Combate a la Corrupción y Crecimiento Económico

El combate a la corrupción debe ser entendido como una primera fase de la transición hacia un Estado de Derecho, que necesariamente debe ser complementada con una fase de profundas reformas institucionales. Si no se da este complemento, la transición no tendrá rumbo y sus potenciales beneficios económicos se perderán.

Existen dos narrativas contrapuestas respecto del impacto que el combate a la corrupción puede tener en el desempeño económico del país. Una afirma que los numerosos casos de persecución penal que se han generado desde abril de 2015 en contra de la corrupción y otros delitos similares tienen paralizado no solo el gasto gubernamental, sino también han paralizado las decisiones de inversión privada y dañado el crecimiento económico. La otra sostiene, por el contrario, que la corrupción es intrínsecamente perversa, por lo que su combate y erradicación solo pueden ser positivos para la economía.

Efectivamente, en el largo plazo un país que reduce exitosamente sus niveles de corrupción tendrá, sin lugar a dudas, un mejor desempeño económico. Una economía corrupta no puede funcionar correctamente porque la corrupción impide el funcionamiento adecuado de las leyes económicas naturales y socava la confianza ciudadana en el gobierno, que es incapaz de cumplir su tarea fundamental de proveer servicios públicos esenciales y un entorno propicio para la empresa privada, lo que daña a la sociedad entera: según el Banco Mundial, el ingreso per cápita en los países con altos niveles de corrupción es alrededor de un tercio del de los países con bajos niveles de corrupción.  

Sin embargo, en el corto plazo una política masiva de persecución a la corrupción puede ralentizar el crecimiento económico debido a que, en un país como Guatemala, con instituciones sumamente débiles e ineficientes, la corrupción llegó a convertirse, desgraciadamente, en un “lubricante” para el funcionamiento de la maquinaria gubernamental; de manera que, en una primera instancia, la política de combate a la corrupción puede entorpecer la operación del corrompido sistema estatal.

Además, ante un sistema judicial repleto de taras e ineficiencias, la persecución penal contra funcionarios y empresarios involucrados en actos ilícitos -que, dicho sea de paso, antes eran considerados “normales”-  trastoca el modus operandi de muchas transacciones económicas, lo cual, aunado a la ausencia de políticas públicas de largo plazo (y de liderazgos) que den un norte sobre el futuro económico del país, genera un clima de incertidumbre y pesimismo que se manifiesta en la posposición de decisiones de inversión y de consumo. Los índices oficiales de producción, de otorgamiento de crédito y de confianza en la economía están en niveles muy bajos desde 2016, a pesar de las condiciones favorables de la economía mundial.

Por ello es de crucial importancia que la lucha contra la corrupción iniciada en 2015 tenga un propósito de largo plazo, y que se acelere la transición que nos lleve de un Estado ineficiente e impune a un Estado democrático de derecho lo antes posible. Para darle sentido a la transición que estamos viviendo, es esencial complementar el combate a la corrupción con una reforma institucional profunda en temas como el servicio civil, el sistema estatal de compras, el sector justicia y el sistema electoral.

Y, para acelerar la transición, es necesario aplicar medidas que faciliten, descongestionen y humanicen los procesos penales. Entre tales medidas destacan varias que están en proceso de discusión o aplicación, como la regulación de la aceptación de cargos, la redefinición (ordenada por la Corte de Constitucionalidad) del delito de financiamiento electoral, la regulación adecuada de la prisión preventiva, o la aplicación de los brazaletes para la detención domiciliar. Tanto estas medidas de facilitación judicial, como la indicada agenda de reformas institucionales, deberían ser una prioridad en este momento histórico. Falta, por el bien del país, que las élites políticas así lo comprendan.