El respeto al derecho de los ciudadanos de organizarse (en consejos comunitarios), la formación de mujeres, jóvenes y líderes en las comunidades, y el fomento de alianzas de estas organizaciones con empresas y otras organizaciones no gubernamentales, puede ser una forma efectiva de rescatar al Estado y a sus instituciones de las garras corruptas de quienes lo han cooptado. Hay una luz de esperanza
Conforme el sistema político se ha ido
desnaturalizando y corrompiendo con el tiempo, el poder local –a nivel
municipal y de los consejos departamentales de desarrollo- en muchas áreas del
país ha sido capturado por caciques y pseudo-líderes cuyo propósito es enriquecerse,
ellos y sus allegados, mediante la apropiación indebida de los recursos
públicos bajo su administración.
Este sistema patrimonialista perpetúa –mediante la
malversación de fondos- la escasez y poca calidad de los servicios públicos, lo
cual genera una ingobernabilidad que amenaza los cimientos mismos de la
democracia. La captura del poder local crea
un monstruo que alimenta su insaciable apetito con los recursos del presupuesto
del Estado. En 2017 las municipalidades tienen asignados recursos por casi
Q6,800 millones, mientras que los consejos departamentales de desarrollo
cuentan con más de Q2,1050 millones, montos que en el proyecto de presupuesto
presentado por el gobierno para 2018 se elevan, entre ambos, a más de Q10,500
millones.
Esta enorme cantidad de dinero, que representa más del
11% del presupuesto de gastos del Estado –financiado con nuestros impuestos-,
se convierte en un botín que no solo se ejecuta casi siempre de manera opaca
(sin que la Contraloría pueda auditarla adecuadamente) sino que, además, no
está alineado a las políticas de gobierno sino a los caprichos del cacique
local o del gobernador de turno (nombrado a dedo y, muchas veces, sin mérito
alguno).
En medio de ese escenario deprimente surge un rayo de
esperanza en muchas comunidades del país que, al amparo de la Ley de Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, se organizan en consejos comunitarios que plantan
un importante contrapeso al oscuro poder del establishment personificado por los alcaldes municipales. Uno de
esos rayos brilla en la aldea La Guardianía (municipio de Masagua, Escuintla), que
tuve ocasión de visitar la semana anterior, y donde el consejo comunitario de
desarrollo –COCODE- está haciendo una destacada labor de formación ciudadana,
obra pública y participación social.
La Guardianía tiene cerca de 2,500 habitantes
distribuidos en menos de 400 viviendas ubicadas a unos 30 kilómetros de la
cabecera municipal y a las cuales se accede por un camino de terracería. Hasta
hace tres años, como en la mayoría de aldeas del país, las autoridades del
COCODE (incluyendo su presidente, o alcalde auxiliar) las nombraban
inconsultamente desde la sede municipal. La última vez, sin embargo, los
vecinos reclamaron los derechos que les confiere la ley y exigieron elegir
ellos mismos a sus representantes (como debería ser el caso en todas las
alcaldías auxiliares del país). El alcalde y los políticos locales no tuvieron
más que, resignados, aceptar la decisión del pueblo.
Desde entonces la aldea ha cambiado notablemente, para
bien. El COCODE ha hecho gestiones y alianzas importantes, incluyendo una con
la Fundación del Azúcar –FUNDAZÚCAR-, de la que ha obtenido asesoría para la formación
de mujeres, jóvenes, maestros y enfermeros que sirven a la comunidad. Lo más
importante es que ha definido un excelente Plan de Desarrollo Integral
Comunitario que prioriza los proyectos que los comunitarios impulsarán en la
próxima década, algunos de los cuales son ya una realidad (como la calzada de
acceso a la aldea y la obtención de fondos públicos para el sistema de agua
potable).
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