obliguen a acompañar cualquier dictamen de ley que genere gasto público de un análisis de su viabilidad fiscal y de su impacto macroeconómico. De lo contrario, la política fiscal seguirá siendo conducida por las ocurrencias parlamentarias del momento y no por una visión de estado que debería emanar del Ejecutivo.

LOS DOS MOMENTOS DE LA POLÍTICA

LA CAMPAÑA ELECTORAL Y EL EJERCICIO DEL PODER ESTÁN CADA VEZ MÁS DIVORCIADOS

En la práctica del arte de la política en una democracia existen dos momentos diferentes. Primero, está el efímero momento de la campaña electoral y, luego, el momento -más prolongado- del ejercicio del cargo público. Antes, en Guatemala, ambos momentos estaban más o menos vinculados a través de las historias de vida, los planes de gobierno y las ofertas electorales que se presentaban en la campaña y que, en el contexto de las ideologías partidarias, le ponían un marco de referencia a las actuaciones de los funcionarios que resultaban electos. Hoy, en cambio, ambos momentos están cada vez más divorciados.

Ni las propuestas, ni los planes, ni las ideologías, ni las hojas de vida. Ya ni siquiera las láminas, las pelotas de fútbol o los espejitos (el elector puede ser ignorante, pero no es baboso). En los tiempos del TikTok lo que verdaderamente importa en la fase de campaña son los personajes: quien logre conectar con el elector (por su sonrisa, su forma de contar chistes, sus videos, sus pasos de baile o sus ocurrencias) tiene mucha más oportunidad de ser electo. El votante elige personajes, no estadistas; el elector busca entretenimiento, no discernimiento. En el momento de la campaña, los políticos entregan -por el lado de la oferta- lo que los ciudadanos -por el lado de la demanda- piden.

Pero, aunque todos los focos se centran en el breve momento de la campaña electoral, el momento verdaderamente trascendente para el país es el de los largos cuatro años (o más) de ejercicio del poder alcanzado en las urnas. La clave aquí ya no es el personaje, sino la persona misma que ejerce el cargo (su carácter, personalidad, principios). En esta etapa, lo que se espera es que la persona tome decisiones difíciles que no siempre serán populares a corto plazo, pero que redundarán en el mejor interés del país a largo plazo. El papel del gobernante debería ser el de liderar y brindar orientación, no simplemente seguir la opinión pública. Sin embargo, también es esencial que el gobernante siga siendo responsable ante la gente y se asegure de que las decisiones tomadas se alineen con los valores y principios de la sociedad a la que sirven. Y, aquí, el ciudadano debería cumplir un rol fundamental: el de vigilar, acompañar, exigir y fiscalizar a los funcionarios que, con su voto, encumbró en el poder.

En el primer momento político -el de la campaña electoral- los políticos parece que aprenden rápidamente a adaptarse a las volubles demandas de un electorado que se conforma cada vez con menos. Es en el segundo momento -el del ejercicio del cargo- en el que los principales actores políticos en nuestro país tienen un desempeño muy insatisfactorio. Los políticos no pueden, ni quieren, aspirar a ser estadistas, por todas las decisiones complejas que ello implica. Y, por su lado, la sociedad civil y sus organizaciones no pueden, ni quieren, cumplir con los compromisos de vigilancia continua e involucramiento en la cosa pública que se requieren para ser auténticos ciudadanos.

MEDIDAS ECONÓMICAS ELECTORERAS

INFLACIÓN Y ELECCIONES: INOPORTUNA COMBINACIÓN

La economía, en Guatemala y en el resto del mundo, está inmersa en una crisis inflacionaria que, inevitablemente, impacta sobre el poder adquisitivo de la población -y, especialmente, de los más pobres-. Este ambiente de carestía no podía ser más inoportuno: coincide con un año electoral y un estamento político proclive a ofrecer propuestas “ingeniosas” o “heterodoxas” para combatir los efectos de la inflación y paliar el descontento que la inflación provoca en sus potenciales electores.

La inflación y las elecciones son una mala combinación, no tanto por las disparatadas ofertas electorales que surjan en la campaña electoral, sino por el riesgo de que muchas de esas ocurrencias se conviertan ya mismo en políticas públicas. De hecho, entre las pocas leyes que se han aprobado en el Congreso este año destacan la ampliación del aporte social de la tarifa eléctrica (subsidio que le costará al fisco Q197 millones) y el subsidio a los consumidores de gas propano (que costará otros Q150 millones); además, en días recientes un candidato presidencial presentó -a través de su bancada en el Congreso- una iniciativa para derogar los impuestos a los combustibles. Todas estas iniciativas se han propuesto bajo el argumento de que servirán para reducir el impacto que la inflación mundial está teniendo sobre los bolsillos de los guatemaltecos.

Por muy bien intencionadas que sean, esas medidas son puramente electoreras, no están respaldadas por ningún estudio técnico y, en la práctica, no solo no resuelven el problema de fondo (la inflación importada) sino que causarán más daño que bien a la economía de los hogares guatemaltecos. En primer lugar, porque generan una distorsión en el mecanismo de precios que impide que las fuerzas del mercado actúen para volver a equilibrar la oferta y la demanda de los bienes cuyos precios se elevaron, y ello causa ineficiencias que a la postre reducen el bienestar general. En segundo lugar, porque tienen un costo fiscal que pagamos todos los contribuyentes, incluyendo aquellos a quienes supuestamente se quiere beneficiar con esas medidas populistas. En tercer lugar, porque establece un peligroso precedente para que, cada vez que suba el precio de un producto sensible, el gobierno intervenga para compensar a quienes lo consumen. Y, por último, porque ese tipo de medidas es asimétrico: nadie va a aceptar que cuando el precio de un producto sensible baje, entonces se suban los impuestos sobre su consumo.

