AMNESIA ECONÓMICA

LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS Y FISCALMENTE IRRESPONSABLES DEJARON LECCIONES QUE CONVIENE RECORDAR

Hace pocos años se daba por sentado que el libre comercio entre países era un ingrediente básico de la receta para la prosperidad de los países. Hace poco existía una especie de consenso entre los encargados de la política económica y los propios políticos respecto a que la libre determinación de los precios en el mercado, a partir de la competencia, era la mejor vía para lograr la más eficiente utilización de los factores de producción. Hace apenas unos años se valoraba enormemente la existencia de un banco central que pudiera defender la estabilidad de precios sin injerencia de los intereses cortoplacistas de los políticos. Hace una nada, se entendía que los déficits fiscales elevados y el despilfarro en el gasto gubernamental causan un daño enorme a la sostenibilidad del crecimiento económico.

Hoy, en cambio, no solo en nuestro país sino que alrededor del mundo, parece estarse expandiendo un síndrome de amnesia económica que está haciendo olvidar a los líderes políticos, a los votantes y a los propios encargados de las políticas públicas, los costos que en el pasado ocasionaron las medidas económicas miopes, populistas e irresponsables. Esa amnesia está generando una peligrosa simpatía hacia políticas proteccionistas que obstaculizan el libre intercambio de bienes entre los países y empobrece a sus habitantes; está haciendo que se olvide que los precios tope solo generan escasez y reducen la productividad, afectando a los más pobres; está induciendo a que las injerencias politiqueras menoscaben la capacidad de los bancos centrales para regular las tasas de interés o el tipo de cambio; y, está alimentando una perniciosa tolerancia hacia el gasto público desmedido y los déficits fiscales crecientes.

La amnesia económica proliferante abona un campo fértil para las propuestas populistas (de izquierdas y derechas) que prometen el paraíso a fuerza de acciones económica y fiscalmente irresponsables. Ahora que entramos a una campaña electoral, es necesario recuperar la memoria económica para no caer en las tentaciones electoreras que ofrecen regalar dinero, subsidios, becas, adoquines, polideportivos y láminas a cambio del voto. Ofertas que amenazan con sacar de cauce a las finanzas públicas. Ofertas que atentan contra las instituciones (como la autonomía del banco central, el no otorgamiento de crédito inorgánico al gobierno, el carácter eminentemente técnico de la oficina a cargo del presupuesto estatal o del instituto de estadísticas). Ofertas que, en fin, desafían los principios económicos fundamentales y atentan contra el sistema de balances y contrapesos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Guatemala posee una bien ganada reputación de estabilidad y confianza en los mercados internacionales, como lo atestiguan no solo las principales empresas calificadoras, sino también el Emerging Markets Bond Index -EMBI, o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes que calcula JP Morgan- que es el principal indicador de riesgo país. Preservar esa estabilidad y confianza pasa, necesariamente, porque los hacedores de la política económica no sufran de amnesia económica y eviten caer en las tentaciones populistas y electoreras que suelen abundar en las campañas electorales.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

Sin Productividad, No Hay Prosperidad

Al gobierno gringo le preocupan tanto los niños migrantes como los carteles criminales del Triángulo Norte. Si nos quieren ayudar a combatir esos problemas, deben tener claro que cualquier “Alianza para la Prosperidad” tiene que apuntar a un aumento sensible en la productividad

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita a Guatemala para definir y priorizar la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad que su gobierno impulsa en el Triángulo Norte de Centroamérica con el fin de reducir las amenazas que para la los norteamericanos representan la pobreza, las migraciones y la criminalidad de nuestros países. Resulta evidente que la prosperidad es la vía más adecuada para combatir tales problemas, pues la mejora en el bienestar material de los centroamericanos es una condición indispensable para la viabilidad de la Región. Para lograrlo, es indispensable que los esfuerzos se centren en aumentar la productividad de nuestras economías.

