Más Crecimiento, Más Equidad

La desigualdad económica es un tema apasionante. En países como Guatemala, su discusión no puede ni debe separarse del desafío -sin duda el más importante- de reducir la pobreza el cual, a su vez, pasa por lograr un crecimiento económico más robusto. Son temas muy delicados en cuyo debate no se vale pretender descubrir el agua azucarada. Lo que hay que hacer está ya diagnosticado desde hace años.

A lo largo del presente año algunas entidades como la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- y la oenegé OXFAM han buscado posicionar en el debate nacional el tema de la desigualdad económica que, innegablemente, caracteriza a nuestro país. El tema, aunque para nada es novedoso, es especialmente importante pues es bien sabido que una sociedad con pobreza y desigualdad extremas es un campo fértil para la ingobernabilidad, la inestabilidad y, por consiguiente, la insostenibilidad del crecimiento económico.

Dicho esto, no deja de llamar la atención la vehemencia con que algunos de los ponentes buscan posicionar dicho desafío en la opinión pública, al extremo de afirmar que “el problema principal no es la pobreza, sino la desigualdad extrema” (¡válgame Dios!, que eso equivale a decir que no importa que todos seamos pobres, en tanto seamos iguales), o de recomendar soluciones para superar la desigualdad tan superfluamente redundantes como la de “distribuir mejor la riqueza ganada” (¡válgame de nuevo!, que eso significa que para no estar enfermo, lo recomendable es estar sano).

Lo que recomendaría a quienes estén genuinamente preocupados por la problemática de pobreza e inequidad que aqueja a Guatemala es que, en vez de pretender aparecer como descubridores del asunto y proponentes de novedosas soluciones a la misma, se refieran a los estudios técnicos que, desde hace muchas décadas, se han realizado por parte de expertos y organismos internacionales serios y que plantean respuestas de política pública realistas y viables que, por desgracia, los distintos gobiernos han sido incapaces de aplicar para reducir decididamente la pobreza y, complementariamente, la inequidad.

Viene a mi mente, en particular, el excelente estudio titulado “Más crecimiento, más equidad (Prioridades de desarrollo en Guatemala)”, que el Banco Interamericano de Desarrollo publicó hace casi diez años y que contiene una de los más claros diagnósticos y propuestas de política que se hayan visto en los últimos años. Dicho estudio empieza reconociendo que no es posible reducir la pobreza sin crecimiento económico, e identifica al bajo nivel de inversión privada como el problema básico que restringe tal crecimiento y, a partir de allí, señala las tres áreas clave en las que debiese centrarse la acción del Estado.

Un área es la calidad del capital humano, que debe mejorarse particularmente en materia de educación y salud. Otra área clave es la inversión en infraestructura, que debe aumentar cuantitativa y cualitativamente, particularmente la relativa a carreteras y provisión de agua potable. Y la tercera es la de las instituciones, que se constituyen en la condición indispensable para fortalecer el estado de derecho y reducir la criminalidad, sin lo cual es imposible la inversión, el intercambio y una actividad económica más pujante.

Ese estudio del BID anticipaba desde hace años que el Estado guatemalteco no lograría aplicar políticas enfocadas en estas áreas prioritarias si no mejora su recaudación de impuestos y, al mismo tiempo, para que estos sean sostenibles, implementa medidas que le aseguren a los contribuyentes que el gasto público se concentra en los sectores clave (educación, salud, seguridad e infraestructura) y se ejecuta con eficiencia y sin corrupción, lo que requiere de serias reformas en la institucionalidad del Estado en cuanto a la ejecución presupuestaria y su rendición de cuentas. Y todo lo anterior no podrá lograrse sin un sistema político reformado e institucionalizado, que logre generar y mantener consensos duraderos en materia de orientaciones de política. Esas deberían ser las prioridades.