¿Cuántos Empleados Públicos Hay?

¿Por qué extraña razón se incumple con un mandato legal vigente para revelar cuántos empleados públicos hay, qué plazas ocupan y cuánto devengan (incluyendo "bonos")? ¿Cómo puede la Contraloría fiscalizar el rubro de remuneraciones si no sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son los empleados públicos?

Más del 30% del total del presupuesto de gastos del Estado se destina a pagar sueldos y salarios; eso significará un monto, según el proyecto de presupuesto que actualmente se discute, de alrededor de Q25.8 millardos en 2018. Este rubro es tan importante dentro del proceso presupuestario que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 238, indica específicamente que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará “…la forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas”.

Dada su importancia, resulta injustificable el poco cuidado que se ha tenido en mantener actualizadas las regulaciones relativas al servicio civil y las clases pasivas, así como al efecto presupuestario que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo o el pago arbitrario de “bonos de riesgo” o “de productividad” que ahora proliferan desordenadamente. Lo que es más grave aún es que no se sepa con certeza el número de empleados públicos que existe en cada dependencia, ni el renglón presupuestario al que pertenecen. Ni la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, ni el Ministerio de Finanzas Públicas saben a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay, o bajo qué renglón se encuentran, o en qué entidad prestan sus servicios.

Para 2017 se tenía previsto el levantamiento de un “censo” de los trabajadores del sector público; a principios de año las autoridades señalaron que los ministerios de Educación y Salud serían los primeros donde se llevaría a cabo tal “censo”, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, el RENAP y la propia ONSEC, utilizando para ello la infraestructura del INE y financiamiento de la Unión Europea. Se suponía que los resultados podrían conocerse en el segundo semestre del año. Por su parte, el MINFIN señaló que planeaba publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Sin embargo, a la fecha el “censo” no se ha realizado y solo el MINFIN ha cumplido parcialmente al publicar en su portal de internet información sobre el personal permanente del ejecutivo. Por ello es necesario recordar que en 2016 el Congreso emitió el Decreto 20-2016 (Ley para la Viabilización de la Ejecución del Presupuesto de ese año), cuyo artículo 6 establece la obligación de publicar la nómina de personal permanente de las entidades de Gobierno Central, sin más trámite y de manera inmediata, incluyendo los salarios y otras retribuciones que se paguen, y extiende dicha obligación a las entidades autónomas y descentralizadas, a las empresas públicas y a las municipalidades.

Es verdaderamente escandaloso que siendo no solo una necesidad absoluta para lograr la correcta administración de los recursos financieros del Estado sino, además, una obligación legal, aún no se haya dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Decreto 29-2016, por parte de cada entidad del sector público. Uno de los mejores legados que el actual gobierno puede dejarle al país es el de llevar a cabo ese necesario y urgente inventario de todos los empleados del Estado. Ello no solo es crucial como un primer paso para sustentar la necesaria reforma al sistema de servicio civil (que se ha convertido en un botín del corrompido sistema político), sino que arrojaría información indispensable para mejorar la calidad del gasto gubernamental y su adecuada fiscalización. Mientras no sepamos en detalle cuántos y quiénes son los empleados públicos, ningún incremento en ese rubro presupuestario tendrá justificación moral.