Para conjurar la incertidumbre y el clima de confrontación de las últimas semanas, conviene un pacto de país que ataje los problemas respecto de los cuales hay una amplio consenso (corrupción en las compras del gobierno, parcialidad de los jueces, sistema electoral deficiente, servicio civil ineficiente)
En las últimas semanas el país se ha sumergido en una
espiral de incertidumbre política y en una peligrosa polarización de posiciones
y opiniones. El ambiente de discordia generado por la inesperada decisión
presidencial de expulsar del país al comisionado de la CICIG se ha reflejado en
la conformación de dos bandos –internamente heterogéneos- enfrentados por la
permanencia o no de Iván Velásquez y de la propia CICIG.
En el bando que favorece la salida de Velásquez se
cuentan personajes que van desde el respetado Doctor Armando De La Torre (un
acreditado académico libertario que se muestra genuinamente indignado por la
injerencia de un organismo extranjero en los asuntos soberanos de Guatemala)
hasta el cuestionable expresidente Otto Pérez Molina (a quien evidentemente le
conviene el debilitamiento de la CICIG), pasando por los dirigentes vitalicios
de los sindicatos de empleados públicos de la salud y la educación (cuyas
motivaciones resultan, cuando menos, cuestionables).
El bando contrario también es muy diverso, con miembros
que van desde el controvertido Comité de Desarrollo Campesino (CODECA,
especialista en bloqueos de carreteras y en desorbitadas demandas populares)
hasta eminentes empresarios y analistas de tendencia conservadora (que
acertadamente ven en la corrupción y sus redes a uno de los principales
enemigos del progreso nacional), pasando por organizaciones tan influyentes
como la Conferencia Episcopal de Guatemala. En ambos bandos hay personas
honorables y bien intencionadas, como también las hay oportunistas y
malintencionadas.
La confrontación que se vive en diversos ámbitos de la
vida nacional se ha visto exacerbada por calculadas acciones de desinformación,
rumores bien fabricados y campañas negras que contribuyen a crear un peligroso
ambiente de ingobernabilidad y a una sensación generalizada de falta de rumbo y
de liderazgo en el país. Este escenario se agrava con las recientes invasiones
violentas de plantaciones en el Polochic que desnudan la debilidad de las
instituciones gubernamentales y la ausencia del Estado de Derecho.
De prolongarse, esta crisis política va a ocasionar un
grave daño a la actividad económica, con los inversionistas (nacionales y
extranjeros, pequeños y grandes) posponiendo o cancelando sus decisiones ante
la incertidumbre prevaleciente. Por ello es necesario que las élites cobren
conciencia de que el país debe cambiar urgentemente el foco del debate y
dedicar sus mejores esfuerzos a proponer y aplicar las medidas que complementen
la lucha contra la corrupción (que no debe detenerse) y empezar a construir el
país que queremos para nuestros hijos.
El primer paso es bajarle la intensidad a la insensata
confrontación en que nos han querido envolver (y que solo favorece a las mafias
y los corruptos) y luchar porque prevalezca el Estado de Derecho y la paz
social. El segundo paso es no cejar en la lucha contra la corrupción. Y el
tercero, pactar el impulso de una agenda mínima priorizada para reconstruir las
instituciones y el tejido social.
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