Aunque para los políticos no sea evidente, las reformas a los sistemas electoral, de servicio civil, de compras gubernamentales, de infraestructura pública, de control del gasto, del sector justicia, etcétera, son fundamentales para activar el aparato productivo y generar empleos duraderos
Dejando por un lado la mal comprendida (por mal
explicada) sugerencia de elevar la carga tributaria, realizada por el personal
técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- en su más reciente evaluación
de la economía guatemalteca, es importante tomar nota de las opiniones de estos
expertos respecto de las prioridades de política pública para potenciar nuestro
desempeño económico y, en consecuencia, de una eventual agenda legislativas que
se deriva de tales prioridades.
El principal problema de la economía guatemalteca es,
según los expertos, la extremada lentitud en su ritmo de crecimiento que, pese
a contar con una sólida estabilidad macreconómica, imposibilita mejorar los
niveles de vida y reducir los elevados índices de pobreza. Para revertir este
problema resulta esencial aumentar sustancial y rápidamente la inversión –tanto
pública como privada-, pero ello no ha sido posible en las últimas décadas
debido a una serie de impedimentos estructurales.
En el caso de la inversión privada, tales impedimentos
tienen que ver con un débil clima de negocios, deteriorado por la falta de certeza
jurídica y agravado por la decreciente confianza de los agentes económicos en
un ambiente de fragmentación política e inadecuada gobernanza. La inversión
pública, por su parte, es la más baja del continente americano debido, a
impedimentos tales como la incapacidad del Estado de movilizar recursos
financieros, así como la muy pobre ejecución del gasto que se suma al enorme
desperdicio y corrupción en el uso de los recursos fiscales.
Dado que los impedimentos a la inversión y, por ende,
al crecimiento económico son de naturaleza institucional, se deduce que las
reformas institucionales clave que el país debe emprender implican una serie de
reformas legales, las cuales se mencionan explícita o implícitamente en el informe
del FMI. Primero, la fragmentación política, y la consecuente dificultad de
impulsar políticas públicas favorables al crecimiento, implica la necesidad
urgente de una reforma al sistema electoral y de partidos políticos.
Por su parte, la necesaria reforma del clima de
negocios conlleva, además de continuar con reformas como las del factoraje o
garantías mobiliarias -que el FMI reconoce como logros de la actual legislatura,
avanzar con reformas como la de simplificar los procedimientos aduaneros, la de
regular los compromisos derivados del Convenio 169 dela OIT (incluyendo las
consultas a las comunidades indígenas), la de proporcionar seguridad jurídica a
las inversiones y la de adoptar una ley general de competencia, aspectos que
impulsarían la inversión local y mejorarían el atractivo para la inversión
extranjera.
En cuanto a la inversión pública, las reformas
planteadas por el FMI tienen que ver con mejorar la movilización de recursos,
focalizar el gasto público en las áreas prioritarias (lo que implica una
adecuada aprobación legislativa del presupuesto anual del Estado) y reformar el
marco que rige la infraestructura vial.
Finalmente, tanto para la inversión pública como para
la privada, el FMI hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza
general, lo cual conlleva, entre otras reformas, la de consolidar el sistema
financiero mediante la aprobación de las reformas a la Ley de Bancos,
restructurar el sistema de Servicio Civil, mejorar sustancialmente los
procedimientos de la Contraloría General de Cuentas, legislar el tema de
conflictos de interés en el marco de la Ley de Probidad de los empleados
públicos y, crucialmente, fortalecer la integridad del Organismo Judicial a
través de mejores procedimientos para el nombramiento de los Jueces y
Magistrados. He aquí una agenda legislativa integral para mejorar la economía
de Guatemala.
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