La decisión presidencial de sustituir a toda la cúpula del Ministerio fue la correcta
Al Ministerio de Salud Pública se le asignó una
ampliación presupuestaria de casi Q1.7 mil millones para combatir el covid-19.
Al 19 de junio, en medio de la peor etapa de la pandemia, apenas había
ejecutado un 3.6% del total de esos recursos. Ni duda cabe que algo está muy
mal en el sistema de salud del país. Pero la debilidad de dicho sistema no es
algo nuevo. El Índice Global de Seguridad Sanitaria -una herramienta que evalúa
comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195
países- califica a Guatemala (en el puesto 125) como uno de los países menos
preparados para enfrentar una crisis sanitaria.
El referido índice señala en particular la poca
capacidad del sistema de salud guatemalteco para responder efectivamente a una crisis
sanitaria como la que enfrentamos debido, principalmente, a las enormes
debilidades institucionales que ya eran evidentes desde antes de esta tragedia.
Con menos de diez mil camas en los hospitales nacionales (cuando se
necesitarían más de cincuenta mil), con precarias instalaciones, con escaso y
poco especializado recurso humano, con una enorme fragmentación y poca
coordinación de las instituciones que lo conforman, y con uno de los
presupuestos más pobres del continente, el sistema de salud nacional es uno de
los eslabones más débiles de nuestro endeble Estado.
De manera que al Ministerio de Salud lo sorprendió
esta pandemia con muy pocas herramientas para enfrentarla. Lo grave es que esas
pocas herramientas las utilizó muy mal. Pese a que, como se indicó, se le
asignaron oportunamente recursos financieros extraordinarios, no supo gestionarlos:
tardaron mucho en detectar los casos de contagio comunitario; aplicaron
protocolos improvisados que solo saturaron innecesariamente los hospitales;
tardaron en contratar y pagarle a los médicos; y, tardaron lo indecible en comprar
medicamentos, equipo y pruebas.
La decisión presidencial de sustituir a toda la cúpula
del Ministerio fue la correcta. El desafío de las nuevas autoridades es
acelerar (con transparencia) la ejecución del gasto. La contratación y pago de
nuevos médicos puede acelerarse recurriendo al rubro presupuestario de
servicios extraordinarios. Por otra parte, es perfectamente lícito y factible
realizar la compra de insumos y medicamentes acudiendo directamente a
proveedores del extranjero (pese a la irracional resistencia que a tal
procedimiento plantean los cuadros “técnicos” del Ministerio de Salud).
Ojalá que ahora sí tengamos a las autoridades correctas
para enfrentar una pandemia… y para enfrentar las resistencias enquistadas en
el corrompido aparato burocrático del Ministerio. Eso es lo urgente. Lo
importante, sin embargo, será que, una vez superada la crisis, nos propongamos
como sociedad una reforma sustantiva del sistema de salud pública, haciendo
énfasis en una coordinación interinstitucional que configure una estructura
operativa que gestione los recursos y gerencie los servicios en función de una
política nacional de largo plazo para reducir las enormes brechas existentes en
el acceso a los servicios de salud. Es menester pensar desde ya en el necesario
reordenamiento institucional del sistema de salud que modifique la estructura
funcional, los modelos de atención, la organización interna, así como la
provisión y gestión de los recursos financieros que necesita dicho sistema.
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