En efecto, lo que ha permitido que los países desarrollados sean lo que son, es el acelerado aumento que la productividad de sus trabajadores logró en los últimos siglos. Hoy un relojero en una fábrica en Suiza produce mil veces más relojes que los que producía su ancestro hace trecientos años. Similarmente, la productividad (es decir, la cantidad de bienes producidos por cada hora de trabajo) de un operario en la industria estadounidense se ha multiplicado por siete en el último siglo, lo que significa que ese obrero pude disfrutar de siete veces más ropa, aparatos domésticos o bienes suntuarios que el típico obrero estadounidense del siglo diecinueve.

Por desgracia, y en contraste con lo anterior, el aumento de la productividad en los países del Triángulo Norte centroamericano ha crecido a ritmos muchísimo más lentos. Un estudio que el economista chileno Felipe Larraín realizó hace pocos años para Guatemala, encontró que del (ya de por sí magro) crecimiento promedio del 4% anual que registró el PIB guatemalteco entre 1950 y 2002, la productividad apenas contribuyó con un miserable 0.2% anual. Trágico.

Aunque los temas económicos de la inflación, el déficit fiscal o el tipo de cambio son importantes y reciben gran atención de las políticas económicas y de los medios de comunicación, en el largo plazo ningún otro fenómeno económico tiene más impacto sobre la prosperidad y sobre la capacidad de la sociedad para gastar en hospitales, escuelas y servicios sociales, que el crecimiento de la productividad. La experiencia de los países desarrollados demuestra que crecimientos relativamente modestos de la productividad (digamos, de un 2% anual) pueden multiplicar por más de diez –en el transcurso de un siglo- la cantidad de bienes y servicios disponibles para cada ciudadano.

Las diferencias de productividad entre los países avanzados y los del Triángulo Norte se deben, fundamentalmente, a diferencias en las capacidades de los trabajadores, por una parte, y a diferencias en el entorno económico, por la otra. Las diferencias en las capacidades tienen que ver con la educación y la salud de los ciudadanos –el “capital humano”, que le dicen-. Un trabajador alemán, generalmente mejor educado, nutrido y con acceso a servicios de salud de mucha mejor calidad en comparación con un guatemalteco, va a ser claramente más productivo que éste. Y las diferencias en el entorno también son cruciales: está demostrado que el mismo trabajador guatemalteco es mucho más productivo en California (donde se respetan los contratos, el transporte es confiable, la tecnología es accesible y los criminales son perseguidos y castigados) que en Guatemala.

De manera que cualquier Alianza para la Prosperidad debe apuntar a un aumento sensible en la productividad y, para ello, debe enfocarse en que el gasto público (complementado con el apoyo de los países cooperantes) se utilice eficientemente, por un lado, en mejorar la educación, la salud y la nutrición de los ciudadanos; y, por el otro, en mejorar el entorno económico, lo cual implica aumentar la infraestructura física y el acceso a la tecnología, así como invertir en las instituciones que propicien la seguridad ciudadana y la efectiva impartición de justicia.

Sólo aumentando la productividad pueden elevarse la prosperidad social y los niveles de vida en el largo plazo. Ningún otro factor económico contribuye más a reducir la pobreza y a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a potenciar la capacidad del país para financiar la educación, la salud pública, la preservación del medio ambiente y el fomento de la cultura.

¿Se Acabó la Iniciativa?

Ahora lo que corresponde es presionar a la OEA para que desempeñe con seriedad e independencia el trabajo que los jefes de estado le encomendaron respecto del combate al tráfico y consumo de drogas ilegales

Con la clausura de la cumbre presidencial de Cartagena hace algunos días, que le encomendó a la OEA hacerse cargo de coordinar los estudios y propuestas para enfrentar el problema de las drogas a nivel regional, varios analistas locales daban por sentado que el momento político de la iniciativa del presidente Pérez Molina en cuanto a la despenalización de las drogas había terminado y que más le valía rencauzar sus esfuerzos diplomáticos hacia otros temas.

