El crimen organizado genera millones de dólares y
desestabiliza gobiernos. El tráfico de drogas y el de personas prevalecen en el
Triángulo Norte de Centroamérica y preocupan al gobierno de los Estados Unidos
no solo porque son perversos, sino porque fomentan otros crímenes como el
financiamiento del terrorismo, la corrupción gubernamental, las extorsiones y
el sicariato. ¿Cómo luchar contra estos delitos que amenazan la estabilidad
regional y sus democracias?
Las políticas de prohibición absoluta (del comercio y
consumo de drogas o del libre tránsito de personas) han sido la respuesta favorita
de los gobiernos, pese a que han sido un fracaso. Resulta difícil entender por qué
no se han buscado políticas alternativas para combatir la criminalidad
organizada. Por ejemplo, la legalización –parcial- de estos mercados prohibidos
para que sea el estado quien ofrezca legalmente lo que ahora solo ofrecen las
redes mafiosas, de manera que los precios sean lo suficientemente bajos como
para expulsar a los traficantes del mercado.
La economista Emmanuelle Aruriol (de la Universidad de
Touluse), por ejemplo, propone en su premiada obra Para Terminar con las Mafias algunas soluciones novedosas: opuesta
a la visión prevaleciente que hace de la prohibición la única solución para
erradicar estos mercados, plantea que las políticas públicas que combinen la
legalización, la represión y la educación tendrían mejores resultados -económicos
o sociales- y limitarían considerablemente las actividades criminales.
Los países pequeños como Guatemala deberían unirse
(entre sí y con otros países más grandes, como México) para proponer a los
Estados Unidos la conveniencia común de replantear las políticas contra el
crimen organizado. La prohibición del alcohol en los años treinta o la “guerra
contra las drogas” de los años ochenta solo crearon una economía paralela que
desvió los recursos públicos hacia le represión y los alejó de la prevención y la
educación. Su fracaso debe conducir a buscar métodos antinarcóticos más
efectivos, tal como ahora mismo se está haciendo con mercado de la mariguana (regulándolo
para desplazar a los narcotraficantes mediante una oferta legal supervisada por
el Estado).
En el caso del tráfico de migrantes ilegales también
existen opciones más allá de la criminalización de quienes solo buscan escapar
de la desesperación económica. Auriol propone, por ejemplo, la venta de visas.
Pero no a los más ricos (como actualmente
hace el gobierno estadounidense), sino subastándolas a las numerosas
empresas que necesitan de la mano de obra de los migrantes. Esa venta de visas
haría que la llegada de inmigrantes fuera más aceptable para los propios estadounidenses,
porque transparentaría la contribución que aquellos hacen a la economía de su
país.
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