A diferencia de la Contraloría de hace unos
años, hoy debe perseguir un nuevo y ambicioso objetivo fundamental
El viejo refrán asegura que “nunca segundas partes
fueron buenas”, lo cual auguraría poco éxito al “nuevo” (y repitente) Contralor
General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos. Por fortuna, se trata de un
adagio y no de una condena ineludible. Algunas veces, las segundas partes
resultan buenas. Si no, que lo digan Miguel de Cervantes con El Quijote, o
Francis Ford Coppola con El Padrino.
En política, cuando las primeras partes fueron muy
malas, es más factible que las segundas resulten mejores. Tal fue el caso del
presidente peruano Alan García que, después de una desastrosa primera gestión,
se reivindicó con decencia y efectividad en su segunda oportunidad. O del
polémico Marion Berry que, siendo alcalde de Washington DC, fue a prisión por
fumar crac y contratar prostitutas, pero al salir libre fue reelecto y ejerció
con honestidad y recato. Ojalá que esta segunda gestión del licenciado Mencos
se asemeje a estos casos excepcionales.
El agresivo cáncer de la corrupción está tan
diseminado en Guatemala que no queda más que ser optimistas y otorgarle el
beneficio de la duda al nuevo contralor. Pero es crucial que el licenciado
Mencos esté consciente de que la Contraloría que ahora le toca dirigir es, en
varios aspectos esenciales, distinta de la que dejó hace algunos años. Para
empezar, resulta que (para bien de la Contraloría y del país) a finales de 2013
el Congreso introdujo mejoras importantes a su Ley Orgánica, entre ellas
conferirle un mandato explícito que antes no tenía.
En efecto, a diferencia de la Contraloría de hace unos
años, hoy debe perseguir un objetivo fundamental: “La Contraloría General de
Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control
gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con
eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo
y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión
de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de
valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos,
el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la
administración pública”. Como se ve, el objetivo es claro y ambicioso, a la
altura de lo que los entes fiscalizadores de los países más transparentes
ejecutan regularmente.
También hoy la Contraloría tiene un ámbito de
competencia más amplio del que le tocó cubrir al licenciado Mencos en su
primera etapa. Ahora deberá (como lo indica el artículo 2, reformado, de su ley
orgánica) fiscalizar no solo a los Organismos del Estado, entidades autónomas y
descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, sino también deberá
hacerlo con las “demás instituciones que conforman fideicomisos constituidos
con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas
que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el
sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba
fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo
capital participe el Estado”, así como con “los contratistas de obras públicas,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos,
comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica,
pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba,
invierta o administre fondos públicos”.
Ahora también la Contraloría está obligada a someterse
a una auditoría externa anual y a presentarla ante el Congreso de la República
para que éste la fiscalice. Y, finalmente, uno de los retos más complejos del
nuevo contralor será enfrentar a las redes de corrupción que se extienden y
enraízan en varias instituciones del Estado, incluyendo a la propia Contraloría.
Ojalá que el nuevo contralor esté a la altura de estos retos que antes
no tuvo que enfrentar. No hay que olvidar que la función de la Contraloría de
Cuentas es crucial en cualquier sociedad, pero en la coyuntura actual de
Guatemala, la mejora urgente en su efectividad resulta clave no solo para que
funcionen las políticas públicas que propicien el desarrollo económico, sino
que incluso para la sobrevivencia misma de nuestro débil sistema republicano y
democrático.
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