La Destrucción de un País

El caso de Venezuela nos advierte los riesgos de no proteger la integridad física y la libertad individual de los ciudadanos. Un análisis desde el punto de vista institucional nos permite aquilatar la gravedad de los actos de desgobierno de Maduro.

Las más recientes decisiones adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se dirigen, con paso seguro, hacia la completa destrucción de la economía y de la democracia de esa alguna vez prometedora nación. Aunque es aún poco probable que en Guatemala arribemos a semejantes niveles de degradación, no está demás advertir los riesgos que conlleva recorrer caminos políticos como el venezolano.

La “guerra económica” anunciada por Maduro para reducir la inflación de más del 50% anual (una de las más elevadas del mundo), se basa en dos acciones extremas. Por un lado, se prohíbe por decreto que suban los precios y, por otro, se mete a la cárcel a decenas de dueños de tiendas que, en respuesta a la escalada de costos, osaron elevar sus precios de venta e incurrieron en el delito de “usura”. Mientras tanto, la escasez de bienes básicos como la leche, arroz, aceite de cocina y papel higiénico se acentúa, la inflación no cede y las empresas dejan de invertir y generar empleos.

Más allá de las graves consecuencias económicas de tales medidas, vale la pena destacar sus efectos devastadores para la democracia y el desarrollo a largo plazo del país. En efecto, las acciones de Maduro tienen un impacto fatal sobre las instituciones constitucionales y democráticas que están diseñadas para reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones de gobierno, por lo que su consecuencia inevitable será el debilitamiento, la desestabilización y la deslegitimación del funcionamiento de los mercados y de la vida social.

Existe un consenso amplio entre economistas en cuanto a la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y social, aunque con opiniones distintas respecto de la importancia de las diferentes instituciones; en todo caso, la protección de los derechos de propiedad siempre aparece como una institución fundamental. Diversos estudios demuestran que el crecimiento económico sostenible florece en aquellos países donde existen instituciones que protegen el derecho a la vida, a la libertad individual y a la propiedad.

Es decir, en aquellos lugares donde se respetan las reglas del juego y donde el poder del gobierno está bien acotado, donde se fomenta la competencia y se combaten las prácticas monopólicas, es donde los agentes económicos se dedican a actividades productivas y a invertir, lo cual consecuentemente genera un crecimiento económico estable y sostenido. Esos lugares suelen ser también democracias consolidadas. El profesor Douglas North (premio Nobel) sostiene que la democracia y el desarrollo económico se refuerzan mutuamente a través de un entramado institucional en el que destaca, como factor catalizador, la existencia de salvaguardias contra la desaparición física, y contra la privación de la libertad y de la propiedad individuales.

Las acciones adoptadas por Maduro atacan directa y mortalmente esas salvaguardias. Por un lado, la desaparición física y el encarcelamiento de opositores al gobierno hacen que, aunque un país tenga elecciones periódicas y multipartidarias, en la práctica no exista democracia. En ese caso las elecciones son sólo una farsa que sirve a los gobernantes para identificar el grado de lealtad (o deslealtad) de los distintos grupos de población y distritos electorales.

Por otro lado, cuando los propietarios de empresas (pequeñas, medianas o grandes) pueden ser sumariamente desaparecidos o encarcelados, entonces la institución de la propiedad privada desaparece para todo propósito práctico; y eso significa que cualquier esperanza de crecimiento económico estable de largo plazo también desaparece.

La máxima degradación de cualquier gobierno ocurre cuando éste no sólo ya no garantiza la libertad y la inviolabilidad de la persona como ciudadano y como propietario, sino que es el propio gobierno quien viola esos principios. Con ello devasta la democracia y arruina las posibilidades de desarrollo económico y social. Venezuela nos presenta un ejemplo de cómo destruir un país. Ojalá los guatemaltecos tengamos la prudencia de no caer en los mismos errores, exigiendo a los líderes de todos los sectores del país, especialmente a los líderes políticos, su compromiso irrestricto con la protección a la integridad física y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los guatemaltecos.