La USAC en la encrucijada

Las nuevas autoridades de la USAC deben priorizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de los fondos (sufragados por todos los guatemaltecos), así como la mejora en la calidad académica de sus egresados.

La muy próxima elección de rector encuentra a la Universidad de San Carlos –USAC- en una encrucijada: el país está viviendo una compleja transición política -cuya piedra angular ha sido el combate a la corrupción-y, en esa encrucijada, la USAC está llamada a asumir, si no algún liderazgo, al menos un firme compromiso de esclarecer las múltiples críticas y sospechas que se han planteado en medios de comunicación en relación con malos manejos administrativos y financieros, que ponen en serio entredicho la credibilidad de la Carolingia.

Una forma directa de asumir ese compromiso sería reconocer que la USAC es una entidad pública que se debe a toda la sociedad (no solo a su comunidad educativa), pues se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. Los guatemaltecos aportamos a la USAC casi Q1800 millones anuales, principalmente para que le brinde educación a más de 200 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenecen a los estratos socioeconómicos medios de la población. Este presupuesto representa más del 3% de los ingresos tributarios del país y es más elevado que el de muchos ministerios de gobierno (como los de Agricultura, Economía o Trabajo) y mayor que el de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo combinadas.

El principal desafío del próximo rector (o rectora) es el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad. Si la autonomía que constitucionalmente tiene la USAC le confiere derechos y privilegios para cumplir con sus funciones, le debería conferir también la obligación de usar de manera eficaz y transparente los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

El nuevo rector (o rectora) debería volver la vista hacia las mejores prácticas en materia de transparencia de otras universidades estatales (un viajecito a la UNAM, para copiar sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no le caería mal). Por ejemplo, debería persuadir al Consejo Superior Universitario de que aplique pautas de buen gobierno corporativo y cree comités independientes y especializados en los distintos temas sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, conformados por personas honorables y expertas en asuntos financieros, serian esenciales.

Las nuevas autoridades deberían publicar periódica y oportunamente los estados financieros dictaminados por un auditor externo calificado, así como los estados financieros mensuales; el estado de ingresos, gastos e inversiones; y, los reportes y observaciones de auditoría interna de las diferentes instancias universitarias. También  un sistema de indicadores para medir el desempeño: su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; y, cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El nuevo rector (o rectora) debe comprender que la mejor manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Y eso es lo que los electores deberían exigirle a sus candidatos a rector. Así darían un paso decisivo para el rescate institucional de la universidad estatal.