El Desafío del Nuevo Rector

Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima

La Universidad de San Carlos –USAC- culminó recientemente el proceso interno de elección de quien será su nuevo rector para el período 2014-2018. Quizá cuatro años sean muy pocos para enfrentar los innumerables retos que Carlos Alvarado Cerezo deberá enfrentar para revertir los graves problemas académicos, económicos y administrativos que aquejan a la universidad estatal, de donde se hace evidente que él y su equipo deberán priorizar sus acciones y enfocar sus esfuerzos en los temas más ingentes.

Una forma adecuada de establecer esas prioridades es partir del reconocimiento de que la USAC es una entidad pública que se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. En efecto, los guatemaltecos le confiamos a la USAC más de Q1400 millones al año, principalmente para que le brinde educación a más de 180 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenece a los estratos socioeconómicos medios del país.

En ese sentido, resulta incuestionable que uno de los principales desafíos (quizá el más importante de todos) de la nueva administración sancarlista sea el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad de la cual se sostiene y a la cual se debe. El precio de la autonomía que la Constitución Política de la República le confiere a la USAC debe ser (como lo debió ser siempre) el uso eficaz y transparente de los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

Los más denodados esfuerzos de las autoridades universitarias deberían entonces dirigirse a explicar cuán eficiente es esa casa de estudios en brindar educación superior de calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad guatemalteca; asimismo, y no menos importante, esos esfuerzos deben dirigirse a rendir cuentas respecto de cómo gastan o invierten los cientos de millones de quetzales que reciben del gobierno central. Para el efecto no hace falta inventar el agua azucarada, sino seguir el ejemplo de las mejores prácticas en materia de transparencia administrativa de otras universidades estatales de este Hemisferio.

Una manera pragmática de hacerlo sería que el nuevo rector persuada al Consejo Superior Universitario de que, en aplicación de las pautas exitosas de buen gobierno corporativo, conformen comités específicos especializados en los distintos temas estratégicos sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, ambos conformado por personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros, podría ser un gran avance.

El funcionamiento de dichos comités, que idealmente deberían ser independientes del rector y del Consejo, garantizaría un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Las autoridades también deberían adoptar la sana costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, los cuales deberían estar disponibles como información pública junto con información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias. La USAC también debería publicar un sistema de indicadores para medir su desempeño como, por ejemplo, cuánto es su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El desafío del nuevo rector pasa por comprender que la mejor y más decente manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas claras a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Ese sería el primer gran paso concreto en el rescate institucional de la universidad estatal.