Los políticos deberían comprender que ya existen los mecanismos institucionales idóneos para combatir la inflación: la política monetaria a cargo del banco central y la política fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Y todos deberíamos aceptar que, como lo enseña la experiencia no solo en Guatemala sino en todo el mundo, el insidioso mal de la inflación (que afecta más a los más pobres) requiere de la dolorosa, pero efectiva, medicina que combina una restricción de las condiciones monetarias y una austeridad en el gasto público. Pero, por desgracia, se trata de una medicina que sabe demasiado amarga como para tragarla en pleno proceso electoral, cuando es más fácil recetar placebos populistas.

RIESGOS ECONÓMICOS EN EL AÑO ELECTORAL

LOS RIESGOS SE DAN POR LA INEVITABLE INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y LA TENTACIÓN DE APLICAR MEDIDAS POPULISTAS

Los años electorales reúnen ciertas características que suelen influir en el desempeño económico del país, a lo cual se agrega en 2023 un entorno internacional muy complejo, con unas presiones inflacionarias que apenas empiezan a amainar y, particularmente, con un elevado riesgo de recesión en los países industrializados que podría tener un impacto negativo sobre el sector exportador guatemalteco y, eventualmente, sobre el flujo de remesas familiares hacia nuestro país, que ha sido un importante combustible que mantiene encendido el motor del consumo doméstico.

Cada evento electoral genera, inevitablemente, incertidumbre y nerviosismo en los mercados que, entre otros efectos, se traduce en una ralentización de la inversión privada: los agentes económicos prefieren posponer sus decisiones de inversión, por lo menos hasta que se aclara el panorama político al final de la segunda vuelta electoral. Algo similar, aunque en menor magnitud, puede ocurrir con los consumidores respecto de la compra de bienes duraderos. Estos dos efectos depresivos sobre la producción nacional suelen verse contrarrestados por dos efectos positivos que las elecciones ejercen sobre la actividad económica: las obras de infraestructura pública (del gobierno central y de las municipalidades) suelen acelerarse en los meses previos a las elecciones (para atraer votos), al tiempo que el gasto de las campañas políticas conlleva un aumento en la demanda de servicios de transporte, comunicaciones, alojamiento y restauración. Ahora bien, estos efectos -tanto positivos como negativos- solían ser más pronunciados cuando el  proceso electoral se extendía hasta diciembre; con el nuevo calendario (cuya segunda vuelta electoral termina en agosto) esos efectos serán más leves este año.

Quizá los riesgos económicos más notables son los que se derivan de las decisiones de política pública que los líderes políticos están muy tentados a proponer y a aplicar durante los años electorales. El ansia de ganar votos es una mala consejera cuando se trata de tomar decisiones de política económica: la tentación de usar los recursos del erario para regalar dinero (en forma de transferencias, subsidios, alimentos, canchas e implementos deportivos, etcétera) puede derivar en un aumento desmedido del gasto público y en déficits presupuestarios que pueden desestabilizar la economía. También los políticos pueden caer en la tentación de querer presionar a las autoridades económicas para manipular electoralmente variables tan importantes como el tipo de cambio, las tasas de interés, los impuestos o las reglas del comercio exterior, todo con consecuencias insospechadas para la macroeconomía del país.

Por ello, el año electoral entraña particulares desafíos para los hacedores de política económica: deben resistir las presiones electoreras y enfocarse en la institucionalidad y en los objetivos de mayor plazo; y, también, deben conservar la calma y la ortodoxia para transmitir un mensaje de certeza a los agentes económicos inquietos por las turbulencias políticas e internacionales. Se trata de aguantar la respiración hasta agosto. Después, si quieren, ya podrán ponerse creativos.

REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE

DEBEN ENCONTRARSE FORMAS MÁS ORDENADAS, TÉCNICAS Y SOSTENIBLES DE ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES

Regalar dinero del erario público ha sido un recurso al que los políticos, no solo en Guatemala sino alrededor del mundo, suelen acudir para congraciarse con los electores en el corto plazo, pero que a largo plazo tiene consecuencias macroeconómicas muy negativas. Por ejemplo, la actual crisis inflacionaria a nivel mundial se debe, aunque sea en parte, a los gigantescos paquetes de estímulo fiscal -que incluyeron generosas transferencias no condicionadas de dinero a los ciudadanos- que los gobiernos de los países industrializados aplicaron para paliar los efectos de la pandemia.

En Guatemala existe una longeva inclinación de la clase política a regalar los dineros públicos con fines electoreros. Ejemplos como el bono a los ancianos que diseñó el entonces diputado Baldizón, o el de los comedores solidarios del gobierno de la UNE, o el de recientes iniciativas de ley que buscan aumentar las pensiones a los jubilados del Estado, ponen de manifiesto cómo este tipo de políticas, posiblemente bien intencionadas, imponen unos costos fiscales crecientes que pueden poner en riesgo la tan apreciada estabilidad macroeconómica del país. Solo este año, mediante la concesión de subsidios a la energía y al combustible -que son otra forma de regalar dineros públicos- han contribuido a que el rubro de transferencias al sector privado, a agosto, se haya incrementado en más de Q3 millardos (o un ¡120 por ciento!) respecto del año previo.

