Un "Plan Marshall" Incompleto

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas

La semana pasada, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, se presentó en la Casa Blanca con un Plan de Desarrollo para Centroamérica. Este mini-Plan Marshall –cuyo objetivo central es reducir las migraciones de centroamericanos hacia el Norte- fue elaborado para el gobierno mexicano por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, agencia de la ONU cuyos estudios y propuestas –vale la pena recordarlo- no suelen tener ni la profundidad ni la calidad de los que preparan otras instituciones multilaterales (como el Banco Mundial o, incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo, ambas con más y mejores recursos que la CEPAL), pero que ideológicamente es más afín al presidente López Obrador.

La propuesta de la CEPAL parte de un diagnóstico bastante acertado en cuanto a que la migración es un fenómeno multicausal cuyos principales disparadores son el lento crecimiento de las economías del Triángulo Norte, su gran incidencia de pobreza, la incapacidad de las ciudades para absorber la creciente población, la violencia generalizada, los desastres naturales mal manejados y los bajos salarios en comparación con los de Estados Unidos. Pero el mini-Plan Marshall resultante es, básicamente, una propuesta de aumentar los ingresos tributarios y el gasto público en megaproyectos (infraestructura vial y energética), además de aumentar el gasto social (educación y salud) y mejorar la gestión ambiental, todo lo cual implicaría un gasto anual de US$10 millardos a ser financiado por los tres países centroamericanos, México y, principalmente, los Estados Unidos.

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas. Los gobiernos del Triángulo Norte son cada vez más incapaces de desplegar sus fuerzas de seguridad pública en todos sus territorios, incapaces de impartir justicia pronta para combatir el crimen y para resolver disputas civiles o mercantiles, incapaces de proporcionar carreteras y caminos que conecten eficientemente sus mercados y comunidades, incapaces de brindar servicios de salud primaria a su población, e incapaces de proveer educación básica de calidad a sus niños y jóvenes. Esa incapacidad no se debe tanto a la falta de recursos financieros, como al dramático deterioro en la calidad de las instituciones públicas que se ha agravado en los últimos años.

En el caso de Guatemala, es evidente que los injustificables, persistentes y vergonzosos indicadores de desnutrición infantil, o los incontenibles flujos de migrantes menores de edad que arriesgan su vida en busca de oportunidades en otro país, son signos irrefutables de un Estado profundamente ineficaz, cuando no totalmente ausente. Esto no se resuelve solo con más impuestos y más inversión en infraestructura. La reforma del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones (sector justicia, servicio civil, control del gasto público, sistema electoral) debe ser una pieza central de cualquier estrategia de desarrollo del Triángulo Norte. A los Estados Unidos no les conviene embarcarse en un Plan como el propuesto por el gobierno mexicano si no incluye entre sus prioridades la reforma del Estado y sus instituciones; sin esa reforma, el plan estará condenado incurrir en gastos ineficientes y a ser insostenible en el tiempo.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

Un Pacto Político Promisorio

Las reformas que el país necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo entre las principales fuerzas políticas

Para un país agobiado por el narcotráfico, por sus índices de pobreza y por su insatisfactoria tasa de crecimiento económico, resulta reconfortante que los principales partidos políticos hayan firmado un acuerdo político, económico y social para  impulsar el  crecimiento económico, crear empleos de calidad, y construir una sociedad de derechos y no de privilegios que genere bienestar y disminuya la pobreza y la desigualdad social. Dadas las recientes tensiones políticas, resulta reconfortante la madurez mostrada por los dirigentes al reconocer que ninguna fuerza política puede por sí sola imponer su propia agenda, y que las reformas que el país necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo entre las principales fuerzas políticas.

