Guatemala no cuenta con una política económica integral. Antes de afirmar que la política macroeconómica "está agotada", habría que evaluar si en realidad tan siquiera se han intentado aplicar las medidas convencionales en este campo.
En las últimas semanas se han publicado opiniones
respecto de las políticas macroeconómicas en el país y alguna de ellas ha
llegado incluso a afirmar que dicha política “se agotó”. En gran medida esas
opiniones parecen centrarse en la política monetaria o en la política
cambiaria, pasando por alto el resto de componentes de la política
macroeconómica –que es mucho más amplia-, con lo que parecen confundir el todo
con las partes.
La política macroeconómica es un conjunto de reglas y
regulaciones del gobierno para controlar, influir o estimular los indicadores económicos
agregados, entre los que se incluyen la tasa de crecimiento de la producción, el
ingreso nacional, la oferta de dinero, la inflación, la tasa de empleo, la tasa
de interés, el tipo de cambio y muchos otros. Es, pues, un conjunto de
políticas (como la política fiscal, la política monetaria, la política
comercial, la política de manejo de la deuda, la política industrial, y las
políticas regulatorias e institucionales) que persiguen objetivos macro.
En Guatemala, la política monetaria, cambiaria y crediticia
parece ser la que más atención atrae (quizá porque es la única que tiene una
gobernanza específica, una ley orgánica, y una política explícita que se hace
pública y a la cual se le da seguimiento sistemático) y, desde hace varios
años, está centrada en propiciar las condiciones de estabilidad que más
favorezcan el buen desempeños de la economía nacional y, como se indicó, es solamente
una parte de la política macroeconómica. Sobre ella espero ampliar en una
próxima entrega.
El resto de políticas macro, lejos de constituir un
esquema agotado, son herramientas que el Estado de Guatemala no ha sabido, querido
o podido utilizar y que, en la práctica, casi nunca se han aplicado. Esto
incluye la política fiscal que, en teoría, debería consistir en el manejo de
los gastos y de los ingresos del gobierno para propiciar el crecimiento
sostenible de la economía. En realidad, nuestra política fiscal ha estado
operando en “modo sobrevivencia” desde hace muchos años.
Lejos de utilizar el presupuesto como una herramienta
para favorecer el crecimiento económico (lo que podría hacerse priorizando los
gastos en educación, salud, seguridad e infraestructura), la política fiscal
guatemalteca de los últimos quince años se ha dedicado a desperdiciar recursos
en programas clientelares e ineficientes (bolsas de alimentos, transferencias
de dinero arbitrariamente otorgadas, subsidios obscuros al transporte,
repartición de fertilizantes, aportes sin propósito para las municipalidades o
el deporte, y un largo etcétera). La política fiscal no está agotada, está
desnaturalizada.
Tampoco han avanzado en los últimos años las políticas
que –como una política comercial de integración centroamericana o una política de
promoción de la competencia- podrían contribuir a mejorar la eficiencia de la
economía y, con ello, la productividad nacional. Y, por si lo anterior fuera
poco, se han producido terribles retrocesos en el funcionamiento de las
instituciones que son fundamentales para el buen desempeño de los mercados y de
la productividad, tal como las encargadas de administrar la justicia, de
solucionar conflictos, de regular los mercados, o de garantizar los derechos de
propiedad.
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