Certeza Jurídica y Actividad Económica

Una de las razones (quizá la principal) por las cuales la economía guatemalteca no puede acelerar su mediocre crecimiento económico, es la debilidad de las instituciones del Estado que impiden que exista certeza jurídica y paz social

Es bien sabido que la incertidumbre generada por la falta de certeza jurídica o la conflictividad social perjudica las decisiones de consumo e inversión en cualquier economía. La situación actual de Guatemala parece un caso sacado de un libro de texto para ilustrar tal situación. El desempeño de las exportaciones, por ejemplo, revela en gran medida la relación que existe entre certeza jurídica, conflictividad y actividad económica.

En efecto, el valor de las exportaciones guatemaltecas durante el primer trimestre de 2018 registra una caída de 1.7 por ciento respecto a las del año anterior; lo que es peor, esa caída refleja una reducción aún mayor (de más del 8 por ciento) en el volumen exportado, lo cual indica que la producción real del sector exportador está registrando una alarmante caída. Todo ello a pesar de que las condiciones de la economía mundial son robustas y que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos (a quien le vendemos más del 35 por ciento de nuestras exportaciones), crecía sólidamente en los primeros meses del año.

Entre los rubros de exportación que peor desempeño muestran sobresalen, por ejemplo, el de productos asociados a la palma africana con una reducción de más del 20 por ciento en comparación al año anterior, lo cual refleja en buena medida los efectos que esta actividad está sufriendo como producto de invasiones de tierra y de problemas de conflictividad. Caso similar, aunque más grave, se ve en el rubro de exportación de metales, con una drástica reducción del 88 por ciento respecto a su valor exportado a estas alturas del año anterior, afectada por el cierre de actividades de la Minera San Rafael. Entre ambos rubros (palma africana y metales) se exportaba el año pasado casi el 10 por ciento del total de las exportaciones del país.

También la falta de certeza jurídica afecta a las exportaciones realizadas en los regímenes de maquila y de zonas francas, los cuales registran al primer trimestre caídas superiores al 8 por ciento, en el caso de las primeras, y al 26 por ciento, las segundas, lo cual es particularmente preocupante pues entre ambas representan más del 32 por ciento del total de las exportaciones del país. Cabe recordar que la reforma al marco regulatorio de la actividad de zonas francas lleva ya muchos meses sin avanzar en el Congreso de la República.

Existen muchos otros sectores productivos, fuera de la actividad exportadora, que también se ven afectados por la conflictividad, la falta de certeza jurídica y la debilidad institucional del Estado, tal el caso de la actividad generadora de energía o de la construcción de infraestructura. No es casualidad, entonces, que el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala (de un panel de analistas privados) reporta un continuo deterioro en el último año pues, en abril pasado, su nivel se situó en 32 puntos, que resulta inferior en más del 41 por ciento respecto del registrado en abril de 2017.

Queda claro que, mientras no avancemos en tener un Estado funcional y unas instituciones eficientes, resultará imposible acelerar el crecimiento de la economía nacional y mejorar el bienestar material de los guatemaltecos. El pobre desempeño de actividades como las descritas pone de manifiesto que las medidas de reactivación económica no debiesen centrarse en escoger sectores “ganadores” y colmarlos de privilegios para incentivar su producción. La mejor política de reactivación económica es aquella que asegure reglas claras para hacer negocios, que dé certeza a los agentes económicos para que puedan tomar adecuadamente sus decisiones de inversión, y que restaure la confianza de los consumidores.