Consecuencias Económicas de la Política

Un mal entorno político perjudica el desempeño económico, y viceversa. Para romper este círculo vicioso es esencial rescatar la institucionalidad del Estado y priorizar las políticas públicas

Existe un vínculo entre el entorno político y el desempeño económico, que hace que ambos factores (el económico y el político) se afecten mutuamente. Cuando prevalece un clima de conflictividad social, o una sensación de falta de rumbo, o una debilidad institucional generalizada, se configura un ambiente poco propicio para los negocios, adverso para la inversión y causante de un escaso crecimiento de la producción de bienes y servicios. A su vez, una economía anémica genera malestar en la población y perjudica el entorno político.

A pesar de que actualmente las perspectivas de la economía mundial son, en general, positivas, la economía guatemalteca parece estarse resintiendo de un ambiente de confrontación (evidente, al menos, en la opinión pública) y de falta de rumbo en materia de políticas públicas, que se traduce en incertidumbre al momento de tomar decisiones económicas. Desde 2016 la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-) está creciendo a una tasa promedio de 3.0% anual, velocidad mediocre que, aparentemente, no mejorará ni este año, ni el próximo. En los años previos el crecimiento del PIB había promediado una tasa superior al 4%: ese 1% de diferencia puede significar un abismo en términos de bienestar y de reducción de la pobreza.

El problema es que, con un crecimiento económico mediocre y con una población en continuo aumento, la generación de empleos y las condiciones de vida de la población se estancan. Y con los indicadores de pobreza estancados y los niveles de empleo sin mejorar, es posible que aumente la conflictividad social, lo que, a su vez, perjudicará el desempeño de la economía. Este círculo vicioso, a las puertas de un proceso electoral, genera un campo fértil para el surgimiento de líderes populistas que, de ser electos (sin importar si son de derechas o de izquierdas), pueden conducir al país hacia una dinámica socioeconómica que, en largo plazo, solo perjudicará las posibilidades de desarrollo. Y podríamos estar peor, pues el cóctel se torna más explosivo si se le agregan ciertos ingredientes que están sobre la mesa: tensiones ideológicas fabricadas por grupos de interés, diferencias étnicas que podrían exacerbarse, acciones de boicot en contra de proyectos de inversión privada financiadas por bien intencionados cooperantes extranjeros, prácticas corruptas enraizadas en la gestión pública, etcétera.

Si a todo esto sumamos la posibilidad de un desastre natural (recordemos que Guatemala es uno de los países más vulnerables a este tipo de eventos), nos encontraremos con una tormenta perfecta. Diversos estudios de economistas han identificado un vínculo entre los desastres derivados del clima -particularmente sequías o inundaciones en economías agrícolas- con brotes de conflictividad y violencia intercomunitaria en países en desarrollo. Uno de esos estudios encontró que, entre 1980 y 2010, el 23% de las guerras civiles coincidió con la ocurrencia de desastres asociados al clima en países con conflictividad étnicas o social. Que Dios nos agarre confesados.

La experiencia de otros países, y la lección aprendida de la historia, es que esas tensiones, y el consecuente círculo vicioso que va del mal entrono político al mal desempeño económico, puede evitarse con mejores instituciones políticas y gubernamentales. Por ello las calificadoras de riesgo y los organismos financieros internacionales insisten en que la viabilidad económica de Guatemala pasa por la reforma de sus instituciones estatales. Eso toma tiempo y, por tanto, debemos ponernos de acuerdo en iniciar –cuanto antes mejor- un proceso de reforma de instituciones políticas y gubernamentales para evitar un probable desastre.