Sin embargo, es aconsejable que el gobierno continúe manteniendo el dedo sobre la llaga y no desaproveche el innegable éxito de haber levantado el perfil de este polémico tema a nivel continental y mundial. La lógica de la iniciativa sigue siendo inobjetable: la guerra contra las drogas impuesta por Richard Nixon hace 40 años ha sido un rotundo fracaso. Esto lo reconocen ya no sólo expresidentes y exministros (como los que integran la Comisión Global sobre Política Anti-Droga), sino que también lo hacen, explícita o implícitamente, los mandatarios en funciones, incluyendo el propio Barack Obama.

Las evidencias lo demuestran: la cocaína y la heroína son hoy más baratas (en términos reales) que hace 20 años; la mariguana es hoy, en términos de valor comercializado (de unos US$14 millardos anuales), el principal producto agrícola de California; la mayoría de los 10 mil laboratorios ilegales de meta-anfetaminas clausurados por la justicia en 2009 se ubicaban en los Estados Unidos. Y todo ello en el país que se atreve a “certificar” si los demás están cumpliendo con los estándares antidrogas que los propios estadounidenses imponen.

Lo peor de todo es que los costos de la guerra contra las drogas ha recaído desproporcionada e injustamente sobre los países productores-comercializadores y no sobre los países consumidores. Aparte del terrible costo en vidas, el Banco Mundial ha estimado que el crimen y la violencia cuestan a Centroamérica más del 8% del valor de su producción nacional, entre otras razones, porque nuestros Estados raquíticos no están en capacidad de distraer recursos para combatir el narcotráfico sin poner en riesgo la estabilidad social y la seguridad pública.

El hecho de que nuestros países deban descuidar la inversión social a causa de desviar sus escasos recursos en función de las políticas anti-drogas de los países consumidores es, de hecho, una cruel transferencia de recursos de los países pobres a los ricos, de los pequeños campesinos cultivadores de droga a los acomodados consumidores y a los millonarios capos del narcotráfico.

Si bien no hay una solución mágica para replantear las políticas anti-narcóticas, es importante aprovechar la creciente ola de opinión pública favorable a explorar nuevas avenidas y presionar a la OEA para que desempeñe con seriedad e independencia el trabajo que le encomendaron los jefes de estado en Cartagena. Cada vez más personas (y ya no sólo libertarios o hippies) están demandando a sus gobiernos un replanteo radical de las políticas anti-narcóticos; y el gobierno estadounidense, cada vez con menos argumentos convincentes para mantener las políticas actuales, se enfrenta al riesgo inminente de que la violencia que aflige a sus vecinos se rebalse sobre el Río Grande.

El debate de la despenalización aún está verde y tomará años llegar a algún consenso. Pero los gobiernos latinoamericanos –y, especialmente, el guatemalteco- deben ejercer con fuerza su influencia en la OEA para que sus estudios y propuestas se traduzcan en avances concretos. Ello implica combatir el tráfico y consumo de drogas mediante una adecuada regulación que reduzca sus graves costos sociales; pero dicho combate no puede seguirse haciendo como hasta ahora, sino que debe incorporar políticas más ilustradas y efectivas a nivel regional.

Además de eso, la OEA deberá explicitar que la obligación que tienen las principales naciones consumidoras de compensar a los países que han sido usados como bases de producción o tráfico de estupefacientes, a través de medidas tales como la apertura de sus mercados, el desembolso de recursos abundantes para fortalecer la fuerza pública y el estado de derecho en nuestras tierras, o el impulso de programas de acogida a nuestros emigrantes que sólo buscan trabajar y progresar en las economías más avanzadas.

Re-Penalizar las Drogas

La propuesta repentina del presidente Pérez Molina de discutir la despenalización de las drogas ha puesto en evidencia lo complejo del tema. Resulta evidente que la propuesta tiene mérito, pero que su tratamiento debe ser no sólo integral, sino también gradual. En este enfoque gradual, hay que definir bien a qué etapa del negocio de las drogas se van a referir la medidas, y debe tenerse muy claro que no hay que confundir descriminalizar (dejar de considerarlo crimen) con despenalizar (dejarlo sin castigo). Como dicen los gringos, en los detalles está el diablo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

RE-PENALIZAR LAS DROGAS

Una atrevida (y posiblemente prematura) propuesta del presidente Pérez Molina de discutir a nivel regional la despenalización de las drogas, disparó una precipitada (y ciertamente odiosa) respuesta en contrario del gobierno estadounidense que, por así decirlo, tuvo que inhalar profundo ante las declaraciones del mandatario guatemalteco. La opinión oficial de los Estados Unidos es que ese tema no se debate; y punto. Pero el debate está aquí, lo ha estado desde hace años y cada vez con más fuerza. Propuestas como la del presidente de Guatemala simplemente lo intensifican y ponen en evidencia su urgente necesidad.

