El principal objetivo de las políticas públicas ante
la crisis actual debe ser evitar que la pandemia rompa el tejido social, destruya
la paz social y genere ingobernabilidad. Por eso, dichas políticas deben
incluir medidas en los ámbitos sanitario, social y económico, algunas de las
cuales han debido improvisarse de forma inmediata, mientras que otras deben
diseñarse y aplicarse según corresponda a las cuatro fases de la crisis
económico-sanitaria: contención, mitigación, reapertura y reactivación. La
tarea es tan compleja que resulta inevitable (y más para un gobierno nuevo) que
las medidas deban irse corrigiendo constantemente en función de la evolución de
la pandemia y de la respuesta social e institucional a la misma.
El gobierno guatemalteco actuó prontamente en la etapa
de contención: aplicó oportunas medidas de confinamiento parcial y obtuvo
financieros por más de Q19 millardos para atender la emergencia. En cambio, en
la actual etapa de mitigación la ejecución de dichos fondos ha resultado
difícil de echar a andar. De los Q1.6 millardos asignados al Ministerio de
Salud, al 28 de mayo solo se había ejecutado un 3 por ciento. La conformación
de una comisión específica, integrada por médicos de reconocido prestigio, debe
marcar un punto de inflexión para acelerar los procesos de compra de material y
equipo médico. De manera similar, el programa de asistencia humanitaria, el más
grande de todos, el del Bono Familia, a la misma fecha solo había ejecutado un
7 por ciento de los Q6 millardos asignados.
Otro programa crucial en la etapa de mitigación es el
del fondo de Q2 millardos para apoyar a los empleados cuyos contratos de
trabajo sean suspendidos. Luego de afrontar muchos obstáculos para arrancar,
por fin ha logrado otorgar ayuda a más de 23 mil trabajadores, aunque ello
equivale a solamente un 2 por ciento del monto disponible, Es muy probable que
al finalizar el estado de calamidad este programa dejará recursos sobrantes que
deberían ser redireccionados hacia programas más permanentes de acceso a
licencias por enfermedad, prestaciones por desempleo y prestaciones de salud (cuya
gestión debería estar a cargo del IGSS), que serán muy útiles para los más
afectados por la pandemia, particularmente para las personas más pobres que
carecen de un colchón de ahorros y, por lo tanto, viven al día.
También tardó en arrancar el Fondo de Créditos para
Capital de Trabajo para financiar a empresas y mantener su capacidad productiva
y la continuidad de sus operaciones. Hasta finales de mayo, el Crédito
Hipotecario Nacional (CHN, entidad a cargo de su ejecución) había desembolsado
Q250 millones, es decir, menos del 8.5 por ciento de los Q2.7 millardos
asignados a este Fondo. Para agilizarlo, más que una reforma a la Ley Orgánica
del CHN (que pretende permitir que dicha entidad realice operaciones ajenas al
giro bancario -lo cual puede poner en riesgo la salud de todo el sistema
financiero-) lo que se necesita es usar esos fondos para constituir un vehículo
financiero de propósito especial que no solo permita que otras entidades bancarias
participen en (y agilicen) la asignación de los créditos, sino que también
permita una gobernanza más versátil y transparente de dicho Fondo.
Resulta normal que estos programas deban irse
ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia.
Lo importante es hacer esos ajustes de forma técnica y transparente, previendo
que algunos de estos programas (con los recursos que muy probablemente no serán
ejecutados en la etapa de mitigación) puedan reconvertirse en programas más permanentes
que serán de gran utilidad en la etapa de reactivación económica.
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