El covid-19 ha obligado a familiarizarnos con las enfermedades
catastróficas y con los remedios para enfrentarlas. En estas circunstancias
puede ser ilustrativo comparar la precariedad de nuestro sistema de Justicia
con las características de una pandemia. El sector justicia de Guatemala padece
una grave enfermedad: muchos jueces no son imparciales ni independientes,
muchos responden a compromisos personales o de grupo, otros son propensos a la
corrupción y al tráfico de influencias, y un gran número de ellos carece de un
nivel académico y profesional apropiado. El resultado es la precariedad de una justicia
que ni es pronta, ni es cumplida.
Contrario a la creencia generalizada, esa precariedad
no se debe tanto a la politización en la elección de jueces y magistrados (ese
proceso es siempre -querámoslo o no- un acto político), como al rudimentario
diseño de gobernanza institucional de las cortes, que las hace proclives a la
mediocridad y a su captura por parte de grupos de interés. Del mismo modo que
al covid-19 solo podremos vencerlo cuando apliquemos un medicamento idóneo y una
vacuna específica, la falta de independencia e imparcialidad del sistema de
justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen
como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a
intereses espurios.
Para el efecto, un medicamento idóneo es escalonar
la renovación de los plenos; es decir, cambiar el sistema actual en que los
plenos de magistrados de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) se eligen
todos simultáneamente. Si los magistrados se eligieran uno por uno, se obligaría
a los entes nominadores a llegar a acuerdos, se evitaría la “repartición de
cuotas” entre nominadores, se fortalecería el proceso de escrutinio de los
candidatos y se facilitaría la indispensable vigilancia de la opinión pública
sobre el proceso de elección. Esto está demostrado en muchos países con
sistemas judiciales sólidos, independientes, imparciales y eficaces.
Por otro lado, la vacuna para prevenir la captura del
sistema judicial se obtiene ampliando el periodo del mandato de los
magistrados. Los países con mayor independencia judicial son aquellos en los
que el plazo de las judicaturas es mayor, debido a que el paso del tiempo (y la
certeza de permanencia en el puesto) permiten que los jueces se distancien de
quienes participaron en su nombramiento, así como de los grupos de interés
involucrados en el proceso. Un nombramiento por 15 años o más, fomentaría el
criterio independiente e imparcial de los jueces magistrados.
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