La más reciente de estas medidas fue la aprobación del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral (o ley de veteranos), que implica la entrega de Q36 mil por beneficiario, a entregarse en cuotas de a mil mensuales durante tres años. Con base en los 266 mil veteranos que dijeron que había en febrero de este año, el costo anual sería de Q3.2 millardos, por lo que en los tres años habrá un gasto de ¡Q9.6 millardos! Se trata de una cifra gigantesca equivalente a más de lo que en un año gasta el Ministerio de Salud Pública. Lo más paradójico es que la creencia de que con esos dineros se aseguran miles de votos para quienes apoyaron la medida, es un antiguo mito urbano que no se sustenta en la práctica. Además, seguramente deben existir otros mecanismos más ordenados, institucionales y fiscalmente responsables para compensar a los ex trabajadores del Ejército.

En todo caso, puesto que este tipo de iniciativas va a seguir surgiendo en el futuro, quizá lo más conveniente sea encontrar una forma ordenada, civilizada y técnicamente adecuada para abordarlas. En otros países existe una instancia netamente técnica en el Congreso que analiza el impacto fiscal de cualquier iniciativa de ley que involucre recursos públicos y que asesora a todas las comisiones de trabajo del Legislativo sobre la viabilidad fiscal y macroeconómica de las iniciativas de ley. Si no se adopta acá algo parecido para poner orden al respecto, será inevitable que en el futuro no lejano todos terminemos pagando el pato, ya sea porque habrá que pagar más impuestos para financiar estas ocurrencias, o porque caeremos en una crisis fiscal como la que sufren países vecinos.

CUIDADO CON LOS SUBSIDIOS

DE BUENAS INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO

El aumento de los precios de los combustibles a nivel mundial es un ejemplo de libro de texto de lo que los economistas llamamos un choque de oferta, que desestabiliza la economía al causar simultáneamente una mayor inflación y un menor ritmo de la producción nacional. Es normal que tanto productores como consumidores acusen el golpe y que, en respuesta, los gobiernos busquen diversos remedios para moderar el impacto político del descontento. La experiencia de los últimos cuarenta años para enfrentar estos choques energéticos sugiere que la mejor política económica es una combinación (fine tunning) de medias monetarias y austeridad fiscal que ayuden a moderar (aunque sea imposible eliminar) los efectos recesivos e inflacionarios del choque. Por desgracia, esa combinación no suele ser ganar muchos votos y, por ello, los políticos siempre tratan de buscar algún atajo a la situación

El atajo más evidente es otorgar subsidios al combustible, a pesar de que dicha medida ha demostrado evidentes falencias en todo lugar y tiempo en que se ha aplicado. En primer lugar, porque generan un gasto gubernamental elevado: el subsidio al combustible recién aprobado por el Congreso de Guatemala amplía el presupuesto estatal en más de Q2.25 millardos, lo que contribuye a que el déficit fiscal aprobado para este año pueda superar el equivalente al 3.5% del PIB, cifra que ya resulta preocupante.

Otro problema con los subsidios es que no suelen ser eficientes: desperdician recursos fiscales y apenas benefician a los pobres, ya que son las capas más acomodadas las que poseen vehículos y consumen más energía. La Agencia Internacional de Energía estima que, a nivel mundial, solo el 8 por ciento de los subsidios se destinan a la quinta parte más pobre de la población. Ese dinero sería mejor gastado en carreteras, hospitales y escuelas. Por otra parte, los esquemas de subsidio también tienden a ser poco transparentes. Además, los subsidios falsean el mecanismo de precios, distorsionan los mercados y los hacen menos eficientes. Los ambientalistas argumentan también que subsidiar los combustibles fósiles reprime el desarrollo de energías limpias y promueve la contaminación.

Puestos a escoger remedios alternativos para el malestar social causado por los choques de oferta, siempre ha resultado más aconsejable aplicar otro tipo de compensadores sociales (como las transferencias directas de efectivo), en tanto que estén eficientemente diseñados y bien focalizados, y que sean temporales y fiscalizables. La mayoría de gobiernos sabe que los subsidios son insostenibles, pero también que eliminarlos es políticamente muy complejo. La mayoría sabe también que los subsidios a los combustibles fósiles deberían, en principio, abandonarse. Pero, a pesar de las interminables advertencias sobre el riesgo moral y las distorsiones que generan, los políticos y los burócratas siguen creándolos. Los subsidios son una muestra de cómo el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

UN TESORO EN RIESGO

OLEADAS DE POLÍTICAS POPULISTAS ESTÁN PONIENDO EN PELIGRO LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

La pandemia ha traído consigo un resurgimiento del gran gasto gubernamental y una paulatina pérdida de respeto por la disciplina macroeconómica. En su afán por revertir la caída en la producción provocada por los confinamientos, mantener funcionales los servicios de salud, preservar los empleos e ingresos de los ciudadanos, y evitar el descontento generalizado y la ingobernabilidad, los gobiernos alrededor del mundo se involucraron en un aumento del gasto público sin precedentes. Como resultado, tanto el estamento político como la ciudadanía están cada vez menos comprometidos con la estabilidad macroeconómica que, hasta hace apenas un lustro, se tenían en grande aprecio.