Y dada la secular ausencia de políticas públicas de largo plazo, es loable que el referido Pacto político haya incluido acuerdos de Estado en cinco áreas clave para el desarrollo integral, que se concretan en 95 compromisos específicos, con plazos para su cumplimiento, un método de trabajo para llevarlos a cabo, así como una estructura de gobernanza, responsabilidades y reglas de procedimiento. Para la implementación del Pacto los políticos estuvieron de acuerdo en al necesidad de una reforma fiscal enfocada a mejorar tanto la eficiencia recaudatoria (simplificando el cobro de impuestos y ampliando la base de contribuyentes) como la eficiencia del gasto público y su transparencia.

El primer acuerdo del Pacto es sobre una sociedad de derechos y libertades, en el que destacan acciones para mejorar la deplorable calidad de la educación pública, ampliar la cobertura de la seguridad social, y eliminar el uso electoral de los programas sociales, todo en el marco del respecto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Llama la atención especialmente, tratándose de un país con una enorme diversidad cultural, que se enfatice la importancia de la cultura como elemento de cohesión social, de generación de empleo y de bienestar ciudadano.

El segundo acuerdo es para el crecimiento, empleo y competitividad, en el que destacan las acciones para fortalecer la competencia en los mercados, procurar el acceso a telecomunicaciones de clase mundial, invertir en ciencia y tecnología, transformar los sectores energético y minero (incluyendo mayor exploración y explotación de los recursos disponibles) en un marco de respeto a la sostenibilidad ambiental (con una adecuada regulación de los recursos hídricos),y facilitar el acceso al crédito productivo. Llama la atención el compromiso de impulsar el desarrollo rural a través de la productividad y el acceso al mercado de los pequeños productores.

El tercer acuerdo es en el campo de la seguridad y la justicia, donde sobresalen los compromisos de reformar los cuerpos policiales, revisar la Ley de Amparo y transformar el corrupto sistema penitenciario. El quinto es el acuerdo por la transparencia y combate a la corrupción, con los compromisos de fortalecer y dar plena autonomía a la máxima autoridad contralora de cuentas y crear un sistema nacional contra la corrupción.

Y el quinto es el acuerdo de gobernabilidad democrática, que incluye compromisos para lograr coaliciones transparentes en el Congreso y, sobre todo, para reformar profundamente el sistema electoral y de partidos políticos para una mayor representatividad y participación ciudadana.

Para aplicar las medidas contenidas en el Pacto, firmado por el presidente de la República y los líderes del partido oficial y los dos principales partidos de oposición, se acordó modificar al menos 13 leyes y, además, emprender cinco (¡sólo cinco!) reformas constitucionales a redactarse mediante un proceso de consensos políticos, y no de improvisación o imposición autoritaria.

Aunque el referido Pacto político encajaría perfectamente como una lúcida y meritoria decisión de Estado para el caso de Guatemala, en realidad se trata del Pacto por México firmado hace algunos días por el nuevo presidente y los partidos PRI, PAN y PRD del vecino del Norte. Aparte de congratularnos (y, por qué no, sentir sana envidia) por la visión de largo plazo de los políticos mexicanos, sólo nos queda la lejana ilusión de que, algún día, los líderes guatemaltecos puedan acordar un pacto que nos devuelva la esperanza en el futro de nuestro país.

Universidad Autónoma y Ejemplar

Alguien dijo hace tiempo, muy acertadamente, que "el precio de la libertad es la continua vigilancia". Bien podemos parafrasear el pensamiento, adaptándolo a la vida de las instituciones autónomas del Estado, diciendo que "el precio de la autonomía es la continua rendición de cuentas". Lamentablemente pareciera que la USAC no está en disposición de pagar el precio de su autonomía y, en la medida en que sus manejos sean oscuros y sus decisiones sean secretas o sea potestad de una pequeña élite, el riesgo de que eventualmente pierda su autonomía es cada vez mayor. Por ello los sancarlistas deberían volver sus ojos hacia el ejemplo de la UNAM, que practica estándares de transparencia y de publicidad de sus actos que bien valdría la pena copiar.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y EJEMPLA

A raíz del vergonzoso desorden que tiene paralizada a la Universidad de San Carlos han surgido sugerencias diversas para solventar los profundos problemas que sufre la universidad estatal. Por un lado aparecen quienes sostienen que es necesaria una reforma universitaria (que implicaría una reforma legal) que consolide el carácter estatal, autónomo y gratuito de la USAC, que consagre la educación universitaria como un derecho humano (equiparable al derecho a la libre expresión del pensamiento) y que sea diseñada exclusivamente por miembros de la gran familia sancarlista.

