Efectos Económicos de la Crisis Política

Aunque en el corto plazo la transición que estamos viviendo tiene un costo de ralentizar la economía, en el mediano plazo la erradicación de la corrupción generará certeza e incentivará la inversión y el crecimiento económico 

Aunque hay quienes sostienen que la crisis política desatada en el país raíz de la decisión presidencial de expulsar al Comisionado de la CICIG no debería tener repercusiones en la economía nacional, no puede desecharse el efecto de incertidumbre que dicha crisis está generando en la opinión pública a nivel internacional y -lo que es más relevante- en la evaluación que las calificadoras de riesgo realizan periódicamente a Guatemala.

El episodio es tan relevante que la ampliamente leída revista The Economist lo abordó esta semana en un editorial y un reportaje, espacios que no le dedicaba a nuestro país desde hace muchísimo tiempo, subrayando el probable daño que el presidente Morales habría infligido a su propia gestión con la decisión tomada respecto a Iván Velásquez. Según la revista, con el trabajo de la CICIG Guatemala se había erigido, junto con Brasil, como un ejemplo para otros países de la región en cuanto al combate a la corrupción.

Lejos de apoyar la hipótesis de los simpatizantes de la decisión presidencial, que afirman que el trabajo de la CICIG bajo la dirección de Velásquez ha perjudicado la inversión al crear un clima adverso a los negocios, la prestigiosa revista afirma que, por el contario, cualquier economía liberada del lastre de la corrupción debería atraer más inversión, no menos. Y aunque da validez al argumento de que sería mejor para Guatemala que nuestras propias cortes y fuerzas de seguridad fueran quienes hicieran valer la ley, The Economist estima que el mandato de la CICIG es, precisamente, fortalecer tales instituciones y, hasta que eso ocurra, el tutelaje internacional resulta inevitable.

En efecto, es razonable interpretar que si bien en el corto plazo (como es normal en toda transición política) el cambio de un sistema corrupto e impune a otro donde impere la ley puede generar incertidumbres que, inevitablemente, afectarán las decisiones de inversión, en el largo plazo (y a medida en que, paralelamente, se fortalezcan las instituciones) . Por ello The Economist emplaza  al sector empresarial para que apoye decididamente la labor de la CICIG, en vez de contentarse con respaldar tibiamente la lucha contra la corrupción.

En un sentido similar se pronunció la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, cuyos analistas estuvieron en el país haciendo su evaluación anual justo en los días en que se intensificó el enfrentamiento entre el presidente Morales y el comisionado Velásquez. La calificadora emitió un comunicado indicando que si dicho enfrentamiento se prolonga, podrían reducirse los ya bajos niveles de inversión y crecimiento económico, lo cual perjudicaría la calificación del país.

El análisis de Moody´s afirma que la debilidad de las instituciones, que reducen la tolerancia al riesgo de los inversionistas e incrementan el costo de hacer negocios en el país, es un factor clave que explica los bajísimos niveles de inversión del país, y que la inesperada decisión del presidente de expulsar al comisionado de la CICIG exacerba dicha debilidad. (La tasa de inversión bruta del país es de menos del 13% del PIB, cuando la de países de tamaño similar supera el 21%).

La calificadora estima que si la crisis política no se resuelve pronto, o si esta provoca un mayor deterioro institucional, las tasas de inversión caerían aún más y el crecimiento económico se reduciría. Con eso en mente, en vez de descalificar las opiniones que emanan de fuentes cuya credibilidad está bien acreditada en los mercados financieros internacionales, deberíamos tomarlas con mucha seriedad; por nuestro propio bien.