En muchos países, y particularmente en Latinoamérica, la pandemia ha exacerbado los ya crecientes sentimientos de insatisfacción ciudadana. Según el más reciente Latinobarómetro, la mayoría de ciudadanos piensa que el acceso a la salud, la educación y la justicia es desigual; los problemas económicos y el desempleo encabecen la lista de preocupaciones públicas; el descontento se está agravando. Y los populistas han aprovechado este resentimiento para desacreditar las instituciones y vandalizarlas. Las instituciones que generan la disciplina fiscal y monetaria están siendo socavadas. Los populistas persuaden a los votantes de que el sistema les está fallando y una de sus herramientas preferidas es aumentar el gasto público a manos llenas, arbitraria e irresponsablemente. Un ejemplo reciente es la nueva Presidenta de Honduras que, en su toma de posesión, ofreció regalar la energía eléctrica a “los pobres”, siempre que la paguen “los ricos”.

En Guatemala el peligro de caer en la tentación del gasto público irresponsable está a la orden del día. En el Congreso existen varias iniciativas preocupantes. Una iniciativa (Bono de la Esperanza) -promovida por una ex candidata presidencial- pretende regalar dinero al público por Q18 millardos al año. Otra (Programa del Servicio Cívico Ambiental) -promovida por un ex presidente del Congreso- busca resarcir a ex combatientes militares pro casi Q16 millardos en tres años. En esa línea, recientemente se aprobó un aumento -sin estudios que lo soporten- al bono al adulto mayor. Y a eso agreguemos la ocurrencia de un ex candidato presidencial (al estilo hondureño) de dar gratis el servicio eléctrico a “los pobres”.

Por muy bien intencionadas que puedan ser esas propuestas, el problema que tienen es que generan un despilfarro del erario e insostenibilidad fiscal. Una lección clara de esta pandemia es que los estímulos fiscales desmedidos impulsan la inflación y la inestabilidad económica. El más claro ejemplo de esto es la sorprendentemente elevada inflación que está sufriendo el propio Estados Unidos: el país industrializado que más ha derrochado, es el que está teniendo la mayor inflación. La estabilidad macroeconómica de la que goza Guatemala es un tesoro que costó mucho obtener y que, muchas veces, no se aprecia… hasta que se pierde. Quienes tenemos la suerte de haberlo heredado debemos esforzarnos por protegerlo.

¿IGNORANCIA O IRRESPONSABILIDAD?

LA IMPRUDENTE PROPUESTA DE REGALAR MILES DE MILLONES DE QUETZALES DEL ERARIO

Hace pocos días, se presentó en el Congreso una iniciativa de Ley Bono de la Esperanza para entregar transferencias de dinero a familias en pobreza y pobreza extrema. Para el efecto, se propone un Bono Salud de Q200 mensuales para todos los alumnos de preprimaria, primaria y básicos; otro Bono Educación de Q200 a esos mismos alumnos; y, un Bono de Nutrición de Q400 mensuales a los menores de cinco años en pobreza. Incluso si las intenciones de la iniciativa fueran nobles, tiene tres defectos fundamentales.

El primero es el gigantesco daño que causaría a las finanzas públicas. Los recursos para dichas transferencias provendrían del presupuesto del Estado por un monto no menor al 7.5 por ciento de los ingresos corrientes. Eso, como mínimo, significaría un Q5 millardos de gasto adicional. Pero si tomamos en cuenta el número de alumnos inscritos en preprimaria, primaria y básicos (2.9 millones) y todos los niños de cero a cinco años en situación de pobreza (unos 1.33 millones), el gasto mensual por tales bonos sería de Q1.7 millardos, cifra que aumentará cada año -junto con la población-. Eso sumaría casi Q18 millardos anuales, cifra equivalente al 17 por ciento del total del presupuesto del Estado aprobado para 2022. El déficit fiscal que esto generaría, aunado al ya previsto en el presupuesto, haría que el desequilibrio de las finanzas públicas superara el 5.4 por ciento del PIB, creando un desajuste que podría generar una crisis macroeconómica que, al final de cuentas, dañaría mucho más a las familias pobres que -supuestamente- son a las que se quiere ayudar con esas transferencias.

El segundo defecto es que este tipo de leyes que asignan un fin específico a los ingresos estatales le agregaría aún más rigidez al presupuesto, del cual ya el 83 por ciento está comprometido (por mandatos constitucionales y legales) para gastos específicos. Si el tal Bono se aprobase, el monto a gastar el año próximo sería superior a los presupuestos de todos los ministerios, de forma individual, con excepción del Ministerio de Educación. El tercer defecto es que el Estado no ha sido capaz de asegurar que las transferencias de efectivo estén bien gastadas y cumplan con los objetivos que supuestamente persiguen: no existe información estadística y líneas basales que permitan evaluar este tipo de gasto (ni siquiera se cuenta con bases de datos auditables de sus beneficiarios). Impulsar esa ley en estas condiciones equivale a un despilfarro de recursos que solo generará una mayor pérdida de confianza de la ciudadanía en el Estado que, de nuevo, dañará más a los más pobres.

El único beneficio posible de este tipo de iniciativas son las efímeras simpatías electorales que generan entre algunos sectores de la población necesitada (populismo, que le dicen). Por lo demás, sus efectos económicos y políticos son tan perversos que ni siquiera deberían de considerarse para una discusión seria en el Congreso. Lo que realmente preocupa es que existan personas que, sea por ignorancia o por irresponsabilidad, aún crean en la viabilidad de tales propuestas.

SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS

LO QUE SE NECESITA ES UNA ADECUADA POLÍTICA MONETARIA, EN VEZ DE MEDIDAS CASUÍSTICAS DISTORSIONANTES

Los precios de la gasolina, el gas y los energéticos en general, junto con los de muchos productos primarios, están subiendo en todo el mundo. Los índices de inflación en la mayoría de países están mostrando niveles mucho más altos que los vistos en la anterior década. Solo en Guatemala, extrañamente, el Índice de Precios al Consumidor -IPC- se mantiene en calma, como si el alza en los precios de los energéticos no afectara (aún) el costo de vida en el país. Pero si el IPC está tranquilo, los consumidores no lo están, pues el sordo clamor por el creciente costo de la gasolina y del gas propano se está haciendo sentir con mayor intensidad. Los políticos ven en ese clamor una oportunidad de lucirse con propuestas de solución instantánea al problema de los precios altos. Lo malo es que esas propuestas, aunque sean bien intencionadas, pueden generar efectos secundarios que terminarían dañando al consumidor incluso más que el alza de precios. Antes de pretender aplicar remedios que podrían salir más caros que la enfermedad, es importante entender la naturaleza del fenómeno.

La economía mundial está en un inusual periodo de insuficiencia de oferta que provoca escasez de casi todo, desde madera hasta microprocesadores, al tiempo que la demanda se está expandiendo rápidamente, pues los consumidores están incrementando sus gastos luego de haberlos tenidos contenidos durante la recesión provocada por la pandemia. Poca oferta y mucha demanda implican, irremediablemente, precios más altos. Hay cuellos de botella en las cadenas mundiales de distribución y los costos de transporte marítimo se han más que duplicado. El fenómeno de precios altos es, evidentemente, de alcance mundial y -en la medida en que la oferta eventualmente responda a la demanda- temporal.

Por eso, medidas aparentemente baratas, como la de exonerar de impuestos a determinados productos con la intención de reducir su precio, no solo están mal enfocadas, sino que pueden tener efectos secundarios adversos porque distorsionan la función del mecanismo de precios como regulador de la oferta y la demanda y minan las precarias finanzas públicas del país. Para aplicar las medidas correctas es importante evaluar, con prudencia y sapiencia, la magnitud y temporalidad de las alzas de precios. Para eso está la política monetaria, que es la mejor alternativa para combatir la amenaza de la inflación, en vez de las medidas casuísticas distorsionantes que se han propuesto.

En la medida que esta amenaza se siga materializando, el banco central deberá aplicar las medidas de restricción monetaria que sean necesarias. Para ello necesita dos herramientas cruciales. Por un lado, un buen IPC que sea confiable y lo guíe en su toma de decisiones. Y, por otro, independencia respecto del gobierno central y de las interferencias políticas que, casi seguramente, presionarán para que no se incrementen las tasas de interés (especialmente ahora que el déficit fiscal y la deuda pública rebasaron sus niveles históricos). Sin esas dos herramientas, el alza de precios sí que podría salirse de control.

Una Ley Engañosa

LA RECIENTE REFORMA A LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES ENGAÑOSA Y -POTENCIALMENTE- PERVERSA

La semana pasada el Congreso logró aprobar las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, una de las muy pocas leyes aprobadas este año. El evento fue celebrado con gran autobombo por bancadas de diferente signo ideológico como un gran logro legislativo en pro del combate a la desnutrición y el fomento a la escolaridad. También lo celebraron diversos analistas y ONGs entusiasmados con los loables objetivos de la reforma. Lamento decepcionarlos, pero creo que se fueron con la finta: la ley aprobada no combate la desnutrición, difícilmente fomente la educación y probablemente tenga consecuencias perversas. Me explico.

La ley aprobada simplemente aumenta la cantidad de recursos fiscales que debe destinarse a comprar alimentos para ser repartidos a los alumnos y amplía la cobertura de dicho reparto a alumnos de secundaria, lo cual no asegura que se cumpla ninguno de los objetivos que justificaron su aprobación. En primer lugar, la ley no contribuirá a combatir la desnutrición crónica infantil porque es conocido que las intervenciones más importantes en materia de nutrición deben realizarse antes de la edad en la que los niños se integran al sistema educativo, amén de que hasta ahora los actuales programas de alimentación escolar nunca han formado parte de una política integral de combate a la desnutrición.

En segundo lugar, dado que la reforma se aprobó sin que se hayan conocido los resultados del informe anual de la Comisión Interinstitucional que debe evaluar el impacto de la alimentación escolar, y estando en medio de una pandemia que mantiene a los niños alejados de los centros educativos, resulta imposible saber si el reparto de alimentos -de la forma en que se ha estado haciendo hasta ahora- tiene algún efecto en la asistencia de los alumnos y en su desempeño escolar. En tercer lugar, es sabido que el reparto de alimentos en las escuelas ha sido utilizado como herramienta de proselitismo político y, en el peor de los casos, como fuente de negocios oscuros en la adquisición de los mismos.