Por el otro extremo aparecen quienes cuestionan la existencia misma de una universidad estatal argumentando que resulta injusto tener que destinar una porción sustancial (más de Q1200 millones) de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos al sostenimiento de una enorme burocracia ineficiente y de miles de alumnos (muchos de ellos repitentes consuetudinarios) que pertenecen en su mayoría al 20% más rico de la población guatemalteca.

Afortunadamente han surgido también propuestas pragmáticas y realistas que parten del evidente hecho de que el actual conflicto en la USAC es una simple disputa por cuotas de poder y de presupuesto que se han convertido en el modo de vida de muchas personas. Las soluciones al actual caos universitario no pasan por inventar el agua azucarada sino por aplicar el sentido común y las mejores prácticas que han servido bien en otras latitudes.

La Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-, que en estos días cumple cien años de vida, es en muchos aspectos (a pesar de sus debilidades y de sus vaivenes históricos) un ejemplo de cómo debe gobernarse una universidad estatal en Latinoamérica. Bien haría la tricentenaria USAC, si no quiere morir de inanición, en imitar algunas de las prácticas más ejemplares de su par mexicana.

La UNAM administra el patrimonio universitario y maneja todos los asuntos presupuestarios y de control financiero a través de un Patronato conformado por tres personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros. El funcionamiento de dicho Patronato, ad-honorem e independiente del Rector y del Consejo Universitario, garantiza un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto que proviene en un 90% de fondos estatales. ¿Por qué la USAC, sin necesidad de esperar un cambio legal, no nombra a un grupo de notables que operen de manera similar el Patronato de la UNAM?

La UNAM tiene también la sanísima costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, los cuales están disponibles como información pública junto con información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias. ¿Por qué la USAC no publica en su sitio web esta información que debería ser de acceso libre? ¿Quién audita sus estados financieros?

La UNAM también publica múltiples indicadores que permiten medir la eficacia de su desempeño. Entre los más interesantes pueden encontrarse cuánto es su gasto anual por alumno (unos US$3 mil en 2009); qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan (un 45%); cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales (3,579 y 1,171, respectivamente, en 2009). ¿No sería bueno, acaso, que la USAC compartiera con la ciudadanía que la sostiene este tipo de indicadores de su eficiencia?

La UNAM ha comprendido que la forma más decente y efectiva de defender y fortalecer su autonomía consiste en rendirle cuentas claras a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Las buenas prácticas de la UNAM en materia de transparencia y rendición de cuentas son un ejemplo a imitar para dar un primer paso concreto en el rescate institucional de la universidad estatal.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Toño 28-09-2010 07:23:11 horas

