Nubarrones Electorales 2019

El proceso electoral del año próximo enfrentará, además de los desafíos habituales de cualquier elección, un ambiente de incertidumbre asociado al nuevo -y confuso- marco regulatorio. Un débil TSE tiene en sus manos muchas brasas operativas y, sobre todo, el reto crucial de inspirar confianza en un electorado escéptico.

Hace cuatro años el proceso electoral se desarrolló en un clima de efervescencia social, con una plaza que exigía cambios profundos a un sistema secuestrado por la corrupción. El sistema electoral y de partidos políticos reflejaba tres debilidades fundamentales. La primera, su falta de legitimidad, según diversas encuestas que calificaban al Congreso de la República y a los partidos políticos como las instituciones que menos confianza generan en la población. La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifestaba no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes electos. Y la tercera, la debilidad institucional, con un Tribunal Supremo cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos y débiles procedimientos (incluyendo la forma de elección de los magistrados).

Por desgracia, los cambios a la ley electoral aprobados en 2016 fueron un desperdicio de energía social y de esfuerzos legislativos, pues culminaron en una reforma que no solo no resuelve esos problemas sino que, en gran medida, los agrava. Por ejemplo, aumenta requisitos para formar nuevos partidos (en lugar de reducirlos); introduce una fórmula repartidora de escaños que favorece al partido, no al individuo (lo que debilita la representatividad); y, asigna escaños fijos por distrito electoral (lo que contraviene precepto constitucional de criterio poblacional).

Por otro lado, no hay claridad sobre cómo se realizará en voto en el extranjero o la misma inscripción de candidatos, que anuncia una andanada de recursos legales durante el proceso. Además, las nuevas disposiciones de control sobre el financiamiento electoral y la propaganda son ambiguas y de muy difícil aplicación. La falta de claridad a este respecto ahuyentará a los financistas sanos y, por defecto, quedará la cancha libre para los financistas “contaminados” -que no tienen controles fiscales ni contables, es decir, criminales-, máxime si el Congreso no cumple cuanto antes con modificar el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De manera que las elecciones de 2019 se perfilan con grandes nubarrones de incertidumbre. El principal desafío de la autoridad electoral será transmitir un mensaje de confianza. Pero ello será particularmente difícil para un tribunal que ya va de salida, arrastrando el desgaste de dirigir dos elecciones consecutivas y tratando de aplicar nuevas (y muy confusas) reglas del juego. Quizá lo que más convenga sea bajar las falsas expectativas respecto a que estas elecciones traerán un cambio al sistema y concentrarnos, como sociedad, en exigir las verdaderas reformas, hasta hoy postergadas, que le den legitimidad, representatividad e institucionalidad a nuestra democracia, antes de que colapse.