En cuarto lugar, la ley fue aprobada con un desdén imperdonable respecto de sus consecuencias fiscales, como si el reparto de los escasos recursos financieros del Estado se tratara de organizar una piñata. Las reformas aprobadas implicarán un aumento en el gasto gubernamental de entre quinientos y mil millones de quetzales cada año, sin que nada asegure que tales recursos se gastarán eficiente y transparentemente. La ley se aprobó también sin especificar la fuente financiera de los recursos y, presumiblemente, violando el principio de Unidad Presupuestaria consagrado en el artículo 237 constitucional. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y la recientemente aprobada reforma a la Ley de Alimentación Escolar es un ejemplo de ello pues resulta engañosa y potencialmente perversa, por muy aplaudida y mayoritariamente bien acogida que haya sido su aprobación. Como dijo Jean Cocteau: no debe confundirse la verdad, con la opinión de la mayoría.

MAMAR DE LA UBRE SECA DEL FISCO

REGALAR DINERO DEL FAMÉLICO ERARIO PÚBLICO ES UNA POLÍTICA SIMPLISTA Y PELIGROSA

La manifestación más visible y dañina de la bancarrota de nuestro sistema político es la crasa mediocridad y perverso simplismo de las propuestas de política pública que surgen en los distintos entes del Estado. La calidad de las iniciativas de ley y de las políticas socioeconómicas es cada vez más pobre y las consecuencias de su eventual aplicación cada vez más peligrosas. Abundan los ejemplos.

En vez de plantear reformas que fortalezcan la calidad del servicio civil, muchos ministerios (por ejemplo, el de Educación) han optado en el pasado por la salida fácil de apaciguar las presiones de los sindicatos suscribiendo pactos colectivos de condiciones de trabajo con cláusulas tan absurdas que no solo ocasionan un daño irreparable a la sostenibilidad financiera de las entidades, sino que tampoco contribuyen a mejorar la calidad de los servicios gubernamentales. 

De manera similar, ante los reclamos de distintos grupos -como los excombatientes guerrilleros o los exmilitares- los políticos recurren a la perversa solución de regalarles el escaso dinero estatal sin tan siquiera tomarse la molestia de preguntar al Ministerio de Finanzas si ello es financieramente viable. Igual ocurre con la atención a los adultos mayores: “quién va a oponerse a apoyar a los ancianos”, pensarán los políticos cuando deciden regalarles dinero del erario público de una forma tan improvisada que no solo daña permanentemente la sanidad fiscal del país, sino que contraviene y socava el concepto mismo del seguro social (cuyo fortalecimiento debería ser la solución de largo plazo al problema de los adultos mayores no atendidos).

Igualmente, cuando algún sector productivo se ve afectado por un siniestro de grandes dimensiones (como, por ejemplo, el sector turismo afectado por la pandemia, o la caficultura por fenómenos naturales), en vez de diseñar mecanismos de apoyo sectorial que han sido probadamente efectivos en otros países (como, por ejemplo, los esquemas de garantía crediticia), los políticos optan por la solución simplista, pero perversa, de proponer exenciones tributarias o de regalar fondos públicos (muchas veces a través de mecanismos ineficientes y opacos como, por ejemplo, la asignación de préstamos súper-blandos y sin condiciones a través del CHN).

Ese tipo de “soluciones” simplistas, populistas e irresponsables son tremendamente dañinas para las finanzas públicas y, en la medida que se van acumulando, se convierten en grandes cargas fiscales que, tarde o temprano, harán colapsar la estabilidad macroeconómica que tanto ha costado construir. Son, además soluciones perversas porque su supuesto objetivo es atender problemas sentidos, causas nobles y demandas justificadas de la población, lo que facilita su venta ante la opinión pública y permite esconder sus nefastas consecuencias a largo plazo. No hay que olvidar que de buenas intenciones está empedrado el camino a infierno.

Sin Confianza No Se Avanza

La confianza de la ciudadanía en sus gobernantes (en su conocimiento, liderazgo y capacidad) puede ser el factor clave que permita salir con buen pie de esta crisis

Hace algunos días el diario digital El Confidencial publicó una columna de opinión de Ignacio Varela, escrita en el contexto español pero con reflexiones muy pertinentes para la realidad guatemalteca. Planteaba el columnista que la pandemia de covid-19 ha visto cómo países vecinos, con geografía, clima y sistemas socioeconómicos semejantes, mostraban diferencias abismales en el impacto destructivo del coronavirus -tanto en la salud pública como en la economía-. La razón principal es, muy posiblemente, la política: la eficiencia de los gobiernos, la calidad de la vida política y la relación de la sociedad con el Estado son factores cruciales para manejar una crisis como la actual.

El politólogo Francis Fukuyama identifica la confianza de los ciudadanos en su gobierno como el factor clave, ya que ante una crisis grave e inesperada deben hacer una enorme delegación de autoridad en el poder ejecutivo y, para que tal delegación sea efectiva, es imprescindible que la sociedad confíe en la capacidad de sus gobernantes para gestionar la crisis. Varela sostiene que la confianza social en los gobiernos descansa sobre tres pilares. Uno, la experiencia, conocimientos técnicos e imparcialidad de los gobernantes para tomar decisiones para el interés común. Dos, el liderazgo de la máxima autoridad ejecutiva. Y tres, la capacidad para crear consensos amplios, superar fronteras ideológicas o territoriales, y concitar voluntades para la ejecución de las medidas que deban adoptarse.

