La modernización económica y el progreso del país pasan necesariamente por reformar sus instituciones: sistema de justicia, servicio civil, sistema electoral, calidad del gasto
El factor clave que explica el escaso desarrollo
económico y el lento crecimiento de la producción nacional es la baja
productividad sistémica de nuestro aparato productivo. Y la principal causa de
esa escasa productividad es la debilidad del Estado y la disfuncionalidad de
sus instituciones, que imponen costos elevados al funcionamiento de las
empresas y obstaculizan tanto el emprendimiento, como el sano intercambio de
bienes y servicios. Un Estado débil -y más que eso, un Estado ausente o, peor
aún, un Estado fallido- perjudica la eficiencia de todas las empresas, sean estas
grandes o pequeñas, formales o informales.
Los tribunales son tan lentos (y muchas veces
corruptos) que el cumplimiento de los contratos se dificulta y se impide la
resolución de conflictos mercantiles. Esto hace que las empresas y,
especialmente, los bancos prefieran circunscribirse a hacer negocios solo con
aquellas empresas a quienes conocen y comprenden bien, lo cual restringe el
acceso al crédito a una miríada de nuevos (pero desconocidos) emprendedores. La
escasa y deteriorada infraestructura obliga frecuentemente a las compañías a
incurrir en costos para construir sus propias vías de comunicación. Las cadenas
de suministro son escabrosas, la tramitología burocrática es siniestra y los
mercados de mano de obra, bienes y servicios no son confiables.
En un clima así, debido a la ausencia del Estado se
genera una enorme falta de confianza social, donde es simplemente racional que
los ciudadanos prefieran hacer las cosas confiando solo en sí mismos, por lo
que la abrumadora mayoría de las empresas (pequeñas y grandes, formales e
informales) son familiares (es decir, cerradas a los inversionistas que no
forman parte del núcleo familiar), lo cual inhibe el desarrollo del mercado
accionario y el acceso a la propiedad para los pequeños inversionistas. También
es normal que en tal entorno de falta de certeza los grandes conglomerados sean
los únicos que tengan el músculo para incursionar en nuevas áreas de negocios,
muchas veces en perjuicio de nuevos emprendimientos. Así, aunque existen muchos
bolsones de eficiencia e innovación en nuestra economía, el funcionamiento global
de la misma es ineficiente y la productividad sistémica, muy baja.
La falta de confianza generalizada -debido a que no
imperan la ley ni las instituciones- es corrosiva para la economía. Si el
Estado no es capaz de hacer cumplir la ley y los contratos comerciales, si no
puede proveer los servicios públicos básicos (seguridad, salud y educación
primarias, infraestructura) que hagan que valga la pena pagar impuestos, y si
no puede ofrecer un sistema político que sirva a los intereses nacionales, la
única institución en la que puede confiar la gente -como en cualquier sociedad
primitiva- es la familia. Por ello, la modernización y el progreso del país
pasan necesariamente por reformar el sistema de justicia, el gasto público, el
servicio civil y el sistema electoral y de partidos políticos. Esas reformas no
darán resultados instantáneos, pero si no se emprenden pronto, y con
perseverancia, estaremos condenados a un eterno atraso.
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