Al covid-19 solo se le podrá vencer cuando un
importante porcentaje de la población (se calcula que un 60%) haya adquirido inmunidad,
la cual solo se logra de dos formas. Una, mediante el contagio natural (lo que,
por desgracia, puede implicar un gran número de decesos). Dos, mediante un
contagio inducido, ya sea aplicando una bien diseñada estrategia de inmunidad
de grupo, o aplicando masivamente la aún inexistente vacuna. Mientras no haya
una vacuna ni una estrategia de inmunidad de grupo (que requiere un sistema de
salud muy robusto), solo queda aplicar políticas (más o menos estrictas) de
distanciamiento social que permitan ganarle tiempo a la pandemia.
Pero este “ganar tiempo” debe tener un propósito
claro, pues las políticas de distanciamiento social (especialmente las de
confinamiento de la población) tienen un costo económico brutal. Hay que ganar
tiempo para que el sistema hospitalario no se vea desbordado: actualmente el
número de camas hospitalarias disponibles en el país ronda las 8,500 (de las
cuales más del 70 por ciento ya estaban ocupadas antes de la pandemia); los
modelos epidemiológicos predicen la necesidad de ese número de camas solo para
atender a los enfermos de covid-19. Por ende, el gobierno hace bien en
aprovechar este periodo de confinamiento para aumentar el número de camas en
los hospitales. Asimismo, hay que ganar tiempo para equipar el sistema de salud
(con médicos, equipo y medicamentos), a fin de que la tasa de mortalidad de la
pandemia no llegue a niveles social y políticamente intolerables.
También hay que ganar tiempo para planificar la
estrategia de reapertura económica (incluyendo la realización de tests
aleatorios para monitorear los potenciales focos de contagio). Hay que ganar
tiempo para preparar las políticas de reactivación económica (incluyendo
reformas institucionales) que deben impulsarle al terminar la crisis. En
función de lo anterior, hay que ganar tiempo (y el gobierno de Guatemala ya lo
ha hecho) para acopiar los recursos financieros que se necesitan, por un lado, para
proveer la ayuda sanitaria y humanitaria a los grupos más vulnerables y la
asistencia financiera a las empresas que lo requieran durante la emergencia; y,
por otro lado, para echar a andar la reactivación económica.
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