El problema de las drogas y su tráfico no ha hecho más que empeorar en los últimos veinte años. Mientras que el conflicto entre y contra los carteles del narcotráfico en México y Centroamérica deja miles de muertos, la respuesta del principal país consumidor del mundo se centra más en fortalecer su frontera para impedir el paso de trabajadores indocumentados que para combatir el tráfico ilícito de drogas (de sur a norte) o de armas de fuego (de norte a sur). El clamor creciente en contra de esta situación refleja el hecho de que la política actual contra las drogas es un sonoro fracaso.

Encima de todo, la enorme crisis fiscal hace que el gobierno estadounidense reduzca el monto de recursos destinados a apoyar el esfuerzo de los países latinoamericanos por disminuir el flujo de drogas hacia el gigante del norte, lo cual refuerza la imagen de doble moral que la actual política anti drogas gringa proyecta en la opinión pública regional.

Por lo tanto, razones no le faltan a la propuesta de debatir la despenalización de la droga. Está claro, sin embargo, que el tema es sumamente complejo y que desata pasiones (especialmente en una sociedad tan conservadora como la nuestra). Su tratamiento requiere de políticas que, con gradualidad y lucidez, avancen poco a poco en nuevos enfoques que, sin descuidar los aspectos de seguridad pública, privilegien las aristas de salud pública asociadas con las drogas. Esto implica diferenciar el tratamiento que debe dárseles a los distintos tipos drogas y a sus distintas fases de mercado (producción, transporte, distribución, venta y consumo).

El problema básico es que una gran cantidad de personas (en Estados Unidos, pero también aquí) quiere consumir drogas que, al estar prohibidas, van a ser provistas por delincuentes; así, el uso de la fuerza pública para sacar a los traficantes de un área geográfica solamente hace que estos trasladen su sangriento negocio a otro lado, como lo atestigua la tragedia que hoy vivimos en Centroamérica y cuya reversión exige enfoques de política más ilustrados y efectivos.

Una línea que ha mostrado ser exitosa en otros países es la de descriminalizar el consumo de algunas drogas. En muchas partes de Europa la política anti drogas se basa en leyes benignas: la posesión personal de cualquier droga –incluso las más duras- no es un delito en España, Portugal, Italia, la República Checa ni en los países bálticos; algunos estados alemanes y cantones suizos siguen la misma línea. Los castigos no son penales sino administrativos: imposición de multas, retiro de la licencia de conducir, y envío a cursos de tratamiento y disuasión. La aplicación de este enfoque ha aumentado la efectividad en el uso de los recursos estatales hacia el tratamiento de las drogas y (contrario a lo que sostenían los opositores estas medidas) no ha aumentado el consumo de drogas.

Se trata de tomar medidas pragmáticas y, en este enfoque gradual, no hay que confundir descriminalizar con despenalizar. El tráfico y consumo de drogas debe combatirse pues (por mucho que al final se trate de una decisión personal del consumidor) causa pérdidas y costos sociales (lo que los economistas llamamos externalidades negativas) que ameritan su estricta regulación. Pero no puede seguirse haciendo como hasta ahora.

Está claro que se necesitan políticas más ilustradas y efectivas para combatir las drogas. Y que tales políticas no pueden ser unilaterales, sino que deben implementarse a nivel regional. La mesa está servida y el debate ya empezó, por más que el gobierno estadounidense se esfuerce en retrasarlo debido, quizá, a lo adicto que está –valga la expresión- a su longeva y fallida política anti-drogas.