La Ausencia del Estado y sus Consecuencias

Para que haya progreso se necesita bienes públicos básicos (seguridad, justicia, salud y educación primaria, infraestructura) y un Estado que -basado en instituciones sólidas y eficientes- los provea

“Una porción considerable del país está fuera del control estatal, condición que es aprovechada por el crimen organizado”, resumía hace unos días el diario Prensa Libre al reportar cómo no solo el Valle del Polochic, sino también la región Ixil, la costa Sur-Occidental y el norte de Petén están bajo el poder de poderosas organizaciones delictivas. La ausencia del Estado en esas regiones genera un refugio a los grupos ilícitos, fomenta la conflictividad social, impide la gobernanza y frena el progreso económico.

El Estado se organiza –se supone- para conformar un método descentralizado de entrega de bienes públicos a quienes habitan dentro de sus fronteras. Entre esos bienes públicos, el más prominente es el de la seguridad personal: evitar invasiones y pérdidas de territorio; abatir amenazas contra el orden público; prevenir los crímenes contra las personas; y, permitir que los ciudadanos resuelvan sus disputas de forma pacífica. El Estado –se supone- debe tener métodos y normas sistemáticas para que impere la ley, se proteja la propiedad, se respeten los contratos, se resuelvan las disputas en el sistema judicial y prevalezcan los valores que prioricen el juego limpio necesario para el intercambio económico y la convivencia social.

Otro bien público esencial es el que permite a los ciudadanos participar de manera libre y plena en los procesos políticos mediante el derecho a competir en las elecciones, el respeto a las instituciones políticas nacionales (legislatura y tribunales) y municipales, la tolerancia al disenso y el respeto a los derechos humanos. Otros bienes públicos esenciales que debe proveer el Estado incluyen la atención primaria en salud, educación básica, infraestructura de comunicaciones, e instituciones monetarias y fiscales que favorezcan la prosperidad. En la medida en que el Estado no pueda proporcionar estos bienes, más débil se vuelve y más se aproxima a ser un estado fallido. Guatemala aún está lejos de ser un estado fallido, pero sí es un estado frágil, viscoso, desestructurado.

Según el Índice de Estados Frágiles 2019 (publicado en abril por el Fondo por la Paz y la revista Foreign Policy), que mide la debilidad de los estados en función de factores sociales, políticos y económicos, Guatemala se ubica en la categoría de “alerta elevada”, junto con países tales como Madagascar o Camboya. Nuestro país (ranqueado en el puesto 57, con 81.4 puntos) está aún lejos de la categoría de estados fallidos (como Yemen, el peor ranqueado, en el puesto 1 con 113.5 puntos), pero está aún más lejos de los estados más sólidos (como el mejor calificado, Finlandia, en el puesto 178, con solo 16.5 puntos).

Lo sucedido la semana pasada en El Estor es una enorme señal de alerta para todos: el Estado guatemalteco le está fallando a sus ciudadanos. Debemos dar prioridad a la reforma institucional que permita recobrar la capacidad de proveer los bienes públicos básicos de calidad (seguridad, justicia, participación política, inversión pública de calidad en salud, educación e infraestructura), y hacerlos presentes en todo el territorio nacional. En eso nos jugamos el futuro del país.