Si uno de estos tres pilares falla, la crisis se complica… y si fallan dos o tres, se vuelve un desastre, tal como parece haber sido el caso en la España de Sánchez, el Brasil de Bolsonaro, o la Turquía de Erdogan. En Guatemala, hasta ahora, nos ha ido bastante bien, especialmente en cuanto a los dos primeros pilares sobre los que se basa la confianza ciudadana en tiempos de crisis: por un lado, el presidente Giammattei es no solo un político experimentado en la función pública, sino que además tiene un grado académico en medicina; y, por otro lado, ha estado ejerciendo su liderazgo con diligencia y aplomo. Ello le ha ganado la confianza de grandes sectores de la población, incluso de quienes no votaron por él.

La clave para superar la crisis está, sin embargo, en el tercer pilar de la confianza ciudadana. El gobierno ha logrado los consensos mínimos que necesitaba para lograr las ampliaciones presupuestarias (por más de Q20 millardos) que necesita para afrontar la crisis generada por la pandemia; en adición a ese monto, la semana pasada el gobierno logró colocar exitosamente bonos en los mercados internacionales por US$1.2 millardos más.

El desafío es doble. Por el lado del Ejecutivo, la imperiosa necesidad de una ejecución eficaz, pronta y transparente de los recursos, tanto para brindar auxilio humanitario a los sectores sociales más afectados por la crisis, como para oxigenar el aparato productivo con los créditos y alivios para las empresas y los empleos en riesgo. Por el lado del Legislativo, la exigencia de lograr acuerdos políticos para aprobar las leyes y disposiciones que se requerirán no solo durante la etapa de emergencia, sino también para preparar el entorno institucional y regulatorio de la recuperación económica. Superar este desafío, con un sistema político tan fragmentado como el actual, requerirá de una madurez y una visión pocas veces vistas en nuestra historia.

Una mala idea, políticamente sexy

No hay que negar que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso  y de violación a su privacidad. La solución a esto no pasa por poner precios topes a la tasa de interés, que solamente le quitarán a muchos usuarios el acceso a este tipo de crédito

Muchos usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala sufren el acoso telefónico y la invasión a su privacidad por parte de los emisores, ya sea para ofrecer productos y servicios (que nadie ha solicitado), o para recordarles el pago de sus saldos (aunque no haya llegado la fecha). Por otro lado, algunos tarjetahabientes han acumulado deudas considerables -ya sea por desconocimiento de las condiciones crediticias de la tarjeta, por su escasa cultura financiera, o por pura irresponsabilidad personal-. Pero el peor remedio que un legislador puede encontrar a estos problemas es el pretender que, mediante una ley de Tarjeta de Crédito como la que recientemente se empezó a discutir en el Congreso, se fije un tope a las tasas de interés.

Quizá los diputados ponentes tengan la loable intención de que, manteniendo artificialmente bajo el costo del financiamiento, se pueda mejorar el acceso al crédito a los tarjetahabientes. Pero los precios tope a las tasas de interés van a lograr exactamente el efecto contrario. Es natural que los créditos que se otorgan vía tarjeta de crédito sean más caros que otros créditos, precisamente porque van dirigidos a prestatarios más riesgosos: consumidores de clase media sin historial crediticio, o pequeños empresarios sin garantías reales. Si a las tarjetas de crédito se les prohíbe  cobrar la tasa de interés que los cubra de esos riesgos, pues simplemente dejarán de otorgar esos créditos a quienes más los necesitan.

La experiencia mundial demuestra lo contraproducentes que resultan los precios tope a las tasas de interés. Por ejemplo, cuando el Banco Central de África Occidental puso tope a las tasas de microcréditos, fueron los usuarios más pobres y en las áreas más remotas (es decir, los más riesgosos) quienes primero dejaron de recibir préstamos. En Nicaragua, en 2001, se introdujo un techo a la tasa de interés de microfinanzas, con el resultado de que el crecimiento del crédito se redujo de un 30 por ciento anual, a un 2 por ciento, dejando sin acceso al crédito a los más necesitados. Y lo mismo ha ocurrido en países desarrollados: cuando el estado de Oregón introdujo en 2007 un tope a las tasas de interés sobre préstamos de día de pago, se incrementó la proporción de personas que reportaron dificultades para obtener créditos en 20 puntos porcentuales. Al final de cuentas, los precios tope solo logran reducir la disponibilidad del producto cuyo precio se pretende controlar.

Nadie niega que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso, y que algunos de ellos están sobre endeudados (quizá porque nunca debieron haber sido sujetos de crédito). Pero los topes a las tasas de interés son el remedio equivocado para las fallas de ese mercado, que se originan en la insuficiente competencia o en la poca información disponible sobre prestamistas y clientes. Lo que se necesita no son precios tope, sino mayor transparencia acerca de los costos, tarifas y condiciones de los créditos, así como más fuentes de financiamiento y más información sistemática sobre el récord crediticio de los prestatarios. En esto deberían enfocarse los reguladores, y no en medidas populistas que políticamente son sexys, pero que financieramente son un desastre anunciado.

El Retorno del Proteccionismo

La Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas.

Hace unos días, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los aranceles (de 10 a 25 por ciento) a una gran gama de importaciones (valoradas en más de US$200 millardos) provenientes de China, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambos países se derrumbaban. Los estadounidenses buscan proteger a sus productores locales de las supuestas prácticas comerciales desleales por parte de los chinos; estos, por su parte, habían aceptado cambiar ciertas regulaciones y reglamentos, pero se resisten a elevar tales cambios a categoría de ley. Ante ello, Trump amenaza con elevar los aranceles de muchos más productos, mientras China amenaza con medidas comerciales de represalia.

