Fiscalización del Gasto Público

Existe un amplio campo para mejorar la fiscalización del gasto público, tanto con medidas administrativas como con reformas al marco legal

Si el Estado ha de cumplir con sus funciones fundamentales (proveer servicios públicos básicos de seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura) es imprescindible que el correspondiente gasto público se efectúe con transparencia y eficiencia, lo cual, a su vez, requiere de un sistema eficaz de fiscalización y control de dicho gasto. La semana pasada fui invitado a un foro organizado por FUNDESA para discutir la situación y opciones de mejora del sistema de control del gasto gubernamental.

Un punto a resaltar es que el control del gasto público no es asunto de una sola institución, sino que requiere de un sistema coordinado de fiscalización y rendición de cuentas que, en Guatemala, debe sostenerse en tres pilares: primero, la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador por excelencia; segundo –un pilar hasta ahora ignorado y desperdiciado- las Unidades de Auditoría Interna –UDAIs- que debe tener todo ente estatal (o, en el caso de las instituciones autónomas, sus auditorías externas); y, tercero, el propio Congreso de la República que, además de sus roles de legislación y representación, debe cumplir un rol básico de controlar las acciones del gobierno.

En el eficaz funcionamiento de este sistema debe descansar la prevención y el combate a la corrupción que, idealmente, debería tener un énfasis preventivo, en vez de uno punitivo como el que se aplicó en nuestro país desde que la Cicig destapó el caso La Línea en 2015: debido a que la vía administrativa fue incapaz de detectar ilícitos en el gasto público, tuvieron que ser los entes de persecución penal los que se activaron para combatirlos. Para que los mecanismos penales –que deberían ser de última instancia- no se conviertan en la única alternativa para combatir la corrupción, es preciso reformar y fortalecer los sistemas preventivos de fiscalización y control del gasto gubernamental.

Existe un amplísimo margen para mejorar el sistema de control del gasto público mediante cambios administrativos profundos y reformas al marco legal vigente. En el ámbito administrativo, por ejemplo, la Contraloría debería reducir la arbitrariedad e inconsistencia de sus hallazgos adoptando estándares, uniformando criterios y estableciendo precedentes sistemáticamente. El gobierno debería elevar el estatus y el accionar de las UDAIs de cada ministerio con una visión preventiva de manejo de riesgos. Y el Congreso debería establecer procedimientos por escrito para cumplir acuciosamente y con plazos perentorios su obligación de aprobar –o improbar- la ejecución presupuestaria del gobierno.

También el marco legal debe ser fortalecido. Le Ley Orgánica de la Contraloría podría definir mejor su mandato (para obligarla a supervisar la calidad del gasto) y la forma de elección del contralor (para asegurar su profesionalidad e independencia); también podría regularse el papel central de las UDAIs. Y las disposiciones relativas a la declaración de probidad de los funcionarios públicos deberían ampliarse para incluir una declaración de intereses que permita vigilar que tales funcionarios no abusen de su cargo para beneficiar a sus familiares, empresas o socios particulares. Todas estas reformas son posibles, si tan solo existiera la anhelada “voluntad política”.