Es hora que reciclen ese nido de corrupción, una Universidad que continua con su discurso revolucionario y con mentalidad del siglo pasado. Wdeleón 28-09-2010 08:58:26 horas Hoy si me sorprendiste Mario García!. Si te gustan las telenovelas Mexicanas, las rancheras y todo lo importado de Mexico, puedes irte a dicho pais!. Nuestra USAC es tricentenaria, historica y con persolanidad única en el mundo, con todos sus yerros, defectos y demás reproches, es 100% Guatemalteca. Luis Arevalo 28-09-2010 09:36:43 horas Cuales notables, al menos que llamen a Guayito Meyer, o ha RICARDO BUEZO, que por cierto dicto una buenisima charla de administracion patrocinado por la facultad de ingenieria en radio Universidad hayer (27-9-10) a las 20 horas, Es de ponerse de acuerdo. es una propuesta muy positiva. sergio licardie V 28-09-2010 10:27:56 horas Primero nos ofrece una alternativa endogámica (degeneración producto de promiscuidad) "diseñada exclusivamente por miembros de la gran familia sancarlista" con esos niveles de eficiencia que tiene. Luego, como cualquier político hace, copiar lo que se encontró en el periódico. Si la universidad es NACIONAL, SI LA PAGA EL PUEBLO su transformación NO DEBE DE SER NI ENDOGAMIA NI COPIA La autonomía es un fraude unos patojos la violan, debe de servir al pueblo con eficiencia, transparencia y ciencia. Byron Saravia 28-09-2010 10:28:35 horas Hola Guatemala Bella!!!, sin lugar a dudas, urge reformar muchas cosas de la cada vez mas llena de momias burocracia de la USAC, empezando porque los Catedraticos se hacen eternos en los cargos, asi como los auxiliares, no digamos autoridades administrativas, secretarias, etc, etc. Solo cambiando eso de forma radical, habra un cambio a mediano plazo en el rendimiento administrativo y academico de la que debiera ser el ejemplo y no la oveja negra de la educacion superior!!!REFORMA LEGAL URGENTE!! Alvaro Castillo 28-09-2010 11:15:58 horas Muy buen artículo, sería bueno mandarle copia a Adrián Zapata, para que lo coteje con el artículo que publicó hace pocos días y saque sus conclusiones al respecto. Un amigo que trabaja en la Usac, en puesto alto, me comentó que ha propuesto cambios como estos y las altas autoridades se hacen los locos. Recuerden los grandes compromisos políticos y económicos que se juegan en esas tricentenaria. Cuántas sanguijuelas se alimentan de ese presupuesto. Pablo Morales Quetzel 28-09-2010 11:42:11 horas Señor Wdelón. Me parece absurdo su comentario, nacionalista y mediocre. Una analogía típica de una mentalidad tercermundista. No se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, hay que buscar soluciones, y quizá aprendiendo de otras universidades, de otros países podemos encontrar respuestas e ideas que se pueden ajustar a nuestra realidad. Será difícil porque lamentablemente el problema con Guatemala son los guatemaltecos. luis hernandez 28-09-2010 13:11:16 horas Yo propondría que los que repitan paguen el costo de los cursos como si fuera privado y también que los profesores dejen de vender sus libros de mala calidad para hacer dinero de al lado, y que aumente su campus para mejorar la calidad alumno -profesor. Podría ponerse un impuesto a los que se gradúan para que cubran parte de su educación e invertirlo en investigación aplicada a problemas nacionales y tener profesores de tiempo completo y maestrías de tiempo completo y parcial Rosana Montoya 28-09-2010 20:14:27 horas Me gustaría saber a ciencia cierta quienes están detrás de esta supuesta toma de la Usac. A primera vista parece que los muchachos que ni siquiera ganan los exámenes de admisión, son los que llevan la voz cantante. Al fin y al cabo no tienen nada que perder. Porque ya llevan por lo menos 5 años perdidos, tiempo en el que se obtiene una licenciatura, en cualquier rama de las ciencias que se escoja, incluyendo medicina. Para mí que es una medida, proveniente de un consejero amigo del Ejecutivo, nada raro sería que estuvieran infi Moises Orozco 28-09-2010 21:43:52 horas De acuerdo al art. 84, de la Constitución el presupuesto debe ser de Q2,5OO.millones, p e r o, debe repartirse en los 22 departamentos de la República, para que no se haga fiesta en arca abierta, sin control, Las instituciones -incluida la Universidad Estatal, debe ser desentralizada, -estable, permanente y popular.Ya no es aceptable la satanizaciòn de la Universidad, ahora puede lograrse su democratización ltrados venezolanos en la rebelión, que a simple vista, parece estudiantil.

