Por muchas leyes (bien o mal intencionadas) que se impulsen, si no se aplican las políticas adecuadas, jamás se logrará el desarrollo del área rural.
La pobreza en el área rural guatemalteca es lacerante
y vergonzosa. Es evidente que la búsqueda del desarrollo rural debe ser una
prioridad de las políticas públicas del país. Pero hace falta ser terco (o
malintencionado) para no darse cuenta de que los esfuerzos para reducir la
pobreza rural pasan, inevitablemente, por resolver un problema eminentemente
económico: la falta de productividad.
En efecto, de todos los sectores de actividad
económica, la agricultura registra el nivel más bajo de ingresos promedio de
sus trabajadores, y es la actividad con mayor fuerza laboral del país, con casi
el 40% de la población ocupada, pero apenas contribuye con menos del 14% de la
producción nacional.
Abundantes estudios técnicos demuestran que la
solución a esta situación requiere de una política agrícola que eleve
sosteniblemente los ingresos (es decir, la productividad) en el campo. Dicha política
debe tener, al menos, cuatro componentes esenciales para los pequeños
productores: programas de riego; programas de extensionismo (asesoría y
acompañamiento); fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad estatal;
y, priorización de la política de seguridad alimentaria.
La política agrícola, claro está, no debe diseñarse ni
aplicarse de forma aislada, sino que debe estar concatenada con una política de
desarrollo integral del país, incluyendo políticas de desarrollo urbano, pues
no hay que olvidar que las ciudades han sido, a lo largo de la historia, un
motor esencial del desarrollo social y económico.
Para lograr todo ello podría ser conveniente (aunque
no indispensable) emitir leyes que obliguen a que se apliquen tales políticas. Pero,
en todo caso, debería tratarse de leyes focalizadas y técnicamente bien
estructuradas. Por desgracia, la polémica iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo
Rural Integral) no es nada ello: se trata de un manifiesto de promesas
incumplibles, con evidente carga ideológica, que en nada contribuye al urgente
esfuerzo de aplicar políticas de desarrollo agropecuario.
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