El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios
Como cada año, el proceso de elaboración del
Presupuesto del Estado para el año próximo está ya en marcha, pero esta vez las
circunstancias demandan un reenfoque profundo. Cuando finalmente concluyan las
etapas de mitigación de la pandemia y de reapertura de la economía, el país tendrá
una oportunidad de relanzar la economía. El presupuesto debe convertirse en la
herramienta central para dirigir las políticas públicas que aprovechen esa
oportunidad única. El relanzamiento exitoso de la economía nacional dependerá
en gran medida de que las prioridades del presupuesto se focalicen en cinco temas
cruciales.
El primero es mejorar las redes de protección social. El
desempleo ocasionado por la pandemia, así como la reducción en los flujos de
remesas familiares al país, conllevarán una reducción en los ingresos de un
segmento considerable de la población, que desafortunadamente se concentra en
los grupos económicamente más vulnerables. Si bien durante la etapa crítica se
aplicaron paquetes temporales de transferencias de efectivo y de bolsas de
alimentos, es necesario que estos programas se restructuren con un carácter
permanente, pero que estén mejor focalizados y diseñados para estabilizar
automáticamente los ingresos de las personas en caso de crisis o catástrofes
futuras.
Una segunda prioridad debe ser los sistemas sanitarios
y de atención y prevención de desastres. La pandemia ha puesto de manifiesto
que la salud pública es estratégica para preservar el funcionamiento de la
economía y el desarrollo de las relaciones sociales, especialmente cuando se
trata de una emergencia nacional ocasionada por epidemias o desastres
naturales. El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para
minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios, así como para
reducir expectativas pesimistas de los agentes económicos y reducir el
“confinamiento voluntario” que deprime la demanda agregada de la economía. Ello
requiere invertir en infraestructura, equipamiento y recurso humano en salud.
Tercero, debe priorizarse la inversión en
infraestructura física, tanto en sistemas de salud que protejan a las personas
y minimicen los riesgos de epidemias en el futuro como en la infraestructura
vial y tecnológica que requerirá la actividad productiva en la nueva
normalidad. Al respecto, es esencial mejorar la eficiencia de la inversión
pública para evitar que los fondos destinados a obras públicas de
infraestructura se pierdan por ineficiencia o corrupción.
Una cuarta prioridad será la generación de empleos,
algo en lo que el presupuesto estatal puede contribuir decididamente, no solo
directamente a través del gasto público en actividades creadoras de puestos de
trabajo, sino que -más importante- de manera indirecta a través de la
transmisión de señales certeras que impulsen a los agentes económicos a
invertir y consumir con más confianza respecto al rumbo futuro de la economía.
Y, por último, el presupuesto debe formularse priorizando la sostenibilidad
fiscal, lo que implica que el Presupuesto del Estado para 2021 debe esbozar la
ruta del retorno gradual a los indicadores de solidez fiscal (déficits y
endeudamiento moderados) de las décadas previas a la crisis. Esto es
especialmente importante dada la reputación de prudencia y de solvencia que se
le reconoce a Guatemala en los mercados financieros internacionales, la cual es
menester preservar para mantener abiertos los canales de financiamiento
internacional que tanto el sector público como el privado necesitarán durante
la reactivación económica.
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