Vecinos Contagiosos

Publiqué esta semana una columna de preocupación por la manera en que la crisis económica internacional está afectando a nuestros dos vecinos más importantes (en términos de vínculos comerciales y financieros). El Salvador y México tienen lazos más estrechos con la economía gringa que los que tiene Guatemala, y eso hace que estén sufriendo más duramente los estragos de la crisis. Sin embargo, mi preocupación radica en que nuestros lazos con estos vecinos pueden convertirse en sogas que nos ahorquen si la situación empeora en el vecindario. Ojalá que no, pero hay que tener las barbas en remojo.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

VECINOS CONTAGIOSOS
Cuando hay una epidemia en el vecindario, existe un alto riesgo de que uno termine cayendo víctima de la misma enfermedad que aqueja al vecino. Para los guatemaltecos es, pues, importante lo que suceda en El Salvador o en México. La reciente elección de Mauricio Funes como Presidente salvadoreño ha sido pintada por la prensa como un parte aguas en la historia de ese país; sin embargo, las realidades económicas y sociales que enfrenta nuestro vecino la plantean más bien como una encrucijada en la que Funes y su equipo deberán decidir si transitan por el camino de la social democracia moderada y pragmática, al estilo Lula da Silva, como propusieron durante la campaña (incluyendo el compromiso de mantener políticas de mercado, la dolarización y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos) o si, en contraste, optan por una tendencia más radical (chavista-bolivariana) como la que parece encarnar Salvador Sánchez, el vicepresidente entrante.
Esa decisión es crucial para el futuro de El Salvador, pues su economía está siendo gravemente afectada por la crisis internacional, dados sus vínculos tan cercanos con la economía estadounidense, cuya recesión se manifiesta en un menor nivel de exportaciones, una caída drástica de las remesas familiares y una sequía de flujos de capital externo. Puesto que la economía salvadoreña está dolarizada, lo anterior implica que se producirá una contracción económica para cerrar la brecha de financiamiento externo, particularmente porque el gobierno salvadoreño carece de otros amortiguadores, como podría ser un superávit fiscal (que, en la realidad, está cada vez más lejos de lograrse) o una política monetaria independiente. Todo ello en un ambiente político que verá puesta a prueba su capacidad de lograr acuerdos sobre temas tan delicados como la urgente obtención de préstamos del exterior.
Otro foco de preocupación para Guatemala se encuentra en México, nuestro gigante vecino del norte, que también está atravesando por graves problemas económicos. Además de la recesión estadounidense y la reducción de los flujos de capital extranjero, la economía mexicana está siendo afectada por la caída en los precios del petróleo, que es una fuente central de divisas y de ingresos fiscales. Las exportaciones industriales, las remesas familiares, el turismo y las exportaciones petroleras están registrando drásticas caídas en México, lo que está ocasionando una importante recesión, al tiempo que la capacidad de maniobra del fisco (sobre-endeudado y cada vez con menores ingresos) para paliar la crisis se reduce día a día.Y si los problemas económicos de nuestros vecinos fueran pocos, resulta que ambos están enfrentando gravísimos problemas de seguridad. El Salvador presenta tasas de homicidios más altas que las de Guatemala (que ya es decir bastante) y problemas con el crimen organizado y las maras. México, por su parte, esta librando una cruenta guerra contra el narcotráfico que cobró más de 6 mil vidas el año pasado y que no tiene visos de poder ganarse hasta que no disminuya la demanda en Estados Unidos, principal mercado consumidor de estupefacientes. Si nuestros vecinos están enfermos, nuestras barbas deberían estar, cuando menos, en remojo.

Opinión del lector


Engler Garcia - Guatemala
Seguramente que despues de tener 20 años de arenismo conservador en el vecindario ya estamos enfermos.