La economía guatemalteca no podrá crecer de forma más
rápida e incluyente si no ocurre un aumento en la inversión (es decir, en la
generación de bienes de capital como las carreteras, las fábricas y la
infraestructura). Alrededor del mundo, los grandes inversionistas, bien sean
nacionales o extranjeros, tanto los que invierten en el sector real (inversión
directa) como en el sector financiero (otorgando préstamos o invirtiendo en
bonos), conceden una creciente importancia a los riesgos medio-ambientales,
sociales y de gobernanza que puedan afectar el rendimiento y recuperabilidad de
sus inversiones. Por tanto, para fomentar la inversión es necesario que las
políticas públicas les asignen la necesaria atención a estos tres factores que,
directa o indirectamente, inciden en el desempeño económico, la calidad
institucional y la salud financiera del país.
Los riesgos medio-ambientales pueden afectar las
decisiones de los inversionistas por diversas vías. Por ejemplo, pueden tener
un impacto en las cuentas fiscales en el corto plazo como producto de desastres
naturales inducidos por el cambio climático (de manera que la creciente
probabilidad de que el fenómeno de El Niño nos impacte a finales de este año
debe ser una fuente de preocupación). También pueden tener un efecto sobre el
clima de negocios en la medida en que haya un impacto medio-ambiental sobre,
por ejemplo, el acceso a agua potable o sobre la contaminación urbana. A largo
plazo, los factores medio-ambientales pueden perjudicar las perspectivas de
crecimiento económico.
Los riesgos sociales incluyen, entre otros aspectos, los
efectos económicos y políticos que se derivan de aspectos tales como la
pobreza, la desigualdad, la criminalidad, el nivel educativo, la oferta de
vivienda asequible, la capacidad de alcanzar acuerdos políticos y las
tendencias demográficas. Todos estos aspectos inciden también en las decisiones
de inversión de los grandes inversionistas internacionales.
Y los riesgos de gobernanza tienen que ver
fundamentalmente con la calidad, transparencia y efectividad de las
instituciones del Estado. Estas incluyen aquellas instituciones responsables de
diseñar y aplicar las políticas económicas (fiscal, monetaria, comercial) y
sociales del país, así como aquellas que se enmarcan más ampliamente en las
tareas de dar certeza jurídica, propiciar el imperio de la ley y dar
transparencia a los actos y datos públicos (es decir, las instituciones de
control, seguridad y justicia) a fin de combatir la corrupción y mejorar la
calidad del gasto público.
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