Esta escalada de medidas proteccionistas será, a la larga, contraproducente para ambos países y, lo que es peor, se convertirá en un silencioso veneno para la salud de la economía mundial y nos perjudicará a todos. Conviene recordar que, en los años treinta del siglo pasado, la Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas, bajo la errada creencia de que con ellas podían crear empleos, detonando represalias proteccionistas alrededor del mundo que solo contribuyeron a esparcir y empeorar la crisis económica mundial.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los aranceles y cuotas a la importación, con la buena intención de proteger las industrias domésticas, terminan ocasionando más mal que bien. Es cierto que los aranceles que está elevando Trump podrán proteger a los productores estadounidenses de esos bienes específicos respecto de la competencia de los  productos chinos; sin embargo, a la larga, las medidas proteccionistas no podrán aumentar el número total de empleos y ni siquiera podrán alterar sustancialmente la balanza comercial estadounidense con otros países. La razón del déficit comercial estadounidense no radica en que sus aranceles sean bajos, o en que China aplique prácticas desleales de comercio: el déficit externo se debe a que la economía estadounidense consume más de lo que produce.

Asociado a su déficit comercial, los Estados Unidos envían grandes montos de dólares a los chinos, quienes los regresan en forma de inversiones financieras. Al elevar los aranceles, los estadounidenses reducirán su déficit comercial, pero los chinos tendrán menos dólares para invertir, con lo que el dólar –entonces más escaso- se apreciará en los mercados internacionales, haciendo más difícil para los estadounidenses exportar y más barato importar bienes no solo de China, sino de cualquier país, de manera que su déficit comercial no se reducirá. Lo que se reducirá es el volumen total de comercio, con China primero y, eventualmente, con el resto del mundo.

El resultado de esta guerra comercial sino-americana será una caída en el comercio internacional que podrá ser más grave en la medida en que las guerras comerciales se generalicen al resto del mundo, lo cual no es nada remoto dado el auge que están teniendo los gobiernos populistas, inclinados a “proteger” sus industrias locales de la competencia internacional. Parece mentira que, ya avanzado el Siglo XXI, la calidad de los dirigentes políticos de las naciones –grandes y pequeñas- se haya degradado tanto que no sean capaces de entender siquiera las lecciones económicas más elementales que nos ha dejado la historia.

Pensiones Demagógicas

Existen en el Congreso varias iniciativas de ley para darle más dinero a los jubilados del Estado. Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente demagógicas, porque son financieramente inviables. 

La demagogia apela a los sentimientos y emociones del pueblo para ganar su apoyo político; mediante la retórica y la promesa fácil busca tocar las pasiones, las necesidades sentidas o los temores escondidos de las masas para conseguir votos. El político demagogo no se apoya en su propuesta de gobierno, sino en sus promesas de campaña, que ofrecen soluciones falsas a problemas reales; es un vendedor de atajos ilusorios.

Entre esas falsas promesas, pocas hay tan “sexys” para el electorado, tan efectivas para ganar el voto sentimental de los electores, como la de ofrecer mayores pensiones para los jubilados. No es de extrañar que este año electoral hayan proliferado iniciativas de ley (como la No. 5562 y la No. 5570 que se discuten en el Congreso) que ofrecen incrementar a los pensionados y jubilados de las clases pasivas del Estado. Una de esas iniciativas ofrece no solo incrementar las pensiones en Q1,500.00 mensuales, sino también aumentarlas periódicamente.

Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente demagógicas, porque son financieramente inviables. Los diputados ponentes las han planteado sin contar siquiera con estudios técnicos ni opiniones de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- o del Ministerio de Finanzas Públicas para evaluar su viabilidad e impacto en las cuentas del Estado. Si partimos de que existen más de cien mil jubilados del Estado, un incremento de pensiones como el propuesto requeriría anualmente más de Q2 mil millones adicionales, equivalentes al 2.5% del total del presupuesto aprobado para 2019 y requerirían de aumentar en más de 40% el presupuesto vigente para las clases pasivas; es más, solo este aumento sería muy superior a los presupuestos de los ministerios de Agricultura, de Cultura y Deportes, de Relaciones Exteriores, de Economía, de Ambiente y de Energía y Minas.

Si se diera tal incremento, es de esperar que el mismo se financie a costa de una reducción de otros gastos corrientes y de los gastos en inversión del Estado, o bien que se genere un incremento en el déficit fiscal y, por ende, en el endeudamiento público. Lo que da más grima es que, por un lado, la propia Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece que para garantizar la estabilidad financiera del régimen, la ONSEC debe efectuar revisiones técnicas y actuariales por lo menos cada cinco años; y que, por otro lado, el propio proyecto de presupuesto que el Congreso aprobó para 2019 advierte en un anexo que “la principal amenaza a que está expuesto el régimen de clases pasivas civiles del Estado es la aprobación de leyes que incrementan los montos de las pensiones u otros beneficios, sin haber realizado previamente un estudio actuarial ni un análisis presupuestario y financiero para determinar la capacidad del Estado para absorber los costos, lo que compromete el destino de ingresos”.

Al parecer, la campaña política provoca amnesia en algunos diputados que olvidan lo que ellos mismos aprobaron hace unos meses y, con tal de cazar algunos votos ingenuos, plantean soluciones falsas a problemas reales, poniendo en riesgo la viabilidad financiera del sistema de clases pasivas y, en el largo plazo, la propia estabilidad de las finanzas públicas.