La demagogia
apela a los sentimientos y emociones del pueblo para ganar su apoyo político;
mediante la retórica y la promesa fácil busca tocar las pasiones, las necesidades
sentidas o los temores escondidos de las masas para conseguir votos. El
político demagogo no se apoya en su propuesta de gobierno, sino en sus promesas
de campaña, que ofrecen soluciones falsas a problemas reales; es un vendedor de
atajos ilusorios.
Entre esas falsas promesas, pocas hay tan “sexys” para
el electorado, tan efectivas para ganar el voto sentimental de los electores,
como la de ofrecer mayores pensiones para los jubilados. No es de extrañar que
este año electoral hayan proliferado iniciativas de ley (como la No. 5562 y la No.
5570 que se discuten en el Congreso) que ofrecen incrementar a los pensionados
y jubilados de las clases pasivas del Estado. Una de esas iniciativas ofrece no
solo incrementar las pensiones en Q1,500.00 mensuales, sino también aumentarlas
periódicamente.
Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente
demagógicas, porque son financieramente inviables. Los diputados ponentes las
han planteado sin contar siquiera con estudios técnicos ni opiniones de la
Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- o del Ministerio de Finanzas
Públicas para evaluar su viabilidad e impacto en las cuentas del Estado. Si
partimos de que existen más de cien mil jubilados del Estado, un incremento de
pensiones como el propuesto requeriría anualmente más de Q2 mil millones
adicionales, equivalentes al 2.5% del total del presupuesto aprobado para 2019
y requerirían de aumentar en más de 40% el presupuesto vigente para las clases
pasivas; es más, solo este aumento sería muy superior a los presupuestos de los
ministerios de Agricultura, de Cultura y Deportes, de Relaciones Exteriores, de
Economía, de Ambiente y de Energía y Minas.
Si se diera tal incremento, es de esperar que el mismo
se financie a costa de una reducción de otros gastos corrientes y de los gastos
en inversión del Estado, o bien que se genere un incremento en el déficit
fiscal y, por ende, en el endeudamiento público. Lo que da más grima es que,
por un lado, la propia Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece que
para garantizar la estabilidad financiera del régimen, la ONSEC debe efectuar
revisiones técnicas y actuariales por lo menos cada cinco años; y que, por otro
lado, el propio proyecto de presupuesto que el Congreso aprobó para 2019
advierte en un anexo que “la principal amenaza a que está expuesto el régimen
de clases pasivas civiles del Estado es la aprobación de leyes que incrementan
los montos de las pensiones u otros beneficios, sin haber realizado previamente
un estudio actuarial ni un análisis presupuestario y financiero para determinar
la capacidad del Estado para absorber los costos, lo que compromete el destino
de ingresos”.
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