Nihilismo Moral en la Política

Según la escala de valores imperante en la política nacional, el santo patrono de nuestros políticos bien podría ser Poncio Pilato

La suspensión (provisional) de varios artículos de la ley del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2015, recientemente decretada por la Corte de Constitucionalidad, es una bocanada de esperanza para quienes creemos que aún es posible evitar en el año electoral un deterioro (aún mayor al existente) en la transparencia y efectividad del gasto público. Y aunque la suspensión pude ser revertida en la resolución final de la Corte, hasta ahora representa una reivindicación moral para quienes –resistiéndonos al pragmatismo imperante- creemos que la política debe estar acotada por principios éticos elementales.

Hace algunas semanas, en una conversación con un grupo de amigos –que incluyó algún politólogo allegado al partido de gobierno- escuché severas críticas a la posición pública del G40 –grupo de analistas económicos y expertos fiscales- en la que señalaba que la forma en que el Congreso aprobó el presupuesto había generado varias disposiciones atentatorias contra la transparencia y calidad del gasto. Entre tales disposiciones destacan la que autoriza que se contraten ONGs para la ejecución de obra pública, la que permite ejecutar gasto sin contar con los certificados de disponibilidad presupuestaria (normas que contradicen los preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto), o la que establece una partida de gasto sin fin específico de más de Q1,900 millones a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

Quienes criticaban la posición del G40 –todos ellos personas serias y decentes- aducían que ésta era ingenua, ya que lo actuado por el Congreso no solo era legal sino que, además, el Legislativo estaba en su derecho de aprobar una ley (la anual del presupuesto) que contradijera claramente lo dispuesto por otra (la Ley Orgánica del Presupuesto) si ello convenía coyunturalmente a sus intereses políticos. En otras palabras, que los técnicos (ya sea del G40 o de las comisiones legislativas que diseñaron la Ley Orgánica del Presupuesto) pueden aducir lo que quieran, pero que los políticos son los que mandan.

De nada sirvió tratar de explicarle a los críticos que el punto central del G40 era de naturaleza ética: el presupuesto aprobado no sólo contradice la letra y el espíritu de la Ley Orgánica, sino que significa un enorme riesgo (casi una certeza) de que el presupuesto de 2015 se ejecutará con opacidad, ineficiencia y corrupción. Evocar valores éticos no parece ser de utilidad en una realidad como la nuestra, agobiada por un sistema político en el que el objetivo principal de la política ya no es ejercer el poder para impulsar ideas, sino acceder a los recursos públicos para enriquecerse. Aquí, introducir el tema ético en el debate solo conduce a un inútil juego de palabras.

En este ambiente, quien quiera tener éxito en la política parece estar condenado a practicar el nihilismo moral que le quite el lastre de la ética para poder progresar ágilmente en un ejercicio del poder político sin ideología y sin ideales. El santo patrono de la política criolla bien puede ser Poncio Pilato, aquél funcionario que ejerce el poder sin que le importen ni la verdad, ni la justicia, ni hacer lo que es correcto, sino que actúa en función de mantener sus privilegios y se justifica en los procedimientos.

En la lógica de Pilatos, resulta irrelevante que el presupuesto aprobado por el Congreso para 2015 esté repleto de incongruencias y de normas que propician la corrupción, pues lo importante es que el Legislativo ejerció su poder cumpliendo las normas del sistema político actual. Cualquier argumento técnico o moral resulta peligroso para la soberanía de la política pues le recorta las alas.

Esa visión miope no alcanza a ver que la ética no solo es compatible con la política, sino que en un sistema democrático resulta necesaria para darle sustento y sostenibilidad. No alcanza a ver que apropiarse de fondos públicos para beneficio propio y del partido político es robar. Lo mismo que evadir impuestos, traficar influencias o hacer negocios a costillas del fisco. Y robar es siempre –cualquiera que sea la situación histórica, el sistema político o la realidad cultural imperante- una acción reprobable, inmoral y perjudicial para la sociedad. Cualquier sistema político que no reconozca esto, por muy pragmático que sea, debe estar condenado al fracaso.